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lunes, 12 de noviembre de 2018

JUSTICIA, POLÍTICA E IMPUESTOS



 Finalmente fue el día 6 de noviembre y no el 5, como estaba previsto, cuando el Tribunal Supremo se puso de acuerdo para tomar la decisión de sobre a quién le correspondía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las hipotecas. La decisión del alto tribunal no pudo ser más sorprendente pues esperándose que dijera que correspondía a los bancos, confirmando así la sentencia del pasado 18 de octubre, y fijara un concreto plazo de prescripción tiró por donde nadie se lo esperaba al imponer a los hipotecados la totalidad del pago del tributo y haciendo ya innecesario cualquier pronunciamiento sobre el plazo de prescripción desde el cual se podía solicitar la devolución del impuesto.

            La decisión del Tribunal Supremo constituye un escándalo sin precedentes, modifica la interpretación de una sentencia firme, abre a los bancos la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo y consolida socialmente la inseguridad jurídica dimanante de la lógica desconfianza en unos órganos judiciales que rivalizan con la Donna de Rigoletto a la hora de ser "mudables cual pluma al viento".

            La Justicia española no puede estar más en entredicho. Entre el controvertido procedimiento penal abierto por el 1-O, las fracasadas solicitudes de Ordenes Europeas de Detención contra Puigdemont, cursadas ante la Justicia Alemana y Belga, la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera que Otegi no tuvo un juicio imparcial  y ahora, como la guinda de un pastel, la decisión del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados existen sobrados indicios  que, valorados en su conjunto,  permiten pensar racional y razonadamente que la Justicia en España no funciona y solo es el refugio de una elite funcionarial que aspira a un prestigio que no merece y que cobra unos emolumentos demasiado generosos por los pocos problemas que soluciona y los muchos que genera.

            La Justicia española, se ha retratado totalmente porque planteándose a su consideración un importante problema de relevancia social y económica no ha sabido dar respuesta al mismo pasando su resolución al legislador, es decir, llevando la cuestión de Herodes a Pilatos y de Pilatos a Herodes.

            Ahora, el gobierno que preside Pedro Sánchez reacciona hábilmente y aprovecha la respuesta insatisfactoria dada por la Justicia para convertir el veneno en remedio e intentar sacar partido disimulando el más puro oportunismo. En este sentido el gobierno ha sido raudo en anunciar que llevará al Congreso de los Diputados (Poder Legislativo) un Decreto Ley que, sin efectos retroactivos por lo que solo afectará a las hipotecas que se suscriban a partir de su entrada en vigor, impondrá el pago del  Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las Hipotecas a los bancos poniendo de manifiesto la gran hipocresía de nuestra casta política.

                En primer lugar surge la cuestión del por qué no se ha hecho antes. El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados lleva gravando las hipotecas décadas y décadas, el estado o las Comunidades Autónomas llevan décadas y décadas ingresándolo en sus arcas y ningún gobierno de ninguna tendencia política ha hecho ascos a tal ingreso importándole muy poco quien lo pagase y que gravase, junto con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto sobre el Valor Añadido, la adquisición de la vivienda. De hecho, hace tan solo diez años, cuando nadie podía comprarse una vivienda sin hipotecarse durante cincuenta años, a ningún político y a ninguna administración le importaba la repercusión social que la carga impositiva tenía sobre la vivienda, lo único que les importaba era lo que ingresaban por recalificaciones de suelo y por impuestos. Socialistas y populares, que pasaron por el gobierno del país durante la época de la burbuja inmobiliaria, podían haber intervenido el precio de la vivienda o rebajarlo tímidamente reduciendo el tipo del I.V.A y de Transmisiones Patrimoniales del 7 al 4 por ciento pero no lo hicieron porque solo les interesaban los ingresos que por tales conceptos obtenían poniendo de manifiesto que los intereses de los ciudadanos les importaban un bledo y que su preocupación por la ciudadanía es directamente proporcional a la necesidad de sus votos.

 Asimismo está la muy importante cuestión de que dicho Decreto Ley, al no tener efectos retroactivos, supone un agravio comparativo para los numerosos ciudadanos que suscribieron  sus hipotecas con anterioridad a su entrada en vigor. Es decir es como si entre el Tribunal Supremo y el Gobierno se hubieran concertado tácitamente para dar una solución salomónica que salve la cara a las administraciones autonómicas, verdaderas beneficiarias del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, y a los bancos, quienes ya se buscaran la manera de repercutir en el hipotecado el pago del impuesto.

            En segundo lugar, está el hecho de que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados grava todo tipo de escrituras públicas con valor económico (préstamos personales, reconocimientos de deuda, etc...) y no solo las hipotecas, con lo que la medida anunciada por el gobierno debe o debería dar respuesta de a quien corresponde pagar dicho tributo en todos los casos y no solo en el de las hipotecas.

            Finalmente surge la cuestión, la gran cuestión metapolítica y jurídico-filosófica, que ningún miembro de la casta política se ha planteado, cual es si resulta legítimo que el estado grave con impuestos, como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el I.V.A . y Transmisiones Patrimoniales, el ejercicio de derechos fundamentales como la adquisición de la vivienda.

