PRIVATIZAR SIN PRIVATIZAR ¿COMO SE VA A HACER?

Está en el ambiente y se respira en el aire siendo motivo de innumerables protestas ciudadanas principalmente en Barcelona y Madrid. No se trata de la contaminación o tal vez sí, pero desde luego no de la contaminación atmosférica sino de otro tipo. Nos referimos a las probables, más que posibles, privatizaciones de servicios públicos como la educación o la sanidad que pueden tener lugar en la próxima legislatura como consecuencia de la crisis económica.

En realidad las privatizaciones han estado presentes en la política y en la economía española desde que empezaron a venderse las primeras empresas públicas a mediados de la década de los ochenta del pasado siglo con motivo de la mal llamada “Reconversión Industrial” que más debería haberse llamado “Desindustrialización Programada”, aunque jamás fueron objeto de las mismas servicios públicos fundamentales con los que la ciudadanía tenía relación directa.

Los ciudadanos hoy están protestando, con justicia y con razón, contra las privatizaciones, pero con la ingenua creencia en que, si no son atendidas sus reivindicaciones, llegará un día en que los gobernantes venderán directamente las instalaciones educativas y sanitarias con todos los materiales y mobiliario existente en su interior a unas empresas privadas que a partir de ese momento se harán cargo del abono de emolumentos al personal docente y sanitario y gestionaran la educación y la sanidad con criterios puramente empresariales y con plena obediencia a las leyes del mercado.

No obstante, tal cosa no solo no sucederá así, sino que además la privatización de la educación y de la sanidad llegará ante la indiferencia de los ciudadanos cuando no atendiendo a una clamorosa exigencia de los mismos y ello porque previamente habrá un proceso de transición, que ya ha comenzado hace unos años, en el que no se ahorraran esfuerzos para modificar la opinión ciudadana sobre los servicios públicos.

Si la privatización de la educación y de la sanidad tuviera lugar en la forma como cree la opinión pública, las instituciones políticas tendrían un grave problema pues el personal funcionario de tales servicios no podría ser reubicado en su totalidad ni en el sector público ni en el sector privado generándose un importante número de nuevos parados que no aliviarían precisamente el gasto público sino que simplemente modificarían el concepto de dicho gasto que pasaría de los presupuestos de educación o sanidad al de prestaciones por desempleo. Por otra parte, la privatización de tales servicios solo puede ser lenta y progresiva pues con una privatización rápida se podría correr el riesgo de colapsar totalmente el servicio.

Así pues, las privatizaciones que se avecinan se harán encubiertamente y con paso firme y pausado hasta que llegue un día en que toda la población o, al menos una inmensa mayoría de ella, se encuentre siendo asistida por la sanidad o la educación privada sin que se percate de ello.

El método de privatizar sin privatizar (o al menos sin qué se note) consiste, en primer lugar en lanzar “globos sonda” que son recogidos por la prensa y demás medios de comunicación en los que se cuestiona la gestión pública del servicio en cuestión, ello genera un debate en la sociedad que nadie se había planteado anteriormente en el que un sector, aunque sea muy minoritario, argumentara a favor de la privatización. Posteriormente y con cualquier excusa, aunque generalmente será con la de mejorar la prestación, se externalizarán determinadas funciones, como por ejemplo el catering de los colegios o la limpieza de los hospitales, para continuar, amparándose en la racionalización de los costes y en el aumento de la productividad, con el endurecimiento de las condiciones laborales de los profesionales del sector. Cuando se haya llegado a este punto, es el momento crítico de la privatización encubierta porque los profesionales protestaran, se movilizaran y de esta forma colaboraran inconscientemente y de buena fe a la tarea privatizadora pues no se escamotearan esfuerzos para criticarlos duramente en los medios de comunicación y en afirmar que sus quejas responden a motivos espurios y egoístas, generándose con todo ello un malestar social hacia estos profesionales primero y después hacia el funcionamiento del propio servicio público que de ellos depende que, unido a deficiencias existentes en el servicio, sean estas inherentes al mismo o mal intencionadamente provocadas; irá incubando en los ciudadanos una creciente desconfianza hacia lo público que hará que surjan las preguntas del tipo ¿Estaré bien tratado si voy a un hospital público? ¿Los profesores de un colegio público se preocupan realmente por sus alumnos, mis hijos?.

La quiebra de la confianza en los servicios públicos llevará a los ciudadanos a que progresivamente y de una forma creciente vayan suscribiendo “seguros privados de salud” (que son ofrecidos por bancos y empresas a precios realmente no excesivos) que les aseguren una mínima asistencia médica en caso de enfermedad o a matricular a sus hijos en colegios privados y/o concertados, lo que a su vez conllevará un adelgazamiento en las prestaciones sanitarias y educativas públicas que al final quedarán reducidas poco menos que a aquellos que sean “pobres de solemnidad” y poco menos que serán consideradas como prestaciones de beneficencia, todo ello con la consiguiente reducción progresiva en las plantillas laborales a base de la congelación de ofertas de empleo público, despido de interinos e, incluso, prejubilaciones.

Llegado el momento en que la mayoría de la población haya derivado, de forma voluntaria y ante su desconfianza, al sector privado ella misma reclamará que se privatice lo que quede de la sanidad y de la educación pues ello supondrá, al menos teóricamente, una disminución en la presión fiscal y así dejará las manos libres a las instituciones políticas para que puedan enajenar los establecimientos sanitarios y educativos absorbiéndose por la empresa privada o la propia administración un personal laboral numéricamente reducido.

Este y no otro será el método a seguir en el proceso privatizador por lo que los ciudadanos y trabajadores del sector público han de estar atentos para que en los primeros no surja la desconfianza en las prestaciones de los servicios públicos y en los segundos no se caiga en la provocación que les llevará a colaborar inconscientemente con las privatizaciones.