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lunes, 25 de marzo de 2019

ENTREVISTA DE DOÑA MARÍA TERESA EN EL DIARIO "LA NUEVA ESPAÑA"



A continuación reproducimos íntegra la entrevista realizada el 23 de Marzo pasado por el periodista del diario asturiano "La Nueva España", J.M. Ceinos, a doña María Teresa de Borbón Parma con motivo de su visita a Asturias invitada por la Sociedad Cultural Gijonesa en cuya sede pronunció una conferencia bajo el título de "La Lucha Democrática en el Tardofranquismo".


 MARÍA TERESA DE BORBÓN-PARMA Y BOURBON-BUSSET | Doctora en Sociología, ayer pronunció una conferencia en Gijón
J. M. Ceinos

“La historia del franquismo es una historia mítica, y el mito es peligroso porque impide el principio de realidad; y la gente no ve la realidad”

“La lucha democrática en el Tardofranquismo” fue el título de la conferencia que ayer, en la sede de la Sociedad Cultural Gijonesa, pronunció María Teresa de Borbón-Parma y Bourbon- Busset, doctora en Sociología, disciplina de la que fue profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Su hermano Carlos Hugo de Borbón-Parma fue desde 1975 hasta su fallecimiento, en agosto de 2010, el pretendiente carlista al trono de España con el nombre de Carlos Hugo I.

–¿El “asunto” de Cataluña se puede considerar la quinta “guerra” carlista? 

–No, pero tiene que ver, eso sí. El carlismo siempre ha defendido la autonomía popular en cuanto representa la nación en su profundidad, con sus mitos, sus esperanzas y su historia. El Estado es una superestructura necesaria, pero no tiene que negar la nación, y es lo que ha ocurrido en Cataluña. Pero guerra carlista, no. La gente no ve la historia de nuestro partido, que es muy interesante. El inicio es la negación de los fueros, y qué son los fueros: pues son los derechos de los pueblos de España y el fuero es la identidad de un pueblo. Por tanto, es su primera libertad. El carlismo ha considerado que tenía que cuajar en política en un federalismo, en un pacto de los pueblos con el rey o con quien estuviese al frente del Estado. Y lo creyó tanto que libró tres guerras en el siglo XIX. A nosotros se nos ha tildado de inmovilistas, en cuanto que un pueblo que lucha tiene un instinto ideológico muy fuerte y solamente se rinde a novedades cuando quienes le representan son dignos de confianza, hombres y hechos, pero no fue así. Hay unos políticos muy poco dignos de confianza, hay unos hechos absolutamente escandalosos, como la confiscación de las tierras comunales, que permitían vivir a las comunidades campesinas, como el robo de los votos populares, la negación de los fueros… Algo que la base carlista no podía aceptar.
–¿Fueros son privilegios territoriales?

–No, en absoluto, aunque la derecha así lo quiera tildar. Fueros son el derecho de un pueblo a su propia identidad.

–Da la sensación de que en España llevamos doscientos años, desde la Constitución de 1812, sin solucionar un problema que otros países solventaron hace mucho tiempo: el paso del Antiguo Régimen al Estado liberal y parlamentario, de ahí las tres guerras carlistas de las que habla, a la que añado la cuarta: la Guerra Civil… 

–Tiene usted razón, los países de Europa han logrado ese paso, Francia con una revolución muy violenta. En España, efectivamente, después de un régimen autocrático como fue el de Franco es lo que querían muchos partidos, pero, ¿por qué no se logró? Lo que dijimos nosotros fue que antes del consenso democrático se hubiera debido pedir a todos los partidos que habían luchado contra el franquismo qué régimen político querían: monarquía o república, qué régimen territorial: Estado unitario, federal o confederal, y qué régimen económico. Esto le hubiera dado mucha más solidez al consenso, pero no se hizo, quizá no era posible, pero así es que esta España democrática tiene lastres antiguos que se están viendo ahora con la cuestión catalana. Los problemas de España son territoriales, religiosos y políticos que se han podido resolver medianamente; en el político hemos pasado a un Estado tipo europeo, pero no hemos resuelto el problema territorial y a penas el religioso.

–Y en el laberinto español surge ahora con fuerza la extrema derecha. Es decir, ¿el problema catalán lo está contaminando todo? 

–Estoy de acuerdo y eso es lo que acabo de decir, la problemática no está resuelta y mientras no lo esté habrá surgimiento muy fuerte de un partido o de otro en los extremos. La historia del franquismo es una historia mítica y el mito es peligroso, impide el principio de realidad, la gente no ve la realidad, por eso da saltos muy peligrosos de un lado a otro.

