ECONOMÍA, TERRITORIO Y POBLACIÓN

           

Hoy, cuando la economía se ha convertido sin género de duda alguna en la medida de todas las cosas destronando a Dios y al hombre el cual, si bien se observa, ha ido perdiendo derechos progresivamente hasta llegar al punto de solo ser considerado y tener derechos en tanto en cuanto es consumidor y cuando se cuestiona la viabilidad económica de una posible Cataluña independiente, se hace preciso explicar cómo a lo largo de la historia, territorio y población, han sido y son dos factores decisivos en la economía de un estado.

            Cuando la economía de los antiguos estados o reinos se basaba fundamentalmente en la agricultura la política de éstos estaba orientada a la adquisición, generalmente por medio de la guerra y a costa de otros estados o reinos limítrofes, de nuevas tierras y más población. Con el incremento del territorio se incrementaban las tierras susceptibles de ser cultivadas y con el aumento de la población se aumentaba la mano de obra para el cultivo de esas tierras, se incrementaba la masa tributante y se fomentaba el aumento potencial del número de guerreros con los que podrían contar los ejércitos para conquistar nuevas tierras e incorporar nuevos súbditos. De esta manera un estado poderoso y económicamente rico estaba plenamente identificado con un estado territorialmente extenso y altamente poblado y si bien lo miramos, durante las Edades Antigua y Media, las guerras en Europa siempre lo fueron entre estados o tribus limítrofes no existiendo, salvo las Cruzadas, ninguna campaña militar que no se desarrollase contra estados directamente fronterizos y por tierras limítrofes.

           

            Posteriormente con la revolución industrial la agricultura fue perdiendo peso progresivamente en favor de la emergente industria, la cual si bien no necesitaba extensos territorios para desarrollarse y prosperar, sí que necesitaba numerosas materias primas que debían buscarse en el subsuelo de la tierra. De esta forma el desarrollo industrial de un estado se encontraba limitado por sus fronteras políticas ya que éste solo podía disponer libremente de aquellas materias primas que se encontraban dentro de ellas resultando mucho menos rentable que en la Edad Antigua y Media el hacer la guerra para conquistar territorios adyacentes a los propios porque esas tierras no siempre eran apropiadas para la búsqueda de los materiales que requería la industria. Así, los viejos estados europeos emprendieron enormes campañas ultramarinas que tenían por objeto extenderse por todos los continentes a fin de encontrar tierras ricas en oro, hierro, plata, cobre, carbón (y posteriormente petróleo), etc.... Era el comienzo de la época del imperialismo donde los estados limítrofes seguirían haciéndose la guerra entre sí pero no por rectificaciones de fronteras sino por la adquisición de enormes extensiones territoriales en continentes muy alejados y en ocasiones inexplorados.

            Con la adquisición de las enormes extensiones territoriales que supusieron los imperios del Siglo XIX el más pequeño estado europeo podía ver dinamizada enormemente su economía gracias a las materias primas que obtenía de sus colonias, además de tener lejanos territorios donde exportar sus excedentes de población lo que redundaba en una mayor explotación de las colonias y de administrar ingentes poblaciones indígenas que pasaban a ser consumidores de muchos de los productos manufacturadas por la metrópoli.

            En esta época del imperialismo decimonónico el poder político y económico de un estado era directamente proporcional al número de kilómetros cuadrados que tenía su imperio.

            Tras la descolonización de mediados del Siglo XX, el sistema podría desestabilizarse. En muy poco tiempo importantes potencias coloniales  como Francia e Inglaterra perdían millones de kilómetros cuadrados de tierras ricas en materias primas y millones de consumidores, pero ello se intento paliar no solo con tratados internacionales, en muchos casos abusivos, suscritos con los nuevos estados surgidos de la descolonización sino también con una nueva forma de expansión territorial de la economía: Las multinacionales y los tratados europeos.

