¿QUÉ HACEMOS CON LOS JUBILADOS?

No sé lo que pasará en otros países. Pero aquí, en nuestra España, en el Estado español que dicen los nacionalistas periféricos, nos falta mucho para llegar a la democracia. Formal sí que la tenemos, consagrada en la Constitución. Pero, a mi modo de ver, una democracia de verdad se ha de basar, más que en leyes e instituciones, en la existencia de demócratas, de ciudadanos responsables que participen activamente en la vida colectiva. Y no sólo con su voto cada cuatro años, sino día a día, a través de asociaciones que conformen una sociedad civil activa. Para empezar, un demócrata es alguien que sabe hablar, empezando claro por escuchar al otro, al que cree que piensa como él y también al que disiente. Y sólo después de haberle escuchado, le responde dándole su opinión propia o matizándola para encontrar juntos una fórmula consensuada. Y como todavía nos falta mucho para eso, porque no hemos aprendido una auténtica educación para la ciudadanía, el resultado es que no tenemos debates fructíferos, sino guirigays escandalosos, donde adjetivos descalificadores sustituyen a razonamientos serenos.

Estamos envueltos en una crisis de hondo calado. Y no vemos ni oímos debates que busquen fórmulas para acelerar cómo salir de ella, dados los innumerables daños que se están produciendo a personas y empresas. Lo que tratan sólo es de buscar culpables que haberlos haylos, empezando por el propio sistema que pedió sus frenos y corrió desbocado, apoyado por todos los que ahora protestan. Los políticos participaron en este desmadre, pero no nos convencen los que sólo muestran como solución un cambio de partido en el gobierno. Sin reconocer las raíces de la situación, sin un diagnóstico certero, todas las medidas presentadas no dejan de ser parches que podrían aliviarla, si la economía internacional mejora, pero sólo para que la crisis se presente de nuevo y agravada, al cabo de cierto plazo.

Ahora se han dado cuenta de que tenemos un problema con el tema de las pensiones. Y el gobierno lanza, cual globo sonda, la propuesta de retrasarla hasta los 67 años y de aumentar los años de cotización para el cómputo de las mismas. Ya tenemos el guirigay servido. Todos se han lanzado a la crítica apresurada. Y, en pocos casos, contemplamos razonamientos serenos que aborden la cuestión con mesura. Por ahora, el pago de las pensiones parece estar asegurado, aunque muchas de ellas sean manifiestamente insuficientes. Pero hay varias dimensiones que nos alertan de que en breves años pueden surgir riesgos. Una, demográfica: el descenso de la natalidad y la prolongación de la esperanza de vida. Menos cotizantes activos para el futuro y más número de personas cuya pervivencia después de la jubilación se alarga. Otra, el aumento del número de parados y el retraso en la edad de entrada en el mundo del trabajo. Otra, la alegría con que se han dado, sobre todo en ciertos sectores y no por efectos de despidos en empresas en crisis, prejubilaciones a edades muy tempranas. Claro que todo esto se ha visto atemperado por la llegada de familias de emigrantes que, con sus tasas más altas de fecundidad han retrasado algo el fenómeno del envejecimiento de la sociedad. Pero ahora que aumenta el paro y muchos de ellos tienen que regresar a sus países de origen, se presenta el tema con toda su crudeza.

No debemos tampoco olvidar las voces agoreras e interesadas de ciertos pronosticadores que hace bastantes años nos atemorizaban con el desplome de las pensiones públicas y postulaban planes privados de pensiones, gestionados por empresas capitalistas, más o menos ligadas al sector bancario. Lo que ocurrió en el Chile de Pinochet con el empobrecimiento subsiguiente de gran parte de sus personas mayores es el horizonte que no debemos perder de vista. Estados Unidos, el país ejemplo de sistema capitalista avanzado, nos acaba de mostrar cómo en esta crisis económica, millones de ahorradores han visto arruinarse sus expectativas de futuras pensiones.

Lo grave, para mí, es la naturalidad con que ideologías que se dicen de izquierda aceptan sustituir conceptualmente el principio de reparto por el de capitalización. El reparto es una consecuencia del valor de solidaridad: los sanos ayudan a los enfermos, los que tienen trabajo a los parados, los activos a los jubilados, los válidos a los discapacitados… Este fue el eje del Estado del Bienestar. Pero esto requiere dos cosas: un sistema fiscal progresivo y un mínimo de desarrollo económico. Y una base: la fraternidad entre todos los componentes de la sociedad, impuesta coactivamente desde el poder político y asumida mayoritariamente como valor por la base social. El principio de capitalización responde, por el contrario, a la óptica individualista, uno cotiza en su vida activa para asegurarse “su” jubilación. Y si puede elegir, por la vía privada, cuánto quiere aportar y en qué condiciones, mejor. A los que disponen de rentas saneadas parece que les conviene más este sistema (siempre que los administradores de sus fondos de pensiones no especulen a su costa). Pero para la mayoría de la población, el criterio de capitalización es nefasto.

Parece que tiene que volver a reunirse de nuevo el llamado Pacto de Toledo. Partidos políticos y agentes sociales han de pactar otras condiciones para el sistema público de pensiones. Los mimbres son estrechos y el resultado serán condiciones más duras y restrictivas. Porque lo que no se tocará serán las reglas del básicas del sistema capitalista que ahora tiene una dimensión global. La presencia del Estado en la arena económica sigue siendo imprescindible para atenuar sus efectos más nocivos. ¿Pero, es el marco territorial de los actuales Estado-nación el idóneo para dar réplica adecuada a esos desafíos?.

Pedro Zabala