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miércoles, 26 de diciembre de 2012

RUÍZ GALLARDÓN DE ESPAÑA Y DRACÓN DE TESALIA


            El actual Ministro de Justicia y ex alcalde de la Villa y Corte de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón, parece desear dejar una eterna y profunda huella en el Ministerio que ocupa al igual que la dejó en el Municipio de Madrid que por sí solo suma el veinticinco por ciento de toda la deuda municipal española y cuyo pago sí que puede ser eterno para todos y cada uno de los ciudadanos madrileños.

            Don Alberto Ruiz Gallardón comenzó su actividad ministerial hace un año con inofensivas pero llamativas declaraciones como aquella en la que dijo que iba a habilitar el mes de Agosto para toda clase de actos procesales y para todas las jurisdicciones (hasta ahora el mes de Agosto solo es hábil para la Jurisdicción Penal en fase de instrucción), lo que vendría a significar que los abogados y procuradores no podrían disfrutar ni de una semana de vacaciones y ha continuado con hechos graves, trascendentes y peligrosos como la introducción de las tasas en los procesos judiciales, la desjudicialización de los Registros Civiles que dejan de tener al frente a un Juez para tener a un Registrador y la reforma del Código Penal con endurecimiento de las penas para todos los delitos, introducción de la Pena de Cadena Perpetua Revisable y la introducción de nuevos delitos.

            La introducción de las Tasas Judiciales para iniciar un proceso judicial implica que para interponer una demanda con la intención de hacer valer un derecho legítimo presuntamente vulnerado, habrá que pagar una cantidad fija dependiendo del tipo de procedimiento (Juicio Verbal, Juicio Ordinario, Monitorio, Ejecutivo…) y un 0´5 por ciento de la cuantía del mismo. La consecuencia inmediata de esta novedad legislativa es el encarecimiento del acceso a la justicia pero a medio plazo provocará un retraimiento de la actividad contractual particular con la consiguiente subida general de precios de determinados productos, afectando concreta y directamente a sectores como los arrendamientos urbanos, el mercado de segunda mano de vehículos y todo tipo de transacciones entre particulares con el más que previsible beneficio de las grandes empresas y corporaciones mercantiles, únicas que podrán permitirse contratar teniendo facilidades para pleitear si llega el caso. Así por ejemplo, si un ciudadano particular tiene una vivienda vacía se lo pensará dos veces antes de alquilarla pues en caso de arrendarla por seiscientos euros al mes a un inquilino sinvergüenza que le deja de pagar la renta, para demandarle tendrá que pagar, además de los servicios de un abogado y de un procurador, cien euros en concepto de tasa por el procedimiento a seguir (juicio verbal) más 36.- Euros correspondientes al 0´5 por ciento de la cuantía del procedimiento que en este caso concreto sería la de un año de renta, esto es 7.200.- Euros. Evidentemente, los que aún así mantengan su decisión de alquilar una vivienda repercutirán los riesgos y los presumibles costes procesales en la renta del alquiler lo que supondrá una subida del precio de la vivienda en alquiler o que esta deje de hacerse de “particular a particular” y se realice por medio de grandes empresas inmobiliarias. A mayor redundancia el pago de las costas no garantiza al justiciable ni la pronta resolución del procedimiento ni el cobro de las cantidades reclamadas en el procedimiento en caso de ganar el mismo.

            Por otra parte, las tasas judiciales contravienen claramente lo establecido en la Constitución de 1978 que garantiza la gratuidad de la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva, que consiste en el derecho de todos los ciudadanos a acudir a los tribunales en solicitud de amparo ante cualquier derecho presuntamente vulnerado.

            Por su parte, la sustitución de los Jueces a cargo de los Registros Civiles por simples Registradores, no solo supone la privatización de un servicio fundamental del estado y que, durante mucho tiempo sirvió para tener censados a los ciudadanos y reclamarlos para el servicio militar, debiendo estar, por tanto, solo a cargo directo del propio estado sino que además implicará que, o bien, habrá que pagar por las inscripciones obligatorias de nacimiento, matrimonio, fallecimiento y las que se hacen en la sección de “tutelas y representaciones legales” (Sección 4ª del Registro Civil), o bien, habrá que pagar por la expedición de certificados, literales o en extracto, de estas inscripciones y que son imprescindibles para realizar numerosas gestiones como testamentarías, determinados procedimientos judiciales, expedición de Documento Nacional de Identidad y Pasaporte, etc… Todo ello sin contar con que también habrá que pagar por las inscripciones marginales como las que se hacen en la sección Segunda del Registro Civil (Matrimonio) en caso de separación o divorcio. Es decir, la reforma del Registro Civil se traduce en mayores costes para los ciudadanos y más beneficios para Notarios y Registradores que han visto descender notablemente sus ingresos con el hundimiento del sector inmobiliario además de retrotraer a España al periodo anterior a la creación del Registro Civil en 1871 cuando únicamente existían los Registros Parroquiales, creados por el Concilio de Trento, que eran y son llevados en cada parroquia y en los que constaban y constan el bautismo (nacimiento), confirmación, boda (matrimonio) y enterramiento (muerte) (1).

            Por último, la modificación prevista del Código Penal constituye ya el mayor de los desafueros que se pueden cometer enterrando definitivamente el principio de “intervención mínima del derecho penal”, inventando penas de dudosa constitucionalidad para determinados delitos como la pena de “Cadena Perpetua Revisable” y cuyo nombre en sí mismo es una contradicción en sus propios términos pues una Cadena Perpetua es precisamente perpetua y jamás puede revisarse, se endurecen las penas para los casos de “resistencia pasiva” y en los que intervenga “odio ideológico o racismo”, se crean delitos nuevos como el que prevé una pena de hasta dos años de prisión a todo aquel que ayude dando dinero o cobijo a un extranjero ilegal y se despenaliza la esterilización de las personas con discapacidad.

            Con esta reforma del Código Penal, el Partido Popular, el partido del gobierno, pone de manifiesto sus graves contradicciones internas y sus miedos. En primer lugar queda claro que el Partido Popular, a pesar de sus constantes protestas de fe democrática, posee una fuerte corriente interna de extrema derecha a la que tiene que cuidar, de ahí la creación de la pena de “Prisión Permanente Revisable” para determinados delitos y la creación del delito de ayuda o socorro a inmigrantes ilegales el cual, junto con la prevista despenalización de la esterilización de discapacitados, viene a contradecir el endurecimiento de las penas para los delitos de motivación racista o xenófoba y guarda cierta similitud “espiritual” con algunas de las disposiciones legales contenidas en “Las Leyes Raciales de Nuremberg” promulgadas en Alemania en 1938, haciendo de la xenofobia una especie de monopolio de la autoridad estatal. Por ultimo, el endurecimiento de las penas para los casos de resistencia pasiva y el reforzamiento del poder policial ante manifestaciones ciudadanas pone de manifiesto el miedo del gobierno de que, ante la situación de desesperación en que éste está llevando a la inmensa mayoría del pueblo español, la situación pueda ponerse fuera de control con la consecuente aparición de dudas respecto al acatamiento de un poder que pierde legitimidad por minutos.