–¿La decisión del Gobierno del PSOE de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos ha despertado un fortísimo franquismo sociológico? 

–En efecto, pero lo de sacar los restos me parece una tontería. Los restos del franquismo hay que sacarlos políticamente, hay que sacarlo de la sociedad española a base de cultura y educación, pero sacar los restos de Franco es para deslumbrar a la opinión pública y para no hacer lo necesario.

–Vuelvo a la Sociología. ¿El auge de los populismos tanto de izquierda como de derecha tiene que ver con el fin del Estado de Bienestar que en Europa se estableció después de la Segunda Guerra Mundial como contención a la Unión Soviética?

–Creo que tiene razón, pero hay otras. Los pueblos de Europa están buscando otra salida, la democracia supone un avance continuo y no es así, ha retrocedido social y políticamente. Entonces, la reacción es achacar a alguien la culpa, y la culpa es Europa. Yo soy proeuropea, pero es cierto que Europa no obedece a los principios democráticos, hay una confusión, poca claridad y conexión con la base europea, lo que es un caldo de cultivo para la ultraderecha. Pero a la ultraderecha no hay que combatirla con adjetivos horrorosos, hay que combatirla con la cultura popular, que es lo que no se está haciendo, desde luego, en España.

–¿Qué relación hubo en la lucha contra el franquismo entre el Partido Carlista y el Partido Comunista? 

–Hubo mucha relación por una razón: ambos eran partidos auténticamente populares. Había un enemigo común y también una meta común.

–En la Guerra Civil lucharon en bandos contrarios… 

–Ambos lucharon por sus ideas. Lo que les diferenciaba era la religión. A lo largo de la historia el pueblo carlista ha considerado a la religión católica como un bien del pueblo y como tal lo han defendido, lo que explica su beligerancia, pero nunca hemos caído en el integrismo, ni la dinastía ni el pueblo carlista.

–¿Por qué el carlismo no obtuvo buenos resultados electorales en la Transición? 

–No teníamos amarres en el extranjero ni financiación y tampoco fuimos legalizados a tiempo como lo fueron otros partidos.

–El carlismo también estaba dividido… 

–El Partido Carlista estaba muy unido y los que nos atacaron no fueron carlistas…

–¿Habla de Montejurra? 

–Claro, fueron guerrilleros de la ultraderecha, bandidos muchos de ellos extranjeros.

jueves, 21 de marzo de 2019

AHORA, LAS PENSIONES DE VIUDEDAD

 Convocada "la fiesta de la democracia", es decir, las elecciones para el próximo 28 de abril, lanzados los partidos políticos a la realización de fichajes "estrella" como si de sociedades anónimas deportivas en temporada de invierno se tratara y envueltos todos los dirigentes de la casta política en las más gloriosas banderas que para ellos no son ni han sido jamás otra cosa que trapos pintados muy útiles para tapar sus miserables vergüenzas; ha salido a la luz, por una rendija, una noticia que ha quedado oculta detrás de tanta proclamas electoralistas. Tal noticia no es otra que la intención por parte del gobierno de modificar las pensiones de viudedad para rebajarlas de cuantía y para que menos personas tengan acceso a ellas.

            Como en política y en economía cualquier crimen tiene su explicación y justificación, tal medida no iba a ser menos y se pretende justificar en la maltrecha situación financiera en la que se encuentra el actual sistema de pensiones que obliga, llámese como se quiera, a hacer recortes. Ahora bien, no por ello deja de llamar la atención tal intención de modificar el régimen que afecta a las pensiones de viudedad porque puede ser un experimento de por dónde puede ir el estado en el futuro al respecto de todas las pensiones públicas.

            En primer lugar es fundamental explicar que si la mayoría de pensiones que se cobran en nuestro país son de una cuantía que lo que realmente garantizan es la progresiva pérdida de poder adquisitivo, la cuantía de las pensiones de viudedad es ya ridícula porque la misma está constituida exclusivamente por el cincuenta por ciento de la cuantía por la que se ha cotizado, con lo que la transformación, por ejemplo,  de una pensión de jubilación en una pensión de viudedad ya supone a las arcas del estado el ahorro de un cincuenta por ciento, realidad ésta que parece ocultar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

            Por otro lado,, es de indicar que cada trabajador y empresario de este país se vé obligado por ley a cotizar a la seguridad social por una serie de prestaciones que percibirá en el futuro y que cubren determinadas contingencias como son la vejez (jubilación), la enfermedad e incluso la muerte (orfandad y viudedad). El hecho de que ahora se pretenda modificar las pensiones de viudedad, tanto en su cuantía como en los requisitos para tener derecho a percibirlas, constituye una modificación substancial y a la baja de las prestaciones de la Seguridad Social que, no es necesario decirlo, no irá acompañada de una rebaja en las cotizaciones. Dicho de otro modo, los ciudadanos españoles pagarán lo mismo (o tal vez más) a la Seguridad Social por recibir menos prestaciones.

