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jueves, 26 de abril de 2012
LOS VALORES DE OCCIDENTE
jueves, 19 de abril de 2012
SIETE DÍAS DE ABRIL
El epigrafe bajo el cual se publica este artículo se inspira en el título de una muy famosa película de Juan Antonio Bardem (“Siete días de Enero”) aunque también podría haberle puesto por nombre "Spanish Horror Week" ("Horrible Semana Española) inspirándome en una serie que en la actualidad se emite en el canal “Cuatro Televisión” y que se llama “American Horror House”.Los siete días de este mes de Abril de 2012 que van del 14 al 21 son históricos y marcaran un antes y un después porque en poco menos de una semana se ha dado un golpe mortal al estado del bienestar en España, se ha iniciado el desmantelamiento de un sistema de sanidad publica lenta y trabajosamente construido durante años y se ha caído definitivamente la máscara del Regimen nacido de la llamada "Transición" revelándose el Estado Constitucional de 1978 como lo que es: una idea falsa.
Los siete días que “conmovieron España” comienzan y terminan, de momento, con noticias objetivas relativas a Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey.
En primer lugar, el día 14 de Abril salta la noticia de que Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey ha sido ingresado de urgencia a causa de la rotura de una cadera producida por una caída durante una caceria en el África Subsahariana, concretamente en Botswana. Este hecho en principio poco trascendente en una persona particular, alcanza notoria y política trascendencia al encontrarse atravesando España una grave crisis económica, tener cinco millones (y ascendiendo) de parados y al establecerse constitucional y legalmente que el Gobierno ha de saber en todo momento donde se encuentra el Jefe del Estado cosa ésta que al parecer no se sabía ateniendonos a lo manifestado por el Vicepresidente de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, quien dijo textualmente que “el gobierno se enteró del viaje del Rey a Botswana cuando sufrió la caída que le produjo la rotura de la cadera derecha, y no antes".
El hecho de que el Jefe del Estado a Título de Rey, que pocos meses antes había manifestado su protocolaria preocupación por el paro juvenil afirmando que habia que “arrimar el hombro” para hacer frente a la crisis económica; se hubiera ido de cacería a varios miles de kilómetros de distancia con el gasto que todo ello conlleva en seguridad, transporte, alojamiento y demás demuestra como poco su total falta de sensibilidad con los españoles que en estos mismos momentos están sufriendo apuros económicos porque se ha ejecutado una muy mala política sin que nadie, por encima de los diferentes Jefes de Gobierno, haya asumido responsabilidades ejerciendo funciones “arbitrales”.
El día siguiente, 15 de Abril, España se despierta con la noticia de que el Gobierno Argentino ha decidido expropiar y nacionalizar la empresa “Yacimientos Petrolíferos Federales” (YPF) perteneciente a la empresa española REPSOL, ante el estupor del gobierno español que veía como caía la cotización en bolsa de la multinacional española arrastrando al índice IBEX 35 y disparando las especulaciones sobre las posibilidades económicas de España así como la prima de riesgo de nuestro país.
Frente a esta nacionalización, el gobierno presidido por el señor (por llamarlo de alguna manera) Rajoy despliega al viento la bandera, habla de agresión a España ignorando que REPSOL es una empresa privada con accionariado multinacional y, sin flota ni fuerza aérea alguna, afectado de una rabieta de niño caprichoso amenaza con graves medidas contra la República Argentina obviando el hecho de que, en política, toda acción genera una reacción y que cualquier medida que se adopte contra Argentina por parte de España puede ser contestada por esta con medidas contra los españoles allí residentes o contra las sucursales argentinas de empresas españolas. En definitiva, ignorando que en un conflicto diplomático-económico con Argentina, España tiene más que perder que Argentina.
Posteriormente el día 18 de Abril surge la noticia de que el gobierno va a acordar imponer el copago farmacéutico, extendiendo a toda España, la iniciativa de la Generalitat de Catalunya, lo que va a suponer que los jubilados, el colectivo que más necesidad tiene de medicinas por ser muchos de ellos enfermos crónicos y que hasta ahora disfrutaba de las mismas gratuitamente, va a tener que pagar, en función de la renta, entre un diez y un veinte por ciento del coste de los medicamentos. Esta medida que no fue propuesta por partido alguno durante la campaña electoral pasada y que ahora se va a aplicar significa la quiebra total del sistema de representación indirecta por medio de partidos que se presentan a unas elecciones porque a partir de ahora cualquier partido político o candidato puede llegar al poder diciendo defender la libertad y terminar imponiendo una dictadura (más o menos como hizo Hitler).