            El sistema empleado por las empresas multinacionales, verdaderos estados dentro de los estado que no son sujeto de Derecho Internacional Público, permite que una empresa pueda negociar bilateralmente con un estado llegando a acuerdos y tratados económicos que superan todas las limitaciones jurídicas, morales, políticas y sociales que podrían plantearse en una negociación entre dos estados soberanos sujetos a los tratados y convenciones internacionales. Mediante estos tratados la empresa multinacional consigue la explotación de yacimientos de materias primas, la instalación de determinadas líneas de producción en países extranjeros generalmente donde la mano de obra es más barata y las condiciones laborales más beneficiosas para el empresario y mantiene unos cuotas importantes de consumidores a nivel mundial. Gracias a este sistema, las multinacionales siguen produciendo para todo el mundo conservando cierta competitividad al tener líneas de producción no sujetas a la legislación laboral y social de sus estados pudiéndose observar cómo mientras en Occidente se prohíbe el trabajo de los menores de edad y el empleo de determinados métodos y productos en la fabricación de productos manufacturadas, esas multinacionales los emplean en determinadas líneas de producción establecidas en África, Asia o Sudamérica en lo que no es más que una nueva forma de expansión territorial.

           

              Por su parte, si consideramos que el primer tratado constitutivo de la Unión Europea es el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) de 1951, nos encontramos que al tener dicho tratado por objeto  el libre acceso a las fuentes de producción del Carbón y del Acero situadas en los territorios fronterizos de Francia, Alemania y el Benelux (el Sarre, Alsacia, Lorena) resulta ser un amistoso tratado de expansión territorial de estados fronterizos  que sin entrar en cuestiones de soberanía viene a permitir la común explotación de los recursos de esos territorios por los distintos estados colindantes que durante casi un siglo se los disputaron violentamente en tres guerras (la Guerra Franco Prusiana de 1870, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial). Posteriormente al Tratado de la CECA, la Comunidad Europea primero y la Unión Europea después no ha hecho más que extenderse territorialmente y crecer demográficamente a base de incorporar nuevos estados y poblaciones consiguiendo con esas ampliaciones territoriales, especialmente hacia los estados del Este ex-comunista, la explotación de más recursos naturales y la incorporación de millones de consumidores pudiéndose considerar que gracias al derrumbe del Comunismo y a la caída del Muro de Berlín que permitió la incorporación de los antiguos estados satélites de Moscú a la Unión Europea con toda la incorporación de los nuevos recursos, posibilidades de inversión y consumidores que ello implica; Europa aplazó más de una década la crisis cíclico-sistémica que padece actualmente.

            De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que la economía capitalista fundamentalmente requiere una constante extensión territorial para explotar recursos naturales y una creciente población a la que convertir en consumidores de la producción industrial. De hecho cuando nos hablan o hablamos de globalización ¿De qué estamos hablando realmente? pues de diversas políticas y tratados internacionales que básicamente lo que intentan es abrir a la explotación de los recursos naturales toda la extensión territorial del planeta y convertir en consumidores a la totalidad de la población mundial.

            No obstante de la anteriormente expuesto, la economía financiera dedicada a especular más que a producir bienes ciertos actúa como una excepción a la regla ya que permite que pequeños estados, convertidos en "Paraísos Fiscales" y sin grandes sectores económicos primario (agrario) o secundario (industrial), con unos territorios minúsculos y una población pequeña no solo sean viables económicamente sino que además sean muy prósperos y alcancen un alto nivel de vida debido a que, al carecer de grandes extensiones territoriales, no necesitan grandes inversiones en infraestructuras que articulen el territorio y, al tener poca población, sus niveles de paro sean muy bajos y tampoco necesiten enormes cantidades de gasto público para políticas sociales.

UNA NUEVA VARIABLE EN EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

La última reforma del sistema público de pensiones que ha diseñado el actual gobierno del Partido Popular presenta dos novedades fundamentales consistentes en el hecho de que las pensiones ya no se revalorizarán anualmente conforme al Incremento de Precios al Consumo (I.P.C.) sino que se incrementarán todos los años tan solo un 0´25 por ciento y en el hecho de la introducción en dichas pensiones del llamado “coeficiente de sostenibilidad” en virtud del cual se calculará la cuantía de la pensión a percibir en relación con la esperanza de vida del perceptor en el momento de cumplir los sesenta y siete años, nueva edad de jubilación establecida por el anterior gobierno del Partido Socialista.

            Estas dos novedades que, en síntesis, se traducen en una reducción en la cuantía de las pensiones a percibir introducen una nueva variable en el sistema público de pensiones cual es el establecimiento de la “pensión estructuralmente deficitaria”.

