EL EXPOLIO QUE VIENE

            Lo verdaderamente sustancial de un texto legal o de una declaración política no es tanto lo que se dice como lo que no se dice y el cómo se dice y eso es, precisamente, lo que ocurre con la proyectada reforma de la Administración Local y con la nueva Ley de Montes que prevé el gobierno, las cuales tienen una orientación económico-administrativa tendente, no a ahorrar dinero público a los ciudadanos como se sostiene, sino a beneficiar a los grandes y medianos municipios en perjuicio de las pequeñas corporaciones locales (municipios pequeños, pedanías y juntas vecinales) y sus habitantes así como a reactivar nuevamente la famosa burbuja inmobiliaria que es el origen de la mayoría de los males inmediatos que nos afectan.

            En primer lugar, hay que explicar que la burbuja inmobiliaria explotó fundamentalmente porque la demanda de terrenos y viviendas cayó a consecuencia del incremento desmesurado e irracional de los precios de los inmuebles, la desconfianza crediticia debida al estallido del escándalo de las inversiones subprime (préstamos muy rentables pero de muy alto riesgo) en Estados Unidos y el incremento del desempleo a consecuencia de la globalización de la crisis económica iniciada por la causa anterior. Esto hizo que muchos municipios españoles que habían disparado su gasto público en la construcción de cuestionables infraestructuras recurriendo a financiación ajena ya que presentaban, a corto y medio plazo, inmejorables condiciones de solvencia económica por ingresar en sus arcas cantidades ingentes de dinero procedentes de la recalificación de terrenos y del cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor del Suelo (Plusvalía) dejasen de hacerlo y quedasen gravemente endeudados, lo que provocó a su vez la paralización de numerosas obras públicas municipales, el cierre de empresas y el incremento de desempleo.

            Evidentemente, cuando una institución, al igual que un individuo, se ve afectada por una crisis dimanante de una reducción de ingresos lo primero que hace es reducir gastos, pero la reducción del gasto solo es una medida excepcional para resistir un momento crítico puntual que no puede eternizarse en el tiempo. Una economía no puede basarse exclusivamente en la contención del gasto por lo que el siguiente paso consiste en buscar un medio adecuado para incrementar los ingresos y es precisamente ese medio el que tiende a proporcionar la supresión de pequeños municipios prevista en la reforma de las Administraciones Locales así como determinadas medida incluidas en la modificación de la vigente Ley de Montes.

            Como, ya hemos dicho en más de una ocasión, "nada nuevo hay bajo el Sol" y, por mucho que se empeñen algunos "Narcisos" de su intelecto, las únicas ideas nuevas no son más que viejas ideas que han caído en el olvido. De este modo, en el año 2015, y con la pretendida justificación de ahorrar en el gasto público se quiere vender una "novedosa idea" que no consiste nada más que en resucitar el viejo proceso Desamortizador del Siglo XIX.

            Como ya ha pasado mucho tiempo, la cultura política no está muy extendida y este es un país donde, tal y como dijo Agustín de Foxá, "los españoles siempre van detrás de un cura: unas veces con un cirio y otras con un palo, pero siempre detrás", para la mayoría de los ciudadanos españoles las Desamortizaciones del Siglo XIX fueron una muy progresista idea que quitó numerosos bienes inmuebles a la Iglesia Católica en beneficio de la libertad del pueblo español y de la laicidad del estado, pero lo cierto es que el proceso desamortizador, en palabras de Tomás y Valiente no fue más que la "apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a «manos muertas»; venta de los mismos (en pública subasta) y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda". La cuestión es que, a pesar de lo que se cree por el común de los ciudadanos, las Desamortizaciones no tuvieron solo por objeto los bienes inmuebles de la Iglesia Católica, sino también, y sobre todo, el de los Gremios profesionales así como los baldíos y las tierras comunales de los municipios.

Con las "Desamortizaciones" el estado pretendía conseguir liquidez para hacer frente a la deuda pública, pero el remedio fue peor que la enfermedad y lo único que se consiguió fue la pérdida de numeroso patrimonio histórico y artístico al venderse monasterios, ermitas e iglesias con todo lo que había en su interior, sin que ni siquiera si hiciera un inventario previo para saber qué es lo que se vendía, y destruir la economía rural de unos campesinos que vivían de la explotación de las tierras comunales municipales.

            Esto precisamente vuelve a repetirse con la pretendida reducción de pequeñas entidades locales que desea el gobierno con el beneplácito de todo los partidos del arco parlamentario y alguno todavía extraparlamentario.