Por esas mismas fechas, salta a la prensa la intención del Gobierno del Partido Popular de reformar el Código Penal para incrementar las penas para todos aquellos que tomen parte en protestas ciudadanas llegando incluso a tipificar como delito de atentado el simple hecho de sentarse ante un policia en señal de protesta. Igualmente se estudia establecer, exclusivamente para casos de terrorismo, la pena de “Prisión Perpetua Revisable”; lo cual no deja de ser extremadamente curioso en la presente situación donde la banda terrorista por excelencia en nuestro país, ETA, anunció, hace seis meses y tras cincuenta años de actividad delictiva, que deja definitivamente las armas y por tanto, a partir de ahora, lo actos terroristas serán excepcionales, escasos o inexistentes y, aunque siempre execrables, podrán ser condenados conforme a las penas vigentes en el actual Código Penal, salvo que el gobierno prevea tipificar como acto terrorista la reclamación de pan por parte de madres con niños en brazos.
Hasta aquí, una somera relación comentada de esta última semana en la que se consolida la política liquidadora del estado de bienestar en España ya que, en menos de un año y con dos huelgas generales de por medio, la situación social ha cambiado en lo siguiente:
HACE UN AÑO:
La jubilación estaba establecida a los 65 años (Ahora, la jubilación es a los 67 años)
Se requeria 15 años de cotización para cobrar una pensión (Ahora, se requiere un mínimo de20 años de Cotización)
Se indemnizaba al trabajador con 45 días por año trabajado en caso de despido declarado improcedente (Ahora indemnización para estos mismos casos se fija en 35 días por año)
Habia medicamentos gratis pensionistas (Ahora se va a requerir a los jubilados el pago de un 10 ó 20 por ciento del precio de los mismos)
Las retenciones de IRPF practicada sobre la renta del capital eran del 18 por ciento (Ahora, esas mismas retenciones se han incrementado al 21 por ciento)
Finalmente, esta nueva Semana Trágica Española han terminado con un simple "Lo siento mucho; me he equivocado y no volverá a ocurrir", pronunciado por Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey y que no aclara que es lo que siente, si siente no haber visitado a su nieto, convaleciente de otro accidente; si siente lo de su yerno, imputado en un proceso penal; si siente el haberse caído, si siente el haberse ido de caza o si siente los graves recortes que están sufriendo los españoles. No obstante, el verdadero grado de constricción de Su Excelencia se verá en las próximas semanas cuando figure o no su firma en el Decreto que impone el copago farmacéutico a los españoles, siendo, el hipotético hecho de que se negase a firmarlo unas verdaderas disculpas que, sinceramente, sería muy difícil el no aceptar.
jueves, 12 de abril de 2012
RECORTES, AMNISTÍAS, SUBIDAS DE PRECIOS Y BAJADA DE PANTALONES
Diariamente surgen noticias sobre la acción del actual gobierno del Partido Popular presidido por el señor (por llamarlo de alguna manera) Rajoy que no dejan de sorprendernos por poner nítidamente de manifiesto que en política todo parece estar permitido, situado por encima de la ley y alejado de todo principio moral o ético ya que en poco más de cien días el actual gobierno de España ha hecho todo lo contrario de lo prometido durante la campaña electoral. Y es que el Partido Popular se presentó a las elecciones prometiendo una bajada de impuestos, el apoyo a las clases medias y a pequeños y medianos empresarios y, sobre todo, combatir la crisis económica sin acudir a recortes en servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las pensiones.
Hoy, el partido político que se presentaba a los españoles como el “salvador de la situación” ha llegado al poder y, en poco más de cien días en el gobierno, ha subido los impuestos y los precios públicos, ha empobrecido a las familias españolas y ha empezado a plantearse un “ajuste” en sanidad y en educación que solo se puede traducir en un recorte de las prestaciones en dichos servicios, todo ello con la justificación tradicional en la política española de que la situación es peor que la que se esperaban encontrar y que “la culpa de todo la tiene el gobierno anterior”, tradición política esta que esta al mismo nivel que ese otro postulado político tradicional bajo el cual actuaron los gobiernos anteriores y que reza que una vez en el poder “no importa lo mal que se haga porque por muy mal que se haga, otro vendrá que bueno te hará”.
