A DOÑA MARÍA TERESA DE BORBÓN-PARMA, LA PRINCESA ROJA. IN MEMORIAM

Hoy viernes, 27 de agosto, se celebrarán las honras fúnebres por  doña María Teresa de Borbón Parma en la basílica de Santa María della Stecatta, en Parma. Sus restos mortales descansaran en la cripta de los Duques de Parma, Infantes de las Españas, junto a los de su hermano Don Carlos Hugo, con el que tanto colaboró. Doña María Teresa falleció en París, víctima de la Covid-19, el 26 de marzo de 2020. Las restricciones sanitarias del momento impidieron la celebración de actos en su recuerdo.

            Los abajo firmantes, como carlistas y como compañeros de lucha, hacemos público nuestro reconocimiento a su memoria por  sus aportaciones a la convivencia democrática de las Españas y por su infatigable dedicación a la Causa carlista.

            Carlos Hugo y María Teresa, siguiendo el ejemplo de su padre, el viejo Rey Javier, impulsaron y dirigieron la renovación ideológica y organizativa del Carlismo. Convirtieron al más antiguo movimiento político de las Españas en el Partido Carlista, comprometido e integrado  plenamente en la lucha por las libertades democráticas y por la transformación social.

            De sus esfuerzos por la reconciliación y la unión de las fuerzas democráticas, en los últimos años de la Dictadura, son testimonio su presencia en Moscú, en el Congreso Mundial de la Paz, en 1973, junto a Dolores Ibárruri, que escandalizó al régimen franquista, y su designación como portavoz de la Platajunta en París, en 1976, para anunciar  la unión de todos los partidos políticos democráticos españoles.

            Debemos recordar su militancia y su pensamiento político basado en sus creencias cristianas y humanistas y en sus vivencias familiares. Doña María Teresa era una mujer culta, vital, inquieta, abierta, entregada, cercana, alegre y discreta. Supo integrar sus vivencias del Carlismo hispano en unas concepciones globales, europeas y universales. Desde su cristianismo comprometido fue capaz de comprender la necesidad de un diálogo y un entendimiento con el Islam, para habilitar espacios de consenso, convivencia y progreso.

            Desde su compromiso con los más desfavorecidos consideró que el socialismo autogestionario era el camino hacia la dignidad y la solidaridad. El capitalismo salvaje moderno, los poderosos “lobbies”, están  impidiendo no solo la justicia social, sino también acelerando el desastre ecológico. Pero doña María Teresa creía en la revuelta de un pueblo exasperado, pero no en la violencia, que consideraba odiosa y ridícula, sino en la responsabilidad y en el combate cívico.

            Los déficits de participación ciudadana en la democracia liberal han convertido a los ciudadanos en consumidores pasivos. Para el necesario avance democrático, doña María Teresa proponía recuperar el impulso voluntarista  de la Transición.  Recuperar un patriotismo democrático, frente al patriotismo de venganza de bases franquistas. Integrar en un nuevo consenso constitucional a los pueblos de las Españas, no con una retórica vacía de sentimentalismo alienante, sino desde sus lenguas y sus culturas y su derecho a decidir libremente si quieren, o no, convivir en un proyecto común. Su concepción de la forma de estado se basaba en el respeto a la voluntad del pueblo: “no soy ni monárquica ni republicana, soy demócrata”, pero en todo caso la monarquía nunca debe de ser el régimen de una clase. 

            Su militancia política despertó su conciencia feminista. La lucha no solo se plantea contra unas estructuras políticas represivas, también contra unas estructuras social-familiares igualmente represivas en su ámbito de aceptación colectiva. “No se trata de enfrentarse al “otro”, sino junto al “otro” enfrentarse a las injusticias sociales y políticas”. 

            Pero el mejor homenaje a nuestra  “princesa roja” lo propone su sobrino Don Carlos Javier, actual abanderado de la Dinastía: “es seguir trabajando por la Causa carlista, luchando por los derechos, libertades y dignidad de las personas y de los pueblos.”

 

