"El Chouan Ibérico" se adhiere y apoya entusiásticamente la Manifestación convocada para el próximo día 19 de Junio bajo el lema "Toma la Calle".
La salida pacífica a la calle de todos cuantos estamos afectados por este régimen es fundamental para mostrar nuestro descontento. Posiblemente la casta política nos ignorara y persistira en sus políticas antisociales y prebendas pero sabrán que ya, y desde hace mucho tiempo, no gobiernan con el consentimiento de los gobernados.
Los políticos que han favorecido las formas y modos ecómicos que han provocado esta crisis no pueden ser ni van a ser los que nos saquen de ella, por eso todos ellos deben irse.
Es imprescindible un nuevo proceso constituyente en el que, no solo se reforme radicalmente la Ley Electoral sino en el que también, entre otras cosas, se defienda la existencia de un sector finaciero público y que se garanticen los servicios públicos y las prestaciones sociales, constituyendo un modelo económico justo y sostenible.
Hace menos de una semana, el pasado 29 de Septiembre del 2010, tuvo lugar en España una Huelga General, convocada conjuntamente por la “Unión General de Trabajadores” (UGT) y por “Comisiones Obreras” (CCOO), contra la reforma laboral, la congelación de las pensiones y los demás recortes sociales aprobados por el gobierno socialista en un desesperado esfuerzo por mitigar la crisis económica que padecemos.
El seguimiento de dicha huelga general fue, como poco, moderado distando mucho de lograr la total paralización del país tal y como se consiguió, hace veintidós años, con la histórica huelga del 14 de Diciembre de 1988, por lo que, considerando además los duros recortes contra los que se hacía la convocatoria, solo puede concluirse con que el resultado de la Huelga General del 29 de Septiembre del 2010 constituye un enorme fracaso fruto de la suma de diversas causas que debieran hacernos reflexionar a todos y especialmente a los propios sindicatos convocantes.
En primer lugar las condiciones socio-económicas de hoy no son las mismas que en los tiempos de la huelga del 14 de Diciembre de 1988 porque en los veintidós años transcurridos, el gran sector público donde los sindicatos UGT y CCOO eran muy representativos ha desaparecido o se ha visto extremadamente reducido; así, por ejemplo, hace veintidós años la minería en España empleaba a unos doscientos mil trabajadores y hoy en día tan solo a unos diez mil. Por otro lado, la economía española ha ido abandonando la industria y la agricultura en beneficio del turismo y del sector servicios donde las empresas tipo son pequeñas y medianas, muchas de ellas de carácter familiar, donde la influencia de los sindicatos es escasa o nula existiendo además gran presencia de trabajadores autónomos en la economía general que no pertenecen ni se sienten vinculados por los acuerdos tomados en el seno de los sindicatos.
Por otro lado, en los veintidós años transcurridos desde la exitosa huelga general de 1988, los sindicatos UGT y CCOO han ido perdiendo influencia en numerosos sectores laborales como la administración (donde el sindicato profesional CSIF ha avanzado mucho en detrimento de estos sindicatos) y en los grandes almacenes (donde el sindicato más representativo es el FASGA). Esta pérdida de influencia sindical no se justifica solo en causas exógenas como es el nacimiento de nuevos sindicatos, muchos de ellos patrocinados por los propios empresarios, sino que también hay que buscarla en causas endógenas de los propios sindicatos como son los ritmos de vida de los dirigentes sindicales que, al haber transcendido a la prensa, han dado una pobre e incoherente imagen de lo que debe ser un líder sindical que lucha por los derechos de los trabajadores.
Otra causa que explicaría el fracaso de la pasada huelga general de Septiembre y la progresiva pérdida de representatividad de los sindicatos se encuentra en un mal hacer de los mismos que, en estas dos últimas décadas, se han preocupado más por satisfacer a los partidos políticos, de los que en no pocos casos han sido meras correas de transmisión propagandística, y por garantizarse sus subvenciones gubernamentales que en organizar una estrategia de defensa de los trabajadores ante las nuevas estratagemas capitalistas, lo que ha favorecido que una parte creciente de trabajadores prefieran sindicarse en la tradicional Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la cual por ejemplo es mayoritaria en el servicio metropolitano de Madrid, o en otros sindicatos de izquierda más pequeños, pero también más reivindicativos y coherentes.
Finalmente los sindicatos UGT y CCOO han pasado en los últimos veinte años de ser los sindicatos mayoritarios en toda la geografía española y en todos los sectores de producción económica a ser tan solo representativos en el sector industrial y no en todo él sino solo en los astilleros, en las divisiones españolas de las grandes empresas multinacionales como la automovilística y poco mas. Realmente este sector industrial es relativamente pequeño en nuestro país empleando directamente a un millón escaso de trabajadores.
Este retroceso en la presencia social tanto de la UGT como de CCOO y que apenas ha sido percibida por sus respectivas cúpulas sindicales es la que está detrás de el fracaso de la Huelga General del 29-S. Pero este fracaso no solo supone un fracaso de los sindicatos convocantes, sino que supone un fracaso para todos los trabajadores porque el hecho de que no se paralizara totalmente el país no solo justificará en el futuro la toma de medidas políticas tendentes a limitar el derecho sindical y que ya se vienen anunciando con una previa “denuncia pública” de los sindicatos, sino que permitirá tomar nuevas medidas antisociales y hacer nuevas reformas contra los trabajadores porque, al fin y al cabo, "ya nadie se movilizará" contra las mismas perfilándose como finalidad última de toda política y de toda economía la consolidación del neoliberalismo y la globalización en detrimento de los logros sociales conquistados por la clase trabajadora en estos últimos ciento cincuenta años y que terminarán siendo totalmente liquidados haciendo retroceder a la sociedad a los primeros años de la Revolución Industrial.
Confieso que me gusta leer a Eduardo Punset. Sus comentarios reflexivos y divulgadores de losavances científicos me hacen pensar, aunque a veces críticamente con ellos. No por la base en que se sustentan, la experimentación empírica, sino por su extrapolación al campo metafísico, como si no hubiera más realidad que la matemáticamente expresada y observada. El llamado materialismo científico es otro dogmatismo más que abusivamente pretende colarse como algo irrefutable.