La justificación de todo este despropósito lo encuentra el señor (por llamarlo de alguna manera) Rajoy en la necesidad de salvar la economía española de una caótica situación sentando las bases para un próspero futuro, con lo cual el señor (por llamarlo de alguna manera) Presidente del Consejo de Ministros cree que los españoles somos tontos y que ignoramos que los derechos que hoy nos dejemos quitar los habremos perdido para siempre y que jamás nos serán reintegrados, ni siquiera cuando la economía sea boyante y los amigos financieros del aparato político vuelvan a ganar miles de millones. No obstante, y a pesar de lo que digan los reptiles gacetilleros afines al régimen, el hecho cierto es que las medidas económicas adoptadas por el gobierno vienen impuestas, de forma tácita y en ocasiones expresa, por potencias extranjeras con las que los distintos mandatarios y dirigentes de partidos políticos españoles han firmado ignominiosos tratados cuyas consecuencias reales siempre se han mantenido ocultas a la opinión pública española y, concretamente, me estoy refiriendo a los tratados de adhesión a la Comunidad Económica Europea, al Tratado de Maastricht y a demás tratados de similar jaez supranacional.
El actual Gobierno, su Presidente, el señor (por llamarlo de alguna manera) Mariano Rajoy, el Partido Popular y su directiva han olvidado radicalmente que los que les votaron el 20 de Noviembre del 2011 lo hicieron (seguramente con gran ingenuidad) para que sacara a España de la crisis NO para que la hiciera sentir más crudamente a la inmensa mayoría de los españoles y que es al pueblo español al que se debe un gobierno de España y NO a los mercados internacionales o a los intereses de supuestos amigos y aliados que, con su actitud, han demostrado sobradamente que no lo son.
En base a este sometimiento a los intereses foráneos y mercantilistas, el gobierno del señor (por llamarlo de alguna manera) Rajoy ha subido los impuestos a la mayoría de la población española, recortando su poder adquisitivo y empobreciéndola, ha aprobado una reforma laboral que abre la puerta a la liquidación total de los logros de ciento cincuenta años de lucha del movimiento obrero en nuestro país y ha concedido el PREMIO de una amnistía fiscal a todos aquellos que durante años han defraudado a la hacienda pública ocultando sus capitales y llevándoselos a paraísos fiscales con la infantil, necia y estúpida intención de que, a cambio de un módico diez por ciento, se traigan a España los dineros que tengan en el exterior. Y bien digo que es una estúpida, necia e infantil intención la del gobierno porque aquel que en los tiempos de bonanza económica se llevo sus fondos e ingresos fuera de España es porque ya entonces no confiaba en la estabilidad política y económica del país con lo que menos, en el momento presente de plena crisis, va a hacer un acto de confianza trayéndoselos de nuevo a España considerando además que los paraísos fiscales son precisamente paraísos porque tienen una total opacidad en cuanto a dar información de las cuentas bancarias que se poseen en ellos por lo que un estado extranjero difícil tiene el intervenir sobre dichas cuentas o conocer quienes son sus titulares.
Por otro lado, el actual gobierno del Partido Popular, tiene una falta absoluta de honradez para con el ciudadano que le paga el sueldo pues pretende mantener, a pesar de todo, ciertas ficciones como la de que “España no está intervenida” o que el “sistema financiero goza de una excelente salud”. En primer lugar, el hecho de que Alemania y Francia (los únicos países que realmente cuentan en la Unión Europea) no hayan declarado expresamente que España ha de ser rescatada y, por tanto, intervenida no desmiente el hecho de que, desde que asumiera el poder, el gobierno no ha hecho nada más que legislar sobre medidas económicas que han sido sutil pero insistentemente “sugeridas” por estos dos países y sus satélites, con lo que realmente el estado español podría ahorrarse todo lo que le cuesta el actual gobierno con sus ministros y ministerios y, simplemente, dejarse gobernar desde París o Berlín.
