EL CONTRATO POLÍTICO Y SUS GARANTÍAS

La inmensa mayoría de las personas no son conscientes de que cada día, a pesar de no firmar documento alguno, suscriben innumerables contratos muchos de ellos de una enorme complejidad que nos obligan a cumplir ciertas condiciones y nos permiten recibir ciertas contrapartidas. Así, cuando compramos el pan estamos suscribiendo un contrato de compraventa con el panadero por el cual debemos pagar un precio a cambio de recibir una barra de pan o cuando cogemos el autobús suscribimos un contrato de transporte que lleva aparejado un contrato de seguro en virtud del cual recibimos la contraprestación de ser llevados con seguridad a un punto geográfico determinado a cambio de pagar el precio del billete. Estos contratos son consustanciales a la vida en sociedad y son, en gran parte, reguladores de las relaciones entre los individuos entre sí y entre los individuos y los grupos de individuos.

            Además de estos contratos fácilmente reconocibles, existe otro contrato mas difícil de reconocer y del que igualmente no somos conscientes de su existencia cual es el “Contrato Político” en virtud del cual un individuo o grupo de individuos se vinculan al estado, y bien digo al estado y no al gobierno, del que forman parte.

            El contrato político ha existido a lo largo de la historia y, aunque ha mudado de nombre y de contenido, nunca ha dejado de tener efectos conservando siempre la característica de ser bilateral o sinalagmático, es decir de obligar recíprocamente al individuo o grupo de individuos con el estado y a éste con aquéllos. De este modo, el hoy tan denostado “Pacto de Vasallaje” constituía un contrato político o la misma  “Ciudadanía Romana” no era más que otro contrato político que hacía a los romanos beneficiarios de determinados derechos y les obligaba a determinadas contraprestaciones con Roma.

            Si actualmente viene ganando terreno la teoría de que, desde el punto de vista del mundo ideal, los programas electorales que los distintos partidos presentan a los ciudadanos en tiempo de elecciones constituyen un verdadero contrato, no se debe identificar este supuesto contrato con el “Contrato político” porque el programa electoral del partido triunfador de unas elecciones solo le vinculará y le obligará frente a sus electores, jamás frente a aquellos que no le han votado ya que estos demostraron con la actitud de negarle el voto que no creían en el programa presentado o que no deseaban su realización por lo que el incumplimiento del programa electoral vendría a dar la razón, y en cierto modo beneficiaría, a sus no votantes. Por su parte, el “Contrato Político” vincula a todos los ciudadanos con el estado, no con el gobierno ni con el partido que lo asuma, y por ello contiene o debe contener unos derechos y obligaciones recíprocas fundamentales que ningún gobierno puede o debe alterar en virtud de la realización de tal o cual programa electoral.

            En la actualidad, todo estado existente tiene un “Contrato Político” con sus ciudadanos que básicamente consiste en que los ciudadanos pagan unos impuestos para sostener los servicios públicos comunes a todos ellos, se obligan a ser respetuosos con las leyes manteniendo la convivencia y a realizar algunas prestaciones personales como puede ser el servicio militar o dedicar algunas horas en beneficio de la comunidad. Por su parte el estado se compromete con los ciudadanos a gestionar honrada y diligentemente los recursos y servicios públicos, a protegerlos de cualquier perturbación de la paz interna o externa y a favorecer su progreso combatiendo las desigualdades mediante una justa redistribución de la riqueza.            

Todo contrato que se realiza conforme al derecho civil se hace para ser cumplido por las partes pero siempre existe la posibilidad de que el mismo se incumpla por cualquiera de ellas. El incumplimiento del contrato empieza, no con un hecho, sino con la existencia de la idea y de la voluntad de incumplirlo que termina materializándose en el acto del incumplimiento; por eso los contratos suscritos entre dos personas físicas o jurídicas suelen contener cláusulas penales o cualquier otro tipo de garantías como avales, prendas, etc… En el caso del “Contrato Político” el incumplimiento de una de las partes conlleva consecuencias jurídico-políticas de enorme magnitud como son la decadencia y extinción del propio estado y frente a esto las garantías que se establecen son escasas limitándose las mismas a la plasmación por escrito de unas “declaraciones de principios” que se llaman “Constituciones”. No obstante en el incumplimiento de cualquier contrato siempre suele ocurrir lo mismo: la parte que se considera mas fuerte o poderosa va haciendo una interpretación unilateral y arbitraria de los derechos que ha de otorgar a la parte contraria con la intención de irlos restringiendo progresivamente al mismo tiempo y de la misma forma que va aumentando las contraprestaciones que ha de recibir y esto vale tanto para el incumplimiento de contratos de derecho común como para el incumplimiento del “Contrato Político”.    
       

Bien está que una garantía del “Contrato Político” sea que el mismo quede reflejado por escrito en forma de “Constitución” pero ello no basta para garantizar su cumplimiento por la parte más poderosa ya que esta puede, a través de los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) que son los que garantizan el cumplimiento contractual por los ciudadanos tergiversar el espíritu del texto contractual y convertirlo en letra muerta. Las únicas garantías eficaces que pueden existir para asegurar el cumplimiento del “Contrato Político” por la parte más fuerte, esto es por la autoridad del estado, son las que existen por debajo tales como el principio de subsidiariedad, el mandato imperativo y el juicio de residencia.

            En virtud del principio de subsidiariedad, ninguna entidad pública superior ha de asumir competencias y ejercer funciones que puedan ser asumidas y ejercidas por una entidad pública inferior, mientras que por medio del mandato imperativo se impide que los cargos electos tomen decisiones políticas para las que no se les ha dado poder especial por parte de los electores y, finalmente, mediante el juicio de residencia se revisa la gestión realizada por los cargos electos una vez finalizado su mandato quedando sometidos a las pertinentes sanciones que les puedan imponer por haberse extralimitado en sus funciones, por haber malversado fondos públicos o por haber actuado con negligencia inexcusable.

            Si la Historia demuestra la existencia de un “Contrato Político” entre los estados y los ciudadanos no es menos cierto que la misma Historia demuestra igualmente que la decadencia de los estados comienza con la ruptura del “Contrato Político” que termina siendo sistemáticamente vulnerado por la parte contratante más fuerte, lo que genera en un plazo más o menos largo que la contraparte los vulnere igualmente. Así por ejemplo, cuando no pocos historiadores clásicos (Gibbon, Droysen, Mommsen) indican la negativa a servir en las legiones por parte de los ciudadanos romanos (lo que significa una clara infracción del “Contrato Político”) como un primer síntoma de la decadencia de Roma no perciben que anteriormente y durante mucho tiempo las más altas instituciones romanas, el César o el Senado, ya habían infringido el “Contrato Político” con sus ciudadanos no siendo moralmente exigible a éstos últimos el cumplimiento de las contraprestaciones impuestas en beneficio exclusivo de las locuras y extravagancias de un Heliogábalo.