En el XL Semanal de Vocento, de fecha 4 de Abril último, contesta a preguntas de los lectores sobre en qué se educa mejor a los niños hoy. Según se transcribe, los niños “aprenden a concentrarse, a gestionar emociones, a enfrentar conflictos y a ser altruistas”. ¡Ojala fuera verdad!. Para mí eso es un ideal pedagógico, muy alejado de la realidad. Porque puede que haya familias, centros educativos y planes de enseñanza que vayan en esa dirección, pero, desgraciadamente ni los medios de comunicación escritos o audiovisuales, ni los videojuegos, ni la publicidad, ni la calle, ni las pandillas, siguen precisamente esa orientación.
¿Aprenden a focalizar su atención los millares de estudiantes que caen en el fracaso escolar, esa lacra de nuestro sistema educativo?. ¿Gestionan sus emociones, se les ejercita en el aprendizaje social y emocional a los educandos envueltos en el maltrato escolar, como verdugos o víctimas?. ¿Se les prepara para la resolución de conflictos o se les convierte en pasotas o incendiarios de los mismos?.
La última afirmación optimista del Punset me ha dejado estupefacto. Asegura que están disminuyendo los índices de violencia a nivel mundial y aumentan los de compasión y altruismo y que nos lo enseña tanto la ciencia como la experiencia, en contra de lo que siguen opinando muchos sectores, sobre todo mediáticos. El silencio de los grandes medios de (des)información sobre violencias colectivas y guerras locales, sobre todo en África, es constante, salvo en contadas ocasiones. Que cada vez hay mucha más gente comprometida en la ayuda a las víctimas de todas las violencias es cierto. Pero también lo es que el tráfico, legal o clandestino, de armas, junto a al narcotráfico y la prostitución, son los negocios más rentables del planeta.
La coletilla última no tiene desperdicio:”cualquier opción política emparentada con la vieja lucha de clases está…condenada al fracaso y sólo pueden consolidarse laspolíticas basadas en el consenso y la reflexión colectiva”. ¿Cuándo ha habido más explotación clasista que tras la caída del muro de Berlín, cuando el capitalismo salvaje, ya sin enemigos, puede expoliar sin piedad?. La crisis que padecemos, ¿acaso es fruto del consenso y la reflexión colectiva?. En “defensa de la democracia” y para la lucha contra el terrorismo ¿no están retrocediendo las garantías de las libertades individuales?. ¿Y esos derechos fundamentales económicos, sociales y culturales no se niegan y pisotean constantemente?. ¿Por qué el derecho de todas las personas a la alimentación y al agua potableretrocede ante el “sagrado” libre comercio?. Es la hora del derecho al disenso, ejercitado por la vía de la no-violencia activa, y en él debería educarse a las nuevas generaciones.
Con motivo del debate surgido sobre la edad de jubilación y de un posible (e imprescindible) pacto de estado sobre economía ha vuelto a tratarse la interminable cuestión de la crisis económica que nos oprime y que tiene unos orígenes mucho más antiguos que los indicados por los intereses partidarios de determinados políticos, cuyo hacer en el pasado no les exonera de responsabilidad con lo que esta ocurriendo en el presente.
La crisis económica que padecemos no es resultado de la pésima gestión del gobierno actual sino, por el contrario, es el resultado de treinta años de continuos errores políticos y económicos cometidos por todos los gobiernos de todas las tendencias que llevaron a nuestro país, bajo el pretexto de modernizarlo y adecuarlo a la entrada en la Unión Europea, a desmantelar su incipiente industria y nuestro sector agropecuario en vez de fomentarlos y apoyarlos buscando acuerdos comerciales con otros países a los que vender nuestros productos.
Tras la llamada “Reconversión” industrial, a mediados de los años ochenta del pasado siglo, donde el gobierno socialista de entonces liquidó en gran medida el sector industrial y vendió industrias banderas de nuestra economía como la SEAT a multinacionales extranjeras, se logró con cierto éxito reubicar a los trabajadores en paro en el sector de la construcción que empezó a despegar gracias a los fondos de cohesión europeos que propiciaron importantes obras públicas en infraestructuras y en el sector servicios, especialmente en el vinculado al turismo y a los fastos del Quinto Centenario. No obstante, en 1993 con la finalización de las Olimpiadas y de la Exposición Internacional de Sevilla, el paro aumento hasta los tres millones de desempleados poniendo en peligro el sistema público de pensiones al vaciar las arcas del estado.
En 1996, tras la llegada al poder del Partido Popular, éste consiguió salvar la situación mediante una técnica muy sencilla que recordaba las desamortizaciones del Siglo XIX, siendo su éxito pura apariencia. Para sanear las arcas públicas que se encontraban vacías y amenazaban con suspender los más elementales pagos a los pensionistas, no solo congeló los salarios de los funcionarios públicos, cosa que por sí sola no hubiera solucionado el problema, sino que recurrió a la tradicional política de deshacerse de activos públicos vendiendo inmuebles del estado ocupados por Ministerios y diversas instituciones, suscribiendo con el nuevo propietario contratos de arrendamiento y empezando una política de privatizaciones que a la vez que permitían al estado deshacerse de obligaciones que tenía que sufragar, reduciendo de este modo el gasto público, le llenaban la caja con los dineros que percibía por tales privatizaciones. Es decir, el gobierno del Partido Popular, consiguió salvar la casa vendiendo los muebles.
Durante los ocho años del gobierno popular no solo se privatizaron servicios públicos y empresas estratégicas que jamás debieron salir de manos públicas sino que además se optó de forma definitiva y, prácticamente, irreversible por el sector servicios y la construcción como base de la economía española. Con el auge de la construcción no solo aumentó la especulación sino que las arcas públicas recibían importantes ingresos procedentes de las plusvalías, del IVA y del impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que unido al incremento de actividad del sector servicios logró que se alcanzase prácticamente el pleno empleo, se garantizasen las pensiones y se incrementase el número de cotizantes a la Seguridad Social hasta cifras históricas logrando unos excelentes indicadores macroeconómicos que, si bien nos situaban como la octava potencia económica mundial, no dejaban de ser ficticios al ocultar la realidad de que la economía española debía su expansión a la financiación exterior, al autoconsumo interior y a la pura especulación no existiendo un fuerte y competitivo sector de economía productiva.