En segundo lugar la ficción de que el “sistema financiero español goza de una excelente salud” no solo queda contradicho con las ayudas públicas recibidas por los bancos privados en el último año sino también por la medida anunciada por el Gobierno del Partido Popular de que “no se podrán hacer pagos con dinero en efectivo superiores a dos mil quinientos euros” con el peregrino argumento de que con ello se trata de evitar los “pagos en negro” que sostienen la “economía sumergida”. Esta grave medida tendrá cuatro consecuencias:
1ª. Incremento del beneficio de los bancos al incrementarse el número de operaciones sobre las que cobrar comisiones tales como el pago de cheques y las transferencias bancarias.
2ª. Un incremento de los precios al verse estos incrementados por la cuantía de la comisión bancaria.
3ª. La imposición a los ciudadanos de un “corralito” porque evidentemente si no se pueden hacer pagos en efectivo por importe superior a dos mil quinientos euros, ello implicará que los ciudadanos no podrán retirar libremente y sin dar explicaciones fondos de sus cuentas bancarias por importes superiores a dicha cantidad ya que sería un absurdo sacar tres o seis mil euros cuando no se pueden hacer pagos en metálico superiores a dos mil quinientos euros.
4º. Un beneficio para aquella minoría económicamente privilegiada que puede permitirse el lujo de tener suculentas cantidades en cajas de seguridad bancarias cuyo contenido es ignorado por la Hacienda Pública y por la propia entidad financiera que las alquila y que podrán seguir pagando en metálico por encima de los dos mil quinientos euros estipulados por el gobierno.
No obstante y a pesar de todo; el servil sometimiento del actual gobierno a las exigencias de las potencias extranjeras y que supone un progresivo estrangulamiento económico de los ciudadanos y de las familias españolas parece insuficiente para calmar y convencer a los mercados internacionales y a las instituciones europeas, quizás porque ambas ya tenían planeado hace tiempo arrojarse sobre España cual aves carroñeras habiendo redactado en sesión secreta, que recordaría la escena final de la película de Berlanga, “La Vaquilla”; un duro “diktat” para el pueblo español que implicaría una esclavitud tan bíblica como la que le fue impuesta a los Hijos de Israel en Egipto.
martes, 3 de abril de 2012
CHARLES DICKENS, LA CONCIENCIA DEL IMPERIO BRITÁNICO

Dos han sido los escritores que más y mejor han plasmado en la literatura universal la esencia de la época victoriana y del imperio británico: Rudyard Kipling y Charles Dickens. Si bien es cierto que el primero de ellos es el escritor del imperialismo por excelencia, el que canta al imperio y a su (discutible) labor civilizadora por todo el orbe; Dickens, por el contrario, es el que mejor refleja la intrahistoria del pueblo británico, de ese pueblo que nutre la industria inglesa y que sufre la política social del Gobierno de Su Graciosa Majestad.
Charles Dickens, del que precisamente este año se conmemora el bicentenario de su nacimiento al haber nacido el 7 de Febrero de 1812, vino al mundo en Portsmouth en el seno de una familia de clase media que se trasladó a vivir a Londres cuando el pequeño Charles tan solo contaba con nueve años de edad. En la capital del entonces emergente Imperio Británico, la familia de Charles Dickens al completo se instaló a vivir en uno de los suburbios más pobres de la ciudad siendo posiblemente el encarcelamiento del padre, a causa de las deudas contraídas; el decisivo acontecimiento que más influyó en él y en su producción literaria posterior porque durante el tiempo que duró dicho encarcelamiento, el joven Dickens, fue acogido en una institución para huérfanos comenzando a trabajar en una fábrica de betún para zapatos pasando por todo tipo de penurias hasta que en 1827, con quince años de edad, consigue un empleo en un bufete de abogados gracias a su habilidad con la taquigrafía.
A partir de la publicación de “Los papeles póstumos del Club Pickwick”, en Marzo de 1836, comienza la prolífica producción literaria de Dickens quien a lo largo de toda su vida llega a publicar más de cincuenta grandes novelas y narraciones cortas, la inmensa mayoría de ellas de un innegable contenido social aunque también hace alguna incursión en el género de la novela histórica como en el caso de “Historia de Dos Ciudades”.
