EL RETORNO DE LAS DESAMORTIZACIONES

Resulta ya evidente y no es posible ocultar que la crisis económica mundial ya ha alcanzado en pleno a España, la cual se encuentra totalmente endeudada y con dificultades cada vez mayores para colocar títulos de deuda pública en los mercados internacionales que la permitan adquirir una liquidez con la que poder hacer frente a los pagos inmediatos.

Si estuviéramos hablando de una empresa privada tendríamos que decir que la economía española se encuentra al borde de la suspensión de pagos, que siempre suele preceder a una quiebra aunque se diferencia de esta en que, en la Suspensión de Pagos, el deudor (en este caso el estado y las instituciones públicas) tiene suficientes activos para hacer frente a sus deudas pero carece de dinero en efectivo para pagarlas.

Esta grave situación no es nueva en nuestro país porque ya se dio a comienzos del Siglo XIX a causa de la guerra contra Napoleón que engendró un enorme endeudamiento además de provocar la destrucción de las infraestructuras económicas del país. Para hacer frente a aquella situación los políticos decimonónicos acudieron a una rápida solución, más aparente que real, y que históricamente se conoce como “las Desamortizaciones”, las cuales se prolongaron desde 1836 hasta 1924, fecha esta en que las Leyes Desamortizadoras fueron derogadas por la promulgación del “Estatuto Municipal”.

El proceso desamortizador del Siglo XIX respondió al principio básico de “sacar de donde se pueda” para lo cual se expropiaron bienes eclesiásticos, pero también bienes propiedad de las corporaciones gremiales y, sobre todo, bienes “del común” propiedad de los municipios para ponerlos a la venta e ingresar lo que por ellos se obtuviera en el erario público consiguiendo así una inmediata liquidez económica. No obstante el resultado de estas “Desamortizaciones” fue dudoso porque la venta de Iglesias, Abadías y Monasterios se hacía, tras la exclaustración forzosa de los monjes, con todo lo que había en su interior lo que provocó la pérdida de innumerables obras de arte y de objetos culturales además de suponer una proletarización de los sacerdotes exclaustrados. Por su parte, la “desamortización” de los bienes gremiales originó que estos perdieran el grueso de las rentas con las que satisfacían ciertas prestaciones sociales a sus agremiados mientras que la “desamortización” de las tierras comunales (bienes “del común”) provocó el empobrecimiento de las corporaciones municipales que perdían las rentas que estas tierras pudieran generarles y sobre todo el empobrecimiento de los ciudadanos de esos municipios que utilizaban libremente las tierras comunales para recoger leña para el invierno o, simplemente, para que pastaran sus cabezas de ganado (1).

La hacienda pública, para cuyo saneamiento se había acudido a las “Desamortizaciones” no obtuvo la liquidez deseada en primer lugar porque la puesta en venta, mediante subasta pública, de gran cantidad de bienes inmuebles provocó la bajada de los precios de los mismos y en segundo lugar, porque el estado permitió el pago de esos bienes mediante la entrega de los “títulos de deuda pública” previamente emitidos, lo que no generaba ingreso de dinero alguno.

Aunque es cierto que mediante las “Desamortizaciones” se obtuvo algún dinero que permitió salir de la situación de “Suspensión de Pagos” en la que se encontraba la economía española en aquel momento, no es menos cierto que los beneficios económicos para el Tesoro Público fueron dudosos y temporales mientras que, socialmente, el proceso desamortizador supuso la apertura de un abismo insalvable entre los que “lo tenían todo o podían tenerlo” y los que “nada tenían ni podían tenerlo” al empobrecer y proletarizar a una enorme masa de ciudadanos y enriquecer desmesuradamente a una minoría integrada incluso por ciudadanos extranjeros principalmente británicos que se convertirían en grandes propietarios de tierras y en dueños de no pocas infraestructuras mineras y ferroviarias.

Este discurso sobre las “Desamortizaciones” del Siglo XIX viene a cuento no solo ante lo manifestado por la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Esperanza Aguirre, quién textualmente ha dicho que el Ayuntamiento de Madrid debería “desamortizar” bienes inmuebles para aliviar la enorme deuda del Consistorio, sino sobre todo porque, ante la gravísima situación económica general, veremos como el Estado y demás instituciones periféricas venden activos públicos o se inventan “concesiones” de servicios públicos a empresas privadas, para pagar la deuda y hacer frente a los más elementales gastos corrientes.

No obstante, la venta de activos públicos, si bien es cierto que momentáneamente puede sacar de un atolladero económico a quien está endeudado, no es menos cierto que termina por generar una progresiva pérdida de rentabilidad que a la vez genera un progresivo empobrecimiento. Así, por ejemplo la venta de Mercamadrid propuesta por el Ayuntamiento de Madrid para sanear sus cuentas tendrá como efecto inmediato la entrada en caja de una importante cantidad de dinero, pero a medio y largo plazo provocará la pérdida de una rentabilidad que era continua y prácticamente infinita en el tiempo y, siguiendo el mismo camino, la venta de inmuebles propiedad de las instituciones públicas ciertamente implicará la entrada inmediata de dinero líquido en caja, pero a medio o largo plazo provocará un gasto infinitamente continuo en el tiempo en concepto de arrendamientos.

Así pues, no podemos basar la salida de la actual crisis en la venta de activos o privatización de servicios que es lo que pretenderá hacer la casta política imperante en España. La salida de la crisis, sin duda supondrá sacrificios, pero ha de basarse en la sustitución del modelo económico especulativo que ha sido fomentado desde el poder por un modelo económico productivo que, a la vez que potencie el comercio, genere un sólido tejido industrial capaz de producir bienes manufacturados competitivos para su venta en todos los mercados.

Por otra parte si, como se ha dicho al principio, la “suspensión de pagos” suele preceder a la quiebra es necesario aplicar a los gestores de la “Res Pública”, es decir a los políticos que han generado por imprudencia o negligencia esta dramática situación económica las mismas medidas que se toman contra los quebrados en el derecho mercantil, es decir, que jamás vuelvan a tener la posibilidad de gestionar ni al estado ni al más pequeño de los negocios y que respondan de la mala gestión económica con todos sus bienes presentes y futuros.

Lecturas relacionadas: La Responsabilidad Patrimonial de los Partidos Políticos

(1) Es de indicar que de los bienes desamortizados en el Siglo XIX el 30 por ciento eran propiedad de la Iglesia, el 20 por cierto de las Corporaciones Gremiales y de Beneficencia y el 50 por ciento de los Municipios. Asimismo, como curiosidad tenemos que recordar que el Pinar de Valsaín situado en Segovia es actualmente un bien comunal que es gestionado por el Centro de Montes y Aserradero de Valsaín quien explota racionalmente los recursos forestales produciendo madera de calidad para la construcción de muebles y que los ciudadanos del pueblo de Artajona (Navarra), todos ellos combatientes carlistas en la última guerra civil, recompraron en lo años cuarenta del Siglo XX las tierras comunales de este municipio que le fueron arrebatadas por las desamortizaciones del Siglo XIX constituyendo estos dos ejemplos modelos de gestión y riqueza de la propiedad comunal municipal.