En el año 2007, surge en Estados Unidos la crisis de las “Hipotecas Basuras” que tarda poco más de un año en alcanzarnos. Como resultado de la misma, decrece la financiación exterior que recibía España y se hunde el sector inmobiliario arrastrando consigo al sector servicios y reduciéndose, como es lógico, el consumo interior recortándose los ingresos que recibía la Hacienda Pública y disparando el gasto público en subsidios de desempleo y en protección social.
Y en esta situación nos encontramos. La construcción privada no consigue vender un millón de viviendas construidas en los últimos dos años, el estado ha de mantener los pagos imprescindibles a los funcionarios públicos y pensionistas y hacer frente a la creciente demanda de subsidios por desempleo por lo que ha tenido que recortar la financiación de obras públicas y otros gastos que ha generado a su vez más paro, el cual sigue creciendo y provocando el consiguiente desplome del consumo al carecer la gente de trabajo o tener expectativas de futuro muy dudosas.
Esta es la historia de cómo en los últimos treinta años, los españoles hemos vivido en una ilusión alimentada institucional y estadísticamente, dando la espaldas a una realidad económica que ahora nos ha explotado en la cara con toda su crudeza y de la que solo saldremos si aumentamos nuestra fe en nosotros mismos como pueblo y dejamos de confiar en todos aquellos que nos han conducido hasta esta debacle.
Curiosa y paradójicamente el mismo día, el 13 de Enero del 2010, en el que se conocía la muerte de Miep Gies, la última superviviente del grupo de no judíos que protegieron a Anna Frank y a su familia; el municipio barcelonés, catalán y español de Vic aprobaba por mayoría la nueva normativa local que impide el empadronamiento en dicho municipio de los inmigrantes ilegales.
Esta propuesta ha sido presentada por el equipo de gobierno del consistorio formado por los partidos “Convergencia i Unió”, “Partido Socialista de Catalunya” y “Esquerra Republicana de Cataluña” y aprobada con el apoyo del partido “Plataforma Per Catalunya” sobre el que siempre ha pesado el calificativo de ultraderechista, aunque tras la propuesta y aprobación de esta medida habría que preguntarse qué es y quién constituye la ultraderecha en España.
Los partidos políticos que han propuesto esta medida, y que son los mismos que hace pocos años fomentaban y aplaudían la llegada masiva de inmigrantes a nuestro país porque dinamizaban y engrandecían nuestra economía al ser mano de obra que cotizaba a la Seguridad Social y que trabajaba sobre todo en la construcción y en las obras públicas a la vez que el empadronamiento de inmigrantes era utilizado para engrosar el número de habitantes de muchas localidades y así recabar más fondos de las instituciones autonómicas y estatales, la han calificado de legal; cosa que no dudamos que sea porque toda ley o reglamento por injusto que sea jamás dejará de ser legal. No obstante una normativa, por muy legal que sea, puede ser una disposición inmoral, inhumana y obscena como tal es el caso presente.
El empadronamiento es la prueba legal de que una persona es vecina del municipio que emite el certificado de empadronamiento y hasta ahora constituía una OBLIGACIÓN y un DERECHO independiente de la nacionalidad y de la situación de estancia que permitía ejercer otros derechos. En este sentido es de indicar que el empadronamiento es un requisito imprescindible para tener acceso a la asistencia médica, inscribir a los hijos en centros escolares y acceder a programas de ayuda social. Así pues, la medida aprobada por el Excelentísimo, democrático, liberal, estatutario y constitucional Ayuntamiento de Vic envía a la irreversible marginalidad a muchas personas quienes, ante cualquier enfermedad, no podrán ser asistidas en centros médicos y quienes tampoco podrán matricular a sus hijos en colegios públicos condenándolas a vagar sin rumbo por las calles y a engrosar el mundo de la delincuencia que, practicada en tales circunstancias no será delincuencia sino, en muchos casos, actos desesperados de subsistencia.
Evidentemente esta medida acordada en Vic tiende a generar la exclusión social y a limitar derechos fundamentales como son el derecho a la Sanidad y a la Educación, pero sobre todo deja al descubierto el verdadero rostro de una casta política, la española, que realmente no cree en la existencia de Derechos Fundamentales inherentes a la persona y que por tanto no duda en vulnerarlos con normas que impiden el ejercicio de derechos reconocidos en Tratados Internacionales y en Leyes Orgánicas a las que vacía de contenido y que recuerdan aquella “Ley de Ciudadanía del Reich” que tenía por objeto la exclusión y la muerte civil de los judíos.
Lo ocurrido en Vic es un acto inmoral que pone de manifiesto la hipocresía imperante en la política española que transmitida directa e indirectamente al mundo del derecho crea un estado de falseamiento constitucional y asesina la libertad y la decencia porque la hipocresía puesta al descubierto revela que la democracia liberal es una idea falsa.
Por último queremos terminar haciendo un reconocimiento especial a los que consideramos los únicos políticos dignos de Vic que han sido los concejales comunistas de “Izquierda Unida – Les Verts” y los independentistas de la CUP, de los que evidentemente nos separan muchas cosas entre ellas el amor que sentimos por la unión armónica de todos los pueblos que integran Las Españas, pero que han tenido el valor de oponerse y votar en contra de una propuesta legal que constituye un monumento normativo a Adolf Hitler.
Hace unos días el gobierno socialista que preside el señor Rodríguez Zapatero, presentaba los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 cuya característica fundamental es la subida de impuestos siendo la más importante de todas ellas el incremento del tipo impositivo general del IVA en dos puntos y en un punto el tipo impositivo del IVA reducido a partir del uno de Enero del año próximo.
La subida de los tipos impositivos del IVA que gravan la mayoría de los productos que consume el ciudadano conllevará evidentemente una subida generalizada en los precios y, a pesar de la introducción del fenómeno de “las Rebajas”, tal subida se reflejará en el Índice de Precios al Consumo que sirve de base para la revisión de pensiones y salarios, con lo cual es muy posible que el consumo se reduzca aún más y con él la producción de manufacturas en nuestro país con lo que, unido al incremento salarial que será justamente exigido por los sindicatos en todos aquellos convenios colectivos que tienen pactada una cláusula de revisión conforme al I.P.C., llevará a más empresas a cerrar y a muchos trabajadores a engrosar las filas del paro. ¿Acaso alguien duda que la subida del siete al ocho por ciento del IVA que grava la nueva construcción no producirá una subida equivalente en el precio de la vivienda nueva y un retraso en la recuperación del sector inmobiliario?