            Desde su creación tal y como lo conocemos, a finales de los años cincuenta del siglo pasado, y hasta hace muy poco, el sistema público de pensiones respondía a la idea de proporcionar a nuestros mayores, tras la finalización de su vida laboral, una existencia digna y sin penurias abonándoles mensualmente una pensión que se acercara lo máximo posible a la satisfacción del cien por cien de sus necesidades imprescindibles uniéndose a la cuantía de la pensión otros beneficios sociales, que nunca llegaron a ser considerados a efectos fiscales como retribuciones en especie, como era la exención del pago de medicamentos, notables descuentos en transportes públicos, etc… A partir de ahora y debido exclusivamente a décadas de irresponsables políticas económicas y sociales, el sistema público de pensiones se ha convertido en una especie de chivo expiatorio con el que se pretende acabar dando la apariencia de que se protege y sostiene a fin de sanear, en el presente y en el futuro, las cuentas públicas.

            Para ello nada mejor que reorganizar la totalidad del sistema de protección social de la vejez y las pensiones públicas a fin de que las mismas sean estructuralmente deficitarias, es decir que, de forma sistemática y prolongada, cubran cada vez menor porcentaje de las necesidades de las personas que las perciben haciéndolas recurrir a sus ahorros para complementarlas o a la suscripción de planes privados de pensiones siendo precisamente a esto a lo que tienden las futuras medidas que pretende ejecutar el gobierno.

           

Ahora bien, ¿Qué justificación tiene el mantenimiento de un sistema público de pensiones en el que, llegado el momento, sus beneficiarios van a pasar, no ya solo necesidades, sino graves penurias económicas?. La respuesta a esta pregunta es muy simple y es que no se pretende mantener el sistema público de pensiones sino simplemente justificar a corto y medio plazo (1) la existencia misma del propio estado que cada vez más ha dejado de ser un instrumento medial para terminar convirtiéndose en un fin en sí mismo.

            La existencia de cualquier estado solo se justifica si sirve al bien común manteniendo interiormente la paz, defendiendo a la colectividad frente a posibles agresiones externas y redistribuyendo, de una u otra forma, la riqueza entre sus ciudadanos a fin de que no existan grandes desigualdades sociales ni enormes bolsas de pobreza, pero cuando un estado no solo no intenta cumplir con esas obligaciones mínimas sino que además desarrolla una política claramente contraria a las mismas se convierte metafísica y filosóficamente en un absurdo mientras que materialmente pasa a ser un mero engranaje de explotación del ser humano siendo precisamente esto lo que todo estado que se aleja de su finalidad original intenta ocultar y disimular utilizando fundamentalmente la propaganda institucional y la demagogia. Es por ello que el actual gobierno quiere mantener a toda costa un sistema público que pensiones aunque en el futuro serán a todas luces insuficientes para mantener a nuestros mayores, porque mientras al final de la vida laboral exista una pensión, por exigua, ridícula e insuficiente que esta sea para mantener al jubilado con un mínimo de dignidad, el estado podrá seguir justificando no solo su propia existencia sino también el hecho de que los ciudadanos estén cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos con los que los miembros de la casta política viven opíparamente.

            Por otra parte, la alternativa que la casta política pretende ofrecer a los ciudadanos españoles ante la futura reducción cuantitativa de las pensiones públicas es la suscripción de planes privados. Ahora bien, sin entrar en otras consideraciones de carácter sociológico y considerando exclusivamente la cuantía media de los salarios de los trabajadores en nuestro país así como los gastos imprescindibles que las familias tienen que afrontar mensualmente resulta que, tras atender a las necesidades de vestido y alimentación así como a las de alojamiento (ya sea éste en compra o alquiler) y suministros (luz, gas, teléfono…), a la mayoría de ellas no les queda cantidad alguna que puedan destinar al ahorro y mucho menos a invertir en un plan privado de pensiones por lo que está claro que el final de la planeada reforma del sistema de pensiones no solo supondrá el empobrecimiento de las futuras generaciones que se incorporen a “la tercera edad” sino su completo desamparo en una fase de la vida humana donde son más numerosos, obligados y perentorios los gastos.

