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jueves, 30 de enero de 2014

EL DESPISTE Y LA PRÁCTICA DE LA USURA INVERSA

   Cuando el actual gobierno del Partido Popular decidió rescatar a las entidades financieras que estaban pasando dificultades económicas y de liquidez a causa del incremento de la morosidad derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria les inyectó una ingente cantidad de dinero que la Unión Europea había puesto a disposición del estado español en una línea de crédito de hasta cien mil millones de euros.

            Como el responsable de una deuda es quien adquiere la misma, aunque sea para financiar a terceros, quien ha de pagar las decenas de miles de millones de euros tomados de la línea de crédito abierta por la Unión Europea, son las arcas públicas del Estado Español, es decir, todos y cada uno de los ciudadanos españoles porque será de los impuestos, tasas y precios públicos que estos paguen de donde saldrá el dinero para devolver las cantidades dadas a los bancos.

            Frente a esta realidad incuestionable, el gobierno ha jugado como siempre al despiste y al “trile” con los ciudadanos diciendo que en ningún caso las cantidades tomadas de la precitada línea de crédito iban a engrosar la enorme deuda pública que arrostra el estado español y que, en todo caso, serían los bancos quienes pagasen su propio rescate.

            Pues bien, la maniobra, propia de un trilero, ha sido la siguiente: el gobierno de don Mariano Rajoy ha dado a las entidades financieras decenas de miles de millones de euros a un interés X a cambio de qué estas compren deuda pública del estado español a un interés Z (siendo Z = X+Y). Esto ha provocado que, a pesar de que la banca ha recobrado la liquidez de sus mejores épocas, no se haya reestablecido la fluidez en la financiación a empresarios y a particulares por dos razones fundamentales: 1º. Porque las entidades financieras jamás volverán a financiar el cien por cien de nada a nadie que no presente más que sobradas garantías o avales de solvencia y 2º. Porque los bancos no necesitan arriesgar su dinero prestando a particulares o a empresarios ya que, comprando deuda pública al estado con el propio dinero que éste les ha dado, ganan un interés superior al que tienen que pagar por el dinero que han recibido.

            Esta es una de las formas que los bancos tienen, con la complicidad del gobierno, para financiar su rescate y que, si cogemos papel, lápiz y echamos cuentas, podremos observar que consiste, de una forma muy solapada y disimulada, en que sean los propios ciudadanos quienes se estén haciendo cargo del pago del rescate bancario porque siendo el interés que el estado les paga por la compra de deuda pública superior a los intereses que les cobra por el dinero que les ha dado, existe una diferencia que constituye la ganancia bancaria y que está siendo pagada por el estado español, es decir por todos los ciudadanos españoles.

            No teniendo suficiente con esto para conseguir la refinanciación de las entidades bancarias, el gobierno dejo escapar hace unos meses el globo sonda de que al pago del rescate financiero deberían colaborar los depositantes perdiendo un porcentaje de sus depósitos que pasarían a la entidad financiera. Como esto era muy difícil de poner en práctica dado que equivaldría a un robo o confiscación, se ha procedido de otra forma que consiste en que las entidades financieras practiquen, con el apoyo del gobierno, lo que bien puede denominarse de “Usura Inversa”.

            Si por “Usura” se entiende el COBRO de un interés notoriamente excesivo y desproporcionado en un préstamo y así está recogido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por “Usura Inversa” se ha de entender el PAGO de un interés excesivamente pequeño en un préstamo o depósito. A este respecto, hace unos meses el gobierno del Partido Popular, entrometiéndose en las relaciones comerciales existentes entre empresas privadas y sus clientes y a través de su Ministro de Economía, Luis de Guindos; limitó el tipo de interés que los bancos podían dar por los depósitos a plazo a un máximo del 1´75 por ciento, consiguiendo, mediando algunas técnicas puramente comerciales, que los tipos de interés que los bancos vienen pagando actualmente a los depositantes no supere en ningún caso el 2 por ciento, lo que resulta clara y notoriamente inferior al interés que esos mismos bancos cobran por sus préstamos o perciben por la compra de deuda pública.

            Esta medida supone para los bancos un beneficio añadido ya que, al amparo de las disposiciones gubernamentales, disminuyen sus costes de explotación al dejar de pagar un justo interés a sus depositantes además de eliminar la competencia entre ellos a la hora de captar depósitos a través de la oferta de distintos tipos de interés. En cambio para los depositantes supone dos cosas: 1ª. Pérdida de poder adquisitivo porque la inmensa mayoría de los depósitos procede de pequeños ahorradores que, por no tener el dinero en la inseguridad de su casa, lo llevan a un banco y obtienen un interés con el que completan sus pequeñas pensiones o salarios para llegar a fin de mes o darse un pequeño capricho al año y 2ª. Pérdida progresiva de los ahorros depositados porque se verán devaluados con el paso del tiempo e irán desapareciendo por un posible aumento de las necesidades del ahorrador/depositante y un seguro y continuado incremento del Índice de Precios al Consumo (I.P.C.).

            Así pues, esta limitación máxima en el interés que los bancos pagan por los depósitos, es otra de las formas que tienen las entidades financieras para recapitalizarse, esta vez a costa de los pequeños ahorradores, que ven como el contrato de depósito supera al contrato leonino y usurario al convertirse también en obligatorio porque el tener depósitos bancarios en cualquiera de sus formas se ha convertido, gracias nuevamente a los distintos gobiernos de este país y a las grandes empresas, en obligatorio para proceder a casi todos los pagos periódicos a los que un individuo tiene que hacer frente en su vida e incluso para percibir su nómina, pensión o subsidio mensual.

            En definitiva, estamos asistiendo a la puesta en marcha de nuevas y taimadas fórmulas de engaño y explotación de los ciudadanos por parte de las castas económicas y políticas tendentes a perpetuar la situación de privilegio gracias a la cual viven y se desarrollan.

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