Las novelas de Dickens son fundamentalmente estudios psico-sociológicos y trabajos de crítica social que perfilan los más dispares tipos humanos existentes en la sociedad victoriana quedando perfectamente descritos tanto los bajos fondos, con su amplia galería de miserables, como una alta sociedad que no esta exenta de canallas que se dedican a los más turbios negocios sirviéndose de los más comunes malhechores entrelazándose todos personajes a lo largo de la acción narrativa (la relación entre las clases altas británicas y los bajos fondos quedarían constatadas años más tarde en el proceso contra Oscar Wilde, donde las dudosas relaciones del Marqués de Queensberry permitieron a éste influir en algunos testimonios prestados contra el genial dramaturgo irlandés).
Igualmente, la obra de Dickens constituye una crítica generalizada a las más diversas instituciones del estado, generando algunas de sus novelas (“Oliver Twist”) acaloradas discusiones en el Parlamento sobre las condiciones de vida en las instituciones de beneficencia británicas, planteando otras (“Tiempos Difíciles”) críticas a la explotación laboral de los mineros británicos y a la política represora ejercida contra ellos y cuestionándose otras (“La Pequeña Dorrit”) determinadas leyes como la que establecía la prisión por deudas.
A pesar de la crítica a las instituciones sociales y políticas inglesas, Charles Dickens culpa principalmente de todos los males humanos a la carencia de valores morales o éticos en personas individuales incidiendo más en la crítica de determinadas conductas personales que en la existencia de ciertas prácticas políticas. Así por ejemplo, son constantes en toda la producción literaria de Dickens los personajes del usurero, del agiotista, del interesado, del propietario sin escrúpulos o del delincuente organizado, apareciendo en contraposición a todos ellos la figura del honrado oficinista, del modesto comerciante o del desvalido huérfano, que son siempre justamente socorridos por el “Gentleman”. Y es que Dickens es el escritor del “Gentleman”, del hombre gentil, que con su bonhomía, fineza de modales y superioridad moral encarna la buena forma de hacer las cosas y la solución a todos las cuestiones sociales hasta tal punto que si no fuera por la obra dickensiana difícilmente se hubiera hecho universal tal figura.
Dickens fue en su tiempo un reformador radical que consiguió con su producción literaria importantes reformas y mejoras sociales en Inglaterra apelando para ello al desarrollo y potenciación de férreas convicciones morales en los individuos en vez de elaborar grandes doctrinas económicas o políticas que fundamentasen una revolución doctrinaria siendo calificado por Lenin como “un burgués clase mediero” cuando en realidad, el mejor calificativo que merece el prolífico escritor inglés es el de Conciencia del Imperio Británico.
lunes, 26 de marzo de 2012
29 DE MARZO: HUELGA GENERAL
“El Chouan Ibérico” se suma y desea dejar patente su apoyo a la Huelga General convocada por distintas organizaciones y sindicatos para protestar contra la reforma laboral aprobada por el actual Gobierno presidido por el Señor Mariano Rajoy.
Muchas son las cuestiones y dudas que nos abordan cuando leemos el nombre de algunos sindicatos y organizaciones convocantes de esta huelga, pero ante la creciente ola de recortes que desde las instituciones financieras y políticas mundiales y europeas están siendo impuestas a los trabajadores españoles en particular y europeos en general y que amenazan con acabar con los logros de ciento cincuenta años de lucha del movimiento obrero, no podemos distraernos en discusiones estériles sobre momentos, estrategias y objetivos a alcanzar y simplemente solicitamos a nuestros lectores que, el próximo día 29 de Marzo del 2012, se sumen a la Huelga General.
Aunque convocada “contra la reforma laboral” esta Huelga General es contra la política restrictiva de derechos fundamentales y de recortes sociales que está desarrollando el actual gobierno popular por lo que no puede ni debe tener la escasa incidencia social que tuvo la huelga convocada el 29 de Septiembre del 2010 contra la reforma de las pensiones de jubilación aprobada por el gobierno socialista porque, de no conseguir la total paralización del país, el actual gobierno se sentiría con las manos libres para aplicar todo tipo de recortes sociales que, en definitiva, significarían la liquidación de todos los derechos que los trabajadores han obtenido con su sudor y con su sangre en siglo y medio de lucha.
Por todo ello:
EL 29 DE MARZO: ¡¡¡TODOS A LA HUELGA!!!
