Finalmente
fue el día 6 de noviembre y no el 5, como estaba previsto, cuando el Tribunal
Supremo se puso de acuerdo para tomar la decisión de sobre a quién le
correspondía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las
hipotecas. La decisión del alto tribunal no pudo ser más sorprendente pues
esperándose que dijera que correspondía a los bancos, confirmando así la
sentencia del pasado 18 de octubre, y fijara un concreto plazo de prescripción
tiró por donde nadie se lo esperaba al imponer a los hipotecados la totalidad
del pago del tributo y haciendo ya innecesario cualquier pronunciamiento sobre
el plazo de prescripción desde el cual se podía solicitar la devolución del
impuesto.
La decisión del Tribunal Supremo
constituye un escándalo sin precedentes, modifica la interpretación de una
sentencia firme, abre a los bancos la posibilidad de recurrir al Tribunal
Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo y consolida socialmente la inseguridad
jurídica dimanante de la lógica desconfianza en unos órganos judiciales que rivalizan
con la Donna de Rigoletto a la hora de ser "mudables cual pluma al
viento".
La Justicia española no puede estar
más en entredicho. Entre el controvertido procedimiento penal abierto por el
1-O, las fracasadas solicitudes de Ordenes Europeas de Detención contra
Puigdemont, cursadas ante la Justicia Alemana y Belga, la reciente sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera que Otegi no tuvo un
juicio imparcial y ahora, como la guinda
de un pastel, la decisión del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados existen sobrados indicios que, valorados en su conjunto, permiten pensar racional y razonadamente que
la Justicia en España no funciona y solo es el refugio de una elite
funcionarial que aspira a un prestigio que no merece y que cobra unos
emolumentos demasiado generosos por los pocos problemas que soluciona y los
muchos que genera.
La Justicia española, se ha
retratado totalmente porque planteándose a su consideración un importante
problema de relevancia social y económica no ha sabido dar respuesta al mismo
pasando su resolución al legislador, es decir, llevando la cuestión de Herodes
a Pilatos y de Pilatos a Herodes.
Ahora, el gobierno que preside Pedro
Sánchez reacciona hábilmente y aprovecha la respuesta insatisfactoria dada por
la Justicia para convertir el veneno en remedio e intentar sacar partido
disimulando el más puro oportunismo. En este sentido el gobierno ha sido raudo
en anunciar que llevará al Congreso de los Diputados (Poder Legislativo) un
Decreto Ley que, sin efectos retroactivos por lo que solo afectará a las
hipotecas que se suscriban a partir de su entrada en vigor, impondrá el pago
del Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados de las Hipotecas a los bancos poniendo de manifiesto la gran
hipocresía de nuestra casta política.
En
primer lugar surge la cuestión del por qué no se ha hecho antes. El Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados lleva gravando las hipotecas décadas y décadas, el
estado o las Comunidades Autónomas llevan décadas y décadas ingresándolo en sus
arcas y ningún gobierno de ninguna tendencia política ha hecho ascos a tal
ingreso importándole muy poco quien lo pagase y que gravase, junto con el
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto sobre el Valor Añadido,
la adquisición de la vivienda. De hecho, hace tan solo diez años, cuando nadie
podía comprarse una vivienda sin hipotecarse durante cincuenta años, a ningún
político y a ninguna administración le importaba la repercusión social que la
carga impositiva tenía sobre la vivienda, lo único que les importaba era lo que
ingresaban por recalificaciones de suelo y por impuestos. Socialistas y
populares, que pasaron por el gobierno del país durante la época de la burbuja
inmobiliaria, podían haber intervenido el precio de la vivienda o rebajarlo tímidamente
reduciendo el tipo del I.V.A y de Transmisiones Patrimoniales del 7 al 4 por
ciento pero no lo hicieron porque solo les interesaban los ingresos que por
tales conceptos obtenían poniendo de manifiesto que los intereses de los
ciudadanos les importaban un bledo y que su preocupación por la ciudadanía es
directamente proporcional a la necesidad de sus votos.
Asimismo está la muy importante
cuestión de que dicho Decreto Ley, al no tener efectos retroactivos, supone un
agravio comparativo para los numerosos ciudadanos que suscribieron sus hipotecas con anterioridad a su entrada
en vigor. Es decir es como si entre el Tribunal Supremo y el Gobierno se
hubieran concertado tácitamente para dar una solución salomónica que salve la
cara a las administraciones autonómicas, verdaderas beneficiarias del Impuesto
sobre Actos Jurídicos Documentados, y a los bancos, quienes ya se buscaran la
manera de repercutir en el hipotecado el pago del impuesto.
En segundo lugar, está el hecho de
que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados grava todo tipo de escrituras
públicas con valor económico (préstamos personales, reconocimientos de deuda,
etc...) y no solo las hipotecas, con lo que la medida anunciada por el gobierno
debe o debería dar respuesta de a quien corresponde pagar dicho tributo en
todos los casos y no solo en el de las hipotecas.
Finalmente surge la cuestión, la
gran cuestión metapolítica y jurídico-filosófica, que ningún miembro de la
casta política se ha planteado, cual es si resulta legítimo que el estado grave
con impuestos, como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el I.V.A . y
Transmisiones Patrimoniales, el ejercicio de derechos fundamentales como la
adquisición de la vivienda.
La decisión del Tribunal Supremo ha
supuesto un paso más en el desmaquillaje de un régimen y de unas castas
públicas, la política y funcionarial, que ven como toda su aura de perfección
democrática y popular se cae a pedazos dejando ahora al descubierto que el
estado social, democrático y de derecho más bien es un régimen político
constitutivo de un "estado corsario" que, pase lo que pase, sufra
quien lo sufra y perjudique a quien perjudique, quiere su porcentaje en todas
las operaciones que se hacen con su anuencia.
