La crisis económica que padecemos no es resultado de la pésima gestión del gobierno actual sino, por el contrario, es el resultado de treinta años de continuos errores políticos y económicos cometidos por todos los gobiernos de todas las tendencias que llevaron a nuestro país, bajo el pretexto de modernizarlo y adecuarlo a la entrada en la Unión Europea, a desmantelar su incipiente industria y nuestro sector agropecuario en vez de fomentarlos y apoyarlos buscando acuerdos comerciales con otros países a los que vender nuestros productos.
Tras la llamada “Reconversión” industrial, a mediados de los años ochenta del pasado siglo, donde el gobierno socialista de entonces liquidó en gran medida el sector industrial y vendió industrias banderas de nuestra economía como la SEAT a multinacionales extranjeras, se logró con cierto éxito reubicar a los trabajadores en paro en el sector de la construcción que empezó a despegar gracias a los fondos de cohesión europeos que propiciaron importantes obras públicas en infraestructuras y en el sector servicios, especialmente en el vinculado al turismo y a los fastos del Quinto Centenario. No obstante, en 1993 con la finalización de las Olimpiadas y de la Exposición Internacional de Sevilla, el paro aumento hasta los tres millones de desempleados poniendo en peligro el sistema público de pensiones al vaciar las arcas del estado.
En 1996, tras la llegada al poder del Partido Popular, éste consiguió salvar la situación mediante una técnica muy sencilla que recordaba las desamortizaciones del Siglo XIX, siendo su éxito pura apariencia. Para sanear las arcas públicas que se encontraban vacías y amenazaban con suspender los más elementales pagos a los pensionistas, no solo congeló los salarios de los funcionarios públicos, cosa que por sí sola no hubiera solucionado el problema, sino que recurrió a la tradicional política de deshacerse de activos públicos vendiendo inmuebles del estado ocupados por Ministerios y diversas instituciones, suscribiendo con el nuevo propietario contratos de arrendamiento y empezando una política de privatizaciones que a la vez que permitían al estado deshacerse de obligaciones que tenía que sufragar, reduciendo de este modo el gasto público, le llenaban la caja con los dineros que percibía por tales privatizaciones. Es decir, el gobierno del Partido Popular, consiguió salvar la casa vendiendo los muebles.
Durante los ocho años del gobierno popular no solo se privatizaron servicios públicos y empresas estratégicas que jamás debieron salir de manos públicas sino que además se optó de forma definitiva y, prácticamente, irreversible por el sector servicios y la construcción como base de la economía española. Con el auge de la construcción no solo aumentó la especulación sino que las arcas públicas recibían importantes ingresos procedentes de las plusvalías, del IVA y del impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que unido al incremento de actividad del sector servicios logró que se alcanzase prácticamente el pleno empleo, se garantizasen las pensiones y se incrementase el número de cotizantes a la Seguridad Social hasta cifras históricas logrando unos excelentes indicadores macroeconómicos que, si bien nos situaban como la octava potencia económica mundial, no dejaban de ser ficticios al ocultar la realidad de que la economía española debía su expansión a la financiación exterior, al autoconsumo interior y a la pura especulación no existiendo un fuerte y competitivo sector de economía productiva.
En el año 2007, surge en Estados Unidos la crisis de las “Hipotecas Basuras” que tarda poco más de un año en alcanzarnos. Como resultado de la misma, decrece la financiación exterior que recibía España y se hunde el sector inmobiliario arrastrando consigo al sector servicios y reduciéndose, como es lógico, el consumo interior recortándose los ingresos que recibía la Hacienda Pública y disparando el gasto público en subsidios de desempleo y en protección social.
Y en esta situación nos encontramos. La construcción privada no consigue vender un millón de viviendas construidas en los últimos dos años, el estado ha de mantener los pagos imprescindibles a los funcionarios públicos y pensionistas y hacer frente a la creciente demanda de subsidios por desempleo por lo que ha tenido que recortar la financiación de obras públicas y otros gastos que ha generado a su vez más paro, el cual sigue creciendo y provocando el consiguiente desplome del consumo al carecer la gente de trabajo o tener expectativas de futuro muy dudosas.
Esta es la historia de cómo en los últimos treinta años, los españoles hemos vivido en una ilusión alimentada institucional y estadísticamente, dando la espaldas a una realidad económica que ahora nos ha explotado en la cara con toda su crudeza y de la que solo saldremos si aumentamos nuestra fe en nosotros mismos como pueblo y dejamos de confiar en todos aquellos que nos han conducido hasta esta debacle.