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EN ANDALUCÍA Y ASTURIAS
El pasado 25 de Marzo del 2012, los ciudadanos de Andalucía y Asturias fueron convocados a las urnas para elegir a sus representantes en estas dos Comunidades Autónomas, dando lugar a unos resultados poco gratificantes para la casta política española la cual, a través de sus voceros, pretende desviar la atención hacia el hecho, por otra parte irrefutable, de que todas las encuestas se han equivocado en sus pronósticos.
En primer lugar, estas elecciones autonómicas han sido las primeras elecciones de todas las celebradas desde 1977 en las que se puede afirmar que la abstención tiene una nítida lectura política que indica el hartazgo y el cansancio del cuerpo electoral hacia una casta política que, cada vez más, viene a demostrar que sus soluciones no son para los problemas planteados por los ciudadanos. Así, en Andalucía la abstención, con un 37.7 por ciento, ha superado en algo más de diez puntos la abstención registrada en las elecciones autonómicas anteriores celebradas el año 2008 y en Asturias con un 44´08, ha superado igualmente los diez puntos en relación con las elecciones autonómicas celebradas tan solo hace cuatro meses.
Si, hasta ahora, la abstención se registraba fundamentalmente entre votantes del Partido Socialista que, ante el descontento con esta opción política, decidían quedarse en casa el día de las elecciones; en estos comicios autonómicos también se ha registrado entre los votantes del Partido Popular ya que este partido ha experimentado en Andalucía la pérdida de más de cuatrocientos mil votos respecto a las elecciones generales celebradas en Noviembre pasado y la pérdida de casi doscientos mil votos respecto a las elecciones autonómicas del 2008.
En estas elecciones autonómicas, los dos partidos mayoritarios experimentan una sangría de votos. Así, el PSOE pierde más de medio millón de votos en Andalucía con relación a las elecciones autonómicas del 2008 a favor de la abstención y de Izquierda Unida y el Partido Popular pierde dos centenares de miles de votos en relación con las autonómicas andaluzas del 2008 a favor de la abstención y de UPyD, que obtiene 129.000 votos en esta comunidad aunque se queda fuera del parlamento andaluz y logra casi 19.000 votos en Asturias donde consigue un diputado autonómico.
Por su parte, el incremento de votos obtenidos por Izquierda Unida tanto en Andalucía (cien mil votos más), donde dobla su representación parlamentaria pasando de seis a doce diputados, como en Asturias donde con siete mil votos más que los obtenidos el pasado 20 de Noviembre pasa de cuatro a cinco diputados; implica que solo un porcentaje no muy grande del electorado socialista ha desplazado su voto hacia esta coalición de izquierdas, decantándose por la abstención la mayoría de los votantes socialistas que no han votado al PSOE.
En rigor, el resultado de las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía y Asturias pone de manifiesto que los dos partidos mayoritarios pierden numeroso apoyo electoral que va a parar mayoritariamente a la abstención y, solo en una pequeña parte, a partidos minoritarios como Izquierda Unida y UPyD.
En el caso del Partido Popular el notorio retroceso experimentado en tan poco tiempo tanto en Asturias, donde pierde doce mil votos, como en Andalucía; se debe a que dicho partido no ha comprendido ni ha querido comprender que la confianza depositada en él por los ciudadanos españoles, el pasado 20 de Noviembre del 2011, era para que sacase al país de la crisis y reflotara la economía; no para que, aplicando exigencias de potencias extranjeras, continuara con una política de recortes iniciada por el anterior gobierno socialista y esquilmara los ya esquilmados bolsillos de los españoles ahogando sus economías domésticas.
Por otra parte los resultados electorales de estos comicios van a ser esclarecedores para la ciudadanía y van a profundizar la sima que separa a la casta política del pueblo español.
En primer lugar, y en el caso Asturiano, los resultados de las elecciones de 2012 no van a cambiar prácticamente el panorama político fruto de las elecciones de Noviembre del 2011 que dieron el poder a Foro Asturias teniendo que explicar las formaciones políticas mayoritarias (PSOE, PP y Foro Asturias) el por qué, en un tiempo de crisis económica donde se practican importantes recortes sociales, provocaron con su falta de acuerdo una convocatoria extraordinaria de elecciones, con el gasto público que ello conlleva, cuando ahora el Partido Popular y Foro Asturias presumiblemente pactarán y llegarán a un acuerdo para que el Sr. Álvarez Cascos repita en la presidencia del gobierno del Principado.