            Una vez más, y ahora concretamente en el tema de las pensiones, los miembros de la casta política vuelven a engañar y a mentir a los ciudadanos porque lo que deberían reconocer de una vez por todas es la verdad que no es otra que el sistema público de pensiones peligra porque durante décadas la inversión pública que debería haber ido a él se ha destinado a otros fines, principalmente a juegos de artificios políticos como subvenciones a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales etc… así como a operaciones puramente estéticas como la inversión en megalómanas infraestructuras. Igualmente deberían decir a los ciudadanos que hoy rondan los cuarenta o cincuenta años de edad que cuando lleguen a la jubilación la pensión pública que van a percibir tras toda una vida de cotizaciones no les va a alcanzar ni para comprar una ración de supervivencia en un puesto ambulante sin licencia. No obstante, nuestros políticos jamás reconocerán lo primero porque equivale a reconocer su falta de honradez y su completa inutilidad mientras que lo segundo no lo dirán jamás porque entonces no podrían justificar el pago de las actuales cotizaciones a la Seguridad Social por lo que los ciudadanos podrían empezar a plantearse el por qué contribuir a un sistema del que van a recibir menos de lo que les obligan a aportar y ello, evidentemente, llevaría al colapso total e inmediato del sistema de pensiones que alcanzaría a los actuales beneficiarios que serán de los últimos en disfrutar de unas pensiones menos deficitarias.  

(1)   Es preciso aclarar que, a todos los efectos, se entiende por corto plazo aquello a lo que se puede llegar en menos de seis meses, medio plazo es aquello que se puede alcanzar en un periodo de tiempo que va de seis meses a seis años y largo plazo aquello cuyos resultados se prevé que se pueden materializar en un tiempo superior a los seis años.

 

ESCRITOS TRANSICIONALES (II): LA CONSTITUCIÓN DE 1978

            El 6 de Diciembre de 1978 el pueblo español aprobaba en referéndum la actual y vigente Constitución Española que se le había sometido a consideración siendo sancionada por Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey el 27 de Diciembre y publicada por el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) el día 29 del mismo mes y año teniéndose extremo cuidado de evitar el Día de los Santos Inocentes (28 de Diciembre) por ser una jornada dedicada a la jocosidad y a las bromas no fuera a ser que, si la Constitución de 1812 adquirió el sobrenombre de “La Pepa” por ser aprobada un 19 de Marzo, ésta última fuera bautizada por la sabiduría popular como “La Inocentada”.

            Pasados más de treinta años desde su promulgación y entrada en vigor, la Constitución Española de 1978 no tiene sobrenombre conocido aunque bien le hubiera venido uno de los dos siguientes: el de “La Inocentada” por constituir, hoy en día, una verdadera broma de pésimo gusto para todos los españoles que ven día a día como se incumplen sistemáticamente todos los Derechos Fundamentales en ella proclamados; o bien, el de “La Cuestioná” pues no hay nadie de Norte a Sur y de Este a Oeste de la geografía española que no cuestione, de una forma u otra, su validez y eficacia.

            La redacción del proyecto del texto constitucional fue encargada a una ponencia integrada por siete diputados representantes de Unión de Centro Democrático (Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca, Miguen Herrero y Rodríguez de Miñón), Alianza Popular (Manuel Fraga Iribarne), Pacte Democratic per Catalunya (Miquel Roca i Junyent), Partido Socialista Obrero Español (Gregorio Peces Barba) y Partido Socialista Unificado de Cataluña-Partido Comunista de España (Jordi Sole Tura) encargándose la redacción del Preámbulo constitucional a Enrique Tierno Galván del Partido Socialista Popular. El proyecto constitucional fue aprobado en el Congreso con el voto a favor de todos los diputados menos los cinco de Alianza Popular, que  seguramente votaron así para salvar la cara ante sus votantes procedentes de aquello que se llamó “el franquismo sociológico”;  y uno de Euzkadiko Ezkerra dejando patente y manifiesto la conjura de todos los partidos en sacar adelante un texto que lo único que en realidad garantizaba era los derechos y prebendas de los dirigentes políticos.

            La aprobación y entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 supuso el final de la operación jurídico-política en que consistió la “Transición” consiguiendo que el régimen nacido de la misma adquiriera total credibilidad interna y externa. Dentro de España la Constitución consiguió que los españoles cerraran filas en torno a un texto legal que, lejos de ser directamente aplicable, es poco más que una mera declaración de intenciones que, por la propia estructuración del estado, no garantiza nada de forma efectiva, es decir, la Constitución de1978 fue para el pueblo español hasta hace muy poco tiempo una especie de “Bálsamo de Fierabrás” que amparaba a los justos de todo abuso o amenaza tiránica. Por su parte, internacionalmente la Constitución de 1978 despejaba todas las dudas sobre el camino emprendido por el régimen sucesor de la dictadura franquista haciéndolo homologable a los países occidentales al garantizar el “mínimo democrático” imperante en todas las democracias europeas, esto es: sufragio universal periódico, sistema representativo partitocrático (a través de partidos políticos), economía de libre mercado y unas garantías y derechos nominales, que no reales, abstractos y en cualquier momento susceptibles de interpretaciones restrictivas.

