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miércoles, 16 de octubre de 2013

EL CONTRATO POLÍTICO Y SUS GARANTÍAS


La inmensa mayoría de las personas no son conscientes de que cada día, a pesar de no firmar documento alguno, suscriben innumerables contratos muchos de ellos de una enorme complejidad que nos obligan a cumplir ciertas condiciones y nos permiten recibir ciertas contrapartidas. Así, cuando compramos el pan estamos suscribiendo un contrato de compraventa con el panadero por el cual debemos pagar un precio a cambio de recibir una barra de pan o cuando cogemos el autobús suscribimos un contrato de transporte que lleva aparejado un contrato de seguro en virtud del cual recibimos la contraprestación de ser llevados con seguridad a un punto geográfico determinado a cambio de pagar el precio del billete. Estos contratos son consustanciales a la vida en sociedad y son, en gran parte, reguladores de las relaciones entre los individuos entre sí y entre los individuos y los grupos de individuos.

            Además de estos contratos fácilmente reconocibles, existe otro contrato mas difícil de reconocer y del que igualmente no somos conscientes de su existencia cual es el “Contrato Político” en virtud del cual un individuo o grupo de individuos se vinculan al estado, y bien digo al estado y no al gobierno, del que forman parte.

            El contrato político ha existido a lo largo de la historia y, aunque ha mudado de nombre y de contenido, nunca ha dejado de tener efectos conservando siempre la característica de ser bilateral o sinalagmático, es decir de obligar recíprocamente al individuo o grupo de individuos con el estado y a éste con aquéllos. De este modo, el hoy tan denostado “Pacto de Vasallaje” constituía un contrato político o la misma  “Ciudadanía Romana” no era más que otro contrato político que hacía a los romanos beneficiarios de determinados derechos y les obligaba a determinadas contraprestaciones con Roma.

            Si actualmente viene ganando terreno la teoría de que, desde el punto de vista del mundo ideal, los programas electorales que los distintos partidos presentan a los ciudadanos en tiempo de elecciones constituyen un verdadero contrato, no se debe identificar este supuesto contrato con el “Contrato político” porque el programa electoral del partido triunfador de unas elecciones solo le vinculará y le obligará frente a sus electores, jamás frente a aquellos que no le han votado ya que estos demostraron con la actitud de negarle el voto que no creían en el programa presentado o que no deseaban su realización por lo que el incumplimiento del programa electoral vendría a dar la razón, y en cierto modo beneficiaría, a sus no votantes. Por su parte, el “Contrato Político” vincula a todos los ciudadanos con el estado, no con el gobierno ni con el partido que lo asuma, y por ello contiene o debe contener unos derechos y obligaciones recíprocas fundamentales que ningún gobierno puede o debe alterar en virtud de la realización de tal o cual programa electoral.

            En la actualidad, todo estado existente tiene un “Contrato Político” con sus ciudadanos que básicamente consiste en que los ciudadanos pagan unos impuestos para sostener los servicios públicos comunes a todos ellos, se obligan a ser respetuosos con las leyes manteniendo la convivencia y a realizar algunas prestaciones personales como puede ser el servicio militar o dedicar algunas horas en beneficio de la comunidad. Por su parte el estado se compromete con los ciudadanos a gestionar honrada y diligentemente los recursos y servicios públicos, a protegerlos de cualquier perturbación de la paz interna o externa y a favorecer su progreso combatiendo las desigualdades mediante una justa redistribución de la riqueza.            

Todo contrato que se realiza conforme al derecho civil se hace para ser cumplido por las partes pero siempre existe la posibilidad de que el mismo se incumpla por cualquiera de ellas. El incumplimiento del contrato empieza, no con un hecho, sino con la existencia de la idea y de la voluntad de incumplirlo que termina materializándose en el acto del incumplimiento; por eso los contratos suscritos entre dos personas físicas o jurídicas suelen contener cláusulas penales o cualquier otro tipo de garantías como avales, prendas, etc… En el caso del “Contrato Político” el incumplimiento de una de las partes conlleva consecuencias jurídico-políticas de enorme magnitud como son la decadencia y extinción del propio estado y frente a esto las garantías que se establecen son escasas limitándose las mismas a la plasmación por escrito de unas “declaraciones de principios” que se llaman “Constituciones”. No obstante en el incumplimiento de cualquier contrato siempre suele ocurrir lo mismo: la parte que se considera mas fuerte o poderosa va haciendo una interpretación unilateral y arbitraria de los derechos que ha de otorgar a la parte contraria con la intención de irlos restringiendo progresivamente al mismo tiempo y de la misma forma que va aumentando las contraprestaciones que ha de recibir y esto vale tanto para el incumplimiento de contratos de derecho común como para el incumplimiento del “Contrato Político”.    
       
Bien está que una garantía del “Contrato Político” sea que el mismo quede reflejado por escrito en forma de “Constitución” pero ello no basta para garantizar su cumplimiento por la parte más poderosa ya que esta puede, a través de los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) que son los que garantizan el cumplimiento contractual por los ciudadanos tergiversar el espíritu del texto contractual y convertirlo en letra muerta. Las únicas garantías eficaces que pueden existir para asegurar el cumplimiento del “Contrato Político” por la parte más fuerte, esto es por la autoridad del estado, son las que existen por debajo tales como el principio de subsidiariedad, el mandato imperativo y el juicio de residencia.