Ramón MURUZÁBAL (Euskal Herria), Manuel HERRERA (Castilla), Ximo LLORET (País Valencià), Marisa  MARTIN (País Valencià), Arturo  ESTÉBANEZ(Castilla), Joaquín  CUBERO (Asturies), Josep M. SABATER (País Valencià), Juan José GARAY  (Euskal Herria), Victor CERVERA (Catalunya), Miguel SARALEGUI (Euskal Herria), Juan Francisco CERRILLO (Andalucia), José Luís DORESTE (Canarias), José María PORRO (Euskal Herria), Javier ONRUBIA (Castilla), José LÁZARO IBÁÑEZ  (Euskal Herria), José Antonio FERNANDEZ LANDA (Euskal Herria), Santiago PACHECO (Castilla), Ton ALUJA (Catalunya), Loli CASTERES (Euskal Herria), Beatriz CASTERES (Euskal Herria), Manuel FERNANDEZ DE SEVILLA (País Valencià),  Javier LIZARRAGA (Euskal Herria), Javier GÓMEZ DE SEGURA (Euskal Herria), Soledad SANCRISTOBAL (Euskal Herria), Joaquín BARRACHINA (León), Javier GÓMEZ DE SEGURA (Euskal Herria), Joan Francesc ROGER (País Valencià), Soledad SANCRISTOBAL (Euskal Herria), Javier LUBELZA (Catalunya), David LIZARBE (Euskal Herria), Inmaculada IBÁÑEZ (Castilla), Josep MIRALLES (País Valencià), Aurora GARAMENDI (Euskal Herria), Horman TOJA (Euskal Herria), Javier ALDAZ (Euskal Herria),  Carlos LABAIRU (Euskal Herria), Luís GISMERO (Castilla), Carlos LABAIRU (Euskal Herria), Victor ORÚE (Euskal Herria), Antoni MIRALLES (País Valencià), Juan Félix GARAY (Euskal Herria), Maties PALAU (Catalunya), Dolores GÓMEZ GAMBOA (Euskal Herria), Maribel GÓMEZ GAMBOA (Euskal Herria), Javier CUBERO (Asturies),  Dolores ARRIOLA (Euskal Herria), Frederic TORRES FERRANDO (País Valencià), Iciar ANGLÉS (País Valencià), Josefina SAFONT (País Valencià), Xavier CARBONELL (Catalunya), Juan de Dios TORRES FERRANDO (País Valencià), Cesc PUCHOL (País Valencià), Pilar CAROD (País Valencià), Antonio GIL (País Valencià), José Ramón RINCON (Castilla-La Mancha), Cisco MIRALLES (País Valencià), José Antonio COB (Castilla), Julio RIOS (Euskal Herria), Jaume CAMPÀS (Catalunya), Jon IGLESIAS (Euskal Herria)       

 

NUEVAS ADHESIONES.

 

A DOÑA MARÍA TERESA DE BORBÓN-PARMA, LA PRINCESA ROJA. IN MEMORIAM 

 

         El escrito que en memoria y homenaje al pensamiento político de doña María Teresa, que se hizo público la pasada semana, continua circulando entre los carlistas. Recogemos las últimas adhesiones: 

 

Rafel CLAPERS (Catalunya), Beatriz PINILLA (Catalunya), Xavier Claret (Catalunya), German MONTOIA (Catalunya), August MONZÓ (País Valencià), Abel URSUEGUÍA (Catalunya), Carles FELIU VIVES (Catalunya), Esteve MONTOLIU (Catalunya), Enric MONTOLIU (Catalunya), Pere GUAL GATELL (Catalunya), Assumpta CABRÉ MASCORDA (Catalunya), Josep M. VILARRUBIAS  SERASOLS (Catalunya), Salvador GOMEZ DE ARTECHE CATALINA (Mallorca), Ferran LUCAS ZARAGOZA (Catalunya), Mercè FONTEDEVILA (Catalunya), Miquel MONTOLIU (Catalunya), Wifred LLADÓ FERNÁNDEZ (Catalunya).

EL RETORNO DE LOS TALIBANES

Los Talibanes entraron en Kabul

Que el régimen surgido en Afganistán tras los bombardeos y la intervención militar norteamericana del 2001 haya caído no resulta sorprendente, que el mismo se haya desintegrado en menos de quince días solo debe sorprendernos relativamente, pero lo que verdaderamente sorprende es la cantidad de cosas que se están diciendo en los medios de comunicación por parte de muchos de los mismos que hace veinte años se oponían a la intervención armada en la zona.           

            Después de cómo ha terminado la presencia occidental en el país centroasiático hay que concluir que todo lo que se ha venido contando a la sociedad española sobre la intervención militar norteamericana en Afganistán y la participación española en la misma durante estas dos últimas décadas era y es, simple y llanamente, MENTIRA.

            Estados Unidos no intervino en Afganistán en 2001 para expulsar a los talibanes del poder y crear un estado afgano estable, incluso es posible que ni siquiera tuviera la intención de explorar las posibilidades que presentaba el territorio afgano en cuestión de materias primas. Estados Unidos intervino en Afganistán porque después de los atentados terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono del 11 de septiembre de 2001, la administración Bush tenía que demostrar al pueblo norteamericano y al mundo entero que Norteamérica seguía siendo fuerte y que tenía capacidad de respuesta inmediata a pesar de la debilidad que había demostrado el agujero en inteligencia y seguridad interna que hicieron posible los mencionados atentados. La intervención militar se justifico en el supuesto hecho de que Afganistán era la base de la organización terrorista "Al Qaeda" y refugio de Bin Laden, aunque luego se demostró que "Al Qaeda" tenía bases en varios estados, era financiada por diversos líderes del mundo islámico y que Bin Laden residía en Paquistán.