El otro aspecto de la subida de impuestos como es el incremento en las retenciones en las rentas de capital, es de menor importancia ya que las cantidades retenidas supondrán en la mayoría de los casos que la hacienda pública tenga que devolver más o recaudar menos en Primavera cuando se realice la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante tal incremento en la retención de las rentas de capital unido al descenso notable en la rentabilidad en los productos a plazo fijo puede llevar a muchos pequeños ahorradores a sacar sus dineros de los bancos con la intención de disfrutarlos, lo que no solo perjudicará a su seguridad personal futura sino también agravará la situación de falta de liquidez de muchos bancos cuya estabilidad podrá verse en peligro junto con los ahorros de no pocos ciudadanos.
Esta pretendida subida de impuestos ha sido defendida por el Ministro de Fomento, don José Blanco, afirmando que es para garantizar la sanidad, la dependencia, la educación, la justicia y otros muchos servicios públicos no cayendo en la cuenta de que tanto la sanidad como la educación y la justicia están transferidas desde hace años a las Comunidades Autónomas teniendo que ser ellas quienes tienen el deber de garantizarlas y financiarlas. Asimismo el Partido Popular, principal partido de la oposición, que estaba en el gobierno de España tan solo hace cinco años, se opone con enérgica pose dialéctica a toda subida de impuestos proponiendo como mágica receta para salir de la grave crisis que padecemos la reducción de impuestos ignorando o no reconociendo de que en todas las administraciones locales en las que gobierna el Partido Popular, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, los impuestos se incrementan e incluso se inventan nuevas tasas como la de “tratamiento de residuos”.
Evidentemente esta subida tan radical de impuestos y de la que no hay que echar la culpa solo al Partido Socialista hoy gobernante sino también a todos los partidos políticos que poseen y ejercen una parcela de poder ya sea municipal o autonómica obedece a un hecho extremadamente grave cual es que durante varios lustros en nuestro país, todas las instituciones han gastado mucho y mal y las arcas públicas se encuentran vacías y con la obligación de hacer frente a numerosas deudas. Si en los tiempos de bonanza económica las Administraciones Públicas, ya sean estatales, autonómicas o locales; han sido las que principalmente se han beneficiado de la misma por medio de la recaudación de impuestos (sobre todo a través del IVA, de las Plusvalías y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) en los tiempos presentes de crisis económica generalizada esas mismas Administraciones son las principales deudoras de no pocas empresas que durante años han desarrollado trabajos para ellas y que ahora se encuentran con muchas facturas impagadas y con problemas de solvencia y de liquidez.
De todas formas lo más grave de esta subida de impuestos es que provocará una situación de alza generalizada de los precios que, por cierto, provocará que otro sector importante de la economía española cual es el turismo se resienta y ahogará un poco más a la economía particular de las familias y de las pequeñas y medianas empresas, verdadero sostén económico de la hacienda pública, corriéndose el importante riesgo de ampliar y trasladar la quiebra económica en la que se encuentra el estado español y que es fruto de una mala gestión a toda la sociedad española que no es más que la suma de todos y cada uno de sus individuos y familias.
Transcurridos varios días desde que se celebrara en Madrid, el día 17 de Octubre del 2009, una manifestación contra el aborto en la que acudieron, según fuentes policiales, más de un millón de personas se impone exponer unas serías y duras reflexiones que ni siquiera se van a plantear ninguna de las asociaciones convocantes de dicha manifestación ensimismadas en su “triunfo” del Sábado.
En primer lugar, sería de necios el no reconocer el éxito de la convocatoria que logró reunir a más de un millón de personas en Madrid, aunque los convocantes deberían explicar al gran público en qué se diferencia esta concurrida manifestación de la no menos numerosa reunión celebrada en los alrededores del estadio Santiago Bernabeu en el año 1983 con motivo de la aprobación, por el Gobierno Socialista de don Felipe González, de la Ley del Aborto cuya reforma ahora se pretende. Aquella manifestación de 1983 no solo demostró que no sirvió para evitar que la Ley fuera aprobada y puesta en marcha, sino que además puso de manifiesto que, con el paso de los años, el poder de convocatoria contra el aborto fue decayendo hasta quedar reducido a unos grupos testimoniales de personas que se concentraban periódicamente ante las clínicas abortistas al tiempo que el aborto iba despareciendo como tema de debate de todas las tertulias para, finalmente, terminar siendo práctica aceptada por todos los grupos políticos con representación parlamentaria y por una gran parte de la población que en un principio se había mostrado contraria al mismo.
Por otra parte, la manifestación del 17 de Octubre ha demostrado que existe un gran número de personas que al mismo tiempo que están contra el aborto y a favor de una nueva sociedad y de una nueva forma de entender la vida, son fácilmente manipulables. Como prueba de tal afirmación basta con haber reparado en la presencia en la cabeza de la manifestación convocada por el Foro de la Familia y otras asociaciones de numerosos representantes del Partido Popular quienes sin duda aspiran a rentabilizar las reivindicaciones antiabortistas convirtiéndolas en un “caladero electoral”, pues es menester recordar que el Partido Popular, en ocho años de gobierno (los cuatro últimos con mayoría absoluta), no solo no derogó la Ley del Aborto de 1983 sino que la amplió aprobando el uso y la venta de la píldora abortiva RU-486 en el año 1999. A mayor redundancia hay que recordar que el Partido Popular no se expresa en sentido contrario a la Ley del Aborto ni rotundamente contrario al aborto mismo sino que siempre habla de “no romper el consenso” y de “hacer una reforma consensuada”, por lo que la presencia de representantes de dicho partido en la manifestación también se puede interpretar como un intento futuro de reconducir la voluntad de los convocantes hacia el tan manido “consenso” sobre un tema que no admite componendas.
Las posturas a favor o en contra del aborto son absolutas, en ellas no caben matizaciones o excepciones: o se esta a favor del aborto y por tanto de que exista una ley que lo despenalice y lo regule, o se esta en contra del aborto y en consecuencia se ha de exigir la derogación de toda ley que no lo penalice. Así pues, tan abortista es un partido que aprueba o reforma una ley despenalizadora del aborto como aquel que, afirmando estar en contra y dándose fuertes golpes de pecho, no deroga tales leyes cuando llega al poder, siendo, sin duda alguna, más repugnante la postura de éste último.