Y, finalmente, en el caso andaluz surge la cuestión de Izquierda Unida, la cual se encuentra en una disyuntiva de difícil solución pues o bien repite la actitud mostrada en la Comunidad Autónoma de Extremadura donde con su abstención facilitó el acceso al poder del Partido Popular, por lo que se la puede considerar en cierto modo responsable de la política que esta desarrollando actualmente dicho partido en el gobierno de la nación, o bien apoya al Partido Socialista Obrero Español, con lo cual se haría corresponsable, no solo de la política llevada a cabo en todo el estado por el Gobierno socialista en estos últimos ocho años (responsabilidad que, por otra parte, le corresponde porque en no pocos casos ha apoyado en el Congreso de los Diputados iniciativas del PSOE) sino también se haría corresponsable de todos los escándalos de corrupción surgidos en Andalucía en el último año. El apoyo de IU al Partido Socialista en Andalucía, le confirmaría no como una alternativa política de la izquierda española sino como un partido muleta (donde apoyarse) del PSOE por lo que podría verse afectada en las futuras convocatorias electorales por el creciente alejamiento de los ciudadanos de los partidos mayoritarios y que ya están experimentando PP y PSOE.
Así pues, los resultados electorales experimentados en los últimos comicios andaluces y asturianos confirman claramente el divorcio entre los partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, y la ciudadanía española que mayoritariamente y de una forma progresivamente creciente tiende a optar, cada vez más en cada convocatoria electoral, por la abstención como muestra de protesta contra el régimen político y la casta política que lo encarna, la cual debería favorecer y dejar paso a un nuevo proceso constituyente como único servicio prestado a los españoles.
jueves, 22 de marzo de 2012
EL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812
l pasado 19 de Marzo del 2012, se conmemoró en un tiempo de plenos recortes de derechos fundamentales, el doscientos aniversario de la aprobación por las sitiadas Cortes de Cádiz de la Constitución de 1812, bautizada por el sabio humor popular como “La Pepa”, al igual que la vigente Constitución de 1978 estuvo a veinticuatro horas de ser bautizada por la misma popular sapiencia, que en este caso además habría sido muy justa y acertada, como “La Inocentada” (1).
La conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz se enmarca en la imperiosa necesidad que tiene un estado, que hace más aguas que el “Titanic”, por justificarse ante sus ciudadanos, demostrar torpemente a los españoles que fuimos pioneros allí donde solo recurrimos al plagio y fundamentar aquellos mitos, como la soberanía nacional, en los que se basa el actual régimen político español y los privilegios de la casta que lo encarna. Como “la ignorancia es atrevida” y la necesidad urgente, en los fastos conmemorativos no se ha dudado en loar una supuesta unidad política que significó aquella gaditana Constitución ignorando que la misma abrió doscientos años de querellas, disturbios y guerras fraticidas entre españoles que concluyeron con la existencia de un estado a la deriva sin que aún haya encontrado el rumbo.
Para empezar, la Constitución de Cádiz constituye el primer gran absurdo político español porque resulta propio de imberbes y poco aventajados aprendices de los grandes el pretender cambiar de política sin cambiar de dirigentes. De este modo, los señores diputados de 1812, si querían un régimen político similar al que había instaurado en Francia la Revolución Francesa podían haber optado por proclamar una república o haber instaurado una nueva dinastía pero en puridad lógica no podían pretender crear un nuevo régimen manteniendo, defendiendo y confirmando en el trono a Fernando VII, máximo representante del Antiguo Régimen, cuando éste ya había demostrado sobradamente en el pasado el carácter felón de su persona con la conspiración contra su padre, Carlos IV, y con la correspondencia mantenida con Napoleón en la que llegaba a felicitar a éste por sus victorias contra los españoles.