          Con tal de repartir responsabilidades y gastos, siguiendo la filosofía de que cuando varios son responsables de algo nadie es responsable de nada y de que a "escote no hay nada caro"; los Estados Unidos, que iniciaron acciones bélicas unilateralmente en Afganistán, no dudaron ni un instante en implicar a todos sus aliados occidentales, entre ellos a España, quienes, como los serviles lameculos que son, se prestaron rápidamente a participar en lo que no era más que una aventura colonial decimonónica con tal de complacer al "primo de Zumosol" norteamericano. Para encubrir la kiplingnesca aventura, los distintos estados europeos, y principalmente España, se justificaron ante sus respectivas opiniones públicas alegando la defensa de las libertades democráticas para el pueblo afgano, en la promoción de los derechos de las mujeres oprimidas y en la consabida modernización de Afganistán.... en definitiva en palabras nuevas para referirse a la vieja afirmación imperialista de que "hay muchas formas de entender el mundo pero solo la forma británica de entenderlo es la correcta".

...Las fuerzas militares occidentales evacuan Afganistán

Afganistán siempre ha sido un territorio carente de estructuras y autoridades estatales estables, en el que los distintos derechos privados de las tribus y etnias, así como el poder de las autoridades tribales primaba sobre cualquier ley o directriz emanada de cualquier autoridad estatal por lo que en 2001, al igual que ahora mismo, difícilmente cabía la posibilidad de instaurar ningún tipo de democracia o estado de derecho y ejemplo de esto ha sido la imposibilidad de crear un ejército regular afgano a pesar de la gran cantidad de esfuerzo y dinero invertido en tal tarea y ello porque para que exista un ejército primero ha de existir una idea nacional única y en segundo lugar un estado que sea capaz de mantenerlo material y moralmente.

            En veinte años de presencia occidental en Afganistán, Estados Unidos y sus aliados no han llegado a controlar de manera efectiva nada más que determinadas ciudades que servían de "escaparate" para mostrar a la opinión pública mundial lo mucho que estaba prosperando y modernizándose el país asiático y, de ese modo justificar ante sus respectivas ciudadanías su presencia en el mismo. No obstante, la aventura afgana se estaba convirtiendo en un pozo sin fondo para una parte relevante del presupuesto del gobierno estadounidense, el cual era sobradamente consciente de que los talibanes no habían dejado de actuar libremente y de controlar gran parte del territorio afgano durante estos últimos veinte años, por lo que no estando dispuesto a empeñar tropas norteamericanas en combate directo y habiendo sido incapaz de organizar unas honestas instituciones civiles y un ejército puramente afgano hizo pública, en abril del presente año de 2021, su voluntad unilateral de completar totalmente la retirada de sus  tropas del país centroasiático a mediados de septiembre de este año, lo que ha provocado la ofensiva definitiva de los Talibanes que ha culminado con su entrada en Kabul el pasado 15 de agosto.

            Con su retirada, Estados Unidos no solo abandona, como ya hizo en China en 1949 y en Vietnam en 1975, a toda aquella parte de la población nativa que ha colaborado con las fuerzas militares de la misión internacional y con el fallido experimento de creación de un estado afgano, sino que también ha abandonado a sus aliados occidentales con los que no se ha dignado planificar y organizar una evacuación conjunta y combinada que hubiera permitido salvar más vidas. De este abandono cualquier ser medianamente inteligente debería sacar algunas conclusiones, aunque resulta dudoso que entre la casta política europea nadie saque conclusión alguna.

            Por la parte que a los españoles nos toca directamente hay que asumir nuestras obligaciones morales con todos aquellos ciudadanos afganos y sus familias que durante estos veinte años han colaborado con las fuerzas armadas españolas desplazadas a la zona así como con los que han trabajado para nuestra misión diplomática en Kabul o con las distintas ONGs españolas que han actuado en el país asiático, evacuándolos y poniéndolos a salvo de cualquier represalia talibán, dándoles asilo en nuestro país e incluso otorgándoles la nacionalidad española porque España ha contraído con todos ellos una deuda de honor y no los puede dejar abandonados.

...... como siempre lo han hecho desde 1842

Igualmente corresponde al actual gobierno de coalición PSOE-PODEMOS, y que preside Pedro Sánchez, explicar a la opinión pública española el por qué nos involucramos en esta aventura colonial que a todas luces solo podía salir mal, el por qué han perdido en ella la vida ciento cuatro compatriotas y por qué, durante veinte años en los que hemos tenido desplegadas fuerzas militares asesorando y ayudando, según decían, a formar e instruir al ejército y a la policía afgana, no se tuvo conocimiento de que se estaba fracasando en tal misión por la nula voluntad combativa de los integrantes de tan fantástico ejército y quimérica policía afgana y por la elevada tasa de deserción existente en dichas fuerzas militares y policiales.