            En definitiva, si el señor Ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón, afirmó a un medio de comunicación hace unas semanas que “Gobernar es, a veces, repartir dolor” está demostrando con estas reformas legales que las leyes son su medio particular de repartir y acrecentar ese dolor. No obstante, el señor Ministro, que parece creerse un gran legislador destinado a la inmortalidad histórica, debería recordar a ese otro gran legislador que fue Dracón de Tesalia cuyas duras leyes le harían pasar a la historia pero también le hicieron morir en el exilio ante el descontento popular.















(1) La creación del Registro Civil fue una exigencia liberal del Siglo XIX para eliminar la influencia de la Iglesia Católica en el censo y registro de la población. No obstante, provocó una gran reacción social en gran medida a causa de que el Registro Civil servía de instrumento político para controlar a la población, exigirla impuestos y obligarla a hacer el servicio miliar, lo que provocó en que durante la III Guerra Carlista fuera un hecho habitual por parte de los carlistas la quema de los Registros Civiles junto con los Registros de la Propiedad, mientras que las tropas liberales afines al bisabuelo del actual Jefe del Estado se dedicaban a quemar los Registros Parroquiales.

viernes, 21 de diciembre de 2012

UN AÑO MÁS


Próximo a terminar este año 2012 en el que mientras unos pronosticaban el fin del mundo otros aprovechaban tan apocalíptico vaticinio para hacer negocio, lo cierto es que el fin del mundo no se ha producido, lo cual no significa que el año haya sido bueno. 

La inexistencia de ese drama colectivo que hubiera sido la extinción del ser humano y la destrucción del mundo no debe alegrarnos al extremo de hacernos olvidar los miles y miles dramas individuales que en este año 2012 se han producido en nuestro país por la propia mano y voluntad de los hombres que ocupan puestos de gobierno: desahucios, ruinas familiares, recortes sociales de todo tipo que afectan a los económicamente más débiles, etc…

En realidad, el ser humano es completa y absolutamente libre para obrar y por tanto de todos los males que nos afectan es él el único responsable, porque precisamente responsabilidad es lo que implica la libertad, aunque tal responsabilidad no se nos exija inmediatamente y ni siquiera en este mundo. Y el ser humano ha demostrado no ser muy responsable porque guiado por un anhelo individualista y desproporcionado de riquezas y beneficios de todo tipo no se preocupa de los demás y no reflexiona sobre el hecho incuestionable del que el más pequeño de los actos que acometemos tiene sus consecuencias en los demás y su reflejo en la eternidad.

Los individuos deben pensar, y no existe mejor momento para ello que las fechas navideñas que se aproximan, que el hombre no es una isla en el mundo y que nada de lo que le rodea, sobre todo el sufrimiento, le es ajeno porque ver el padecimiento del prójimo y no remediarlo en la medida de nuestras posibilidades tendrá en el futuro su fatal castigo pero en el presente conllevara la penitencia de no poder alcanzar la felicidad pues como dijo el filósofo del martillo “mientas que haya un perro que sufra, el hombre no podrá ser feliz”.

En cualquier caso, y aunque este año 2012 ha sido una suma de tragedias individuales execrables y nada fácil para el que esto escribe, “El Chouan Ibérico” les desea a todos  

UNA MUY FELIZ NAVIDAD

martes, 18 de diciembre de 2012

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS PARA ESTAS NAVIDADES 2012



            Nuevamente, como en todas las Navidades anteriores, “El Chouan Ibérico”, desea sugerir a sus lectores que regalen libros porque, en este tiempo de mentiras y sofismas sutiles, se hace obligado adquirir conocimientos para, lejos de dejarse engañar y siguiendo la máxima filosófica de que “lo que se puede decir, se debe decir claramente”; llamar embusteros y falsarios a quienes nos engañan y mienten.

            Así pues, “El Chouan Ibérico” ofrece a sus lectores la siguiente pequeña relación de libros editados recientemente y que se consideran de interés para próximos regalos siendo de excelentes temáticas y calidades editoriales.

            - “Urdangarin. Un Conseguidor en la Corte del Rey Juan Carlos” de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, editorial La Esfera de los Libros. Obra próxima al reportaje periodístico que relata con los más mínimos detalles el primer gran escándalo conocido y televisado ocurrido en el seno de la familia del actual Jefe del Estado.  

       - “Robespierre” de Javier García Sánchez, editorial Galaxia Gutenberg. Voluminosa y bien documentada novela histórica que narra los acontecimientos decisivos de la historia europea y mundial en la que estuvo implicado el controvertido personaje de Maximiliano Robespierre.

            - “Masoneria, Religión y Política” de Manuel Guerra Gómez S.J., editorial Sekoia. Obra altamente documentada que sin caer en la teoría conspirativa y en el fanatismo fantástico de la abundante literatura dedicada al complot masónico, presenta con objetividad la historia, los procedimientos y las verdades descubiertas por el autor sobre esta sociedad secreta de la que muchos hablan, pocos conocen y menos aun, incluso miembros de la misma, saben cual es su finalidad.

            - “El Conde de Abranhos” de Eça de Queirós, editorial Acantilado. Aunque escrita hace casi cien años resulta una muy actual novela crítica que, con brillantez y humor, refleja las costumbres políticas de nuestro tiempo y como los más grandes bribones pueden esconderse bajo la más tupida capa de honorabilidad cuando un pueblo no sabe o no quiere reconocer la canalla vestida de seda.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

ESCRITOS TRANSICIONALES (Y III): EL HISPANORUM MODUS VIVENDI

Muerto Franco, aprobada la Constitución y formado, por primera vez en la historia de España, el primer gobierno socialista en solitario; concluyó la gran operación de ingeniería jurídico-política conocida por “la transición”, la cual explica por sí sola la conocida frase de Giuseppe Tomaso di Lampedusa: “Es necesario que todo cambie para que todo siga igual”, y dio comienzo, con algún que otro altibajo, el momento político actual que aún continúa y que en realidad no ha sido nada más que un “Hispanorum Modus Vivendi” entre los de arriba y entre los de arriba y los de abajo.

            Con el Partido Socialista Obrero Español en el poder en el año 1982, no solo se derrumba el mito de la izquierda revolucionaria de una forma nítida y sin paliativos, sino que no son pocos los adinerados aristócratas de recio abolengo y los burgueses capitalistas que, al amparo de “el puño y la rosa”, hacen excelentes negocios y multiplican sus riquezas. Son los años ochenta del siglo pasado, España acaba de entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la entonces Comunidad Económica Europea (antes Mercado Común y después Unión Europea), los precios experimentan su primera subida espectacular de la noche a la mañana a consecuencia de la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava el consumo y se inician las primeras grandes inversiones públicas y privadas en infraestructuras en las que se invierten los ingentes “fondos de cohesión” que nos da Europa a cambio de acabar con el sector agropecuario español y con la infraestructura industrial existente. Son los años en qué criticar la entrada de España en la CEE estaba generalmente mal vista por todos, especialmente por los españolitos de a pié.

