Un dicho popular dice que "Cuando el Diablo no tiene nada
que hacer, con el rabo mata moscas" y algo de cierto ha de tener cuando la
emisión por televisión, hace dos semanas, de una entrevista que la periodista
Victoria Prego realizó a Adolfo Suárez hace más de veinte años ha levantado
cierta polémica aprovechada e interesada por algunas fuerzas políticas al
afirmarse por el entrevistado que "se introdujo la figura del Rey en el
texto de la "Ley para la Reforma Política" a fin de someterlo a
referéndum indirecto y no plantear directamente la cuestión monarquía-república
por si perdía la opción monárquica". Tal manifestación ha servido para que
algunos se atribuyan el hecho de un supuesto y mayoritario republicanismo
burlado, lo que resulta muy alejado de la realidad.
La " Ley para la Reforma
Política" de 1976 se hizo para salvar lo que, a juicio del entonces
Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, se pudiera salvar del Régimen Franquista
haciendo las reformas necesarias que permitieran incorporar a la actividad
política del país a aquellos sectores considerados como de "oposición al
régimen". De esta forma, la "Ley para la Reforma Política" no
fue una ley ajena al Régimen Franquista sino que fue una ley fundamental más,
concretamente la octava, de ese mismo régimen que a falta de una Constitución
se fundamentaba en una serie de leyes denominadas "Leyes Fundamentales del
Reino".
Que en la "Ley para la Reforma
Política" de 1976 se mencionara o no al "Rey" carece de toda
trascendencia porque el régimen político español quedó definido como una
monarquía desde que en 1947 se aprobara la "Ley de Sucesión a la Jefatura
del Estado" (1).
El proceso de aprobación de la
"Ley para la Reforma Política" siguió los cauces establecidos en el
Régimen Franquista para la aprobación de las Leyes Fundamentales y si fue discutida
y cuestionada lo fue por los sectores del régimen que no veían con buenos ojos ni la reforma ni
la monarquía. En este sentido es de indicar que en 1976, no existían
monárquicos partidarios de Juan Carlos pues los que lo eran o se consideraban como
tales eran partidarios o bien de Juan de Borbón o de la legitimidad dinástica
que representaba Don Carlos Hugo de Borbón Parma, e incluso dentro del Régimen
Franquista existían muy importantes sectores republicanos que no aceptaban la
monarquía ni a Juan Carlos.
De 1939 a 1976, la evolución social
y económica de España fue enorme. Social y económicamente la España de 1939 estaba
anclada en el Siglo XIX con seis o siete
décadas de retraso respecto a los estados europeos de su entorno y con este
panorama cualquier régimen político que hubiera actuado con cierto pragmatismo
puro, alejado de cualquier pretensión doctrinaria (2), habría conseguido
alcanzar niveles de crecimiento espectaculares por la sencilla razón de que todo
estaba por hacer. Esta evolución social y económica hizo que en nuestro país
surgiera por primera vez en su historia una clase media que dio estabilidad política
al régimen y que, sin ser necesariamente franquista, huía de todo radicalismo
político y se situaba siempre al lado del poder fuese este del color que fuese.
En este contexto sociológico no se puede afirmar, como lo hacen algunos, que
toda la sociedad española de 1976 fuera franquista pero sí se puede decir que
la inmensa mayoría de la sociedad española estaba con el poder y con todo lo
que emanaba del mismo haciendo muy fácil que esa sociedad aceptase cualquier
ley que propusiera el gobierno por el simple hecho de provenir del poder.
Así pues, la "Ley para la
Reforma Política" única y exclusivamente tuvo que superar dos obstáculos y
ninguno de ellos fue una masiva oposición republicano-democrática a la
monarquía franquista. El primero de esos obstáculos fue su aprobación por las
propias Cortes Franquistas, aprobación que consiguió, el 18 de Noviembre de
1976, por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones (3) y el último obstáculo
fue su aprobación popular por medio de un referéndum celebrado conforme a la
"Ley de Referéndum Nacional" de 1945 que tuvo lugar el día 15 de
Diciembre de 1976 y en el que participó
casi el 78 por ciento de un censo electoral de 22.664.290 de electores siendo
los resultados: 16.573.180 de votos a
favor, 450.102 votos en contra, 523.457 votos en blanco y 52.823 votos nulos. A
este respecto es de indicar que el voto negativo solo fue solicitado por la
extrema derecha franquista mientras que la oposición, considerada republicana y
de izquierdas, o bien pidió una abstención que no superó el 32 por ciento del
censo o dejó plena libertad de voto, lo cual deja claro que la principal, y
posiblemente única, oposición a la "Ley para la Reforma Política" y a
la forma monárquica de estado venía de sectores radicales del propio Franquismo
que ya se habían manifestado sin ambages en este sentido en manifestaciones o
actos públicos celebrados durante los últimos años del régimen (4), por lo que
en ningún caso se puede pretender que la introducción de la figura del
"Rey" en la citada Ley tuviera por objeto evitar una república traída
de la mano de una supuesta "oposición republicana al régimen" y que
esta fuera burlada por el que, en su día, fue calificado como "el tahúr
del Misisipi".
(1) Desde la teoría política
estricta, a Francisco Franco se le puede considerar cono un Jefe de Estado con
carácter de Regente de un reino.
(2) En realidad no existió un solo
Franquismo, sino varios según lo que le interesaba al régimen en cada momento.
El Franquismo fue un régimen personalista cuyo rumbo político estaba marcado
por la voluntad exclusiva y personal de Francisco Franco, el cual no fue fiel
ni leal a ninguna ideología, principio o filosofía política.
(3) Mucho y muy gratuitamente se ha
afirmado que la aprobación de la "Ley para la Reforma Política" por
parte de las Cortes franquistas fue un acto de patriótico "Harakiri"
siendo tal extremo radicalmente falso porque el resultado fue fruto de una
ardua negociación entre el gobierno y los Procuradores en Cortes en la que el
primero aseguró a los segundos cierta continuidad en la vida política española
si daban su apoyo a la Ley, es decir en ningún caso el apoyo de los
Procuradores en Cortes fue algo generoso y sin contrapartida, lo que contrasta
con la reunión del Gran Consejo Fascista de Julio de 1943 en el que los
consejeros, ante la inminente derrota de Italia en la Guerra, votaron la
destitución de Mussolini con tan grave riesgo para su vida que algunos
terminaron siendo ejecutados tras el Proceso de Verona.
(4) El rechazo a la monarquía y a
Juan Carlos quedó patente en los actos del entierro de Carrero Blanco en
Diciembre de 1973 donde sectores ultras profirieron gritos en contra de la
monarquía y del sucesor del General Franco así como en las manifestaciones que
Torcuato Fernández Miranda, preceptor que fue del Príncipe de España, soportaba
diariamente en la puerta de su domicilio donde jóvenes falangistas gritaban
brazo en alto "Ni Juan Carlos, ni Sofía no queremos monarquía".
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