            Asimismo, los señores y señoras que pontifican desde las tribunas tertulianas de las distintas cadenas televisivas mesándose los caballos por el desastre afgano y diciendo lo evidente, que lo que ha hecho occidente en Afganistán es una vergüenza, deberían aportar alguna solución y decir que es lo que se debería hacer porque lo cierto, es que la única alternativa a lo que está ocurriendo  es el despliegue de una fuerza militar de, al menos, setenta y cinco mil hombres dotada con la mayor potencia de fuego posible y que combata directamente y sin restricciones a los talibanes hasta la obtención de la victoria, tal y como quedo definida por Clausewitz, es decir, que combata hasta "el total exterminio del contrario". Evidentemente estos ilustres tertulianos, muchos de los cuales forman parte de partidos políticos que, por puro oportunismo, se mostraron contrarios a la intervención militar hace veinte años y que cuando alcanzaron el poder no solo no retiraron a tiempo al ejército español de Afganistán, sino que incluso incrementaron su presencia, no van a exponer a la opinión pública española esa cruda realidad, porque, aunque totalmente cierta, no resulta políticamente correcta y porque saben que la indignación del pueblo español con lo que está ocurriendo en Kabul acabaría en el mismo momento en que se hablara de la participación en una guerra directa contra los talibanes.

            Cuando la evacuación española de Afganistán se complete será el momento de pedir explicaciones del por qué nuestra implicación en la aventura afgana y depurar responsabilidades, a todos los niveles alcanzasen estas a quienes alcanzasen, pero dentro de quince días.... nadie se acordará de Afganistán ni de los afganos y, lo que es aún peor, a nadie le importará el dinero perdido en este desastre y nadie se acordará de los ciento cuatro compatriotas que entregaron su vida en aras de no se sabe qué. Una vez más se volverá a hacer realidad aquella máxima de Mariano José de Larra que rezaba "En España nunca pasa nada porque los españoles pasan por todo", y así, hasta el próximo despropósito en el que nos quieran meter los vividores del actual régimen español.

 

"ESPLENDOR Y VILEZA" de ERIK LARSON

La editorial Ariel acaba de publicar el último libro del periodista e historiador norteamericano Erik Larson titulado "Esplendor y Vileza" dedicado a la historia familiar de Winston Churchill durante los primeros doce meses en los que ejerció como Primer Ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, meses éstos que posiblemente coinciden con los más críticos de toda la II Guerra Mundial.

            "Esplendor y Vileza", va más allá, mucho más allá de ser una mera historia anecdótica de la vida de la familia Churchill, tal y como anuncia el editor. Entre sus líneas se deja entrever una interesante conjetura histórica que no es otra que la que Winston Churchill condicionó toda la estrategia militar y política de la Gran Bretaña exclusivamente a la entrada de los Estados Unidos en la guerra, lo que constituía una apuesta muy arriesgada considerando la nula beligerancia que mostraba la población norteamericana en ese momento y la oposición del Congreso estadounidense a involucrarse en el conflicto. A este respecto, el autor retoma la teoría que ya sostuvo en una anterior obra titulada "Lusitania", recientemente reeditada también por la editorial Ariel, según la cual el Secretario de Marina de Estados Unidos (Franklin Delano Roosevelt) y el Primer Lord del Almirantazgo británico (Winston Churchill) pudieron evitar el hundimiento del Lusitania en 1915 y, simplemente, no lo hicieron.

            Que un gobernante de un país que lucha desesperadamente por su propia existencia e independencia apueste todo a una única posibilidad que, además, no depende de sí mismo sino de terceros es una apuesta demasiado arriesgada como para creerse que no existía algún tipo de seguridad al respecto de que tal posibilidad se verificaría. Así surgen grandes preguntas: ¿Tenía Churchill alguna garantía de que Estados Unidos entraría en guerra cuando pronunció su famoso discurso de "Lucharemos en las playas" el 4 de junio de 1940?; es curioso pero en el mencionado discurso, pronunciado más de año y medio antes de que Estados Unidos entrase en guerra, no solo declaraba la voluntad de la Gran Bretaña de resistir indefinidamente sino que aseguraba, con una certeza casi profética, que "el Nuevo Mundo (América), con todo su poder y su fuerza avanzaría al rescate y a la liberación del Viejo". Por su parte, ya es un hecho histórico irrefutable que Roosevelt fue involucrando progresivamente a Estados Unidos en la guerra y dosificando la ayuda que prestaba a la Gran Bretaña permitiéndola resistir los ataques alemanes durante casi dos años; ahora bien esa dosificación de la ayuda ¿Se debía  a la posición contraria a la guerra que mantenía la opinión pública norteamericana y a las trabas que ponía el Congreso de Estados Unidos o a un deseo deliberado de desgastar a la Gran Bretaña para que pasara a ser una potencia de segundo orden en el mundo de postguerra?.  Hoy también se sabe que cuando Japón atacó Pearl Harbour, el 7 de diciembre de 1941, Roosevelt solicitó informes sobre si habían participado aviones alemanes en el ataque con la finalidad de declarar la guerra a Alemania y al no verificarse tal extremo, se sintió bastante preocupado y angustiado por no tener justificación para declarar la guerra a Alemania hasta que finalmente, el 11 de diciembre de 1941, ésta declaró la guerra a Estados Unidos (1).