            Los pequeños municipios, pedanías y juntas vecinales son entidades locales de marcado carácter rural que tienen términos municipales más o menos extensos y muy poca población que requiere poco gasto público en infraestructuras y servicios públicos y donde, además, los cargos electos generalmente no cobran nada por administrar dichas entidades. Por tanto, suelen ser entidades que gozan de algún modesto superávit presupuestario que, de ser absorbidas por un municipio mayor, pasaría a engrosar las maltrechas arcas de ese municipio, lo cual es significativo pero no lo más importante porque lo sustancial de esa hipotética absorción se encuentra en el hecho de que el municipio absorbente ampliará su término municipal y pasará a administrar los bienes comunales y de uso público propiedad de la entidad absorbida abriéndose, de este modo, la puerta a la recalificación de esos bienes y, en definitiva, a su liquidación para beneficio de los nuevos gestores y administradores que verán así paliar o incluso desaparecer su deuda pública.

            Pero esta reducción de entidades locales, no solo afectará a la propiedad comunal, sino también a la propiedad particular porque desde muchas generaciones atrás los usos tradicionales de los vecinos de esos pequeños municipios y pedanías les hacían huir de los "quebraderos de cabeza" que suponían los arduos procedimientos legales y administrativos y existe en ellos numerosos inmuebles, rústicos y urbanos, sobre los cuales el derecho de propiedad se ejerce en virtud de actos jurídicos (compraventas, herencias, donaciones, hijuelas, etc...) que no han sido jamás elevados a escritura pública ni registrados en los correspondientes registros de la propiedad por lo que un municipio más grande, basado en el estricto cumplimiento de las normas burocráticas, podría poner en cuestión tales derechos y hacer que muchas propiedades particulares se perdieran y engrosasen el llamado patrimonio público que gestionará y enriquecerá al municipio que absorba a esa pequeña entidad local.

            Por último, la nueva Ley de Montes proyectada por el gobierno favorece, facilita y refuerza las posibilidades de especular con los terrenos quemados al eliminar la vigente prohibición de recalificarlos hasta que no transcurrieran treinta años después del incendio. La nueva ley, en su artículo 50, permitirá a las comunidades autónomas acordar el cambio de uso forestal de un monte quemado cuando se den “razones imperiosas de interés público de primer orden”, esto es, cuando sea económicamente aconsejable y rentable. Sin lugar a dudas, la redacción de este artículo hará que nuevamente aumenten los incendios forestales y, junto a la reforma local prevista, se sirva para mejor provecho de unas entidades autonómicas que, como el propio estado en su conjunto, se han ocupado durante los últimos cuarenta años en crear una economía mono sectorial, cortoplacista, puramente especulativa y altamente deficitaria en el aspecto humano, social y político cuyo sostenimiento a todo trance se puede terminar traduciendo en el expolio de una gran parte de la población española.

EL RETORNO DE LAS DESAMORTIZACIONES

Resulta ya evidente y no es posible ocultar que la crisis económica mundial ya ha alcanzado en pleno a España, la cual se encuentra totalmente endeudada y con dificultades cada vez mayores para colocar títulos de deuda pública en los mercados internacionales que la permitan adquirir una liquidez con la que poder hacer frente a los pagos inmediatos.

Si estuviéramos hablando de una empresa privada tendríamos que decir que la economía española se encuentra al borde de la suspensión de pagos, que siempre suele preceder a una quiebra aunque se diferencia de esta en que, en la Suspensión de Pagos, el deudor (en este caso el estado y las instituciones públicas) tiene suficientes activos para hacer frente a sus deudas pero carece de dinero en efectivo para pagarlas.

Esta grave situación no es nueva en nuestro país porque ya se dio a comienzos del Siglo XIX a causa de la guerra contra Napoleón que engendró un enorme endeudamiento además de provocar la destrucción de las infraestructuras económicas del país. Para hacer frente a aquella situación los políticos decimonónicos acudieron a una rápida solución, más aparente que real, y que históricamente se conoce como “las Desamortizaciones”, las cuales se prolongaron desde 1836 hasta 1924, fecha esta en que las Leyes Desamortizadoras fueron derogadas por la promulgación del “Estatuto Municipal”.

El proceso desamortizador del Siglo XIX respondió al principio básico de “sacar de donde se pueda” para lo cual se expropiaron bienes eclesiásticos, pero también bienes propiedad de las corporaciones gremiales y, sobre todo, bienes “del común” propiedad de los municipios para ponerlos a la venta e ingresar lo que por ellos se obtuviera en el erario público consiguiendo así una inmediata liquidez económica. No obstante el resultado de estas “Desamortizaciones” fue dudoso porque la venta de Iglesias, Abadías y Monasterios se hacía, tras la exclaustración forzosa de los monjes, con todo lo que había en su interior lo que provocó la pérdida de innumerables obras de arte y de objetos culturales además de suponer una proletarización de los sacerdotes exclaustrados. Por su parte, la “desamortización” de los bienes gremiales originó que estos perdieran el grueso de las rentas con las que satisfacían ciertas prestaciones sociales a sus agremiados mientras que la “desamortización” de las tierras comunales (bienes “del común”) provocó el empobrecimiento de las corporaciones municipales que perdían las rentas que estas tierras pudieran generarles y sobre todo el empobrecimiento de los ciudadanos de esos municipios que utilizaban libremente las tierras comunales para recoger leña para el invierno o, simplemente, para que pastaran sus cabezas de ganado (1).

