Como es bien sabido, el 29 de junio de 1707, dos meses
después de la derrota de Almansa, Felipe V de Castilla firmó en el Palacio del
Buen Retiro de Madrid el decreto por el que eran abolidos los Fueros de los
reinos de Aragón y València . El texto, redactado por Melchor de Macanaz,
constituye una muestra emblemática de la cultura jurídica francesa, que estaba
imponiendo como hegemónica en Europa y en el mundo: coherencia lógica, claridad
y precisión en el lenguaje y, desde el punto de vista político, afirmación
rotunda del absolutismo.
A
ambos reinos se les declara culpables del delito de rebelión -nihil novum sub
sole! - y, por tanto, objeto de un “justo derecho de conquista”. Como “uno de
los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de las
leyes”, son abolidas las instituciones, la legislación y el derecho
consuetudinario propios de estos territorios, que en adelante quedarían
“reducidos” a la «uniformidad» de las leyes castellanas – “tan loables y
plausibles en todo el universo” - y “agregados” al Consejo de Castilla
(desaparece así la Corona de Aragón con su Consejo Supremo, de estructura
federativa).
La
posterior reivindicación de nuestros Fueros, y la represión consiguiente
ejercida por el Estado uniforme, ha conocido momentos significativos, como la
insurrección de 1801 contra la conscripción militar, o algunos episodios de la
Guerra del Francés, hechos todavía no estudiados suficientemente. Pero
ciertamente, entre los siglos XIX y XX, la «nostalgia» foral animaba dos
grandes sectores ideológicos, el carlismo y el republicanismo federal. Si bien
se posicionaban, de manera antitética, el uno en contra y el otro a favor del
pensamiento moderno, ambos representaban los ideales y los intereses de las
clases populares y de la pequeña burguesía, en oposición a la burguesía
conservadora y centralista de la Restauración.
Pensamos,
por ejemplo, que en 1872 el rey Carlos VII restableció los Fueros de los
territorios de la Corona de Aragón -erigiendo la Diputación del Reino de
València en las comarcas septentrionales del País-, y que, veinte años después,
Vicente Blasco Ibáñez redactaba un proyecto de «Pacto federal» entre los mismos
territorios. A la llegada de la II República española, los dos grandes partidos
autóctonos eran la Derecha Regional Valenciana (DRV) de Lluís Lúcia, heredera
de la base social y la tradición carlista, y el Partido de Unión Republicana
Autonomista (PURA), fundado por Blasco, de orientación federalista (ciertamente
confusa e incoherente). Junto a estas dos grandes formaciones populares, está
el valencianismo político, más minoritario, surgido del valencianismo cultural
de la Renaixença (esta genética «literaria», un tanto elitista, tenía que
marcarlo hasta el momento actual).
Como en las otras nacionalidades históricas del
Estado, en València el programa de la transición democrática incluyó la
recuperación de los derechos colectivos, secularmente conculcados por el Estado
(liberal o franquista): la integridad territorial, el autogobierno, la
oficialidad de la lengua. En definitiva, se trataba de reconciliar foralidad y
modernidad. Significativamente, una de las primeras decisiones del Consejo
preautonómico, en 1978, fue la adopción del escudo de nuestros reyes como
emblema propio (muy devaluado, por desgracia, en el diseño actual).
Después
del proceso, perverso y traumático, conocido como la "batalla de
Valencia», y de su producto normativo, el Estatuto de Autonomía de 1982, en el
año 2006 se aprueba un nuevo texto estatutario sobre la base de un mayor grado
de libertad y de diálogo -condiciones imprescindibles para el consenso
racional-, ganando decisivamente en legitimidad. Uno de los principios
inspiradores de este Estatuto es justamente el de «reintegración» o
actualización foral, tanto en la esfera pública como en el derecho privado.
Esta exigencia, sin embargo, ha sido menospreciada por las instituciones
estatales, incluyendo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que
siguen considerando vigente el decreto de 29 de junio de 1707.
Frente
a esta dinámica uniformizadora, debemos alegrarnos por el juramento de los
Fueros del Reino realizado por Carlos Javier de Borbón-Parma, titular de la
dinastía carlista, el pasado 1º. de diciembre de 2019, en la Catedral de
Valencia. (La última jura foral había sido protagonizada allí mismo por el
Archiduque, Carlos III de Valencia, el 10 de octubre del 1706). Tal como
expresa la solemne fórmula que se empleó, toda autoridad política, en nuestro
País, se convierte en legítima en tanto que respeta los derechos humanos
fundamentales y los derechos históricos de los valencianos.
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