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jueves, 9 de julio de 2009

Y SI ES NECESARIO… ¡¡¡QUÉ SE CAMBIE EL CODIGO PENAL!!!

El auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestima la solicitud de sobreseimiento solicitado en el llamado “Caso Gurtel” y acuerda la continuación del procedimiento por un presunto delito de cohecho contra varios dirigentes del Partido Popular en el Reino de Valencia entre los que se encuentra el mismísimo Presidente autonómico, don Francisco Camps, ha provocado numerosas manifestaciones de diversos dirigentes nacionales de dicho partido apoyando y cerrando filas en torno a su señero compañero.

Entre estas manifestaciones hay que destacar, porque dejan claro lo que significa el Estado de Derecho para nuestros políticos, las pronunciadas por la Secretaria General del Partido Popular, doña Maria Dolores de Cospedal, y por la actual alcaldesa de la ciudad de Valencia, doña Rita Barberá.

La Señora Cospedal ha manifestado textualmente que “en el hipotético caso de que estuviéramos hablando de algún tipo de regalo es algo muy discutible hasta donde tiene que llegar el tipo penal o los límites en este asunto". Por su parte la alcaldesa de Valencia, Señora Barberá, ha dicho que “Hay que leerse el Código o cambiarlo si estamos en un espiral de locura, que es donde parece que estamos”. Las dos manifestaciones de las dirigentes populares, más que defender a don Francisco Camps, parece ser que tienden más a considerar que cuando el código penal (y seguramente cualquier otro) es susceptible de aplicación contra alguno de los suyos es mejor cambiarlo para que no les sea de aplicación.

Parece ser que el concepto de Ley y de Procedimiento Legal es altamente relativo para nuestros políticos pudiendo ser más estricto o más flexible, dependiendo de quien sea la persona a quien le sea de aplicación. Hasta el día de hoy, los políticos de un lado nos tenían acostumbrados a reclamar que cayese “todo el peso de la ley” contra los miembros del partido contrario imputados en casos de corrupción mientras que guardaban silencio cuando las sospechas de corrupción recaían sobre sus propios miembros, pero a partir de ahora, es de suponer que los dos principales partidos políticos de nuestro país eleven a cuestión de estado el ponerse de acuerdo para que, de una forma u otra, los políticos se sitúen por encima de la ley.

Es curioso como en estos tiempos de crisis y de dificultades económicas para muchas familias, ningún “Padre de la Patria” haya propuesto o sugerido cambiar las leyes civiles para que a los ciudadanos de a pie no les alcancen los embargos de los que llevan años haciendo su agosto con los prestamos y las hipotecas, en cambio… cuando una Ley Orgánica, como es el Código Penal, puede ser aplicado, aunque con unas consecuencias muy nimias, a uno de ellos; no dudan un instante en calificar el hecho investigado como “muy discutible” o como “espiral de locura” y solicitar, ni más ni menos, que el cambio de la ley para que no les afecte.

En fin, creo que no son necesarias más palabras, salvo aquellas que dicen que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

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