            Desde 1982 hasta el año 2008 aproximadamente, España percibe numerosas ayudas económicas de la Unión Europea, pero esas ayudas, en principio generosas en extremo, no son gratuitas sino que se deben a unas contraprestaciones exageradas y desproporcionadas que nuestro país hace a Europa como son limitar la producción agropecuaria, vender las industrias del sector público y eliminar todo sector industrial, como el naval o el siderometalúrgico, que pudiera hacer la más mínima competencia a la industria Francesa o Alemana. Por otra parte esas ayudas o “fondos de cohesión” debían de emplearse en construcción de infraestructuras de comunicación haciéndose numerosas autovías, autopistas, redes ferroviarias de alta velocidad y mejorándose puertos navales, aeropuertos etc.… A esas obras públicas que se estaban realizando en nuestro país se añaden a mediados de los años noventa del siglo XX el afán urbanizador que hace que se emprenda la construcción de numerosas urbanizaciones de lujo, Resort, complejos hoteleros y viviendas de toda clase destinadas no tanto a la venta en el mercado interior como a satisfacer el mercado turístico y el deseo de sol, playa y servicios sociales de numerosos europeos de “clase media” (1) que venían a disfrutar de su jubilación a nuestro país donde además se encontraban con la mejor sanidad de Europa. La construcción de todas estas infraestructuras y el boom inmobiliario contribuyeron a crear numerosos puestos de trabajo y a que el desempleo llegara, en el año 2007, a su cota más baja desde 1978 a la vez que el estado se enriquecía a través de todo tipo de impuestos, especialmente del IRPF, IVA y Transmisiones Patrimoniales; es decir se llegó a una situación de aparente riqueza y bien digo “aparente” porque la verdadera riqueza es aquella que se puede sostener indefinidamente en el tiempo y no la que se crea o se viene abajo de la noche a la mañana.

            En esta época nadie se percató que se había destruido todo el tejido productivo del país y que esas ayudas o fondos se podían dejar de percibir generando, el necesario mantenimiento de todas esas infraestructuras, en muchos casos faraónicas; un gasto constante al estado que este no podría afrontar sin incrementar el endeudamiento y el déficit público, sin subir los impuestos y sin cobrar o recortar determinados servicios públicos. Por otra parte esta era la época en la que un simple peón, sin más estudios que la Enseñanza Obligatoria, ganaba más que un doctor en filosofía y en la que los ciudadanos se hipotecaban alegremente a cuarenta y cincuenta años vista sin ser conscientes que, por las diversas modificaciones normativas en materia laboral, nadie tenía el puesto de trabajo asegurado más allá de cinco o seis años como mucho. Esta era la época en que criticar la construcción de tanto Resort y de tanta infraestructura estaba mal vista, era también la época en la que los escándalos de corrupción política surgían públicamente pero lejos de ser contestados en las urnas eran incluso recompensados por los votantes y finalmente era la época en la que quien decía que “se estaban asumiendo riesgos económicos peligrosos e innecesarios” era catalogado de pájaro de mal agüero.

            Y es que el régimen político nacido de la Transición y organizado jurídicamente conforme a la Constitución de 1978 culminó en la creación de un simple “Hispanorum Modus Vivendi” consistente en lo siguiente:

            Los políticos, convertidos en casta, mantenían muy cordiales relaciones entre si amparándose en numerosos casos entre ellos y estando totalmente de acuerdo en los temas llamados de “estado” y que consistían en favorecer la gobernabilidad y la estabilidad del régimen, es decir el sostenimiento del mismo, así como en apoyarse en los temas de política exterior que, a la postre, lo que implicaban realmente era perdida de soberanía y desmantelamiento productivo del país. Por su parte las Instituciones del Estado, actuando como verdaderos “estómagos agradecidos”, dotaban de legalidad,  aparente transparencia y credibilidad democrática a los actos de gobierno y aplicaban sin crítica ni conciencia las leyes, tratados y demás estipulaciones emanadas del poder legislativo que a su vez se limitaba a asentir ante las proposiciones de ley del ejecutivo el cual, por cierto, no era ajeno ni diferente a la mayoría parlamentaria.  De este modo los políticos se garantizaban la inexistencia de verdaderos ataques entre ellos y la moderación en todas las críticas de los contrarios (2).

            Por su parte, los gobernantes y demás políticos tomaban las decisiones de gobierno que estimaban oportunas, incrementaban lenta y progresivamente la carga impositiva a los gobernados pero a su vez les permitía ciertas prácticas o comportamientos disolventes. Así por ejemplo, jamás ha existido ni voluntad ni medidas socio-legales serias para conseguir que la llamada “economía sumergida” aflorase, es decir, el gobierno y las instituciones sabían que gran parte del pueblo español subsistía y conseguía un “sobresueldo” trampeando, “haciendo chapuzas”, etc… y le dejaban hacer (al fin y al cabo fue ese “trampeando” lo que evitó una explosión social en 1994 cuando se llegó a la cifra de tres millones de parados).

            Por último, los ciudadanos españoles vivían con cierta alegría, votaban cada cuatro años a uno u otro partido, se escandalizaban momentáneamente cuando transcendía a la prensa, siempre partidaria, un caso de corrupción política o institucional que al poco tiempo caía en el olvido, se mantenían con una “lealtad inquebrantable” hacia el “Régimen de libertades que nos habíamos dado todos” y ni criticaba ni se cuestionaba nada… el ciudadano español estaba incondicionalmente con el régimen emanado de la transición y con sus políticos al igual que antes había estado con el régimen franquista y con sus jerarquías. El ciudadano español, que mayoritariamente se declaraba “apolítico”, pero que luego contradictoriamente participaba masivamente en los procesos electorales, dejaba hacer libremente a la casta política y demostraba una fe ciega en ella satanizando o criminalizando toda opinión crítica con lo que estaba pasando. El ciudadano español, no tenía problemas importantes… llevaba a sus hijos al colegio sin considerar que los planes de estudios estaban tan desvirtuados que lo que estaban haciendo era preparar una generación (o varias) para el fracaso, si le subían los precios intentaba sacarse un sobresueldo haciendo “chapucillas” que no declaraba y si le subían los impuestos ocultaba sus ingresos sin ser consciente de que todo eso se lo dejaban hacer y si conseguía ocultar uno era porque le estaban sacando veinte por otro lado. En definitiva… el español consideraba que vivía bien porque abría el grifo del agua y el agua salía, porque por fin “éramos europeos” homologados y porque se estaban construyendo enormes rascacielos que daban un aspecto moderno y europeo a las ciudades españolas a la vez que podía irse de vacaciones a las playas valencianas circulando con su coche por una autovía en vez de por aquella tortuosa carretera nacional de dos carriles.

            No obstante,  este “Hispanorum Modus Vivendi”, que en resumen era una manifestación práctica de lo manifestado cínicamente por Federico El Grande en el Siglo XVIII de que “El pueblo dice lo que quiere, yo hago lo que me da la gana y a eso le llamamos democracia”; requería para su funcionamiento de tres cosas imprescindibles: Dinero, dinero y dinero. Mientras hubo dinero, la casta política podía enriquecerse, rodearse de privilegios, crear sinecuras u observatorios donde colocar a sus clientes, amigos y parientes, ocultar o maquillar la situación real de desempleo con convocatorias de empleo público y permitiendo Expedientes de Regulación de Empleo que terminaban con miles de prejubilaciones, ser transigente con las liberalidades y malas prácticas de los de abajo y tener garantizado cierto apoyo social y el silencio de los contrarios pues “poderoso caballero es don dinero”. Asimismo mientras hubo dinero los de abajo no se hacían preguntas ni se cuestionaban de donde salía el dinero para todo lo que se estaba haciendo ni se preguntaban hacia donde se encaminaba el país. El pueblo español no tenía fe en Dios porque eso de Dios es algo irreal o metafísico, no se puede tocar, tampoco podía tenerla pues toda su fe la tenía depositada en sus políticos sin darse cuenta que la política en cuanto acto humano jamás puede ser objeto de fe pues constituye una certeza material comprobable y/o racionalmente previsible.