Parece ser cierto que todas las encuestas realizadas actualmente sobre el tema del aborto muestran un gran rechazo social a la reforma legal que se pretende, pero hay que recordar que cuando la Ley del Aborto se aprobó en 1983 las encuestas también reflejaban que dicha ley se había realizado en contra de la opinión mayoritaria de los españoles, en cambio, tan solo diez años después, toda oposición al aborto se había diluido hasta prácticamente desaparecer siendo el anuncio de una reforma de dicha ley la que ha provocado que un número importante de ciudadanos españoles salga a protestar a la calle levantándose de sus cómodos sillones a los cuales regresarán, tal vez escandalizados y echándose las manos a la cabeza, una vez que la controvertida reforma legal sea aprobada y empiece su andadura.
Asimismo ha quedado de manifiesto que quien es partidario de cualquiera de los dos partidos mayoritarios es partidario acérrimo de tales partidos hagan lo que hagan y digan lo que digan aunque todo su discurso este plagado de contradicciones peligrosas para la salud mental. En este sentido es llamativo lo afirmado por el Presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy, quien ha dicho que el gobierno de Rodríguez Zapatero no puede desoír a los manifestantes lo cual contrasta con lo hecho por su partido cuando, estando en el poder, no dudó en hacer caso omiso de todo el clamor popular vertido en numerosas manifestaciones contrarias a la guerra de Irak.
Todo esto nos llega a concluir que las aspiraciones de los manifestantes del pasado 17 de Octubre del 2009 no están ni pueden estar realmente representadas por ninguno de los partidos mayoritarios que tienen representación parlamentaria, por lo que los convocantes de la mencionada manifestación deberían ser menos timoratos, menos manipulables y optar por otras opciones más sinceras y menos hipócritas a fuer de no caer ellos mismos en hiPPócritas discursos.
La Europa institucional, economicista y burocrática, se congratula del resultado favorable al Tratado de Lisboa dado por Irlanda en el referéndum celebrado el pasado 3 de Octubre del 2009 al tiempo que empieza una solapada campaña propagandística a favor de dicho tratado haciendo creer que con el “Sí” de Irlanda se ha dado un paso altamente beneficioso para todos los habitantes del viejo continente.
No obstante, estos mismos personajes que hoy celebran el resultado del referéndum irlandés ya se han olvidado y trataran de hacernos olvidar a todos que hace escasamente un año y medio, el 13 de Junio del 2008, la misma Irlanda que hoy ha dicho “Sí” en popular consulta al Tratado de Lisboa; dijo “No” al mismo tratado y por el mismo método democrático del plebiscito y ello porque si permanece en nuestra memoria este hecho aparentemente contradictorio, cabría exigir a los señores políticos que explicaran la razón del por qué el “No” del año 2008 carecía de valor y había que repetir el referéndum y el “Sí” del presente año es incuestionable y definitivo y dentro de año y medio no hay que realizar una nueva consulta popular.
Habrá quién explique este cambio del sentido de voto en la población irlandesa en tan solo año y medio como producto de la crisis económica que en dicho país, con un quince por ciento de paro, amenaza con ser de descomunales proporciones, o como fruto de una supuesta imposición de condiciones del estado irlandés a la Comisión Europea para sumarse al Tratado de Lisboa, o como mera consecuencia de una mayor participación electoral.
Si la participación en el referéndum irlandés del año 2008 fue del 53 por ciento del censo electoral y en esta última convocatoria ha sido similar, evidentemente no se puede considerar el cambio en el resultado como consecuencia de una alteración en los parámetros electorales lo que unido a la pequeña diferencia de tiempo entre la celebración de una y otra consulta popular tampoco se puede atribuir a un cambio sociológico o generacional en la población. Así pues, hay que buscar las causas del cambio de postura en otros motivos.
Esta psicológicamente probado y es técnica normal en cualquier avieso interrogatorio que la continua y repetida formulación de una pregunta a un individuo hace que el preguntado termine dando la respuesta que se desea obtener por parte de quien pregunta y es precisamente esta técnica la que, aplicada a poblaciones enteras y convertida en una técnica de ingeniería social contraria a todo espíritu democrático y alejada de cualquier respeto por la libertad, la que subyace en el cambio de opinión de los irlandeses.
Si originariamente un referéndum era el medio más efectivo de participación directa de los administrados en la administración y el más democrático de los métodos para que los ciudadanos se pronunciaran sobre lo que los gobiernos tenían o no tenían que hacer, los políticos actuales han conseguido manipularlo hasta el punto de reducirlo a la condición de estupro de los pueblos mediante el cual determinados intereses utilizando el engaño o prevaleciéndose de una situación de superioridad tienden a justificar y legitimar lo que desean que se legitime y que se justifique. En este sentido, volvemos a reiterar que si el “No” dado por Irlanda en el año 2008 no servía y había que repetir la consulta popular, ¿Cuál es la causa de que el “Sí” de ahora valga, sea definitivo y no haya que volver a hacer otro referéndum dentro de un año?.
A mayor redundancia hay que recordar el caso español. En el año 2005 y tras una campaña en la que todos los partidos mayoritarios (incluido el Partido Popular que estando en el gobierno sostuvo que la Constitución Europea perjudicaba a los intereses de España) sospechosamente pidieron el voto afirmativo, los españoles aprobaron en popular plebiscito, aunque con escasa participación, el texto de la Constitución Europea. En cambio, tras el rechazo en los referéndums celebrados en Francia y Holanda a la mencionada Constitución Europea, la misma cayó en el olvido y ahora nuestro gobierno pretende ratificar sin consulta popular previa el Tratado de Lisboa, que no es precisamente el texto que aprobaron los españoles en el referéndum del 2005 por lo que cabe preguntarse ¿Para qué se hizo aquel referéndum si al final lo expresado en él se ha visto escamoteado? ¿Es realmente democrático un régimen que se sirve de instituciones democráticas como son los plebiscitos para burlar la voluntad popular en ellos expresados?.
En definitiva, la utilización perversa que se viene haciendo desde hace tiempo de los plebiscitos o referéndums, reiterándolos y repitiéndolos cuando los resultados que se obtienen en los mismos no es el deseado por los poderes que los convocan confirman la creencia de los que sostenemos que los principales problemas políticos con los que nos enfrentaremos muy pronto son las nuevas formas del totalitarismo y las amenazas para la libertad de los individuos y de los pueblos.