            La decisión del Tribunal Supremo ha supuesto un paso más en el desmaquillaje de un régimen y de unas castas públicas, la política y funcionarial, que ven como toda su aura de perfección democrática y popular se cae a pedazos dejando ahora al descubierto que el estado social, democrático y de derecho más bien es un régimen político constitutivo de un "estado corsario" que, pase lo que pase, sufra quien lo sufra y perjudique a quien perjudique, quiere su porcentaje en todas las operaciones que se hacen con su anuencia.

lunes, 5 de noviembre de 2018

CRÓNICA DEL ACTO PRESIDIDO POR DON CARLOS JAVIER DE BORBÓN PARMA EN MADRID




 En la mañana del domingo de ayer, 4 de Noviembre de 2018, Don Carlos Javier de Borbón Parma, acompañado de su hermano Don Jaime y de su tía Doña María Teresa, ha presidido los actos carlistas organizados en Madrid por la Asociación 16 de abril con motivo del Día de la Dinastía Legítima.

            Los actos comenzaron a las 10.00 horas con la celebración de la Eucaristía en la madrileña parroquia de San Sebastián, sita en la calle Atocha, tras la cual el numeroso público asistente se trasladó al Hotel Tryp Atocha en uno de cuyos salones tuvo lugar el nombramiento de Caballeros y Damas de la Legitimidad Proscripta, Orden creada por el Rey Jaime III y única orden carlista existente,  con la imposición de la Cruz distintiva de dicha Orden a los nuevos caballeros  y damas entre los que se encuentran el historiador y profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona Doctor don Robert Vallverdú Martí, autor de numerosas obras historiográficas sobre el Carlismo Catalán, y don Domingo Madolell Aragonés, antiguo líder estudiantil, miembro de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas y represaliado por el franquismo tras las revueltas estudiantiles acaecidas en la Universidad de Barcelona en 1957.

            Después del solemne acto de imposición de Cruces de la Legitimidad, Don Carlos Javier se dirigió a los asistentes en un discurso en el que, analizando los graves problemas que afronta el mundo en general y las Españas en particular,  advirtió sobre las tentaciones recentralizadoras y totalitarias, frente a las cuales propuso un modelo profundamente federal, basado en el Principio de Subsidiariedad, como solución para el problema político de las Españas, una Democracia societaria articulada de abajo a arriba como mejor forma de garantizar la representación y libertad de los ciudadanos y una economía basada en la responsabilidad social que sustituya el criterio del beneficio por el del servicio al bien común. Es decir, recordando que la alternativa carlista al sistema vigente es patrimonio común de todos los españoles, y que la misma se encuentra plenamente vigente para los tiempos de hoy. Un Carlismo del siglo XXI, para el siglo XXI.

            A continuación, por parte del profesor doctor don Robert Vallverdú se disertó sobre la lógica evolución carlista del cuatrilema decimonónico de Dios, Patria, Fueros y Rey al cuatrilema de principios de los años setenta del Siglo XX de Libertad, Socialismo, Federalismo y Autogestión y la pervivencia del primero en el segundo siendo tal evolución propia de los organismos políticos vivos que aspiran siempre a proponer soluciones a los variables problemas políticos de un mundo en constante movimiento.

            Finalmente, cerró el acto Don Manuel Fernández de Sevilla quien en su discurso afirmó que, sin desear entrar en polémicas sobre el debate monaquía/república, la monarquía solo se justifica si es la roca ante la cual se quiebran todas las injusticias proponiendo un modelo federal que, entroncando con la clásica tradición política que encarnó lo que fue la Monarquía Hispánica, constituya un estado plurisoberano y representativo de todos y cada uno de los pueblos que integran Las Españas. Asimismo abogó por un cambio en el modelo económico que prime la economía productiva sobre la especulativa en un marco de crecimiento sostenible resultando de una ceguera absoluta que se continúe sobreexplotando los recursos naturales porque al ser imposible la existencia de un crecimiento infinito en un mundo finito la actual política de crecimiento económico solo puede terminar en un colapso que sobrevendrá al agotarse los recursos naturales. 

martes, 30 de octubre de 2018

UN RIDICULO SUPREMO



 Mediante Sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en fecha  16 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo ha sentenciado que el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava la constitución de las hipotecas corresponde al Banco prestamista y no a los prestatarios, lo cual contradice una Sentencia anterior de la Sala Primera de lo Civil del mismo alto Tribunal que en fecha 28 de febrero de 2018 fijaba la obligación de los prestatarios, y no de los bancos prestamistas, al pago de dicho tributo.

            Curiosamente, el Tribunal Supremo, que es el órgano judicial máximo a quién corresponde unificar la doctrina y sentar los criterios para la aplicación de las leyes mediante la creación de Jurisprudencia, no se encuentra ante dos sentencias contradictorias de las Audiencias Provinciales sino ante dos contradictorias sentencias del mismo tribunal aunque de distintas salas.