            Pero un día, el dinero dejó de fluir y la casta política que no solo no quiere renunciar a sus mas sibaritas privilegios sino que requiere dinero para seguir callando las bocas de sus contrarios u oponentes y para seguir creando poltronas donde los amigos puedan calentarse el trasero empezó a dejar ver lo que había hecho con el país, o mejor dicho, lo que todos le habían dejado hacer y empezó a incrementar la carga fiscal sobre los ciudadanos hasta niveles claramente confiscatorios y a recortar derechos fundamentales reconocidos en la “sacrosanta” Constitución de 1978 e incluso preexistentes a la misma. Ante esto, el pueblo español, mayoritariamente ausente durante cuarenta años empezó a movilizarse y a protestar, despertó ligera e infantilmente a la cruda realidad, aunque sin grandes resultados porque no ha asumido aún y tal vez no lo asuma nunca que no hay más solución que hacer hoy la ruptura que se debió hacer en 1975 exigiendo responsabilidades a los culpables de la desastrosa situación que hoy padecemos y marginándoles de toda posibilidad de volver a ocupar puestos de responsabilidad en la sociedad y en el estado.

            Hoy el pueblo español sigue sin ser consciente de que cuando salgamos de esta crisis, y seguro que saldremos, nada volverá a ser igual que hace tan solo cinco años. Los derechos que hoy perdamos serán los derechos que jamás conocerán nuestros bisnietos. Hoy, el pueblo español más que buscar una solución definitiva al desastre socio-político-económico-moral-existencial en el que esta sumida España parece coincidir nuevamente, de forma inconsciente, con la casta política en la intención de recomponer el ya imposible “Hispanorum Modus Vivendi” antes descrito en vez de asumir la dirección de su destino dando la espalda a todo lo política e institucionalmente existente y que le es adverso.


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(1)                La clase media europea no es equivalente a la clase media española. La clase media de centro Europa o de Europa del Norte en sus países de origen posiblemente están integrados, a tenor de su poder adquisitivo, en la clase media, media o, incluso, media baja pero al trasladarse a España con los sueldos o pensiones que cobran allí obtienen aquí gran poder adquisitivo y se convierten en clase media alta o incluso clase alta, máxime cuando una vez domiciliados en España acceden a todos los servicios y prestaciones que hasta ahora eran gratis para los españoles y que no tenían en sus países de origen como la sanidad.



(2)     Llama poderosamente la atención, y ahí están las hemerotecas donde se pueden consultar los periódicos, que un caso de corrupción que afecta a un político en concreto es rápidamente contrarrestado con otro caso de corrupción que afecta a otro político de signo contrario. Es como si al aparecer un caso de corrupción alguien hiciera aparecer otro para hacer entrever que todos tienen trapos sucios ocultos y que se pueden sacar a la luz y se pretende usar el caso de corrupción puesto al descubierto. 

           

miércoles, 5 de diciembre de 2012

ESCRITOS TRANSICIONALES (II): LA CONSTITUCIÓN DE 1978



            El 6 de Diciembre de 1978 el pueblo español aprobaba en referéndum la actual y vigente Constitución Española que se le había sometido a consideración siendo sancionada por Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey el 27 de Diciembre y publicada por el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) el día 29 del mismo mes y año teniéndose extremo cuidado de evitar el Día de los Santos Inocentes (28 de Diciembre) por ser una jornada dedicada a la jocosidad y a las bromas no fuera a ser que, si la Constitución de 1812 adquirió el sobrenombre de “La Pepa” por ser aprobada un 19 de Marzo, ésta última fuera bautizada por la sabiduría popular como “La Inocentada”.

            Pasados más de treinta años desde su promulgación y entrada en vigor, la Constitución Española de 1978 no tiene sobrenombre conocido aunque bien le hubiera venido uno de los dos siguientes: el de “La Inocentada” por constituir, hoy en día, una verdadera broma de pésimo gusto para todos los españoles que ven día a día como se incumplen sistemáticamente todos los Derechos Fundamentales en ella proclamados; o bien, el de “La Cuestioná” pues no hay nadie de Norte a Sur y de Este a Oeste de la geografía española que no cuestione, de una forma u otra, su validez y eficacia.

            La redacción del proyecto del texto constitucional fue encargada a una ponencia integrada por siete diputados representantes de Unión de Centro Democrático (Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca, Miguen Herrero y Rodríguez de Miñón), Alianza Popular (Manuel Fraga Iribarne), Pacte Democratic per Catalunya (Miquel Roca i Junyent), Partido Socialista Obrero Español (Gregorio Peces Barba) y Partido Socialista Unificado de Cataluña-Partido Comunista de España (Jordi Sole Tura) encargándose la redacción del Preámbulo constitucional a Enrique Tierno Galván del Partido Socialista Popular. El proyecto constitucional fue aprobado en el Congreso con el voto a favor de todos los diputados menos los cinco de Alianza Popular, que  seguramente votaron así para salvar la cara ante sus votantes procedentes de aquello que se llamó “el franquismo sociológico”;  y uno de Euzkadiko Ezkerra dejando patente y manifiesto la conjura de todos los partidos en sacar adelante un texto que lo único que en realidad garantizaba era los derechos y prebendas de los dirigentes políticos.

            La aprobación y entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 supuso el final de la operación jurídico-política en que consistió la “Transición” consiguiendo que el régimen nacido de la misma adquiriera total credibilidad interna y externa. Dentro de España la Constitución consiguió que los españoles cerraran filas en torno a un texto legal que, lejos de ser directamente aplicable, es poco más que una mera declaración de intenciones que, por la propia estructuración del estado, no garantiza nada de forma efectiva, es decir, la Constitución de1978 fue para el pueblo español hasta hace muy poco tiempo una especie de “Bálsamo de Fierabrás” que amparaba a los justos de todo abuso o amenaza tiránica. Por su parte, internacionalmente la Constitución de 1978 despejaba todas las dudas sobre el camino emprendido por el régimen sucesor de la dictadura franquista haciéndolo homologable a los países occidentales al garantizar el “mínimo democrático” imperante en todas las democracias europeas, esto es: sufragio universal periódico, sistema representativo partitocrático (a través de partidos políticos), economía de libre mercado y unas garantías y derechos nominales, que no reales, abstractos y en cualquier momento susceptibles de interpretaciones restrictivas.

            El transcurso de los años, ha hecho que los españoles descubramos que la Constitución de 1978 sirve a unos fines que no son los que se proclamaron en su momento no suponiendo ninguna garantía de derecho ciudadano alguno. De hecho, justo resultaría referirse a la Constitución de 1978, con ánimo jocoso, como “La Inocentada” y ello porque el propio lenguaje jurídico empleado en la redacción de la misma sirve para ocultar a la inmensa mayoría de españoles, legos en derecho, que no pocos artículos constitucionales se redactaron como pura y simple justificación sin que realmente el legislador constitucional y sus sucesores tuvieran ánimo o espíritu alguno de aplicarlos.