A pesar de la enorme campaña publicitaria que esta desarrollando el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid para convencer a los ciudadanos madrileños de las bonanzas y bienaventuranzas de obtener para la villa la organización de los Juegos Olímpicos del año 2016, es de desear, y por ello rogamos e imploramos a Dios, que la decisión final del Comité Olímpico Internacional libere al buen pueblo de Madrid de tener que asumir tan insoportable carga.
No cabe duda de que la organización de unos Juegos Olímpicos genera grandes beneficios e ingresos, pero no es menos cierto que tan gran y lucrativo negocio no es para todo el mundo y ni siquiera para una gran mayoría, sino que del mismo solo se termina beneficiando la eterna minoría de siempre.
De momento, lo cierto es que si el Señor Alcalde de Madrid don Alberto Ruiz-Gallardón y la Señora Presidenta de la Comunidad Autónoma doña Esperanza Aguirre “tienen una corazonada” los ciudadanos madrileños tienen la certeza y la seguridad de que su Impuesto Sobre Bienes Inmuebles va a subir hasta un veinticinco por ciento y que este año van a tener que pagar por la reimplantada “Tasa de Basuras”. Es decir, aún no se ha concedido a Madrid la organización de juego alguno y los madrileños ven incrementados los impuestos que pagan al tiempo que el municipio se gasta un dinero, que si de tan solo un céntimo de euro se tratara ya resultaría excesivo atendiendo a los tiempos de crisis que padecemos, en promocionar la candidatura de Madrid ante el Comité Olímpico.
Si finalmente la organización de las Olimpiadas en el año 2016 se concede a Madrid, los madrileños no solo tendremos que sufrir las incomodidades que tal evento originaría en una ciudad que tiene ya de por sí un grave problema de tráfico debido al número de vehículos y a las innumerables obras y zanjas abiertas por todas las calles sino que además tendríamos que asumir el coste económico que la organización de tales juegos implican y que, a todas luces, hace que los inconvenientes de los mismos superen sus aparentes ventajas.
Efectivamente la organización de los Juegos Olímpicos generara puestos de trabajo pero solo por el corto tiempo que duren los mismos, asimismo implicara enormes inversiones públicas que finalmente los anónimos ciudadanos tendrán que pagar mediante impuestos, tasas y precios públicos. Las Olimpiadas generaran también importantes inversiones en sectores económicos como la hostelería y el comercio que durante el mes escaso que duren las mismas verán multiplicarse sus ganancias por el incremento de los precios y también por el aumento del número de visitantes y, por último, la organización de los Juegos favorecerá de nuevo la especulación inmobiliaria y veremos como se hacen hoteles que luego se reconvertirán en edificios de apartamentos de lujo y como se construye con dinero público y tal vez privado una “Villa Olímpica” que tras ser desocupada por el último deportista participante en la cuatrienal convocatoria se convertirá en una o varias urbanizaciones de pisos y apartamentos que serán ofertados y vendidos por alguna inmobiliaria privada. Por cierto, y esto debe subrayarse, la construcción de la “Villa Olímpica” tendrá lugar en la misma cuidad donde se ha tenido que paralizar recientemente por falta de financiación el proyecto de construcción de “La Ciudad de la Justicia”, que modernizaría la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma Madrileña.
En definitiva, si hoy por hoy los madrileños sufrimos las molestias de las obras, la subida de impuestos municipales y la creación de nuevas tasas, los problemas del tráfico habitual en la ciudad, el atasco en la Sanidad Pública Madrileña y, sobre todo, la carestía de la vida en general y de la vivienda en particular, en el caso de que el Comité Olímpico Internacional nos haga el flaco favor de concedernos la organización de los Juegos Olímpicos del año 2016, todos los ciudadanos madrileños tendrán que asumir tan desmesurado coste económico y tal rebaja en la calidad de vida que harán definitivamente de Madrid una ciudad para emigrar.
Tras un verano lleno de llamativas noticias en la que la Sociedad General de Autores y Editores pretendía cobrar a dos literarios pueblos ibéricos, concretamente a Zalamea de la Serena (Badajoz) y a Fuenteovejuna (Córdoba) por representar dos obras clásicas del teatro español como son “El Alcalde de Zalamea” de Calderón de la Barca y “Fuenteovejuna” de Lope de Vega, ha saltado la noticia, no menos llamativa, de que la SGAE pretende que el Partido Socialista Obrero Español pague un canon, tasa o similar cada vez que se cante “La Internacional” en sus actos públicos.
Es justo y lógico que una entidad privada de gestión colectiva como es la Sociedad General de Autores y Editores intente defender y velar por los derechos de sus miembros y socios, pero esa defensa termina donde empiezan los derechos de los consumidores y los derechos generales no resultando tan lógico ni justo que la mencionada entidad reclame el pago por reproducir obras literarias, artísticas o musicales de autores que no son miembros de la misma por ser extranjeros o llevar fallecidos varios siglos.
Si lo que se pretende es tener alguna justificación, aunque sea discutible, para cobrar por todo y engordar los bolsillos, también podrían exigir las poblaciones de Zalamea de la Serena o de Fuenteovejuna el pago de una cantidad a la Real Academia de la Lengua, a la SGAE, al estado español o a toda empresa editora o teatral cada vez que se publiquen o representan las obras inspiradas en sus respectivas localidades porque, al fin y al cabo, sin su inspiración no habrían existido esas dos conocidas piezas del teatro del Siglo de Oro y el repertorio clásico español seria más breve.
En esta misma línea argumental se puede afirmar que la adaptación de una obra clásica puede generar algún derecho para aquel que la adapta, pero en puridad lógica, no puede generar los mismos derechos que al autor que la ha creado, siendo el adaptador, en realidad un intruso que, en la mayoría de los casos, sin permiso del genio creador trabaja sobre la genialidad para apropiársela o, como poco, compartir una fama que no le corresponde.Acaso un adaptador de Cervantes ¿Paga al insigne manco por comentar, anotar o modificar su texto original?. Más aún, el adaptador, que en realidad es incapaz de crear y que con sus adaptaciones pretende igualarse al creador, en parte recibe una recompensa por ver unido su nombre al del genio.