            El transcurso de los años, ha hecho que los españoles descubramos que la Constitución de 1978 sirve a unos fines que no son los que se proclamaron en su momento no suponiendo ninguna garantía de derecho ciudadano alguno. De hecho, justo resultaría referirse a la Constitución de 1978, con ánimo jocoso, como “La Inocentada” y ello porque el propio lenguaje jurídico empleado en la redacción de la misma sirve para ocultar a la inmensa mayoría de españoles, legos en derecho, que no pocos artículos constitucionales se redactaron como pura y simple justificación sin que realmente el legislador constitucional y sus sucesores tuvieran ánimo o espíritu alguno de aplicarlos.

            Para empezar y a modo de simples ejemplos, aunque podríamos citar más, citaremos el artículo 1º de la Constitución y el Título VII del mismo texto. El artículo 1º de la Constitución establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Esto supone claramente (con una claridad meridiana) que los derechos sociales de los que disfrutaban los españoles el día antes de entrar en vigor la Constitución deben ser mantenidos a toda costa porque si antes de la entrada en vigor de la Constitución no había un estado social y democrático de derecho naciendo el mismo de la Constitución de 1978 ello implica que jamás se pueden recortar derechos existentes con anterioridad a la entrada en vigor del texto constitucional pues el mismo implica que, como mínimo, se han de garantizar esos derechos sociales preconstitucionales para que España pueda considerarse un Estado social. En este sentido, se ha de indicar que, una vez en vigor la Constitución, se puede emprender un camino tendente a ampliar y profundizar en derechos sociales pero jamás negarlos o reducirlos a un nivel inferior a los existentes en la situación pre-constitucional porque tal cosa supone el absurdo material, en el que ahora nos encontramos a causa de las medidas impuestas por el actual gobierno, de que en un Estado social legalmente constituido hubiera menos derechos que en el estado preconstitucional sin ser éste un Estado social.

            Por su parte el Título VIII de la Constitución, consagrado íntegramente a la “Organización Territorial del Estado” y a las Autonomías es el ejemplo más nítido de que la Constitución surgió con la intención de no aplicarse. Para bien o para mal, la Constitución reconoce la existencia del llamado “Estado de las Autonomías” que en ciencia política es una “cosa rara” pues no es un estado centralista, como tampoco es un estado federal o confederal. De todas las opciones posibles de organización territorial se excluyó la solución Federal (la mejor de ellas sin ningún género de dudas) porque la mayoría de los ponentes constitucionales eran claramente centralistas optando por la fórmula de compromiso de “Estado de las Autonomías” para dar algún tipo de cabida a las minorías catalana y vasca representada en las Cortes Constituyentes de 1977 por el Pacte Democratic per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco, pero siempre con la intención de no ceder competencia alguna y mantener cierto centralismo. El “Estado de las Autonomías” implicaba, constitucionalmente hablando, la posibilidad de que las regiones que lo desearan se constituyeran en comunidades autónomas a las que el Estado central cedería unas concretas competencias enumeradas en el texto constitucional. No obstante, desde su origen la creación del “Estado de las Autonomías” ha generado tensiones entre diversas Comunidades Autónomas y el estado central a consecuencia de la negativa de éste último a cederle las competencias que, conforme a la Constitución y a las Leyes Orgánicas que aprobaban los respectivos “Estatutos de Autonomía” debían ser transferidas lo que ha provocado que el “Proceso Autonómico” haya tardado muchos años en cerrarse y, cuando lo ha hecho, lo haya hecho en falso, sin dar solución definitiva a la estructuración territorial del país.

            Finalmente, en el momento presente, la Constitución de 1978 también merece el sobrenombre de “la Cuestioná” pues no existe ciudadano, e incluso político constitucionalista, es decir, político que vive o ha vivido de la Constitución; que no cuestione su validez. Los modos y formas de cuestionar la Constitución son muy diversos y variados; así la cuestiona quienes deseamos unas Españas federadas, la cuestiona quien pretende la secesión de una parte del estado, la cuestiona quien desea una forma republicana de estado o quienes deseamos una dinastía reinante cargada de obligaciones, responsabilidades y legitimidad, pero los que más la cuestionan son los que, desde las diversas instituciones del estado la incumplen constantemente, la falsean y obtienen siempre interpretaciones judiciales conformes a sus decisiones políticas que permiten moldear la legalidad para ajustarla a los hechos en vez de valorar si los hechos se ajustan a la legalidad.

