ODIO E IGNORANCIA

 Aproximadamente desde el mes de abril del presente año 2018 se vienen colocando en espacios públicos de diversas ciudades y poblaciones de nuestra geografía varios modelos de pegatinas informativas sobre el Carlismo y sus propuestas políticas, así como reivindicativas ante la situación social que padece nuestro país.

            Los voluntariosos y esforzados militantes que se dedican a tal actividad corren el riesgo de ser increpados, e incluso atacados, por intolerantes que desean imponer sus formas, sus ideas y sus modos y también se arriesgan a ser identificados y multados por agentes de la policía en aplicación de la llamada Ley Mordaza, pudiéndose afirmar que ya uno de ellosfue multado hace unos años al pago de trescientos euros de multa aunque graciasa la interposición de un hábil recurso quedó exonerado de tal sanción.

            Por ello, las instrucciones que se reciben son claras: ser precavidos, no caer en provocaciones, no entablar discusión alguna y si la policía solicita la identificación, proceder a identificarse y dar cuenta de inmediato a la asesoría jurídica con la que cuentan a fin de que se recurra la sanción que se les pretenda imponer por unas autoridades cada vez más ilegítimas y arbitrarias.

            La tarea de hacer lo que en el mundo de la publicidad se llama "propaganda directa", es muy ingrata pues se sabe y se asume que las pegatinas, y también los carteles, tienen siempre un periodo breve de durabilidad, aunque en el caso concreto al que ahora nos referimos parece ser que las pegatinas que se están distribuyendo se tardan más en pegar que en desaparecer.

            La desaparición de un medio de "propaganda directa" como es la pegatina puede deberse a varios motivos pero todos ellos se pueden identificar. Puede ocurrir que un coleccionista la vea y desee añadirla a su colección, en ese caso intentará despegar la pegatina cuidadosamente tirando de una esquina y abandonando tal acción en cuanto se rasgue lo más mínimo quedando la misma mínimamente dañada pero reconocible y legible. También puede pasar que los servicios municipales de limpieza en el desarrollo de sus loables labores limpien la zona en cuyo caso la pegatina desaparecerá por completo señalando la zona como ideal para reponerla de pegatinas ya que los servicios de limpieza no volverán a dicha zona durante un tiempo suficiente para que la "propaganda directa" cumpla la función que tenga que cumplir. Finalmente, existe el motivo exclusivo del odio de los intolerantes o de los que solo son tolerantes consigo mismos, en ese caso la pegatina queda ilegible y es dañada de tal modo que parece un cuerpo desgarrado tras un ataque de grandes mamíferos rabiosos; el autor, es evidente, desea dejar clara su intencionalidad.

 Pues bien, hemos sabido que, desde que empezó la campaña de colocación de las pegatinas en abril, las mismas son atacadas con una fiereza que a más de uno de nuestros militantes le ha resultado, como poco, alucinante.  Atendiendo al estado en que quedan las pegatinas al poco de ser colocadas, tal agresividad solo se puede achacar al más puro y radical odio que siempre suele ser fruto de la peor de las ignorancias que no es aquella del que no sabe sino aquella que procede de aquel que no tiene interés por informarse y conocer y que permanece fiel a sus prejuicios. Como se puede observar, ya que se adjuntan al presente artículo, las pegatinas en cuestión no atacan a nadie, sino que simplemente plantean la existencia de ciertos prejuicios y denuncian una situación social que es más que posible que se produzca percibiéndose realmente de unos años a esta parte como es un retroceso en la situación social que va a hacer que las futuras generaciones vivan peor que las presentes por lo que no creo que ningún ciudadano de a pie pueda sentirse ofendido por el contenido de dichas pegatinas.

            No importa si se colocan en los barrios más modestos de tradición "izquierdista" o en los barrios altos de gran componente "conservador" pues parece ser que a todos ofenden despertando gran fiereza destructiva, lo cual indica que si a el discurso que contiene no gustan ni a las denominadas "derechas" ni a las llamadas "izquierdas" es que el discurso que contienen debe dar en el clavo y ser el correcto.

            Esto que venimos padeciendo desde el mes de abril es, evidentemente en mucho menor escala, similar o incluso idéntico a lo que pasa en Cataluña (1) con el tema de los lazos amarillos y los lazos bicolores: reflejo de una bipolarización y radicalización político-social que hace vislumbrar en la próxima lejanía una tragedia de no reconducirse la situación por los caminos de la cordura y el sentido común.

           

(1) Donde, al parecer, más se respetan las pegatinas que se vienen colocando desde abril es en Cataluña, tal vez porque estén demasiado ocupados en el tema de los lazos, y en Euskalherria.  