            El  libro de Erik Larson no da respuesta a estas preguntas pero ya el solo hecho de plantearlas entre líneas supone una novedad en la historiografía de la II Guerra Mundial sobre la cual ya se ha escrito prácticamente todo por lo que  "Esplendor y Vileza" resulta un libro muy interesante además de ameno y entretenido para estas  fechas de asueto estival.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Alemania declaró la guerra a Estados Unidos, el 11 de diciembre de 1941, basándose no tanto en su alianza con Japón como en el hecho de que consideraba que ya estaba de facto en guerra con ellos, basándose en el hecho de que buques norteamericanos escoltaban a los convoyes británicos, informaban de la posición en que se encontraban los submarinos alemanes e incluso participaban activa y directamente en su hundimiento. No podemos saber qué habría pasado si Alemania no hubiera declarado la guerra a Estados Unidos pero muy posiblemente, éstos habrían retirado numerosos destructores y varios buques mas del Atlántico para destinarlos al pacífico  debilitando a la Royal Navy y tal vez habría salido a la luz que la flota del pacífico sufrió el ataque japonés porque había quedado, en gran medida, desguarnecida por el envío de unidades de vigilancia naval al Atlántico lo que habría supuesto un escándalo que sin duda influiría en las elecciones presidenciales de 1944.

UN MOMENTO PARA LA DESMEMORIA

¿Ley de Memoria partidaria o de Desmemoria interesada?

Existe un popular refrán que reza del siguiente modo: "dime de qué presumes y te diré de qué careces" y, desde luego, nunca estuvo más acertada la sabiduría popular expuesta en ese refrán.

            El pasado 20 de julio de 2021, el gobierno de coalición PSOE-PODEMOS acordaba enviar al Congreso de los Diputados su "Ley de Memoria Democrática" para su pertinente tramitación parlamentaria en lo que no es más que un alarde de presunción de memoria, de una memoria que al ser selectiva, no es más que desmemoria pues fomenta, reitera y limita toda la historia de España a un periodo y en un sentido muy concreto de la misma fuera del cual no existe nada ni cabe interpretación alguna.

            No obstante, como si de algún tipo de justicia poética se tratase el gobierno que preside el señor Pedro Sánchez tomo su decisión sobre la "Ley de Memoria Democrática" en la misma semana en la que unas mentes forjadas en el sistema educativo y en la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) y, por tanto, ignorantes de muchas materias y, sobre todo, de la historia asaltaban la indefensa Cripta de Montserrat en la que descansan los restos de decenas de carlistas integrantes del "Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat" muertos durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 en un acto claramente de desmemoria histórica fomentado desde las esferas del poder porque la historia del "Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat" no deja de ser de lo más curiosa.

            A pesar de las notables reservas de sus dirigentes nacionales, que consideraban que nada se le había perdido al Carlismo en la pugna que se estaba planteando entre el caos institucional republicano y el marxismo por un lado y el militarismo de toda la vida y el fascismo por otro; la base de la militancia carlista impuso (hoy se diría que se empoderó) a sus dirigentes el sumarse a la rebelión por pura supervivencia ya que los grupos marxistas y las instituciones republicanas no habían dejado de atacar los templos de la fe de sus mayores, de acosarles en los actos públicos carlistas y de asesinarles sin motivo por las calles y las esquinas de las ciudades. Así llegó el 18 de julio de 1936, y los carlistas catalanes salieron de sus casas para concentrarse en los cuarteles barceloneses de las Ataranzanas y como el levantamiento se produjo entre gritos de viva la república y cánticos del "Cara al Sol", decidieron no salir de los cuarteles camino de la Plaza de Catalunya, quedándose en los mismos como guarnición. Al fracasar el levantamiento en Barcelona, los requetés abandonaron los cuarteles y se fueron a sus casas donde, las fuerzas gubernamentales y sus auxiliares paramilitares de sindicatos y partidos de izquierda iban a buscarlos para asesinarlos pudiéndose destacar el cruel asesinato del Jefe Regional Carlista de Catalunya, Tomás Caylá, que ferviente enemigo del levantamiento, fue descuartizado entre dos camiones. Ante este panorama, y para salvar la vida, muchos carlistas catalanes emprendieron la huída pasando primero a Francia y, luego, reentrando a España por la frontera pirenaica donde, agrupados en pequeños grupos, eran detenidos e internados en campos por la Guardia Civil porque hablaban en catalán, lengua que muchos de ellos era la única que conocían. Meses más tarde estos carlistas catalanes, exiliados de su tierra y represaliados por unas autoridades que empezaban a ser claramente franquistas, organizaron el que sería el "Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat" unidad que sufrió un notable número de bajas en combates, obtuvo la Laureada de San Fernando Colectiva y varias individuales y rescató los famosos documentos que estaban en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca y que fueron devueltos a Cataluña hace algunos años, cuya quema y destrucción había sido decretada en 1939 por unas autoridades republicanas en retirada. Esta es, en síntesis, la historia de unos hombres cuyo eterno descanso ha sido profanado por la ignorancia, que es la más repugnante de todas las madres que puede tener el odio, ante la pasividad, cuando no la complicidad, de unas autoridades que saben que el odio organizado es la más fuerte base sobre la que se puede asentar el poder.