            Hoy, a los treinta y dos años de la aprobación de la Constitución, ésta resulta una ley estéril por sus frutos porque los españoles ya tienen menos derechos que antes de constituirse España en estado social, es un texto muerto por ser cuestionado por la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y es un monumento a la falsedad política porque solo ha servido para garantizar la existencia de un régimen partitocrático donde impera impunemente la corrupción, el clientelismo, el enchufismo y el nepotismo. Por eso, frente a las numerosas voces que reclaman con justicia pero con excesiva inocencia la reforma constitucional se ha de hacer valer la coherencia y la experiencia reclamando la derogación constitucional y el inicio de un nuevo proceso constituyente del que estén marginados todos aquellos que han originado o han vivido a costa el actual régimen causando el presente desastre social y político en que se encuentra sumido el pueblo español.

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14 DE NOVIEMBRE: TODOS A LA HUELGA

            

               Una vez más, “El Chouan Ibérico” se suma y desea dejar patente su apoyo a la Huelga General convocada por distintas organizaciones y sindicatos para protestar contra la política económica y social del actual Gobierno presidido por el Señor Mariano Rajoy basada en el recorte de prestaciones sociales y subidas de impuestos que, sobrepasando el límite de toda razón y lógica, empiezan a adquirir niveles pura y simple confiscación de las rentas y ahorros de la inmensa mayoría de los españoles integrados en la llamada clase media.

            Permanecen todas nuestras reticencias mostradas en anteriores apoyos a movilizaciones huelguísticas convocadas por determinados sindicatos y organizaciones, pero ante el empobrecimiento del pueblo español, impuesto por Bruselas y aplicado en España por el actual gobierno, que más parece un gobierno de ocupación, seguimos negándonos a entrar en discusiones estériles sobre la estrategia y táctica a emplear en esta lucha por la supervivencia de los trabajadores por lo que solicitamos a nuestros muchos o pocos lectores que, el próximo 14 de Noviembre del 2012, se sumen a la Huelga General.

            No tenemos fe ni esperaza en que esta convocatoria de Huelga, cambie el rumbo que ha tomado decididamente el gobierno, pero el no estar con la huelga es estar con el gobierno y “El Chouan Ibérico” jamás estará con un gobierno que esta haciendo retroceder al país a principios del Siglo XX en lo que en materia social se refiere. Más aún, “El Chouan Ibérico” jamás estará al lado de un régimen y unas instituciones que permitan el perseverar en tal política.

            Por todo ello:

            EL 14 DE NOVIEMBRE: ¡¡TODOS A LA HUELGA!!

DE RECORTES, PRIMAS, MERCADOS Y RESCATES

            Las últimas medidas adoptadas por el gobierno del Partido Popular no solo han supuesto los mayores recortes que se han tomado desde que se aprobara la Constitución de 1978 sino que han significado, junto con los aprobados por el anterior gobierno socialista en el año 2010, un retroceso social a tiempos de mediados de los años cincuenta del pasado siglo.

            El gobierno justifica estas medidas que se traducen en menor cobertura social, subida generalizada de impuestos directos e indirectos y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afirmando que es imprescindible crear confianza en los mercados para que éstos nos sigan prestando dinero y así poder continuar pagando el gasto corriente del estado. No obstante, una semana después de aprobar los últimos recortes, la prima de riesgo superaba los seiscientos puntos básicos provocando el total desconcierto entre los miembros del gobierno que, a través de la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría;  reconocían que “no sabían lo que pasaba”.

            Lo cierto es que todos los recortes que ha adoptado el actual gobierno y que seguramente se ampliarán en el futuro no responden a las dos grandes preguntas que, a medio plazo, se hacen los economistas que aconsejan a los mercados y a los compradores de deuda española que son:

            1º. ¿Cuándo va España a comenzar a amortizar el dinero prestado en vez de solo pagar los intereses de la deuda?

            2º. ¿Cuándo va España a dejar de pedir prestado para financiar sus gastos corrientes?