   

GRACIAS, INGLATERRA

Hace unas semanas, y con motivo del Brexit, el gobierno español, que preside ese gran español y mejor estadista que es don Mariano Rajoy Brey, reiteró a la Gran Bretaña la propuesta, que ya hiciera hace años otro gobierno popular, esa vez presidido por ese otro lumbreras carpetovetónico que es don José María Aznar, de compartir la soberanía de Gibraltar. Evidentemente, el gobierno británico rechazo esa propuesta con lo que nos ha hecho a todos los españoles un inmenso favor porque la cosoberanía propuesta por el gobierno español no es más que un reconocimiento jurídico de la soberanía británica sobre un territorio español ocupado.

            Durante la Guerra de Sucesión Española de 1701 a 1713 una flota británico-holandesa ocupó militarmente el Peñón de Gibraltar el 4 de Agosto de 1704 en nombre del pretendiente austriaco dando la alternativa a la población autóctona de la ciudad de Gibraltar, que estaba compuesta por unos siete mil habitantes,  de prestar juramento de fidelidad al pretendiente austriaco o marcharse, optando dicha población por marcharse y fundar el actual pueblo de San Roque cuyo nombre completo es el de "Muy noble y más leal ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar". A pesar de los intentos militares por recuperar la roca los británicos la mantuvieron en su poder hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713 en virtud del cual el Peñón de Gibraltar, su ciudad y su ciudadela pasaban a manos británicas sin que se le reconocieran aguas jurisdiccionales e imponiéndosele la prohibición de comunicación con el resto de la península, así como la obligación de la Gran Bretaña de devolver el peñón a España si alguna vez renunciara a él. A pesar de varios intentos militares por recuperar la roca, todos ellos infructuosos, el Peñón continuo siendo británico pero en ningún caso el istmo que lo une a la península, que quedaba como territorio neutral. A mediados del Siglo XIX y a principios del Siglo XX los británicos extendieron el territorio de Gibraltar ocupando parte del istmo, el cual no fue cedido en el tratado de Utrecht, construyendo en el mismo el aeropuerto de la colonia durante los años treinta del siglo pasado. En 1968 la Resolución 2429 de la XVIII Asamblea General de Naciones Unidas pedía al Reino Unido –como potencia administradora– que pusiera fin a la situación en Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969, lo que implicaba su reintegración a España. Ante el continuado incumplimiento de esta resolución el gobierno franquista, en aplicación estricta del Tratado de Utrecht, acuerda el cierre permanente de la verja fronteriza con Gibraltar en Diciembre de 1969 reabriéndose nuevamente a finales de 1982 por ser una de las condiciones impuestas por Europa para qué España fuera admitida en la Unión Europea.

            Esta es brevemente la historia de la ocupación británica de Gibraltar hasta nuestros días la cual hace que en la actualidad nos encontremos con los siguientes hechos jurídicamente relevantes que no se pueden ni se deben ignorar:

Véase la expansíón gibraltareña sobre el istmo y sobre la bahía

            1º. La existencia de un tratado internacional, el Tratado de Utrecht, en virtud del cual España cede a la Gran Bretaña el territorio integrado exclusivamente por el Peñón de Gibraltar y la ciudadela y ciudad situados en el mismo, sin cesión alguna de aguas territoriales y con la prohibición de que entre la roca y el resto de la península exista comunicación alguna así como el establecimiento de la obligación de Gran Bretaña de reintegrar el Peñón a España si alguna vez dejase de ejercer soberanía sobre él.

            2º. La comisión por parte de la Gran Bretaña de una acción genocida al obligar a la población autóctona de la ciudad a abandonar su ciudad. Recordemos que según la ONU y el vigente Código Penal Español el "desplazamiento forzoso de grupos humanos" constituye delito de Genocidio.

            3º. La ocupación de facto por parte de la Gran Bretaña de buena parte del Istmo que une Gibraltar con el resto de la Península y en el que se ha construido el actual aeropuerto.

            4º. La existencia de varias resoluciones de la ONU que obligan a la Gran Bretaña a negociar con España la reintegración de Gibraltar a la soberanía española.

            Siendo estos los presupuestos jurídicos existentes, la intención del gobierno español de que la Gran Bretaña acepte la cosoberanía de la colonia británica de Gibraltar conllevaría la liquidación jurídica del Tratado de Utrecht y de las resoluciones de la ONU sistemáticamente incumplidas por la Gran Bretaña y su sustitución por otro tratado internacional bilateral.