            Esta idea de modificar las pensiones de viudedad, al venir de un supuesto gobierno socialista que lo es porque está apoyado por otros partidos supuestamente de izquierda, se pretende matizar argumentando que dicha modificación solo afectará a aquellas personas que perciban determinadas rentas, pero esto no deja de ser un sofisma o, lo que es lo mismo, una mentira con apariencia de verdad. Primero, porque a la hora de fijar la obligación de cotizar y pagar a la seguridad social en poco o en nada se tienen en cuenta las rentas que se perciben por lo que tampoco habría que tenerlas en cuenta a la hora de recibir aquellas prestaciones por las que se lleva pagando toda la vida y, en segundo lugar, porque lo que se pretende en último extremo y a la larga, aunque no se reconozca,  es vincular el derecho a percibir pensiones públicas así como la cuantía de éstas a la percepción de otras rentas, lo cual vendría a sustituir el actual sistema público de previsión social universal por un sistema asistencial fundado sobre criterios caritativos y pietista de carácter cuasi benéfico o puramente benéfico.

            Esta amenaza de sustitución del estado previsor por el estado asistencial, es decir la sustitución de un sistema público de previsión social por la antigua beneficencia que se apunta podrá ser una visión apocalíptica de un agorero, pero corresponde al lector analizar si la cosa puede ir por ahí o creerse ciegamente las manifestaciones de unos politicastros que llevan más de cuarenta años mintiendo y engañando descaradamente a la ciudadanía. 

martes, 12 de marzo de 2019

EL NEGOCIO DE LA INMIGRACIÓN



 Muchos europeos llevan décadas clamando contra la inmigración alegando infinidad de motivos, lo que ha llevado a no pocas formaciones de carácter xenófobo a gozar de representación parlamentaria en numerosas cámaras representativas de los estados miembros de la Unión Europea y a no menos numerosas formaciones políticas de tendencia opuesta a manifestarse en contra de las primeras en las calles e instituciones. Hoy, cuando en nuestro país, es muy posible que por primera vez en los últimos cuarenta años entre con fuerza en el Congreso de los Diputados un partido político, VOX, de estas tendencias ultra-liberales y neo-derechistas y que hace de la lucha contra la inmigración un pilar importante de su programa electoral, se impone hacer una reflexión sobre la otra cara de la inmigración, la otra cara de la que nadie habla, la cara de los negocios que genera el hecho migratorio.

            Seguramente muchos pensarán que, al hablar del negocio de la inmigración, nos vamos a referir a las redes organizadas que, desde el tercer mundo, trafican con seres humanos hacia Europa y Norteamérica, pero no; esa parte del negocio es ya muy conocida. Nos vamos a referir  en este artículo a otro tipo de negocio que genera la inmigración en los países de acogida, entendiendo por negocio toda actividad que proporciona una rentabilidad económica y/o política y que pasa prácticamente desapercibida a pesar de que tales negocios influyen en nuestra vida cotidiana de forma muy notoria.

            El primer negocio que podemos mencionar es el negocio que hacen aquellos propietarios de infraviviendas o viviendas ruinosas en las que, por diversas razones, no han invertido un céntimo en arreglarlas y adecentarlas y que, gracias a la urgente demanda de una vivienda asequible por parte de los inmigrantes, las consiguen alquilar a un precio desproporcionado considerando la calidad y dimensiones de dichas viviendas. Gracias a la inmigración, propietarios de viviendas situadas en viejos edificios del centro de las capitales que a ningún ciudadano nativo se le habría ocurrido pagar por ellas siquiera un euro mensual de alquiler han conseguido arrendarlas por un precio que va de los seiscientos a los mil euros mensuales. Al amparo de este negocio, claramente crematístico y material, surge una rentabilidad política porque el hecho de que un porcentaje relevante de población acepte vivir en minúsculos espacios o en infraviviendas permite a los políticos abogar por la creación de determinadas "soluciones habitacionales" para todos los ciudadanos en lo que no puede conducir nada más que a una degradación general de las condiciones de vida.