Fotograma del video de la profanación de la Cripta de Montserrat

Como si no fuera suficiente prueba de desmemoria, dejadez y despreciable ignorancia, cuatro días después de la profanación de la Cripta de Montserrat y dos días después de que se anunciase el envío  al Congreso de la "Ley de Memoria Democrática", esa misma semana, el 22 de julio de 2021, se conmemoraba el centenario del inicio del Desastre de Annual (22 de julio a 9 de agosto de 1921), que costó la vida a más de diez mil soldados españoles y que constituye, por número de bajas (muertos, heridos y prisioneros), el mayor desastre militar español contemporáneo en una guerra exterior pues, para que se haga el lector una idea; entre los desastres de Cavite y Santiago de Cuba en 1898 donde los norteamericanos hundieron la totalidad de ambas flotas españolas, la suma de bajas no llegaron a cuatro mil entre muertos, heridos y prisioneros. Pues bien, el centenario del Desastre de Annual de 1921, que tanto contribuyó diez años después, en 1931, a la caída del régimen de la Restauración Alfonsina y a la proclamación de la tan aclamada, por distintos miembros del actual gobierno, II República ha pasado completamente desapercibido, constituyendo otro ejemplo de desmemoria e indignidad institucional y nacional.

            El "Desastre de Annual" fue fruto de la trágica conjunción de megalomanía imperial, corrupción política y social e incompetencia militar.  Tras el desastre de 1898, España se había convertido en una potencia de segunda fila que poco o nada pintaba en el panorama internacional y en vez de resignarse a asumir un nuevo papel donde la cohesión interna, la alfabetización, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la ciencia, la industria y el comercio fueran los pilares sobre los que reasentarse; aceptó, tras la Conferencia de Algeciras de 1906, las sobras que las grandes potencias europeas no quisieron o no pudieron engullir tras el reparto de Marruecos. El gobierno Español no vio en ello el caramelo envenenado de que se trataba sino que se dejó guiar por la absurda ilusión de convertirse en una potencia imperial como Inglaterra, Francia o Alemania olvidando que unos pocos años antes se había quedado sin fuerzas navales y había tenido que desprenderse de sus restos imperiales en el Pacífico (venta de las Carolinas, Marianas y Palaos al Imperio Alemán en 1899) porque no podía mantenerlos.

            La ocupación efectiva de la zona del Rif encomendada a España por las potencias internacionales y que tenía una extensión de unos treinta mil kilómetros cuadrados (algo más grande que la Provincia de Badajoz), se creía una empresa fácil sin ser consciente de que su población estaba formada por diversas tribus independientes que llevaban décadas sin reconocer la autoridad del Sultán marroquí por lo que las autoridades españolas, a diferencia de las francesas, no podían contar con la ascendencia de éste sobre la población autóctona. Tan complicada resultó la empresa, que quince años después de firma del Tratado de Algeciras, en 1921, España aún no controlaba la inmensa mayoría del territorio rifeño y prácticamente no había salido de las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla.

Cadáveres insepultos de soldados españoles en Monte Arruit (1921)

En enero de 1921, el ejército español al mando del General Fernández Silvestre y formado por mas quince mil soldados españoles reclutados forzosamente entre los que no disponían de las dos mil pesetas que costaba pagar a un sustituto que les permitiera eludir el servicio militar comenzó un lento y progresivo avance hacia el interior del Rif que se aceleró a mediados del mes de mayo de 1921, al parecer espoleado por un telegrama que dirigido por Alfonso, llamado el XIII, al General Fernández Silvestre, rezaba "¡Olé, tus cojones!". A pesar de que todos los informes e indicios indicaban que las tribus bereberes estaban mejor organizadas de lo que se creía, lo que se traducía en una oposición cada vez mayor y más fuerte y a pesar del ataque a Sidi Driss, en la retaguardia de la línea de avance de las fuerzas españolas, las tropas continuaron avanzando ocupando Igueriben el 7 de junio que quedo guarnecido por trescientos españoles al mando del comandante Benítez y suponiendo dicha ocupación el  punto de mayor avance del ejército español. El 17 de julio de 1921, las distintas cabilas unificadas por Abd-el-Krim, atacan todo el frente español; Igueriben, queda sitiado sin posibilidad de recibir auxilio, el 22 de julio cae Annual en manos rifeñas y a partir de ese día comienza la retirada del ejército español que abandona las posiciones que guarnecía y se establece en otras que no tardan en ser rebasadas o sitiadas siendo constantemente hostigado por los rifeños.