              Ahora bien, ese hipotético nuevo tratado internacional bilateral entre la Gran Bretaña y España en el que se acordase esa cosoberanía sobre el Peñón, su puerto y, sobre todo, su aeropuerto conllevaría lógica y, al menos, tácitamente el reconocimiento "de iure" por parte España de la ocupación ilegal del istmo y la posesión de aguas jurisdiccionales por parte de Gibraltar con lo que el gobierno español estaría cediendo territorio marítimo y terrestre a una potencia extranjera ignorando por completo la "soberanía nacional" y la "integridad territorial" con la que tanto se llena la boca cuando habla de Cataluña. Este reconocimiento "de Derecho" de la ocupación del Istmo y de aguas territoriales por parte de España se manifestaría muy veladamente con motivo de dos situaciones: 

            1º. Gibraltar y Gran Bretaña tendrían derecho, lógicamente, a usar la totalidad de las aguas de la Bahía de Algeciras para introducir y sacar mercancías del puerto de Gibraltar, reconociéndose por tanto legalidad internacional al dique construido por los gibraltareños para apropiarse de una parte de las aguas de la mencionada bahía.

             2º. Si Gran Bretaña accede a la cosoberanía de Gibraltar y especialmente de su aeropuerto es porque, en puridad lógica, existiría una previa aceptación y reconocimiento por parte de España de la soberanía legal y legítima del territorio donde está instalado dicho aeropuerto.

            La relación política y diplomática sobre la cuestión de Gibraltar debe moverse dentro de los estrictos márgenes legales impuestos por el Tratado de Utrecht y las resoluciones de la ONU. Ningún gobierno español tiene derecho a hacer decaer la reivindicación de la soberanía plena sobre Gibraltar ni a ceder un milímetro de territorio fronterizo a la colonia y por supuesto todo gobierno español tiene el deber de defender el derecho de los ciudadanos españoles desplazados forzosamente que hoy viven en San Roque.

            Si a lo largo de la historia, la casta política española ha pensado poco o nada, que hagan el favor de no ponerse a pensar ahora sobre la cuestión de Gibraltar. Si el Brexit se lleva a efecto, la frontera con Gibraltar será una frontera extracomunitaria y, por tanto, debe de dársele el tratamiento correspondiente volviendo a cerrar la verja en estricta aplicación del Tratado de Utrecht, haciendo las inversiones necesarias en el Campo de Gibraltar para paliar las consecuencias económicas que tal medida política pueda acarrear en la zona y recordando que, además de los ciudadanos españoles del Campo de Gibraltar, hay varios centenares de miles de españoles que viven y trabajan en la Gran Bretaña que también pueden verse afectados por el Brexit por los que parece que el Gobierno se toma menos preocupaciones.

            El Gobierno del Sr. Rajoy debería ir tomando desde ya medidas para paliar las consecuencias económicas que el Brexit puede tener sobre los trabajadores españoles residentes en Gran Bretaña así como sobre el Campo de Gibraltar en vez de ir haciendo grotescas propuestas a potencias extranjeras que solo pueden explicarse por el padecimiento de una profunda idiocia o por oscuros y beneficiosos intereses que tal vez tengan algunos importantes españoles residentes en la Gran Bretaña.

ACLARANDO EL PANORAMA

El resultado de las elecciones generales del pasado 20 de Diciembre dejaron un panorama político muy complicado y difícil a la hora de formar un gobierno estable para los próximos cuatro años, pero por muy difícil y complicado que dicho panorama fuera no sería imposible superarlo formando un gobierno estable y de prosperidad si existieran políticos de altura y con visión de estado que antepusieran los intereses generales del país a los de sus partidos y personas individuales. Lejos de eso, en los escasos ocho días que median entre la constitución del nuevo Parlamento y la publicación de este artículo, todos los representantes de los partidos políticos, sin excepción, que han obtenido representación parlamentaria están dando un triste, pero a la vez revelador, espectáculo que reduce la condición de la "sede de la Soberanía Nacional" a la de un bazar donde la voluntad y las necesidades del pueblo importan poco.

            Lejos de centrar las conversaciones políticas en lo más grave que es parar el progresivo empobrecimiento de la población española y buscar las formas de revitalizar la maltrecha economía de las familias, los políticos, o mejor dicho los mercachifles explotadores del Sufragio Universal que forman el parlamento, se han centrado en primer lugar en llegar a acuerdos en base a cesiones y concesiones a la hora de formar Grupos Parlamentarios propios que entre otras cosas les permitirá disponer de más tiempo en las intervenciones plenarias, tener más representación en las comisiones y, sobre todo, acceder a más recursos económicos.