            En virtud del principio de subsidiariedad, ninguna entidad pública superior ha de asumir competencias y ejercer funciones que puedan ser asumidas y ejercidas por una entidad pública inferior, mientras que por medio del mandato imperativo se impide que los cargos electos tomen decisiones políticas para las que no se les ha dado poder especial por parte de los electores y, finalmente, mediante el juicio de residencia se revisa la gestión realizada por los cargos electos una vez finalizado su mandato quedando sometidos a las pertinentes sanciones que les puedan imponer por haberse extralimitado en sus funciones, por haber malversado fondos públicos o por haber actuado con negligencia inexcusable.

            Si la Historia demuestra la existencia de un “Contrato Político” entre los estados y los ciudadanos no es menos cierto que la misma Historia demuestra igualmente que la decadencia de los estados comienza con la ruptura del “Contrato Político” que termina siendo sistemáticamente vulnerado por la parte contratante más fuerte, lo que genera en un plazo más o menos largo que la contraparte los vulnere igualmente. Así por ejemplo, cuando no pocos historiadores clásicos (Gibbon, Droysen, Mommsen) indican la negativa a servir en las legiones por parte de los ciudadanos romanos (lo que significa una clara infracción del “Contrato Político”) como un primer síntoma de la decadencia de Roma no perciben que anteriormente y durante mucho tiempo las más altas instituciones romanas, el César o el Senado, ya habían infringido el “Contrato Político” con sus ciudadanos no siendo moralmente exigible a éstos últimos el cumplimiento de las contraprestaciones impuestas en beneficio exclusivo de las locuras y extravagancias de un Heliogábalo.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Saludos:

No voy a ser yo quien mueva una coma del Artículo. Además, el visitante habitual de este sitio conoce, digamos, la línea editorial, sabe por dónde transcurre el mensaje que quiere hacer llegar al lector. Únicamente me atrevo a sugerir dos aspectos: uno de relleno, el otro relativo a hacer más entendible el texto.

• En la introducción –histórica– he echado en falta a Hobbes, Bossuet y compañía. Pero bueno, tampoco se puede extender demasiado el artículo y desde esa perspectiva lo entiendo.
• El segundo relativo a los últimos párrafos. Sí, de acuerdo con que es la parte “más poderosa” la que rompe el Contrato. Pero no es la más poderosa, tengámoslo claro. La que más, lo es el pueblo soberano. Y aquí empleo una expresión leída en un publicación jurídica: el poder absoluto es del pueblo; los políticos tienen un poder relativo (cedido por el pueblo). Y lo que entiendo como mucho más importante: el pueblo no tiene que esperar a nada (elecciones) para recuperar el poder cedido. Mientras no tengamos esto meridianamente claro, continuaremos en el derrumbe de todo lo que hasta ahora hemos conocido.

Chouan dijo...

Estimado Anónimo:

Ciertamente faltan muchas cosas pero el articulo no es más que una generalidad.

En cuanto a la parte "más poderosa". No entremos en disquisiciones jurídicas pues el poder judicial como poder del estado se ha convertido en la mano que lava la mano del ejecutivo. No obstante usted dice que el pueblo es la parte mas poderosa, lamento discrepar. Que sea la parte mas numerosa no quiere decir que sea la mas poderosa porque al fin y al cabo un pueblo que quiere remover a sus gobernantes por actuar contra el "Contrato Político" poco puede hacer salvo esperar a las proximas elecciones ya que el gobierno, y más aun el partido del gobierno, controla los medios coercitivos del estado (policia y ejercito) y los punitivos (poder judicial).

Dicho esto... poco o nada puede hacer el pueblo para destituir a unos gobernantes que claramente estan actuando contra el "Contrato político".

Es más... esto me hace pensar ¿Por qué ningun partido con representacion parlamentaria pide en el Congreso que el Presidente del Gobierno sea depuesto (depuesto y no destituído) y el goberno en pleno juzgado por traición?. Evidentemente, porque todos participan y tienen intereses creados con la malignidad del gobierno que quebranta el "Contrato Político".


Anónimo dijo...

Es que si el pueblo tiene que esperar a las siguientes elecciones, nunca cambiará nada sustancial. Las elecciones, poco pueden hacer en este momento, pues bien sabemos que la Ley Electoral y lo que se mueve en derredor está diseñado inteligentemente con unos propósitos concretos (bipartidismo). Y si llega a través de unas elecciones, temo que sean movimientos extremistas. Pero es que, como he apuntado aquí alguna vez, el cambio, el proceso, habrá de ser traumático (recordemos el final del bipartidismo decimonónico). Y sí, entiendo que no comulgue con mis temores, pero son eso, temores.

Chouan dijo...

Estimado Anónimo:
Estoy de acuerdo con usted en que, dada la situación, es una tontería esperar a las próximas elecciones donde, entre la ley electoral, las maquinarias propagandísticas y la creación de falsas esperanzas, nada cambiará. Ni siquiera veremos aparecer en el parlamento posiciones extremistas como en Grecia o Francia.

Pero es que al pueblo no le dejan otra vía que la electoral para cambiar las cosas.

Años de manifestaciones y protestas no han cambiado nada y si hay que cambiar las cosas a través de un proceso traumático, lo cierto es que no detecto en la población un interés de generar tal trauma en el régimen, Trauma que a mi no me genera ningún temor.

Mire usted en un régimen político decente seis millones de parados, doce millones de pobres y ocho millones de jubilados que se van empobreciendo año tras año ya generaría suficiente trauma, pero claro esto no es un regimen político decente.

Anónimo dijo...

Ya, ya, la realidad se impone...

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