A VUELTAS CON LAS PENSIONES

Desde la semana pasada se vienen sucediendo en nuestras ciudades numerosas manifestaciones de jubilados que están viendo peligrar sus pensiones a pesar de los mensajes de tranquilidad que se emiten desde el gobierno asegurando reiteradamente que las pensiones públicas están garantizadas. Y es que, los jubilados se han dado cuenta de la trampa que les hizo el gobierno del Partido Popular al establecer, durante su anterior mandando, que las pensiones subirían siempre y de forma anual un 0.25 por ciento.

            La congelación de las pensiones que hizo el gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero permitió al Partido Popular utilizar la más básica psicología y sociología de masas para presentar la subida anual y permanente del 0.25 por ciento como un "éxito" social ya que frente a la congelación que habían realizado sus antecesores  por primera vez, y gracias a Mariano Rajoy, "se garantizaba por ley que las pensiones subirían siempre".

            Al encontrarse en una situación en que sus pensiones estaba congeladas, es decir no subían nada, los jubilados acogieron con cierto beneplácito esta subida anual de un cuarto de punto sin darse cuenta de que iban a ir notando progresivamente como sus pensiones perdían un enorme poder adquisitivo que se iría agrandando según iban transcurriendo los años por lo que la "garantizada subida anual del 0.25 por ciento" significaba, material y realmente, un recorte en la cuantía de las pensiones públicas. Antes de la congelación de las pensiones y del "éxito" de que las mismas subieran siempre "por ley" un 0.25 por ciento, una pensión media de 900.- Euros mensuales se hubiera incrementado en cinco años, atendiendo a los Incrementos de Precios al Consumo (IPC), en unos noventa euros mientras que con el nuevo sistema del 0.25 por ciento, esa misma pensión y en esos mismos cinco años tan solo se ha visto incrementada en unos quince euros. En definitiva, mientras el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero estipuló que las pensiones no subirían dejando abierta la posibilidad de que, pasado un tiempo más o menos breve, las mismas volvieran a revalorizarse nuevamente conforme al IPC, el gobierno popular presidido por Mariano Rajoy ha bajado las pensiones.

            Lo que resulta más grave aún que esta bajada real de las pensiones es la situación general de las mismas porque se sabe fehacientemente que el fondo de reserva de las pensiones establecido en el llamado "pacto de Toledo" ha sido utilizado por el gobierno para comprar deuda pública por lo que dicho fondo, que constituía una verdadera hucha para urgencias, prácticamente ha desaparecido al destinarse a una finalidad para la que no se constituyó y generándose una situación tan grave que, incluso, se ha tenido que recurrir a un préstamo para abonar las pensiones del mes de Enero de 2018.

            Evidentemente, el sistema público de pensiones peligra gracias a la garrafal gestión gubernamental de todo el país y que repercute en el sistema público de pensiones, pero detrás de esta nefasta gestión es muy posible que se encuentre un inconfesable interés político por forzar un cambio en el modelo de financiación de las pensiones, y para ello nada mejor que ponerlas en peligro para que la gente acepte, como un hecho irremediable, que hay reformar profunda y substancialmente dicho modelo.

En este sentido, el Ex-Ministro de Asuntos Exteriores del anterior gobierno del Partido Popular, José Manuel García -Margallo, actúa como un globo sonda explicando que las pensiones peligran por una inversión de la pirámide demográfica, cosa que constituye un verdadero sofisma, es decir una mentira con apariencia de verdad porque, como ya explicamos en nuestro artículo de enero del 2011 titulado "El Sofisma de la Reforma de las Pensiones", tal inversión solo implica un desplazamiento del gasto público en el sentido que supondrá gastar más en Seguridad Social y menos en otros Ministerios y además resulta que el aumento de la población activa no implica un incremento de cotizantes por el alto porcentaje de paro juvenil y el cada vez mayor retraso de la edad de incorporación al mundo laboral. Todo esto sirve al señor García-Margallo para proponer determinadas soluciones que son:

            1º. Favorecer la natalidad mejorando y ampliando las políticas de conciliación familiar y laboral, ignorando el hecho de que fundamentalmente no se tienen hijos porque con la media salarial que hay en nuestro país unida a la carestía de los bienes y servicios básicos, especialmente de la vivienda y la educación, es muy difícil que la gente se decida a tener hijos aunque se dieran todas las facilidades de conciliación de la vida familiar y laboral.

            2º. Señalar la importancia de la inmigración, es decir, cubrir los déficit de la pirámide poblacional con importación de población foránea lo que plantea el mismo problema de que el aumento de la población activa no implica necesariamente el incremento de cotizantes debido al alto nivel de desempleo existente en nuestro país y que tiene un carácter estructural en un muy elevado grado.

            3º. Cambiar el modelo del sistema de pensiones de tal forma que las mismas no se financien con las cotizaciones de los trabajadores sino con los impuestos. En realidad, de todo el discurso que sostiene el señor García-Margallo en esta materia, esto es lo único que verdaderamente quiere decir: que hay que cambiar el modelo del sistema público de pensiones para que se financien de otra manera. Ahora bien, esta propuesta presenta una muy sutil trampa porque si las pensiones se financian con los impuestos, además de que el estado conservará la potestad para fijar la edad de jubilación, la cuantía de la pensión resultante de este nuevo modelo será lineal, es decir, igual para todos y el que esto escribe tiene motivos para sospechar que dicha cuantía no va a ser de mil quinientos euros mensuales para cada uno sino notablemente más baja. Es de suponer que, de este modo, el estado garantizará a todos los ciudadanos el derecho a cobrar una pensión pública a partir de cierta edad pero que la cuantía de dicha pensión será mínima por lo que luego empezará a vender la idea de que dicha cantidad deberá ser complementada con alguna suscripción de planes de pensiones u otros productos financieros que garanticen al ciudadano, a partir de cierta edad, unos ingresos mensuales suficientes para su subsistencia.

            En definitiva, una vez más la casta política española juega al trile con los ciudadanos intentando vender, bajo la máscara de las garantías y de derechos universales, aparentes soluciones que no son más que burdos maquillajes con los que tratan de engañarnos demostrando el más grosero desprecio por nuestra inteligencia.