            Para empezar y a modo de simples ejemplos, aunque podríamos citar más, citaremos el artículo 1º de la Constitución y el Título VII del mismo texto. El artículo 1º de la Constitución establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Esto supone claramente (con una claridad meridiana) que los derechos sociales de los que disfrutaban los españoles el día antes de entrar en vigor la Constitución deben ser mantenidos a toda costa porque si antes de la entrada en vigor de la Constitución no había un estado social y democrático de derecho naciendo el mismo de la Constitución de 1978 ello implica que jamás se pueden recortar derechos existentes con anterioridad a la entrada en vigor del texto constitucional pues el mismo implica que, como mínimo, se han de garantizar esos derechos sociales preconstitucionales para que España pueda considerarse un Estado social. En este sentido, se ha de indicar que, una vez en vigor la Constitución, se puede emprender un camino tendente a ampliar y profundizar en derechos sociales pero jamás negarlos o reducirlos a un nivel inferior a los existentes en la situación pre-constitucional porque tal cosa supone el absurdo material, en el que ahora nos encontramos a causa de las medidas impuestas por el actual gobierno, de que en un Estado social legalmente constituido hubiera menos derechos que en el estado preconstitucional sin ser éste un Estado social.

            Por su parte el Título VIII de la Constitución, consagrado íntegramente a la “Organización Territorial del Estado” y a las Autonomías es el ejemplo más nítido de que la Constitución surgió con la intención de no aplicarse. Para bien o para mal, la Constitución reconoce la existencia del llamado “Estado de las Autonomías” que en ciencia política es una “cosa rara” pues no es un estado centralista, como tampoco es un estado federal o confederal. De todas las opciones posibles de organización territorial se excluyó la solución Federal (la mejor de ellas sin ningún género de dudas) porque la mayoría de los ponentes constitucionales eran claramente centralistas optando por la fórmula de compromiso de “Estado de las Autonomías” para dar algún tipo de cabida a las minorías catalana y vasca representada en las Cortes Constituyentes de 1977 por el Pacte Democratic per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco, pero siempre con la intención de no ceder competencia alguna y mantener cierto centralismo. El “Estado de las Autonomías” implicaba, constitucionalmente hablando, la posibilidad de que las regiones que lo desearan se constituyeran en comunidades autónomas a las que el Estado central cedería unas concretas competencias enumeradas en el texto constitucional. No obstante, desde su origen la creación del “Estado de las Autonomías” ha generado tensiones entre diversas Comunidades Autónomas y el estado central a consecuencia de la negativa de éste último a cederle las competencias que, conforme a la Constitución y a las Leyes Orgánicas que aprobaban los respectivos “Estatutos de Autonomía” debían ser transferidas lo que ha provocado que el “Proceso Autonómico” haya tardado muchos años en cerrarse y, cuando lo ha hecho, lo haya hecho en falso, sin dar solución definitiva a la estructuración territorial del país.

            Finalmente, en el momento presente, la Constitución de 1978 también merece el sobrenombre de “la Cuestioná” pues no existe ciudadano, e incluso político constitucionalista, es decir, político que vive o ha vivido de la Constitución; que no cuestione su validez. Los modos y formas de cuestionar la Constitución son muy diversos y variados; así la cuestiona quienes deseamos unas Españas federadas, la cuestiona quien pretende la secesión de una parte del estado, la cuestiona quien desea una forma republicana de estado o quienes deseamos una dinastía reinante cargada de obligaciones, responsabilidades y legitimidad, pero los que más la cuestionan son los que, desde las diversas instituciones del estado la incumplen constantemente, la falsean y obtienen siempre interpretaciones judiciales conformes a sus decisiones políticas que permiten moldear la legalidad para ajustarla a los hechos en vez de valorar si los hechos se ajustan a la legalidad.

            Hoy, a los treinta y dos años de la aprobación de la Constitución, ésta resulta una ley estéril por sus frutos porque los españoles ya tienen menos derechos que antes de constituirse España en estado social, es un texto muerto por ser cuestionado por la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y es un monumento a la falsedad política porque solo ha servido para garantizar la existencia de un régimen partitocrático donde impera impunemente la corrupción, el clientelismo, el enchufismo y el nepotismo. Por eso, frente a las numerosas voces que reclaman con justicia pero con excesiva inocencia la reforma constitucional se ha de hacer valer la coherencia y la experiencia reclamando la derogación constitucional y el inicio de un nuevo proceso constituyente del que estén marginados todos aquellos que han originado o han vivido a costa el actual régimen causando el presente desastre social y político en que se encuentra sumido el pueblo español.



lunes, 26 de noviembre de 2012

ESCRITOS TRANSICIONALES (I). ¿QUE FUE LA TRANSICIÓN?



         El 20 de Noviembre de 1975 fallecía en una habitación del Hospital de la Seguridad Social “La Paz”, el anterior Jefe del Estado Español, Generalísimo de todos los Ejércitos y dictador autócrata, Francisco Franco Bahamonde, abriéndose así un periodo de rápidos cambios políticos que ha pasado a la historia de España con el nombre de “La Transición Política” y que culminaría, tras la aprobación de la vigente Constitución, en 1978, con el afianzamiento del actual régimen jurídico y político que, ya se puede decir claramente, padece el pueblo español..

            La “Transición” española se ha presentado por todo el mundo en numerosas conferencias bien pagadas impartidas por distintos protagonistas de la misma como modélica y ejemplo a seguir por numerosos países de Hispanoamérica y del Tercer Mundo (¡!) enseñándose a los niños en las escuelas españolas que es una cosa de la que los españoles tenemos que estar orgullosos pues, pacíficamente, conseguimos darnos a nosotros mismos un régimen repleto de libertades y derechos. No obstante, pasados ya casi cuarenta años del inicio de la “Transición”, se impone no solo hacer un balance de la misma, que no solo resulta desfavorable atendiendo a la situación política y social de los últimos dos años, sino sobre todo explicar a la generalidad de los ciudadanos de una vez por todas en qué consistió esa “Transición” porque atribuir la misma a la generosidad de unos líderes políticos que en muchos casos no se representaban nada más que a sí mismos y a su gran capacidad política para llegar a pactos y acuerdos con los contrarios no resulta nada más que una especie de alegoría propia de aquellas pinturas neoclásicas de Louis David en las que se pretendía sublimar un acontecimiento o un personaje histórico.

            Algunos de los protagonistas de la “Transición” como el antiguo líder del Partido Comunista recientemente fallecido, Santiago Carrillo, han afirmado, años después y ya desde el ostracismo político, que en la misma se cometieron errores y que se llegaron a acuerdos porque en aquel momento no había más remedio que pactar pues lo importante era que España tuviera democracia (aunque en la actualidad el pueblo español la considera gravemente deficitaria). No obstante nada hay más erróneo que considerar que en aquel momento las exigencias de la oposición al régimen franquista pudieran desencadenar un proceso de involución o de enfrentamiento civil que impidiera el cambio de régimen.