Por otro lado, y en el caso concreto de La Internacional, se impone hacer un seguimiento muy próximo de la SGAE, pues en primer lugar la Sociedad General de Autores y Editores debería acreditar que el adaptador de la letra o de la música es socio de dicha entidad y en segundo lugar que la reproducción de la letra o música de “La Internacional” genera derechos en España, pues es de indicar que la letra original de tan proletaria canción data de 1871 y se debe a Eugene Pottier quién la escribió en francés mientras que la música fue compuesta en 1888 por Pierre Degeyter, quién falleció en 1932 y del que se puede dudar que haya sido alguna vez miembro de la SGAE y a cuyos herederos, si es que los tiene, les corresponderían los derechos de “La Internacional” y no, desde luego, a la Sociedad General de Autores y Editores. Por otro lado, teniendo en cuenta que existen al menos tres versiones de la letra de “La Internacional” que se cantan en España (la versión comunista cantada por el Partido Comunista de España, la Anarquista cantada ocasionalmente por la CNT-AIT y la socialista cantada por el PSOE) con sus correspondientes adaptaciones musicales cabe la duda de que la Sociedad General de Autores y Editores realmente no haya pretendido lanzar un “aviso” a su socio político para que muestre más entusiasmo en el apoyo a sus demandas.
Teniendo en cuenta que parece ser que el lema de la Sociedad General de Autores y Editores es “Cuando hablan de Cultura, pongo en marcha mi caja registradora”, sería interesante que los amantes de la cultura nos planteásemos la insumisión ante tal entidad y sus amigos, porque la cultura nos pertenece a todos y el acceso a la misma ha de ser libre y sin restricciones. Considerando la postura totalmente recaudadora que ha tomado la SGAE y recordando que también agrupa a los editores no se puede menos que recordar la última carta escrita por el magnífico autor italiano Emilio Salgari antes de suicidarse huyendo del hambre:
"A mis editores: A vosotros, que os habéis enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria o aún peor, sólo os pido que en compensación por las ganancias que os he proporcionado, os ocupéis de los gastos de mis funerales. Os saludo rompiendo la pluma. Emilio Salgari"
Pasados veinte siglos del feliz nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo es hora de hacer una pequeña reflexión sobre el progreso de la humanidad a la luz de la Fe Católica y de lo que es el "curso de la historia" según el concepto liberal-revolucionario.
Para las lumbreras revolucionarias del Siglo XVIII el curso de la historia universal Conducía inexorablemente a un progreso material en las condiciones de vida humana. En virtud de tal idea se atacó a todas aquellas instituciones que pudieran significar algún freno u oposición a ese "devenir histórico" empleándose especial saña contra la Religión Católica y la Monarquía, forma de gobierno esta bajo la cual se puede realizar mejor la bella idea Católica de un Imperium Mundi Cristiano. Para los Iiberales del siglo XVlII, al igual que para el hombre medio de hoy, la historia es algo lineal que finalizara con la creación de un único Estado mundial altamente tecnificado y una sociedad fundamentada en el progreso científico que hará "Ias delicias" de todos los seres humanos.
Frente a estas elucubraciones se eleva la Doctrina Católica y la realidad histórica vivida tan solo en este ultimo siglo. Para la Doctrina Católica el ser humano parte de una perfección absoluta de la que cayó a causa del pecado original, que consistió, como todos sabemos, en una infracción moral de desobediencia. Desde entonces el ser humano fue cayendo moralmente hasta la venida de Jesucristo-Dios a la Tierra para redimirlo. Jesucristo dio un mensaje a la humanidad, siguiéndolo el hombre se redimirá y volverá al estado de perfección original del que disfrutó en un principio. De esto se desprende que el progreso humano existe únicamente en el campo moral y que el verdadero curso de la historia es aquel que lleva al hombre a una perfección ético-moral que le una (re-ligare) a Dios. La prueba de todo esto se encuentra en que si analizamos la historia humana de estos veinte siglos, vemos que, a pesar de haber llegado a la Luna y de curar innumerables enfermedades en otro tiempo mortales, los verdaderos avances de la humanidad se reducen tan solo a tres, que, además, son puros avances morales:
1°.) Supresión del infanticidio. EI asesinato del niño recién nacido por diversas causas entre las cuales destacaba la escasez de medios alimenticios (hoy se llamarían causas socio-económicas) era practica común ygeneralmente aceptada en el mundo pagano precristiano, hasta que la Iglesia Católica se extendió y pudo, con grades esfuerzos, desterrar esta vil costumbre, pero, hoy, tal practica reaparece con mayor refinamiento técnico, ya que, en la actualidad, el infanticidio puede realizarse en el mismo seno materno sin necesidad de esperar al nacimiento del niño, y esto ¡¡se nos quiere presentar como un avance de la humanidad propio del natural curso de la historia!!.
2º) Supresión de la esclavitud. EI empleo de masas humanas para el trabajo forzoso en condiciones infrahumanas también era practica común en el mundo pre-cristiano. Solo después de muchos siglos de lucha a causa de la cual la Iglesia sufrió persecución y martirio (véase lo ocurrido entre los Jesuitas y los bandeirantes en Paraguay), se logró extirpar de la faz de la tierra esta infame institución. No obstante, vemos como de nuevo esta institución resurge en el mundo ya sea de una forma indirecta, por medio de contratos-basura, o, claramente, bajo una forma directa, como en Sudan oEstados Unidos, donde los presos, generalmente de raza negra, se ven obligados a trabajar para el Estado (cosa curiosa esta, si tenemos en cuenta que USA protesta constantemente a China por el mismo hecho).
3°) Supresión del duelo. EI duelo se convirtió, sobre todo desde mediados del siglo XVIII, en la culminación de toda frívola distracción de salón. Tal fue el uso y el abuso de la costumbre de batirse en duelo que, la Iglesia Católica, siempre defensora de la vida y dignidad humana, tuvo que intervenir condenándola y favoreciendo la creación en toda Europa de Ligas Anti-Duelo (en las que, por cierto, tuvo una participación decisiva nuestro Rey Don Alfonso Carlos I), que lograron, poco a poco, que los Estados europeos fueran prohibiendo y penalizando en sus leyes esta practica que se había convertido en un asesinato encubierto a causa de un mal entendido concepto del honor. Afortunadamente, por el momento, no vemos en el mundo actual un resurgir de esta costumbre aunque no se puede asegurar, tal y como están las cosas, que no vuelva a usarse de ella.
