EJEMPLARIZANDO EN LOS NUEVOS TIEMPOS

En el pasado verano, concretamente a primeros del mes de agosto de 2020, saltó la noticia de que el ex-Jefe del Estado a título de Rey (Emérito), Juan Carlos  de Borbón, había abandonado España, aun no sabemos si por tierra, mar o aire y si, en el primer caso, fue por la Carretera de Cartagena, camino que ya tomó su señor abuelo  y que constituiría así una tradición familiar.  Tal salida del país, que ya se ha convertido en un aventurado periplo similar al del Rey Odiseo, se trató de justificar como un intento de que las "aventurillas" galantes y los "negocillos" económicos del ex-Jefe del Estado, no afectasen a la actual Jefatura del Estado que, precisamente, ha recaído en su hijo, quién, según dicen, pretende o pretendía dar cierta renovación a la institución, modernizándola y ajustándola a "los nuevos tiempos", aunque sinceramente no alcanzamos a comprender que es eso de "los nuevos tiempos".

            Como parte de esa modernización para "los nuevos tiempos";  a comienzos del pasado mes de febrero, se hizo público que la hija mayor del actual Jefe del Estado a Título de Rey, Leonor de Borbón, se iba a trasladar el próximo curso, y por dos años, al Reino Unido de la Gran Bretaña para estudiar Bachillerato Internacional en un prestigioso colegio privado cuyo coste ronda los 76.500.- Euros, 38.250.- Euros por curso, y que estéticamente se asemeja a la fantástica escuela de Howgarts donde estudiaba el que seguro es uno de los ídolos de la Princesa de España, Harry Potter. Tal desplazamiento no tardó en justificarse por los medios de comunicación, que tal vez dentro de cuarenta años ataquen inmisericordemente al jubilado padre de la criatura, afirmando que, debido a las altas responsabilidades que Leonor de Borbón va a tener que ir asumiendo progresivamente en el futuro es fundamental que reciba la adecuada formación en un centro de las características del elegido por sus progenitores ya que proporciona una educación cosmopolita acogiendo en sus aulas a alumnos procedentes de todas las clases sociales...  de todas las clases sociales, claro está,  que puedan pagar treinta y ocho mil euros anuales para que su hijo o hija pueda estudiar bachillerato.

            Lo curioso es que si los medios de comunicación y algunos políticos justifican en unas importantes responsabilidades a desempeñar en el futuro el hecho de que Leonor de Borbón asista a un colegio privado de las características que posee el centro educativo elegido, todos los ciudadanos españoles debemos considerarnos extremadamente agraciados de que las cosas en nuestro país no vayan peor de lo que van cuando a nuestros gobernantes y a los que hacen las leyes no les exigimos, no ya que hayan recibido una educación tan selecta como la que va a recibir la hija de Su Excelencia, sino que, ni siquiera, posean un título universitario expedido por alguna Universidad Pública Española (y eso que hay alguna que parece ser que los concede con cierta manga ancha) para poder forma parte del Poder Legislativo o Ejecutivo.

Por otra parte, es de señalar que no solo se trata de un colegio privado sino también de un colegio extranjero. Es decir, Su Excelencia el Jefe del Estado no solo ha considerado más apropiado a la categoría de su hija un colegio privado a uno público sino que además, ha considerado que ninguno de los muchos, caros y selectos colegios privados que existen en nuestro país sirven para formar a una futura Jefa del Estado a titulo de Reina. En estos últimos cuarenta años siempre ha sido pública y publicada la predilección de la Jefatura del Estado y de sus familiares por lo privado optando siempre por la sanidad privada a la que se acudía para hacerse todo tipo de chequeos médicos o intervenciones quirúrgicas y eso que, como miembro de las fuerzas armadas podía haber tenido acceso a la excelente sanidad militar que, precisamente, por ser militar no deja de ser pública. Que la máxima magistratura del estado, que representa al estado y que vive del estado, desconfíe o no considere adecuada la educación que el estado proporciona a la generalidad de los ciudadanos aunque esta sea en centros privados, cuando el buscado cosmopolitismo se puede encontrar en cualquier centro escolar de Madrid o de cualquier otra ciudad española, resulta... ¡¡¡Toda una declaración de principios!!!.

            En consonancia con el objetivo de modernizar la institución y conducirla hacia "los nuevos tiempos", debe entenderse también la reciente noticia publicada ayer, 3 de marzo de 2021, en la prensa española por la que nos enterábamos de que las hijas del anterior Jefe del Estado y hermanas del actual, Cristina y Elena de Borbón, aprovechando un viaje a los Emiratos Árabes para visitar a su querido padre, se habían vacunado contra el COVID19, con lo cual se vuelve a reiterar la gran confianza que tiene la familia de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey en la sanidad  que ofrece el estado al que representan y del que viven. De hecho es comprensible, considerando el ritmo de vacunación, la falta de vacunas y la lista de espera que existe para ser vacunado en nuestro país, que si cualquier ciudadano español tiene la oportunidad de viajar al extranjero, preferiblemente con un pasaporte diplomático, y encontrarse en  el aeropuerto o en el hall del hotel con una persona que sostiene  en sus manos un cartelito que dice en varios idiomas "¿Desea usted vacunarse contra el COVID?. ¡¡Sígame!!" pues siga a esa persona y se inmunice contra el pérfido virus, sobre todo cuando los españoles y sus políticos podrán escandalizarse, indignarse, clamar por la justicia, pero jamás exigir una adecuada depuración de responsabilidades.

