“cada generación hereda de sus antepasados un tesoro de riquezas morales, tesoro invisible y precioso que lega a sus descendientes. La pérdida de este tesoro es para un pueblo un mal incalculable.” (Benjamín Constant).
Los recientes acontecimientos sucedidos en las fiestas de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y la reciente iniciativa, más propagandística que efectiva, de la Comunidad Autónoma de Madrid de redactar una ley que otorgue a los profesores y maestros de la enseñanza pública madrileña la condición jurídica de autoridad a todos los efectos legales oportunos, ha reabierto el debate sobre la crisis del principio de autoridad y la forma de reconducir a nuestra sociedad en general y a los jóvenes en particular a una reconciliación con tal principio.
Si bien es cierto que el principio de Autoridad lleva en crisis en Occidente desde que la Revolución Francesa trastocase todos los valores, no es menos cierto que España ha conseguido en menos tiempo que los países de nuestro entorno ponerse a la cabeza de las manifestaciones sintomáticas de tal crisis ante el asombro y el estupor de nuestra de los llamados intelectuales que en estos momentos se dedican a hacer piruetas y a llevarse las manos a la cabeza en todas las tertulias de iluminados que ofrecen las televisiones.
Si el principio de autoridad debe ser recuperado no puede serlo si no se sabe qué es la autoridad, cuáles son los requisitos de la misma y cual es la causa principal de que haya entrado en crisis o, más bien, se haya esfumado en nuestro país.
La autoridad, no se debe confundir con el poder ni con la fuerza. La autoridad es el respeto voluntario a un individuo o entidad a quién se reconoce cierta superioridad y que puede, y en muchos casos lo hace, materializarse en una obediencia igualmente voluntaria por tanto la autoridad se basa en la existencia de una relación jerárquica en la que tanto el “auctor” como quién le obedece conocen su posición en dicha relación obteniendo el primero una obediencia siempre voluntaria y jamás impuesta o forzada. El hecho de que se tengan que modificar asiduamente normas legales de carácter penal para endurecerlas no responden a intentos de recuperar la Autoridad perdida sino que son manifestaciones del fracaso de esa Autoridad que empieza a confundirse con la coacción y con la fuerza, es decir, con el autoritarismo.
El mantenimiento del principio de Autoridad descansa sobre dos duros pilares inexorables: La Ejemplaridad y el Ejercicio.
La Autoridad debe ser ejemplar y tanto el individuo como la entidad que la pueda encarnar han de aplicarse el imperativo categórico kantiano en sus tres formulaciones, a saber:
- "Obra sólo según una máxima tal, que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal."
- "Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio."
- "Obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines".
De no ser así resultaría muy difícil no ya obedecer sino simplemente respetar a quien contradice sus palabras con sus actos o no es el primero en exigirse a sí mismo lo que es capaz de exigir a los demás.
Por su parte el Ejercicio de la Autoridad, implica no deponerla jamás. La Autoridad es constante, continua y no obedece a un horario laboral por lo que el “auctor” conserva su condición en todo momento y si en algún momento, por breve que sea, la pierde no lo puede recuperarlo jamás.
Es casualmente, el abandono de la ejemplaridad y del ejercicio lo que ha hecho que el principio de Autoridad haya ido despareciendo en Occidente en general y en España en particular. Los numerosos escándalos políticos, financieros y hasta “de faldas” en los que se han visto envueltos importantes representantes de la política, la economía y la cultura y que el normal funcionamiento de los modernos medios de comunicación de las sociedades libres han difundido a los cuatro vientos, han puesto de manifiesto que los líderes del mundo no son ejemplo para nada ni para nadie, lo que ha llevado a una progresiva pérdida de confianza en ellos. Por otra parte, también hemos asistido en las últimas décadas una cierta “deserción de la Autoridad” en otros muchos campos como por ejemplo en la familia y en la escuela donde el “auctor” ha descendido de la tarima de padre o maestro para convertirse en el “amigo” del hijo o en el “colega” del educando en un plano de mal entendida igualdad donde desaparece toda relación jerárquica sin la cual no existe, ni puede existir, principio de Autoridad.
Confundir restauración de la Autoridad con ejercicio del Poder, tal y como empieza a ocurrir en la sociedad española actual solo puede desembocar en un estado policial y autoritario donde las leyes, cada vez más represivas, ahonden en el problema y lo hagan desembocar en un enfrentamiento entre la fuerza de un estado que carece de autoridad y la violencia de una sociedad que será y se sentirá reprimida. A esta peligrosa confusión de la Autoridad con el Poder responde la anunciada ley que se pretende redactar y por la cual se otorgará la condición de autoridad a los profesores de las escuelas públicas (y ya hablan de los colegios concertados también), ignorando el hecho incuestionable de que la persecución y sanción de un acto de agresión a un profesor no es un ejercicio de autoridad sino que es un acto de poder porque el verdadero ejercicio de la Autoridad sería todo aquello que impidiera que a que a un alumno se le pasara por la cabeza la idea de agredir o faltar al respeto a un profesor.