            Las posiciones españolas van cayendo una tras otra y la mayoría de los soldados españoles que se rinden son torturados y asesinados quedando sus cuerpos insepultos. La propia ciudad de Melilla corre el riesgo de caer en manos de los rifeños salvándose gracias a la actuación de Abd-el-Kader quien, leal a las autoridades españolas, se opone al avance rifeño hacia la ciudad otorgando a ésta el tiempo suficiente para recibir los refuerzos de la Legión, procedentes de Ceuta, y de nuevas tropas llegadas de la propia península.

            En manos rifeñas quedaron unos quinientos soldados españoles de los que sobrevivieron poco más de trescientos y que fueron liberados el 27 de enero de 1923 tras el pago de cuatro millones de pesetas de la época que fueron entregados personalmente por el empresario vasco Horacio Echevarrieta a Abd-el-Krim entre la canallesca exclamación de "¡Qué cara está la carne de gallina!" pronunciada por el comandante en Jefe del Ejército y del  Estado Español Alfonso, llamado el XIII.

            Hoy, cien años después, la mayoría de los restos de los soldados españoles caídos en Annual se encuentran en diversos cementerios militares españoles en territorio marroquí completamente abandonados y en ruinas entre las que crecen algunas hierbas que sirven de pasto para las cabras. Aquel 22 de julio de 1921, los soldados españoles en el Rif, la mayoría de los cuales habían sido arrancados de sus hogares y de sus trabajos habituales para prestar un servicio militar que no pudieron eludir por ser pobres y muchos de los cuales estaban bajo el mando de oficiales incompetentes, no pudieron sentirse más abandonados, y con razón, por el gobierno y el estado que les había mandado allí. Hoy, transcurridos cien años de aquella carnicería, unos gobernantes y unas instituciones que, de tan miserables ya resultan despreciables, haciendo gala de una "Memoria Histórica" y de una "Memoria Democrática", que no es más que una distinción en la Historia de España entre muertos de primera categoría que merecen loas y respeto y muertos de segunda que solo merecen el desprecio del olvido, les vuelve a abandonar haciendo que caiga la noche y la niebla sobre su sacrificio que parece no merecer el más modesto y oficial de los homenajes.

 

Y... ¡¡EL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIÓ!!

Tras casi año y medio de espera dando ejemplo de competencia, entrega y sacrificio, sea dicho esto con todo el cinismo y sarcasmo posible, ¡¡por fin!!, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre las medidas tomadas tras la declaración del primer estado de alarma en marzo del año 2020 y ha declarado que el confinamiento de los españoles que duro tres meses era INCONSTITUCIONAL porque implicaba una suspensión de los derechos fundamentales que no tenía cabida en la figura jurídica del Estado de Alarma.

            Aunque todo indica que el Tribunal Constitucional ha dejado "todo atado y bien atado" para que no puedan plantearse reclamaciones económicas más allá de la nulidad de las multas impuestas y de la devolución de las cantidades cobradas por tales multas, surgen numerosas dudas de cuál es la situación jurídica en la que queda la totalidad del estado y sus instituciones.

            Evidentemente las multas impuestas por supuesta violación del confinamiento devienen nulas y las cantidades abonadas deberán ser reintegradas a aquellos ciudadanos que las pagaron, pero lo que es más importante y sobre lo que nadie incide es lo siguiente: ¿Qué es lo que ocurre con las condenas penales impuestas a los ciudadanos por desobediencia o atentado contra la autoridad?. Durante el confinamiento hubo ciudadanos  (y no faltan imágenes que fueron emitidas por TV que lo prueban) que decidieron no quedarse en casa y salir a la calle por lo que fueron interceptados por la Policía Nacional,  Guardia Civil o incluso por el Ejército y al negarse a identificarse o al mostrarse disconformes de algún modo con el enclaustramiento eran detenidos por delito de desobediencia a la autoridad y/o atentado, dando lugar a la incoación de un procedimiento penal que terminaba con una condena por tales delitos.

            Pues bien, si un policía autonómico, municipal o nacional, un guardia civil o un soldadito del glorioso ejército español intentaban hacer valer con su presunta autoridad el confinamiento, ahora declarado inconstitucional y por tanto ilegal, estaban cometiendo una ilegalidad lo cual les hacía perder, en ese preciso momento, su condición de autoridad por lo que aquellos que se oponían a cumplir las órdenes no estaban cometiendo ningún delito y sí, en cambio, lo estaban cometiendo aquellas presuntas autoridades que cumplían, por convicción o por sumisión, órdenes ilegales. Dicho de otro modo, las sentencias condenatorias por delitos de desobediencia o atentado a la autoridad impuestas a ciudadanos por no obedecer a policías, guardias civiles o soldaditos valerosos deben ser anuladas y se debería deducir testimonio para juzgar por el delito correspondiente a esos soldaditos, guardias civiles o policías porque no pueden quedar amparados, y en este sentido ya se  pronunció la justicia española con motivo del proceso del 23-F e incluso el Tribunal  Penal Internacional de Núremberg, por la "obediencia debida" que por otro lado era una eximente que desapareció de nuestro derecho penal con la entrada en vigor del Código Penal de 1995.