            Ni la sentencia del 28 de febrero de 2018 ni su contraria del 16 de octubre del mismo año sientan jurisprudencia ya que para sentar Jurisprudencia se requieren al menos dos sentencias que interpretan una norma en el mismo sentido y en el presente caso nos encontramos ante dos sentencias antagónicas dictadas por diferentes Salas del alto Tribunal por lo que solo tienen repercusión para las partes concretas que recurrieron ante el Tribunal Supremo y a las que se refieren dichas sentencias. No obstante, la actitud mostrada por el Tribunal Supremo ha contribuido a generar una enorme inseguridad jurídica que perjudica gravemente a los ciudadanos.

            Considerando que todos los gastos de la hipoteca (notario, registro, valoración, impuestos y gestión) eran impuestos por el banco al prestatario al que también se le imponía un notario y un gestor concreto con el que firmar la escritura y hacer las gestiones posteriores, muchos ciudadanos decidieron acudir a los Tribunales al considerar abusivas las cláusulas generales que les obligaban a asumir tales costes. De todos estos gastos imputables a los prestatarios la parte del león estaba constituida por la cantidad correspondiente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados porque dicho impuesto podía suponer entre dos mil quinientos y seis mil euros, mientras que la totalidad del resto de los gastos supondrían unos mil o dos mil euros.

            Tras la sentencia del 28 de febrero de 2018 que atribuía el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a los prestatarios, no fueron pocos los ciudadanos que, teniendo pensado demandar a los bancos, decidieron no meterse en pleitos ya que al quedar excluida de su demanda la cantidad correspondiente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados no les salía a cuenta el meterse en largos procesos judiciales para tal vez obtener, después de mucho tiempo, la devolución de una cantidad que podía cifrarse entre mil y dos mil euros de los que habría que descontar el coste del procedimiento consistente en los honorarios de abogado y procurador. Es decir, al tenor de la primera sentencia del Tribunal Supremo, que sin fijar Jurisprudencia sí marcaba tendencia, muchos ciudadanos honrados y respetuosos con la ley y la administración de justicia decidieron declinar el uso de sus más legítimos derechos mientras que el tiempo transcurría y esos derechos tal vez caducaban o prescribían.

            Ahora, el Tribunal Supremo va a intentar salvar la cara de no tener un criterio único en tan relevante cuestión por las consecuencias sociales que la misma acarrea, mediante un acuerdo del Pleno Jurisdiccional, integrado por la totalidad de los Magistrados de tan alto Tribunal, en el que se decidirá de forma definitiva el alcance que tendrán dichas sentencias, es decir si el criterio será aplicado a todas las hipotecas o solo a las que se constituyan a partir de ahora y si habrá un plazo de prescripción de cuatro años o de quince.

            En cualquier caso, son millones de ciudadanos los que están pendientes de la decisión que toman estos señores, decisión que, sea cual sea, ya la podían haber tomado antes para dejar claro cuál era el camino a seguir en las demandas de reclamación de gastos de hipoteca. Son millones de ciudadanos los que han sido y están siendo perjudicados por estas incongruencias de los señores que forman el alto Tribunal español y en este caso concreto los responsables de este perjuicio no son los políticos, ni los banqueros, sino los señores Magistrados del Supremo que no son capaces de dar interpretaciones definitivas a las cuestiones que se les plantean generando dudas e grave inseguridad jurídica.

            El Tribunal Supremo español, conocido en toda Europa por el ridículo papelón que está desempeñando con el caso Puigdemont y demás "Consellers" del Govern Catalán actualmente residentes en Bélgica, ahora debuta en toda España con este supremo ridículo con la notable diferencia de que Europa y los europeos no pagan a estos augures jurídicos y el contribuyente español, sí.

jueves, 25 de octubre de 2018

CONFERENCIAS "CARLISMO FRENTE A FRANQUISMO 1968-2018" y EXPOSICIÓN "MONTEJURRA. LA MONTAÑA SAGRADA



          
  
             La Fundación Amigos de la Historia del Carlismo ha organizado un ciclo de conferencias denominado “Carlismo frente a franquismo. 1968-2018”, en el Palacio del Condestable de Pamplona/Iruña, con motivo del 50º aniversario de la prohibición por parte del Gobierno franquista de las reuniones de los procuradores “trashumantes”, que demandaban una democratización, del acto carlista del Monasterio de Valvanera (La Rioja), que fue respondido por el Gobierno con la expulsión definitiva de la Familia Borbón Parma del territorio español, y del destierro en Riaza de Javier María Pascual, director del diario carlista El Pensamiento Navarro.

            La exposición “Montejurra. La montaña sagrada”, de Manuel Martorell, será instalada en la Sala Gótica del Palacio del Condestable para acompañar las conferencias, estando abierta al público entre los días 7 de noviembre y 16 de diciembre.


El Cristo Negro de Montejurra

El Cristo Negro de Montejurra
El Chouan Ibérico se suma a la iniciativa de la bitácora “Reflexión Crítica” y esta imagen estará presente en “El Chouan” mientras no cese la campaña contra los católicos en España.

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