            El régimen franquista nace el 1 de Octubre de 1936 con la exaltación de Francisco Franco a la Jefatura del Estado del bando sublevado, se consolida con la Victoria sobre el ejército republicano el 1 de Abril de 1939 y se afianza definitivamente en 1945 con la no intervención aliada al finalizar la II Guerra Mundial. Desde el mismo momento de su nacimiento, el régimen se fundamenta en la concentración en la persona de Franco de todas las lealtades y en la unificación en un el Partido Único, que posteriormente se conocería como “El Movimiento”, de las diversas, e incluso contrapuestas, tendencias políticas que participaron en el alzamiento del 18 de Julio de 1936. En 1975, transcurridos casi cuarenta años desde su nacimiento, el régimen de Franco lleva años siendo un régimen político en descomposición sostenido únicamente por una enorme maraña de comodidades e intereses creados; son esos intereses creados la única base que apoya y sostiene al régimen franquista en el momento de la muerte del dictador, es decir, en el momento del fallecimiento de Franco el régimen ya no tiene ningún sustento ideológico ni ninguna finalidad política, extremo éste que, conocido por todos, será el único factor decisivo para que la transmisión de poderes del fallecido Franco a Juan Carlos de Borbón y los cambios legales posteriores se produzcan sin traumas ni violencias.

            Al dimitir, el 1 de Julio de 1976; el último Presidente del Consejo de Ministros nombrado por Franco, Carlos Arias Navarro, es sustituido en el cargo por Adolfo Suárez quien hasta la fecha había desempeñado el puesto de “Camarada Ministro Secretario General del Movimiento” por lo que se puede considerar a Suárez un profundo conocedor del régimen franquista, de su estado de salud general y de todos sus entresijos además de tener un conocimiento muy acertado de la situación real de todos los grupos y partidos de la oposición. A partir de ese momento comienza la gran operación política tendente a desmontar el “Movimiento”, esto es, el Régimen Franquista;  para reconvertirlo en un régimen político homologado u homologable con los regímenes políticos existentes en Europa Occidental.

            La idea que se ha transmitido de la Transición es que fue una operación de ingeniería jurídico-política iniciada por Adolfo Suárez desde la presidencia del gobierno basada en el acuerdo entre dos supuestas fuerzas políticas antagónicas e irreconciliables, no obstante esta es una idea interesada y falsa pues en realidad ninguna de las fuerzas en presencia en el momento de la muerte de Franco eran fuerzas políticas sino otras cosas.

            Dentro del Régimen Franquista, lo que existía eran unos colectivos humanos agrupados en el partido único de Falange, los sindicatos verticales, el ejército y la casta política del momento que se lo debían todo a Franco y a su régimen por lo que veían cualquier posible cambio como un peligro a sus múltiples intereses particulares y a su posición social. Por su parte la situación de la llamada oposición no era muy distinta pues estaba integrada por numerosos grupos, muchos de ellos sin ninguna auténtica presencia social, era altamente heterogénea y en no pocos casos sus propios líderes o eran hijos (o familiares próximos) de jerarcas del régimen o procedían ellos mismos de alguna organización del movimiento, pudiéndose afirmar que el grupo más numeroso y organizado de los de la oposición al franquismo era el Partido Comunista de España dirigido por Santiago Carrillo y aún este se encontraba muy lejos de ser un grupo homogéneo ya que agrupaba en su seno las más diversas tendencias muchas de las cuales no tenían nada de comunistas pero que se habían incluido en el PCE por ser el grupo mejor organizado en la clandestinidad.

            Así pues, el panorama con el que se encuentra el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez es el siguiente: unos llamados franquistas que, conservando el régimen o sin conservarlo, lo que quieren es conservar sus privilegios y una oposición débil y fragmentada cuyos líderes quieren más acceder al poder y a los privilegios que cambiar sustancialmente las cosas. Estando así las cosas, la oposición al franquismo aparece organizada en dos formaciones unitarias: la Junta Democrática creada en 1974 e integrada por el PCE, CCOO, PSP, PTE, Partido Carlista e independientes, y la Plataforma de Convergencia Democrática creada en 1975 por el PSOE, Movimiento Comunista, Democratacristianos y Socialdemócratas, ambas formaciones convergen en Marzo de 1976 en la organización Coordinación Democrática, popularmente conocida como “la Platajunta”, a la que se adhieren partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. Las demandas y objetivos de la “Platajunta” son la amnistía, la legalización de todos los partidos políticos que lo soliciten y la convocatoria de unas elecciones a Cortes Constituyentes.

            Mientras que la oposición al franquismo lucha por aparentar unidad y más fuerza que la que tiene (en realidad la mayor parte de la militancia activa y de calle de las fuerzas de la oposición la ponía el PCE y el Partido Carlista), Suárez maniobra dentro del régimen y presenta a las Cortes Franquistas en Noviembre de 1976 una propuesta de Ley Fundamental (la octava Ley Fundamental del Régimen) llamada “Ley Para la Reforma Política” que contemplaba la convocatoria de elecciones para elaborar una Constitución y que, en cinco artículos, desmontaba el Régimen de Franco. “La Ley de Reforma Política”, fue defendida ante las Cortes franquistas por el Procurador en Cortes Miguel Primo de Rivera siendo aprobada el 18 de Noviembre de 1976 por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. La aprobación de la “Ley de Reforma Política” por las Cortes franquistas es conocida como el “Hara Kiri de las Cortes franquistas”, aunque realmente no existió tal “Hara-Kiri” pues la aprobación de esta ley fue fruto de múltiples negociaciones entre el gobierno y los Procuradores en Cortes de cuyo contenido no se tiene constancia pública pero en las que se debió garantizar a los señores Procuradores que votasen a favor, su permanencia en la primera línea de la política activa porque la inmensa mayoría de los que votaron afirmativamente a la “Ley de Reforma Política” han permanecido en la vida política en diversos partidos e incluso alguno de ellos han conservado los mismos puestos que ocupaban en el Régimen Franquista y no han dejado jamás de viajar en coche oficial. Por lo que se refiere a los Procuradores que votaron en contra (a muchos no les quedaba más remedio que votar “no” por pura “dignidad” personal pues eran cimentadores del Régimen Franquista desde el 1 de Octubre de 1936 y un voto diferente hubiera sido escandaloso en extremo) si bien con el tiempo pasaron al olvido político, lograron colocar a familiares muy próximos en diversos partidos, empresas públicas e instituciones del nuevo régimen.

            La Ley de Reforma Política, fue sometida a un Referéndum Nacional el 15 de Diciembre de 1977, donde participó el 77 por ciento del censo obteniendo un ochenta por ciento de votos a favor. En la campaña del Referéndum Nacional del 15 de Diciembre de 1977, el gobierno de Adolfo Suárez no dudó en utilizar todo el peso propagandístico del “Movimiento” no faltando en pequeñas localidades quienes, desde la Jefatura Local del Movimiento, solicitaban a los ciudadanos el voto afirmativo vistiendo la camisa azul.

            La aprobación en Referéndum de la Ley de la Reforma Política pone nuevamente de manifiesto la debilidad de la oposición al régimen de Franco quien se había inclinado por la abstención y demuestra la debilidad del sector duro del régimen, conocido como el “Bunker”, que había solicitado el voto negativo (la abstención tan solo alcanzó un 23 por ciento, mientras que los votos negativos tan solo fueron un 20 por ciento) dejando las manos libres a Suárez para seguir adelante con la segunda fase de la Transición que consistía en convencer a los franquistas de que nada iba a ocurrir y que iban a seguir disfrutando, tal vez de una forma diferente, de sus privilegios y en incorporar a la oposición a un proyecto político, no precisamente popular y democrático pero homologable en Europa que se creará en torno al sucesor de Franco, Juan Carlos de Borbón.