            La sentencia del Tribunal Constitucional no dice que el gobierno no pudiera ordenar el confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios, lo que dice es que la suspensión de derechos que conllevaba el confinamiento no tenía cabida en el Estado de Alarma debiéndose haber decretado, al menos, el Estado de Excepción.  Ante esto el gobierno se defiende, y  sus gacetilleros afines lo justifican, diciendo que el Estado de Excepción solo está pensado para alteraciones del orden público y no para epidemias; pero lo cierto es  que algún miembro del gobierno o algún funcionario adscrito a los servicios jurídicos del estado debería de saber, y así haber informado a quien correspondiera, que el orden público tiene muchas acepciones y por orden público no solo se tiene que entender el respeto generalizado de la ley que impida la existencia de disturbios en las calles sino también el normal funcionamiento del estado y de sus instituciones y, por tanto, cualquier situación, en este caso epidémica, que pudiera llevar a dificultar o impedir el normal funcionamiento del estado, sus instituciones o de los servicios públicos y además a poner en peligro de forma generalizada la vida y la integridad física de los ciudadanos es una situación que afecta al orden público y, por tanto, ante una situación de grave epidemia cabe la posibilidad de decretar el Estado de Excepción. 

Lo que realmente ha pasado es el que, en este nuestro pobre país, desde hace décadas las leyes se hacen sin que exista la más mínima fe en ellas por parte de quien las redacta; se promulgan a bombo y platillo como una "garantía para los derechos y las libertades ciudadanas", pero con la intención de no aplicarlas jamás o para aplicarlas arbitrariamente según  convenga y a quien convenga porque aplicarlas implica tomar una decisión (que puede ser imprescindible pero no gozar de popularidad) y hacerse responsable de ella. A ver si, de una vez por todas, se entera quien se tenga que enterar que gobernar no es un concurso de simpatía, que gobernar consiste en hacer lo que se tiene que hacer en beneficio de la colectividad con independencia de la opinión pública. El gobierno del señor Pedro Sánchez debió declarar el Estado de Excepción pero no lo hizo por lo mismo que no lo hubiera hecho un gobierno presidido por Pablo Casado u otro político de la oposición: por no querer asumir la responsabilidad de decretar un estado legal que no se decretaba en España desde la época del régimen franquista.

            Si una persona tiene encerrada a otra en una habitación en contra de su voluntad y sin amparo legal alguno se puede decir que la tiene secuestrada y que esa persona es una secuestradora, así pues ¿Cómo calificar a un gobierno que ha tenido a toda la población encerrada en casa  durante tres meses? ¿Cómo calificar a unas fuerzas de Orden Público que han sido el garrote del gobierno para hacer valer un confinamiento domiciliario declarado inconstitucional?: Pero no nos engañemos, la responsabilidad de haber llevado al estado a la quiebra constitucional, porque si de esta chapuza no se depuran responsabilidades penales eso es precisamente lo que habrá ocurrido, una quiebra del Estado de Derecho; no le corresponde solo al gobierno sino también a los diputados que votaron a favor del confinamiento y sus reiteradas prórrogas, a las fuerzas armadas y del orden público que colaboraron para mantener a la población encerrada en casa y, por supuesto, a un poder judicial que no hizo nada porque estaba escondido no se fuera a contagiar y que, cuando alguien le pidió amparo, tardó casi año y medio en pronunciarse y cuando se pronunció su pronunciamiento carecía efectos prácticos al no evitar el mal producido.

            Y... ¡¡¡El Tribunal Constitucional se pronunció!!!, pero lejos de solucionar un problema, pues la gravedad de la situación exigía que se hubiera pronunciado en unas pocas semanas si no en unos pocos días, ha generado otro problema mayor pues ¿Que ciudadano con sentido común puede confiar en una legalidad que cuando él se la salta le aplican las penas del infierno y cuando se la salta el gobierno y/o las autoridades no pasa nada?. De no abrirse una investigación que depure las responsabilidades penales de todos los individuos e instituciones implicadas en la aplicación del inconstitucional confinamiento, el llamado "Estado de Derecho" y el "Imperio de la Ley" habrán demostrado ser una farsa en manos de unos dirigentes políticos y de unos funcionarios sin escrúpulos que habrán reducido el régimen de 1978 a un estado arbitrario y de falseamiento constitucional.