            Por otra parte, los razonamientos que hacen algunos nuevos miembros de la casta política, como Albert Rivera, sobre la importancia de las negociaciones entre los partidos no dejan de ser extremadamente pobres y alejados de toda lógica. Según el líder de "Ciudadanos", los españoles votaron el pasado 20 de Diciembre para que los políticos negocien y lleguen a acuerdos, pero lo más lógico es suponer que el votante de "Ciudadanos" votó para que Albert Rivera fuera Presidente del Gobierno y no para que "Ciudadanos" favoreciera un gobierno del Partido Popular o del Partido Socialista porque en tal caso lo más normal es que ese votante de "Ciudadanos" hubiera optado por votar directamente al Partido Socialista o al Partido Popular.

            Igualmente, y en el campo contrario, nos encontramos con el otro nuevo miembro de la casta política, Pablo Iglesias, el cual ha pasado de un triunfalismo arrollador, de un discurso radical contra el Partido Socialista y de unas exigencias con "líneas rojas" a un paulatino acercamiento al partido de Pedro Sánchez que está haciendo pensar en las últimas horas que es posible un gobierno del Partido Socialista Obrero Español con el apoyo de "PODEMOS", PNV y la nueva marca política de "Convergencia". Este acercamiento al PSOE por parte de "PODEMOS" que se basa en el tradicional "donde dije digo, ahora digo Diego", constituye una clara traición a sus votantes imposible de explicar. Desde las elecciones europeas de 2014 el discurso de "PODEMOS" ha sido contrario al PSOE al que acusaba de ser uno de los partidos de la casta que sostenía el régimen y favorecía la corrupción y la pérdida de derechos sociales de los ciudadanos y ¿Ahora resulta que estaría dispuesto a apoyar un gobierno del PSOE con Pedro Sánchez al frente?.  

Los distintos líderes de PODEMOS pretenden justificar actualmente estos acercamientos al PSOE, al partido de los GAL, FILESA, MALESA, los ERES de Andalucía y, en definitiva, a uno de los partidos de "la casta" en el vocabulario de la formación de Pablo Iglesias, con la idea de que se trata "de conseguir una mayoría de izquierdas, que favorezca un gobierno de izquierdas e impida un nuevo gobierno del Partido Popular que es el partido de los recortes". Ahora bien, quienes esto dicen han olvidado o ignoran interesadamente en primer lugar que los recortes sociales fueron iniciados por el gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero y, en segundo lugar, no explican que un hipotético gobierno de Pedro Sánchez requerirá además del apoyo de partidos de tan acreditada trayectoria izquierdista como el Partido Nacionalista Vasco y de "Democracia y Libertad", nueva denominación de Convergencia que es, por cierto, el partido de los recortes sociales en Cataluña.

            La inmensa mayoría de españoles que votó el pasado 20 de Diciembre por "Ciudadanos" o por "PODEMOS" no solo voto a favor de un cambio sino que también voto contra unos partidos corruptos que llevan monopolizando la vida política desde hace cuarenta años y ahora, todo lo más, lo que se les ofrece a esos españoles es el compromiso y la componenda con alguno de esos partidos contra los que se voto. Pues bien, por mucho que se quiera razonar, justificar, ocultar o vender, lo cierto es que no se puede meter la mano en un pozo de mierda y no manchársela, que favorecer, por acción u omisión, un gobierno del Partido Popular o del Partido Socialista es hacerse corresponsable de todo lo que estos partidos han hecho durante los últimos cuarenta años.

            No obstante, la actual situación política no deja de ser positiva para el conjunto de los españoles en el aspecto de que el panorama se aclara y el ambiente se despeja. En la actual geografía parlamentaria y política, al igual que en la llamada Transición, se dan dos corrientes políticas que nada tienen que ver con las necesidades ni con los deseos del pueblo español: la primera de ellas la forman los que quieren conservar el poder (PP, PSOE y demás partidos clásicos) y la segunda los que quieren acceder a él (PODEMOS y CIUDADANOS). Ninguna de estas corrientes desea unas nuevas elecciones a corto plazo porque ninguno de ellos sabe a ciencia cierta lo que puede resultar de ellas, además del enorme coste económico que supondría para sus arcas partidarias y a todas estas corrientes les trae sin cuidado la voluntad popular y el drama que padecen millones de españoles.

            Esta es la dura, pero cierta y cruda realidad. Parece ser que muchos ciudadanos pusieron sus esperanzas en unas nuevas formaciones políticas que ahora, de forma soterrada, les están traicionando y es precisamente ahora cuando corresponde a los españoles decidir si abren los ojos de una vez o si siguen confiando ciegamente, ajenos a toda evidencia y comentario crítico, en unas formaciones y en unos líderes políticos hasta que éstos les hagan apurar el Cáliz hasta las heces.