            Ciertamente todos los recortes adoptados hasta el momento y los que se adoptaran en el futuro tienden a reducir el déficit público, gastando menos e ingresando más, pero en ningún caso sirven para generar riqueza convirtiéndose la reducción del déficit en un medio (y no en un fin como debería ser) para conseguir que nos sigan prestando dinero, engrosando así la cuantía de la deuda pública.

            La cuantía total de la deuda pública española es tan inmensa que cabría preguntarse el por qué nos la siguen comprando en los mercados internacionales porque aunque la compra de estas emisiones de deuda sea a intereses usurarios, lo cierto es que se llegará a un momento, momento éste que yo creo que tiempo ha se ha superado, que el principal adeudado no se pueda pagar. 

            Por otro lado, la presión fiscal que supone la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) así como el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) ha rebasado toda lógica y ha llegado a tener un puro carácter confiscatorio entre otras cosas porque únicamente a través de confiscaciones será capaz el estado de generar ingresos que permitan saldar la deuda o reducirla a cantidades amortizables. Ahora bien, estos incrementos confiscatorios de impuestos lo único que hacen es empobrecer a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que integran la clase media y reducir el consumo familiar lo que se traduce en que se incremente el desempleo y el estado no recaude más.

            Los sacrificios a los que nos esta sometiendo y nos pretende someter el gobierno presidido por Mariano Rajoy son sacrificios inútiles pues no van a generar ningún fruto positivo. Si un estudiante se sacrifica durante un tiempo y renuncia a toda diversión y salida en aras de sus estudios, ese sacrificio se traduce en el fruto de aprobar los exámenes, pero ¿Qué fruto va a dar tanto sacrificio de los ciudadanos y tanto recorte social?. Tal y como ha manifestado el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el fruto es conseguir que nos sigan prestando dinero para “poder pagar las nóminas” o, dicho de otra forma, para que el Estado siga funcionando mañana aunque pasado ya veremos qué pasa. En definitiva, el fruto de todas estas medidas económicas del gobierno es el fruto a corto plazo que se traduce en “pan para hoy y hambre para mañana”.

            El camino de las llamadas “reformas” emprendido por el Gobierno del Partido Popular no va a sacar a España de la crisis económica sino que simplemente va a desmantelar el estado del bienestar, va a liquidar a la clase media española y va a retrotraer al país a la situación social existente en los tiempos de la II República. Así pues, cuando todo el mundo dice que el camino emprendido por el gobierno de Mariano Rajoy no es bueno y cuando los resultados obtenidos lo demuestran ¿Por qué persiste el gobierno del Partido Popular en seguir este camino?. La respuesta  a esta pregunta es muy simple, la alternativa a la política liquidadora del estado del bienestar emprendida por el actual gobierno solo puede ser una política de liquidación del régimen político surgido de la llamada transición y de la Constitución de 1978, que llevaría aparejada la denuncia de todos los tratados internacionales firmados por España desde entonces, especialmente los de adhesión a la Comunidad Económica Europea; el desmantelamiento de la tupida red de caciquismo, clientelismo y enchufismo que los diversos partidos políticos con representación parlamentaria han ido tejiendo a lo largo de los últimos cuarenta años y que se extiende por todas las administraciones públicas, Poderes del Estado, Medios de Comunicación y por sectores empresariales y financieros y la exigencia, por último, de responsabilidades a todos los que, por acción u omisión, se han beneficiado del régimen.

            Esta liquidación del régimen nacido de la transición y de la Constitución de 1978 sería la consecuencia indeseada, tanto por la casta política autóctona como por la internacional, de una intervención de la economía española ya que los recortes alcanzarían a todas las subvenciones y emolumentos de los dirigentes políticos españoles, pero también es cierto que la intervención conllevaría tal política salvaje de recortes sociales que la tasa de paro, que es muy posible que por méritos propios se sitúe en torno al veinticinco por ciento, superase el treinta y cinco por ciento y que el umbral de la pobreza  (incluso el de la pobreza extrema) alcanzase a algo más del cincuenta por ciento de la población. Así pues, que nadie piense, como ya empiezan a pensar algunos ciudadanos de buena fe que la intervención significará el fin de los privilegios de los políticos y la liberación del pueblo español de la explotación a la que le somete su casta política porque los pueblos que, siendo incapaces de liberarse a sí mismos, ponen las esperanzas en libertadores foráneos lo único que consiguen es cambiar de amo.