Desde
hace una semana y como si fuera el número uno de "Los Cuarenta
Principales" no se habla de otra cosa en los medios de comunicación que de
la fuga, huída, retirada, espantada o como la queramos llamar protagonizada por
el ex-Jefe del Estado a Título de Rey, don Juan Carlos de Borbón y Borbón,
quien, a pesar de sus aficiones marineras, ha
hecho tabla rasa de aquella náutica tradición que dice que el capitán ha
de ser el último en abandonar el barco para adoptar la costumbre taurina de
"tomar el olivo" y, emulando al comandante de aquel buque italiano
naufragado en 2012 de nombre "Costa Concordia", seguir
"sirviendo a España" desde cientos o miles de quilómetros de
distancia.
La precipitada salida de nuestro
país del ex-jefe del Estado a Título de Rey no supone una crisis de la
monarquía sino que constituye la prueba definitiva no ya de la crisis y decadencia del Régimen
Político de 1978 sino de su total degeneración en la que, como ya ocurrió
anteriormente con el homólogo régimen de "La Restauración"
(1875-1931), asistimos a un "todos contra todos" en lo que menos
importa es construir o reconstruir un estado y servir al bien común, siendo lo
únicamente importante la salvaguardia de los intereses particulares de las
diversas castas (política, mediática, institucional...) que han hecho de nuestro
país, su cortijo particular, del erario
público, su caja privada y del orden Constitucional vigente, su modus vivendi.
El hecho de que don Juan Carlos, al
igual que hizo en 2014 cuando abdicó, no haya dado ningún tipo de explicaciones
a los españoles y haya abandonado el país con una simple carta particular
dirigida a su hijo y actual Jefe del Estado a Título de Rey, que es quién ha
hecho pública la privada misiva, constituye una clara muestra de desprecio y
falta de consideración hacia el pueblo español de quien ha sido, durante casi
cuarenta años, su máximo magistrado; pero que el Jefe del Gobierno, Pedro
Sánchez, en una rueda de prensa ofrecida al respecto, haya manifestado que
"no sabe donde se encuentra el ex-Jefe del Estado", cuando éste ha
tenido y tiene la consideración y tratamiento de "Rey Emérito" la
cual, aunque es un concepto extremadamente raro y atípico en cualquier
constitución política, denota el desempeño de ciertas funciones públicas es
desde luego muestra evidente de la descomposición en la que se encuentra el
Estado Español que, cual castillo de naipes, se mantiene en pie porque nadie
viene y sopla, o por lo que es lo mismo, por la desidia, estupidez e incultura
del pueblo que lo sufre.
Durante los últimos cuarenta años, Juan
Carlos de Borbón habrá tenido innumerables amantes que le hemos pagado entre
todos, habrá gozado de una inviolabilidad, en la que nadie o muy pocos han
reparado en todo este tiempo y que le situaba por encima de todas las leyes
humanas al trascender la figura jurídica de la simple "inmunidad" y
entroncar con la antiquísima doctrina del Derecho Divino de los Reyes (1) y,
también, habrá hecho una gran fortuna utilizando todo tipo de métodos, no todos
ellos dignos, limpios, legales o morales; pero no por ello tenemos que olvidar
que, si tal cosa hizo, fue con el apoyo, la complicidad y el encubrimiento de
los distintos miembros de la casta política, empresarial y mediática que no
permitían la más mínima crítica, cerraban filas en torno a él, le agasajaban en
todo momento riéndole las gracias y guardaban en los cajones de sus redacciones
las numerosas y escandalosas noticias que les llegaban a las mismas, al tiempo
que organizaban enormes campañas propagandísticas, orquestadas desde el poder
político, para blanquear y ensalzar su figura. Ahora parece olvidarse todo aquello,
apareciendo Juan Carlos de Borbón como el único malo, malísimo, de la película cuando
en realidad se ha convertido en el muñeco del Pim, Pam, Pum... de esta verbena
que es el régimen político español de 1978 y al que todos los actores políticos
y mediáticos tiran piedras a fin de aparecer ante la opinión pública como los
más puros, limpios y honestos y sacar partido de la situación cuando en
realidad, sin su colaboración y complicidad, no se habría llegado al insufrible
estado de cosas en que nos encontramos.