            Así, Adolfo Suárez incorpora a la función pública general a todos los funcionarios del Movimiento y de los Sindicatos, organizaciones disueltas en virtud de la Ley de Reforma Política, legaliza a organizaciones de la oposición como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al Partido Comunista de España (PCE) quien hace una pública manifestación en rueda de prensa de aceptación de la bandera bicolor, de aceptación de la monarquía en la persona de Juan Carlos de Borbón y de reconocimiento de la unidad de España, mientras que otros partidos políticos más reivindicativos como el Movimiento Comunista, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) y el Partido Carlista siguen estando en la ilegalidad lo que supone la ruptura por parte de los partidos legalizados de los pactos suscritos durante la “Platajunta” ya que estos implicaban que ningún partido aceptaría ser legalizado e ir a unas elecciones si no eran legalizados todos los partidos políticos.

            A partir de aquí, todo queda encauzado (o como diría alguien “atado y bien atado”), se celebran unas elecciones el 15 de Junio de 1977 para elegir un Congreso de los Diputados y un Senado, en el que habrá Senadores de “Designación Real” nombrados a dedo por el Jefe del Estado, que tendrán por función elaborar una Constitución que se aprobará en referéndum el 6 de Diciembre de 1978 y que es la que esta aún vigente.

            Las carencias democráticas que años después han aparecido en el régimen nacido de la llamada “Transición” han sido justificadas por todos los participantes y protagonistas de la misma (franquistas reconvertidos en demócratas de toda la vida y opositores al régimen) por la necesidad de alcanzar unas libertades y por el miedo a una involución. Ahora bien, la realidad del momento demuestra que el miedo a una intervención militar en el proceso político no es más que una excelente excusa recurrente pues la involución no era posible por numerosos motivos:

            En primer lugar, Franco ordena en su testamento que Por el amor que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”. Considerando que el Régimen Franquista es un régimen personalista donde Franco reúne en su persona todas las lealtades esto equivale a una transmisión de esas lealtades a la persona de Juan Carlos de Borbón por lo que todos los franquistas y especialmente los militares quedaban obligados por el testamento de Franco a ser leales y a no oponerse, al menos activamente, a ninguna disposición del nuevo Jefe del Estado

            En segundo lugar, del Movimiento Nacional dependían numerosas organizaciones filiales tales como Sección Femenina, Sindicatos, Prensa del Movimiento (propaganda) y la llamada “Delegación Nacional de Milicias” con sede en la Calle Ferraz de Madrid que era una milicia supuestamente política integrada por voluntarios falangistas y de carácter auxiliar o de reserva del ejército, de la Policía Armada y de la Guardia Civil. Dicha “Delegación Nacional de Milicias” contaba con cien mil milicianos con licencias de armas en 1976 que les fueron retiradas pacíficamente y sin rechistar a lo largo de 1977. El hecho de que una organización militar de supuesto carácter político se dejase desarmar por unas autoridades que estaban acabando con el régimen y el ideario que dicha organización había jurado defender pone de manifiesto que nadie iba a actuar contra la política iniciada por Adolfo Suárez más allá de lo anecdótico.

            Finalmente el ejército, a pesar de ciertas radicales poses verbales y dimisiones como la del almirante Pita da Veiga a causa de la legalización del PCE, termina aceptando el proceso iniciado por la Ley de Reforma Política a cambio de una mejora de la soldada y del inicio de un proceso de modernización de todo el material de las fuerzas armadas consiguiendo la Armada Española la construcción de un portaaviones que iba a llamarse “Almirante Carrero Blanco”, que tardó en construirse diez años y qué terminó llamándose “Príncipe de Asturias”.

            Asimismo, la posibilidad de que se repitiera una situación de guerra civil similar a la de 1936-1939 era imposible sencillamente porque en 1975 no existían bandos. Los franquistas habían demostrado que no aspiraban nada mas que a la defensa y conservación de su status mientras que la oposición, que ya había fracasado militarmente en todas las tentativas bélicas para derrocar al régimen desde la invasión del Valle de Aran en 1944 y que había tenido que renunciar a continuar la guerra del maquis en 1950, no estaba en condiciones humanas ni materiales para lanzarse a una nueva aventura guerrera.

            El tema de la amenaza de un golpe de estado, de una involución o de una nueva guerra civil como justificación para que las fuerzas de la oposición aceptasen la monarquía cuando la inmensa mayoría de ellas se proclamaban republicanas y el no pedir cuentas al régimen anterior no se sostiene y no es más que una leyenda con la que han mantenido sumisos a los españoles durante tres décadas.

            Por otra parte la llamada “Transición” no fue obra de grandes y generosos hombres de estado sino simple y llanamente una operación transaccional que cualquier trilero dotado de “don de gentes” podría haber realizado porque en lo que realmente consistió la “Transición” fue en tapar bocas y en calentar culos de personas altamente ambiciosas a las que se podría aplicar la cita de Hobbes de que “aquellos que piden la libertad, no es en verdad la libertad lo que piden, sino el poder”. Tapar bocas con cargos, subvenciones y privilegios y calentar culos permitiendo el acceso a cargos gubernamentales a líderes de la llamada oposición al régimen y/o creando puestos políticos para que más gente accediera a poltronas donde mantener calientes sus posaderas y cubiertos los riñones.

            Durante décadas el pueblo español, traicionado en ese proceso llamado de la “Transición” por los propios líderes que decían ser opositores al régimen franquista, se ha creído los mitos y leyendas que han rodeado el indebidamente magnificado proceso de cambio político y se ha sentido feliz y partícipe del régimen de aparentes derechos y libertades “que nos hemos dado todos”. No obstante, desde hace tres o cuatro años parece haber despertado y haber comprobado que “no es oro todo lo que reluce” y es que casi cuarenta años después de muerto el dictador, los cimientos del régimen surgido de la Transición se resquebrajan a causa de una crisis económica que impone recortes y retrocesos sociales a los ciudadanos mientras que la casta política sigue disfrutando de todos sus privilegios porque el régimen no puede permitirse el lujo de que no haya dinero (“café para todos” lo llaman algunos) para seguir tapando bocas y calentando culos pues precisamente esa es la base fundacional del actual régimen y sin ese  requisito el mismo no podría subsistir.

martes, 20 de noviembre de 2012

“CARTA A UN SOLDADO DE LA QUINTA DEL SESENTA” de ROBERT BRASILLACH


          “Carta a Un Soldado de la Quinta del Sesenta” es un curioso folleto que, junto con los poemas de Fresnes, escribió Robert Brasillach a finales de 1944 antes de ser ejecutado por colaboracionista.

            Bajo la forma de epístola dirigida a su sobrino que en 1944 tenía cuatro años de edad y que cumpliría los veinte en 1960, año en que entraría en quintas para cumplir el servicio militar, “Carta a Un Soldado de la Quinta del Sesenta” es un breve pero revelador texto político en el que Robert Brasillach pretende argumentar y justificar su colaboración con los nazis alemanes durante la ocupación de Francia.