            Otro negocio digno de mención relacionado con la inmigración es el que hacen los empresarios a los que la inmigración permite mantener bajo el coste de la mano de obra, bien porque trabajan inmigrante ilegales a los que se les paga poco y sin cotizar a la Seguridad Social o, bien, porque consiguen emplear a trabajadores inmigrantes para trabajos que no desean realizar los nativos. Ahora bien, ¿Realmente se trata de trabajos que no desean realizar los nativos?; esto merece ser muy matizado, concretando de que se trata de trabajos que no desean hacer los autóctonos por el ínfimo sueldo que pagan los empresarios por desempeñarlos y si no fuera por la inmigración estos puestos laborales quedarían desiertos. Así pues la inmigración permite cubrir determinados puestos de trabajo que de otro modo no podrían cubrirse sin ofrecer incrementos salariales. Este negocio material tiene su correlativa rentabilidad política al permitir a determinados grupos políticos, que sin duda reciben apoyos electorales, y hasta económicos, de esos mismos empresarios, tener un discurso antiinmigración alegando que el extranjero viene a quitar el trabajo a los nacionales. Así mismo, también sacan rentabilidad política de esta situación los partidos del poder y los grupos denominados progresistas porque los primeros pueden azuzar el peligro totalitario para ocultar y justificar sus acciones políticas y de gobierno y los segundos pueden disfrutar de un discurso primitivo cargado de filantropía y humanitarismo que les permite llenarse de un contenido que de otra forma no tendrían.

 Por otra parte, no menos dignos de mención son los suculentos ingresos económicos que genera la inmigración a personas con pocos escrúpulos que a cambio de una cantidad, que puede ir de los quinientos a los mil euros, se ofrecen a los inmigrantes para gestionarles los documentos y los permisos de residencia y trabajo ante las administraciones públicas correspondientes. En la inmensa mayoría de los casos estas gestiones consisten en descargar un formulario de internet, rellenarlo, informar al solicitante de los documentos que han de acompañar al formulario y solicitarle cita previa para que el propio interesado acuda a entregarlos al registro administrativo pertinente permaneciendo a la espera de la resolución oportuna. Lo llamativo, y ahí la desvergüenza, es que en muchísimos casos estas cantidades se cobran por personas que saben de antemano que la solicitud gestionada no va a prosperar porque, o bien, la persona en cuestión lleva menos de dos años en nuestro país (es preciso probar una residencia de al menos dos años para el arraigo laboral y de tres años para el arraigo social) o, bien, porque dicha persona no reúne los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Extranjería para obtener la pretendida residencia legal.

            Finalmente y para terminar este artículo nos referiremos al negocio que hace el propio estado y sus instituciones con el fenómeno migratorio. Considerando que la inmensa mayoría de los inmigrantes aspiran a juntar unos dineros y retornar a su país al cabo de unos años, el Estado consigue que los inmigrantes legales coticen a la Seguridad Social para pagar las pensiones de los actuales pensionistas pero luego, si ese inmigrante retorna a su país tras cotizar, por ejemplo, catorce años al Régimen General de la Seguridad Social y sin que esa cotización sea dentro de los últimos quince años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación (situación que se da en muchos casos), resulta que dicho inmigrante no tendrá derecho alguno a cobrar una pensiona pública por lo que todos esos años cotizados habrán servido para ayudar a mantener el pago de las actuales pensiones pero sin ninguna contraprestación a cambio (por eso muchos inmigrantes no quieren regularizarse o desean trabajar en la economía sumergida). Otro negocio material que genera la inmigración en beneficio del estado es que, al incrementarse el número de población, aumenta el número de tributantes, esto es, de personas que pagan impuestos y, en cualquier caso, se incrementa el consumo con el aumento de ingresos públicos en concepto de recaudación por impuestos indirectos. Igualmente, el estado obtiene una rentabilidad política porque le permite justificar inmensidad de fracasos de gestión y/o de orden público precisamente en el hecho migratorio.

            Esta enumeración de negocios que genera la inmigración no es exhaustiva, porque seguro que hay más, que en estos momentos se nos escapan; pero es un hecho que el fenómeno migratorio es un negocio para mucha gente, incluso para aquellos que se llenan la boca oponiéndose vehementemente a él para obtener beneficios electorales, al mismo tiempo que permite a los gobiernos justificar medidas restrictivas de derechos sociales y de degradación de la calidad de vida, por lo que el tema debería tratarse con una seriedad y profundidad que va más allá de las simplonas posiciones extremas, de o todo blanco o todo negro, con el que actualmente se habla del tema.

martes, 26 de febrero de 2019

TAXIS vs VTC



 Hace unas semanas tuvo lugar el gran pulso de los taxistas de Barcelona y Madrid a sus respectivos ayuntamientos en contra del incremento de las licencias de VTC (Vehículo de Turismo con Conductor) otorgadas en dichos municipios a plataformas como Uber y Cabyfy que terminó con un triunfo aplastante de los taxistas barceloneses y la aplastante derrota de los taxistas madrileños.