Juan
Carlos de Borbón se ha fugado haciendo prácticamente un corte de mangas, una
peineta y un calvo a los españoles, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concede
una rueda de prensa en la que manifiesta que no sabe donde se encuentra el
ex-Jefe del Estado, manifestaciones que recuerdan las que, en su día, realizara
un antiguo Ministro del Interior socialista para referirse al paradero de un
ex-Director General de la Guardia Civil; el actual Ministro del Interior,
Grande Marlaska, asegura que Juan Carlos, allí donde se encuentre, goza de la
protección del Estado con lo cual está diciendo que, o bien el gobierno miente
cuando dice que desconoce el paradero del ex-Jefe del Estado o, bien, ese mismo
gobierno ignora hasta el paradero de los agentes encargados de la seguridad de
Juan Carlos; un medio periodístico dice haberlo encontrado en Abu Dabi para
apuntarse un tanto en la obtención de una exclusiva y el Vicepresidente del
Gobierno, Pablo Iglesias, ondea alegremente la bandera tricolor con la
intención de ganar votos y mantener cierta popularidad; pero, curiosamente, a
ningún periodista ni al socio "republicano" de Pedro Sánchez se les
ha ocurrido preguntar ¿Con qué documentación viaja Juan Carlos de Borbón?.
Cuestión esta que no resulta baladí porque, como Jefe de Estado, Juan Carlos de
Borbón es titular de un pasaporte diplomático que expide el Ministerio de
Asuntos Exteriores y por tanto, de estar viajando con documentación diplomática
estaría garantizada tanto la inmunidad personal como el secreto de la valija o
valijas (entiéndase equipaje) que pueda portar, el cual ni siquiera puede ser
abierto por ninguna autoridad.
En caso de que Juan Carlos de Borbón
dispusiera de un pasaporte diplomático para emprender este periplo, que ya
compite en fama con la Odisea de Ulises, el Gobierno que preside Pedro Sánchez
y que vice preside Pablo Iglesias tiene la responsabilidad de conocer, en todo
momento, donde se encuentra el ex-Jefe del Estado a Título de Rey pues
corresponde al Gobierno, y más concretamente al Ministerio de Asuntos
Exteriores español, el control absoluto de todos los pasaportes diplomáticos
que expide y lo que con ellos se pueda llegar a hacer.
Entendemos y comprendemos que la
vida es dura, que hay una prole que mantener, facturas que pagar y, sobre todo,
una carga hipotecaria que levantar, pero se echa en falta que alguien pregunte
sobre la documentación de viaje de que dispone Juan Carlos de Borbón porque, de
estar utilizando un pasaporte diplomático. el gobierno en pleno y, sobre todo,
aquellos miembros del mismo que ahora ondean la bandera tricolor, deberían
dimitir o, mejor aún, irse en busca del ex-Jefe del Estado y unirse a su fiesta
en el exterior.
(1) El artículo 56.3 de la Constitución de 1978 establece que "La
persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.".
Evidentemente en el régimen jurídico español existen aforamientos y ciertos
status de inmunidad parlamentaria o diplomática, pero no hay que confundir
inmunidad con inviolabilidad. Una persona aforada puede ser sometida a juicio
cumpliéndose ciertos requisitos legales e incluso una persona que goza de
inmunidad podría ser detenida en caso de delito in fraganti, pero una a persona
"inviolable", simplemente, JAMÁS, se le puede poner una mano encima,
lo cual entronca con la antigua doctrina del "Derecho Divino de los
Reyes" y con los antiguos delitos de "Lesa Majestad" entre los
cuales figuraba "el poner la mano encima al Rey". La Constitución de 1978 distingue claramente
entre "inviolabilidad" e "inmunidad", de hecho el artículo
71.1 de la misma establece que "Los Diputados y Senadores gozarán de
inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus
funciones", es decir gozan del mismo privilegio que el Jefe del Estado,
pero solo en cuanto a las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus
funciones, lo cual pone de manifiesto que
"la persona del Rey es inviolable" SIEMPRE Y EN TODA
CIRCUNSTANCIA. Por su parte el número 2 del mismo artículo 71 de la Constitución
establece que: "Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores
gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante
delito" lo que supone una clara diferenciación entre lo que es la figura
jurídica de la "Inviolabilidad" que significa impunidad y la figura
jurídica de la "Inmunidad" que no alcanza tal extremo.
Por otra parte,
es de indicar que el Artículo 56.3 de la Constitución se refiere a "la
persona del Rey" sea emérito o no y considerando que Juan Carlos goza de
la consideración oficial de "Rey Emérito" continúa disfrutando de tal
"Inviolabilidad" la cual solo se extinguirá con su fallecimiento.
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