            En  “Carta a Un Soldado de la Quinta del Sesenta” Robert Brasillach pretende argumentar que la política exterior francesa desarrollada tras la I Guerra Mundial fue un total y completo error, para seguir dando los eternos argumentos vertidos por los colaboracionistas franceses a fin de justificar su particular postura ante la ocupación alemana de Francia. No obstante, y he aquí la originalidad de “Carta a Un Soldado de la Quinta  del Sesenta”, Brasillach se muestra contrario a las tesis defendidas por la extrema derecha francesa en los años inmediatamente posteriores a la firma del Tratado de Versalles que pretendían la división de Alemania en multitud de pequeños estados (1) para afirmar que Alemania y Francia debían haber iniciado en 1918 el camino de la reconciliación, el entendimiento y la cooperación (o colaboración) en el marco de la política europea.

             En “Carta a Un Soldado de la Quinta del Sesenta”, Brasillach afirma no arrepentirse del papel político y social que desarrolló durante la guerra, reafirma su adhesión al fascismo (o más propiamente al nacionalsocialismo) y su antisemitismo aunque niega que supiera que las deportaciones de judíos tuvieran por finalidad el asesinato en masa y admite algunos excesos cometidos por los alemanes durante la ocupación aunque los compara con las atrocidades cometidas por los franceses en Indochina con motivo de las revueltas acaecidas en 1925 (lo cual viene a significar una burda justificación).

            No obstante, lo más relevante de “Carta a Un Soldado de la Quinta del Sesenta” es la insistencia por parte de Brasillach en que las relaciones franco-alemanas, a pesar de la guerra y de la ocupación, seguirán mejorando inevitablemente porque a Francia no le queda más remedio que superar el trauma de las dos guerras mundiales y aliarse con Alemania si no quiere quedar marginada por completo de la historia y de la política europea y mundial. Esta afirmación que, vertida en 1944 cuando aun se combatía por expulsar a los alemanes de parte del territorio francés, parecía la locura de un fanático retoma total actualidad y se convierte en profética cuando ya en los años noventa del pasado siglo se empieza a hablar del “Eje París-Berlín” y a girar toda la política de la Unión Europea en torno a las disposiciones que, bilateralmente acordadas entre Alemania y Francia, se imponen como un diktat a los demás países europeos.  

            En “Carta a Un Soldado de la Quinta del Sesenta” pueden leerse párrafos referentes a Alemania y a las relaciones franco-alemanes como los siguientes:

            - “Sean cuales haya sido los errores de Alemania (y no he hablado de los errores de Francia), continúa siendo un gran país en el centro de Europa, cuyas cualidades eminentes nos han sido definitivamente reveladas, junto a sus defectos”.

            - “Esta ruptura entre Francia y Alemania, que era un hecho innegable en la primavera de 1944, no deseaba, pese a todo, considerarla como definitiva. Otros reemprenderán –tal vez bajo diferentes formas- la tarea de esta reconciliación que ha sido el sueño de tantos espíritus dispares, y recuerdo que incluso el General De Gaulle escribía, en 1934, es decir, en tiempos de Hitler, que “soñaba en las grandes cosas que nuestros dos pueblos podrían hacer juntos”” (2).

            - “En todo caso, y más que nunca, me parece que el futuro dará la razón a los que piensan que es preciso tener consigo a ese pueblo sorprendente (Brasillach se refiere a Alemania). Si nosotros (los franceses) no lo comprendemos, Inglaterra o Rusia lo comprenderán”.

            Hoy, casi sesenta años después de que Brasillach escribiera “Carta a Un Soldado de la Quinta del Sesenta”, cabe preguntarse si aquellos colaboracionistas franceses afines al nazismo y agrupados entorno al periódico “Je Suis Partout” (“Estoy en Todas Partes”) fueron precursores de la actual y tan controvertida política europea o, incluso, si la misma Unión Europea no es más que la materialización de la victoria de aquel colaboracionismo.
 






            (1) Charles Maurras fue durante los años veinte y parte de los treinta del siglo pasado la cabeza mas significativa de este movimiento ultraconservador partidario de la división de Alemania en pequeños estados independientes y un fuerte opositor al Tratado de Versalles por considerarlo demasiado benévolo para con Alemania. Esta germanofobia lleva a que en las ediciones posteriores a la I Guerra Mundial de la obra política fundamental de Maurras, “Encuesta sobre la Monarquía”, se dedique casi la mitad de sus páginas a criticar, muy fundamentadamente, el Tratado de Versalles y a reclamar la división de Alemania.

            (2) Fue el general De Gaulle quien, a partir de su vuelta al poder en 1958, dio un giro a la política exterior francesa alejándose de Estados Unidos, saliéndose de las estructuras militares de la OTAN y acercándose a Alemania. Kissinger en su obra “Diplomacia” recuerda que ante la salida de Francia de la OTAN el Departamento de Estado de los Estados Unidos intentó disuadir a De Gaulle haciéndole ver que la Alianza Atlántica era la garantía de la paz entre Francia y Alemania y al preguntarle como pensaba Francia parar a Alemania si ésta iniciaba de nuevo una política hegemónica en Europa parece ser que De Gaulle contestó: “Peur la Guerre” (“con la amenaza de guerra”), aunque seguramente el general galo ya tenía en mente otros medios más “colaboracionistas”.

martes, 13 de noviembre de 2012

14 DE NOVIEMBRE: TODOS A LA HUELGA



            
               Una vez más, “El Chouan Ibérico” se suma y desea dejar patente su apoyo a la Huelga General convocada por distintas organizaciones y sindicatos para protestar contra la política económica y social del actual Gobierno presidido por el Señor Mariano Rajoy basada en el recorte de prestaciones sociales y subidas de impuestos que, sobrepasando el límite de toda razón y lógica, empiezan a adquirir niveles pura y simple confiscación de las rentas y ahorros de la inmensa mayoría de los españoles integrados en la llamada clase media.

            Permanecen todas nuestras reticencias mostradas en anteriores apoyos a movilizaciones huelguísticas convocadas por determinados sindicatos y organizaciones, pero ante el empobrecimiento del pueblo español, impuesto por Bruselas y aplicado en España por el actual gobierno, que más parece un gobierno de ocupación, seguimos negándonos a entrar en discusiones estériles sobre la estrategia y táctica a emplear en esta lucha por la supervivencia de los trabajadores por lo que solicitamos a nuestros muchos o pocos lectores que, el próximo 14 de Noviembre del 2012, se sumen a la Huelga General.

            No tenemos fe ni esperaza en que esta convocatoria de Huelga, cambie el rumbo que ha tomado decididamente el gobierno, pero el no estar con la huelga es estar con el gobierno y “El Chouan Ibérico” jamás estará con un gobierno que esta haciendo retroceder al país a principios del Siglo XX en lo que en materia social se refiere. Más aún, “El Chouan Ibérico” jamás estará al lado de un régimen y unas instituciones que permitan el perseverar en tal política.

            Por todo ello:

            EL 14 DE NOVIEMBRE: ¡¡TODOS A LA HUELGA!!

El Cristo Negro de Montejurra

El Cristo Negro de Montejurra
El Chouan Ibérico se suma a la iniciativa de la bitácora “Reflexión Crítica” y esta imagen estará presente en “El Chouan” mientras no cese la campaña contra los católicos en España.

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