La hacienda pública, para cuyo saneamiento se había acudido a las “Desamortizaciones” no obtuvo la liquidez deseada en primer lugar porque la puesta en venta, mediante subasta pública, de gran cantidad de bienes inmuebles provocó la bajada de los precios de los mismos y en segundo lugar, porque el estado permitió el pago de esos bienes mediante la entrega de los “títulos de deuda pública” previamente emitidos, lo que no generaba ingreso de dinero alguno.

Aunque es cierto que mediante las “Desamortizaciones” se obtuvo algún dinero que permitió salir de la situación de “Suspensión de Pagos” en la que se encontraba la economía española en aquel momento, no es menos cierto que los beneficios económicos para el Tesoro Público fueron dudosos y temporales mientras que, socialmente, el proceso desamortizador supuso la apertura de un abismo insalvable entre los que “lo tenían todo o podían tenerlo” y los que “nada tenían ni podían tenerlo” al empobrecer y proletarizar a una enorme masa de ciudadanos y enriquecer desmesuradamente a una minoría integrada incluso por ciudadanos extranjeros principalmente británicos que se convertirían en grandes propietarios de tierras y en dueños de no pocas infraestructuras mineras y ferroviarias.

Este discurso sobre las “Desamortizaciones” del Siglo XIX viene a cuento no solo ante lo manifestado por la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Esperanza Aguirre, quién textualmente ha dicho que el Ayuntamiento de Madrid debería “desamortizar” bienes inmuebles para aliviar la enorme deuda del Consistorio, sino sobre todo porque, ante la gravísima situación económica general, veremos como el Estado y demás instituciones periféricas venden activos públicos o se inventan “concesiones” de servicios públicos a empresas privadas, para pagar la deuda y hacer frente a los más elementales gastos corrientes.

No obstante, la venta de activos públicos, si bien es cierto que momentáneamente puede sacar de un atolladero económico a quien está endeudado, no es menos cierto que termina por generar una progresiva pérdida de rentabilidad que a la vez genera un progresivo empobrecimiento. Así, por ejemplo la venta de Mercamadrid propuesta por el Ayuntamiento de Madrid para sanear sus cuentas tendrá como efecto inmediato la entrada en caja de una importante cantidad de dinero, pero a medio y largo plazo provocará la pérdida de una rentabilidad que era continua y prácticamente infinita en el tiempo y, siguiendo el mismo camino, la venta de inmuebles propiedad de las instituciones públicas ciertamente implicará la entrada inmediata de dinero líquido en caja, pero a medio o largo plazo provocará un gasto infinitamente continuo en el tiempo en concepto de arrendamientos.

Así pues, no podemos basar la salida de la actual crisis en la venta de activos o privatización de servicios que es lo que pretenderá hacer la casta política imperante en España. La salida de la crisis, sin duda supondrá sacrificios, pero ha de basarse en la sustitución del modelo económico especulativo que ha sido fomentado desde el poder por un modelo económico productivo que, a la vez que potencie el comercio, genere un sólido tejido industrial capaz de producir bienes manufacturados competitivos para su venta en todos los mercados.

Por otra parte si, como se ha dicho al principio, la “suspensión de pagos” suele preceder a la quiebra es necesario aplicar a los gestores de la “Res Pública”, es decir a los políticos que han generado por imprudencia o negligencia esta dramática situación económica las mismas medidas que se toman contra los quebrados en el derecho mercantil, es decir, que jamás vuelvan a tener la posibilidad de gestionar ni al estado ni al más pequeño de los negocios y que respondan de la mala gestión económica con todos sus bienes presentes y futuros.

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(1) Es de indicar que de los bienes desamortizados en el Siglo XIX el 30 por ciento eran propiedad de la Iglesia, el 20 por cierto de las Corporaciones Gremiales y de Beneficencia y el 50 por ciento de los Municipios. Asimismo, como curiosidad tenemos que recordar que el Pinar de Valsaín situado en Segovia es actualmente un bien comunal que es gestionado por el Centro de Montes y Aserradero de Valsaín quien explota racionalmente los recursos forestales produciendo madera de calidad para la construcción de muebles y que los ciudadanos del pueblo de Artajona (Navarra), todos ellos combatientes carlistas en la última guerra civil, recompraron en lo años cuarenta del Siglo XX las tierras comunales de este municipio que le fueron arrebatadas por las desamortizaciones del Siglo XIX constituyendo estos dos ejemplos modelos de gestión y riqueza de la propiedad comunal municipal.