            Los medios de comunicación se hicieron eco de la huelga de taxista que ocupó mucho espacio en los medios escritos y muchos minutos en las noticias y tertulias televisivas que se limitaron a reducir el problema a una pugna entre cavernícolas privilegiados que se negaban a modernizarse, los taxistas, y los modernos e informatizados sistemas de contratación de transporte urbano privado que representaban las plataformas Cabyfy y Uber. No obstante el problema es mucho, muchísimo mayor y su origen hay que buscarlo en una situación que nadie se ha cuestionado ni planteado cual es la precariedad social en la que viven numerosos ciudadanos y que han hecho que la controversia de taxis y VTCs sea un episodio contemporáneo de lo que Pío Baroja denominó sabiamente en una de sus trilogías de novelas como "La Lucha por la Vida".

            En este, nuestro sufrido y maltratado país, hay cosas que se dan simplemente por hechas sin que nadie analice nada, por lo que si en cualquier calle de la más pequeña capital de provincia española hay más bares que en toda Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia juntas es porque somos así de peculiares,  pero tal cosa no es una simple característica peculiar sino que responde a una pura realidad socio-económica.

            En este, nuestro maltratado y sufrido país, la precariedad económica y laboral en la que se encuentra un porcentaje bastante relevante de la población hace que existan una serie de negocios y profesiones "refugio" que se sirven como último recurso para salir adelante y ganarse la vida. Tal es el caso concretamente de los bares que son negocios refugio, donde los trabajadores desempleados, reconvertidos forzosamente en "emprendedores", pueden arriesgar sus ahorros y sus indemnizaciones por despido por considerarse que tales negocios tienen un periodo de amortización de la inversión inicial bastante corto, la profesión de abogado o procurador a la que la mayoría llega tras licenciarse en Derecho y tirarse varios años intentando ganar una oposición que le garantice un salario mensual y un puesto de trabajo fijo en la administración hasta la jubilación o los mismos taxistas.

 Ahora bien, tanto en el caso de los abogados como en el de los taxistas hay una realidad material insalvable que siempre se termina imponiendo a fantasías e ilusiones e incluso a la misma realidad social y que no es otra que, tanto en Barcelona como en Madrid (y, sin duda, también en otras capitales de provincias españolas), hay mercado para un número máximo de personas que se dedican a tales actividades, superado el cual, el mercado se hunde, los beneficios descienden hasta hacer improductiva la prestación del servicio y las condiciones laborales se degradan hasta hacer desagradable la realización del trabajo, todo ello en perjuicio del cliente.  En Barcelona existen unas 10.500 licencias de taxis para una población de un millón seiscientos mil habitantes y en Madrid hay unas 15.700 licencias para poco más de tres millones cien mil habitantes lo que quiere decir que en Barcelona posiblemente pueda haber trabajo y negocio para unas catorce mil personas dedicadas al taxi o a la VTC y en Madrid pueda existir negocio y trabajo para unas diecisiete mil personas aproximadamente dedicadas a tales menesteres pero ni una más.  Que las administraciones locales en aras a no sé qué pretendan incrementar el número de licencias de taxis o de VTCs hasta que existan un total de veinte o veinticinco mil personas dedicadas al transporte urbano individual en Barcelona o en Madrid es, simplemente, cargarse el sector y arruinar no solo al taxi, sino también, a medio o largo plazo, a las VTCs que no lograrán alcanzar el suficiente margen de beneficio para seguir manteniendo la actividad.

            El pasado, y actualmente latente, conflicto del taxi contra las VTCs no es una pugna entre privilegiados del pasado y emergentes formas modernas y nuevas de prestar un servicio similar a la ciudadanía en beneficio de ésta sino un pequeño ejemplo de la cruel  "Lucha por la Vida", que adquiere incluso crudas características darwnistas, a la que amplios sectores de la población se encuentran condenados por el imperante régimen económico liberal-capitalista en la que unos luchan por acceder al pan y otros, simplemente, por mantenerlo porque el régimen político liberal se niega a gobernar para que haya pan para todos.

El Cristo Negro de Montejurra

El Cristo Negro de Montejurra
El Chouan Ibérico se suma a la iniciativa de la bitácora “Reflexión Crítica” y esta imagen estará presente en “El Chouan” mientras no cese la campaña contra los católicos en España.

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