Por otra parte y para seguir argumentando sobre el absurdo que supuso la Constitución de 1812, es de indicar que hubiera sido más coherente, más barato en sangre y, sin duda, más eficaz para la intención de instaurar un régimen liberal en España tal y como pretendían los señores diputados de 1812 el ir a besar la mano de José Bonaparte y haber aceptado y proclamado la Constitución de Bayona de 1808 y que, se quiera reconocer o no, es la primera Constitución de España y no la de 1812. En este sentido resulta un grave despropósito el hecho de que, mientras el pueblo español se desangraba en su lucha contra el invasor galo, las Cortes reunidas en Cádiz, las cuales fueron convocadas sin legitimidad alguna pues, conforme a la legalidad vigente en aquella época, solo podían ser convocadas por el Rey y cuyos diputados no representaban al pueblo español al no haber sido elegidos por éste; redactasen un texto legal que en esencia daba la razón a José Bonaparte, y por ende al mismo invasor, al recoger en buena medida los contenidos de aquella Constitución de Bayona que el hermano de Napoleón había otorgado a España en 1808 actuando, sin duda, con mayor honradez y mejor voluntad que las Cortes de Cádiz.
De hecho es innegable que en muchos aspectos, la Constitución de Cádiz tiene como fuente de la que bebe la Constitución de Bayona y esto se demuestra en el hecho de que ambas tuvieran carácter transoceánico, ambas suprimieran la Inquisición y las dos reconocieran algunos derechos individuales, aunque en esto último la Constitución de 1808 fue más generosa al prohibir el tormento y reconocer derechos al detenido y preso (artículos 41 al 43 y 127 al 132).
En cuanto a su efectividad y sus consecuencias políticas, la Constitución de 1812 no puede ser calificada nada más que de aborto político no solo porque, a pesar de ser proclamada en tres ocasiones (1812, 1820 y 1836), tuvo muy cortos periodos de vigencia sino, sobre todo, porque en el momento mismo de su primera proclamación y a pesar de pretender constituir un mismo estado para dos hemisferios ya existían territorios en la América española donde dicha constitución no podía regir ni ser aplicada porque hacía casi un año que habían proclamado unilateralmente su independencia y no reconocían ni a Fernando VII ni al Consejo de la Regencia de España e Indias bajo cuyos auspicios se organizaron las Cortes en Cádiz. Tales territorios eran: Capitanía General de Venezuela que declaró la independencia el 5 de Julio de 1811 y el Virreinato de Nueva Granada que declaró la independencia el 15 de Julio y el 11 de Septiembre de 1811.
A mayor redundancia, el carácter centralizador de la Constitución de Cádiz (por otra parte idéntico al de la Constitución de Bayona de 1808) expresado en su concepto de “Soberanía Nacional” (artículo 1: “La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios” y artículo 3: "La soberanía nacional reside esencialmente en la nación y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales") provocó una fuerte reacción negativa en los pueblos peninsulares que vieron peligrar sus libertades históricas y sus regímenes forales e imposibilitó en 1820 un entendimiento con los territorios americanos que solicitaban, precisamente al gobierno liberal instaurado tras el levantamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), una división de la soberanía a tres niveles: la nacional, representada en las Cortes; la provincial, depositada en las diputaciones; y la municipal, que residía en los ayuntamientos y que, muy probablemente, hubiera acabado con los movimientos independentistas de ultramar y culminado con la efectiva y eficaz organización y estructuración de un único gran estado federal con presencia en tres continentes.
Así pues, solo se puede concluir que la Constitución de 1812 generó mas perjuicios que beneficios (si es que de éstos generó) contribuyendo a una desestructuración e invertebración del estado, que aún hoy perdura, por ignorar las peculiares características patrias las cuales determinan que una Constitución española solo puede redactarse de “abajo a arriba” y resultar de la suma feliz de las libertades y derechos de los pueblos que integran las Españas y que constituyen las constituciones de dichos pueblos.
Curiosamente, y para terminar, hay que informar que, el mismo fin de semana en que institucionalmente se conmemoraba a bombo y platillo por toda la casta política española la promulgación de la Constitución de 1812; S.M. don Carlos Javier de Borbón Parma, Jefe de la Dinastía Legítima y abanderado de la Causa Carlista, reconocía y confirmaba los Fueros del Reino de Navarra en el Monasterio de Iratxe y las libertades de La Rioja en el Monasterio de Valvanera, lo que equivale a reconocer la soberanía de estos territorios históricos integrados e integradores de Las Españas.
(1) La Constitución Española de 1978 fue sancionada el 29 de Diciembre de ese año en vez del previsto día 28 justamente para evitar tal sacramento.
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