Respecto a los avances materiales habidos en la historia, por supuesto que son laudables, necesarios e imprescindibles, pero hay que tener en cuenta que si el avance o teoría científico-material no se somete a directrices morales siempre y, creo poder decir, sin excepción derivara en un mal para la humanidad. Así, por ejemplo, podemos citar la teorías darwinistas del origen de las especies y la selección natural, las cuales terminaron materializándose en teorías social-racistas justificadoras de terribles genocidios; el descubrimiento del átomo que derivó en la invención y desarrollo de armas de destrucción masiva, olos nuevos descubrimientos en materia de genética, los cuales aún no sabemos como pueden terminar. Solo si el progreso material va acompañado del progreso moral, que deriva del cumplimiento de los preceptos emanados del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia Católica, la humanidad podrá salvarse del trágico destino histórico a la que Ie lleva la teoría liberal del progreso indefinido porque, como certeramente afirmó Roger Bacon, aunque este fuera un heterodoxo, "Ia Religión es la esencia que impide que la ciencia se corrompa”.
Yo, que recién aterrizado de las que fueron las frías tierras del eterno invierno (Hibernia, Irlanda o Eire, según guste) empezaba el presente curso con sorna, ironía y buen humor, antes de una semana me encuentro con la dura y triste realidad de nuestro país.
A la irresponsable actitud alarmista ante la Gripe A, a la absurda ceguera frente a la grave crisis económica que padecemos, a las eternas riñas de patio de colegio de los políticos, a la pandemia terrorista y a las eternas amenazas secesionistas, se suma ahora la guerra de Afganistán.
Afganistán es un país en ininterrumpida guerra desde que la entonces Unión Soviética invadiera el país en 1979 para sostener al gobierno comunista en su dura lucha contra la guerrilla islámica y en nada ha cambiado la situación tras la intervención militar de la OTAN en el año 2001 pudiéndose afirmar que el periodo más estable y pacífico de Afganistán es el comprendido entre 1919 (año en que termina la guerra anglo-afgana con la independencia del país asiático) y 1973 (año en el que un golpe de estado comunista acaba con la monarquía).
Los bombardeos de la OTAN en el año 2001 y la posterior ocupación del país por fuerzas militares de diversos estados de la alianza se nos ha querido vender a la población occidental en general y a la española en particular como una operación humanitaria para construir infraestructuras, entrenar fuerzas militares autóctonas y garantizar la seguridad de las elecciones en un país que tiene tantos líderes políticos como tribus ocultando en todo momento la situación bélica en la que vive Afganistán actualmente.
No voy a entrar a valorar la dudosa legalidad y la segura inmoralidad de los bombardeos del año 2001 y tampoco si estos respondían más a un acto de represalia por los atentados del 11 de Septiembre que a una operación policial de búsqueda y detención de terroristas, pero sí voy a recalcar que se ha engañado y se sigue engañando a la población española, la cual mayoritariamente desea ser engañada, sobre la situación en la que se encuentran nuestros soldados en Afganistán. En el país asiático no se esta produciendo ningún deterioro de la situación sino que simple y llanamente la situación hoy es la misma que hace dos años o la de hace treinta, es decir, es una situación de guerra clara y abierta entre unas fuerzas militares regulares y un grupo, no precisamente pequeño, de insurgentes que llevan a cabo una guerra de guerrillas.
Es cierto es que, a diferencia de lo que pasó en Irak, el silencio y la opacidad informativa sobre lo que ocurría y ocurre en Afganistán unido a la indiferencia con que la mayoría de la población acoge el hecho de que soldados que no conocen de nada y que no forman parte de sus respectivas familias vayan a derramar su sangre en tierras lejanas defendiendo intereses desconocidos y la cierta “alegría infantil” con la que centenares de jóvenes deciden ir voluntarios a misiones militares en el extranjero para “volver y liberarse de la hipoteca”, ha garantizado la neutralidad de la población y la ausencia de protestas contra el despliegue de fuerzas españolas en Asia Central, pero lo cierto es, que si un soldado español resulta herido aunque sea levemente toda la sociedad española debiera sentirse igualmente herida.
El ejército español y sus soldados están para servir a España y a la población española y no ser meros peones en el tablero de ajedrez en el que las grandes potencias han convertido el Asia Central desde hace casi dos siglos. Ningún español puede consentir que nuestro país se convierta en una carnicería donde cualquier otro estado venga a comprar carne de cañón a cambio de unas pequeñas contrapartidas políticas o económicas y si España se viera en la dolorosa y no deseable situación de ir a una guerra ha de ser solo para su propia defensa o para satisfacción de sus propios intereses y no intereses ajenos o poco claros.
Todos los políticos de nuestro país (de cualquier signo) nos han mentido: nos han dicho que en Afganistán no había guerra cuando sí que había y hay una guerra, no nos han explicado que pinta nuestro país interviniendo en una zona en la nunca hemos tenido especial presencia y en la que siempre se ha practicado “el gran juego” entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico y por último no muestran intención alguna de enmienda expresando la voluntad de traer a nuestros soldados a casa. Más aún, nuestros políticos muestran un total desprecio hacia el pueblo español y ofenden su inteligencia, al llenarse rimbombantemente la boca sobre la necesidad de cambiar la constitución en aspectos nimios y ridículos como la prelación en la sucesión a la jefatura del estado y no haciendo mención a cuestiones fundamentales como sería recoger en el texto constitucional, tal y como hace la constitución de países como Japón o Suiza, la prohibición del envío de tropas españolas a cualquier lugar fuera de nuestras fronteras, salvo en caso de guerras formalmente declaradas.
Por todo ello es imprescindible que no nos dejemos engañar más, que abandonemos la indiferencia y que EXIJAMOS la inmediata vuelta a casa de todos los soldados españoles estén donde estén y qué jamás se vuelva a enviar a ninguno a lejanas y extrañas guerras en las que no se nos ha perdido nada porque, si permanecemos en silencio, nos convertiremos en cómplices culpables del mal hacer de nuestros gobernantes y compartiremos con ellos la responsabilidad moral por las pérdidas de vidas humanas que puedan producirse.