Dos méritos no se le pueden negar al actual Jefe del Estado, Felipe de Borbón. El primero de ellos es haber demostrado aquello de lo que su antecesor hablaba mucho pero explicaba muy poco que era la "ejemplaridad de la institución". Dicha "ejemplaridad" queda hoy pedagógica y nítidamente explicada con los hechos realizados por los que ya sabemos que dicha "ejemplaridad" consiste en marcharse a residir a un país extranjero sin dar explicación alguna, en enviar a la primogénita a estudiar a un selecto colegio privado extranjero con una total falta de confianza en la educación que se proporciona en España y en no esperar turno para ser vacunado... ¡¡¡En eso parece consistir la ejemplaridad de la Jefatura del Estado!!!. El segundo de los innegables meritos mencionados consiste en que, si al principio del presente artículo ignorábamos que había que entender por "los nuevos tiempos", ya comprendemos en qué consiste la realización práctica de tal expresión que no es otra cosa que el conservar los aristocráticos (que no monárquicos) privilegios de los tiempos rancios y disfrutar de las ventajas que los modernos tiempos otorgan a los adinerados burgueses.

            Y todo esto hace surgir una muy pertinente e inevitable pregunta: ¿Se puede continuar siendo Jefe de un Estado cuando se demuestra con hechos que no se tiene mucha confianza en ese estado y, en cierto modo, se desprecia al común de sus ciudadanos?.

            En fin... ¡Ahí lo dejamos!; en julio próximo hablaremos del precio de la carne de gallina.

LA LEY DE LA CORONA

Hace unas pocas semanas el Vice- Presidente tercero del Gobierno de España, Pablo Iglesias, anunció que solicitaría al Gobierno del que forma parte que elaborara una "Ley de la Corona" con no se sabe qué finalidad y hace unos pocos días el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó a los medios de comunicación que se encontraba en negociaciones con la casa del Jefe del Estado para la redacción de una "Ley" que regule la institución de la jefatura del estado y que, teóricamente, "la haga más transparente y moderna". No cabe la más mínima duda de que la redacción que a dicha hipotética "Ley" daría Pablo Iglesias sería muy diferente a la que daría el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pues mientras uno pretendería vaciar la institución de contenido reforzando la Presidencia del Consejo de Ministros, el otro pretenderá reforzarla de alguna manera siendo ambas redacciones extremadamente peligrosas porque podrían falsear aún más el contenido de la Constitución de 1978.

            Ahora bien, este debate sobre una posible "Ley de la Corona",  que ya se suscitó entre algunos juristas a mediados de los años noventa del siglo pasado, plantea un gravísimo problema de fondo en el que posiblemente el Gobierno, o al menos la parte del gobierno que representa el señor Sánchez, no ha caído y que no es otro que: ¿Cual es la Ley que rige la Sucesión a la Corona española?.

            En una forma de estado monárquica, siendo la monarquía, como es, una institución siempre anterior al llamado "Derecho Nuevo" que surge tras la Revolución Francesa;  la "Ley de Sucesión a la Corona" o bien forma parte de las modernas constituciones de los estados o bien se incorpora a las mismas de alguna forma, pero en ningún caso se desarrolla a partir de un texto constitucional que es siempre posterior a la institución monárquica. Tal es el caso, por ejemplo, del Reino Unido de la Gran Bretaña, pero de ningún modo es el caso del Estado Español como demuestra el hecho mismo de que se pretenda hacer ahora una "Ley de la Corona" (1).

            En realidad, lo que pretende el gobierno que preside Pedro Sánchez es, cuarenta y dos años después de aprobarse la Constitución de 1978, considerar inexistente la histórica "Ley de Sucesión a la Corona" que es anterior al actual texto constitucional en más de dos siglos y elaborar una nueva "Ley de Sucesión a la Corona" lo cual abre una polémica jurídico-política de primer orden y genera más problemas que los que se puede pretender solucionar.

            La polémica viene servida porque la figura de la Corona está regulada en el Título II de la Constitución de 1978, la cual dedica dos artículos, el 56 y el 57, a justificar, no ya a la institución monárquica, sino concretamente a la persona que la encarna, en aquel entonces Juan Carlos de Borbón, reconociendo tácitamente que dicha persona es Jefe del Estado en virtud de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 27 de julio de 1947 y a su designación directa por el entonces Jefe del Estado Francisco Franco  Bahamonde ante las Cortes Españolas, el 30 de julio de 1969. No obstante, en un claro intento de hacer creer que lejos de estar ante una "Instauración" de la monarquía, se estaba ante una "Restauración", se pretendió vincular a Juan Carlos de Borbón con la dinastía histórica al decir expresamente el artículo 57.1 de la Constitución "La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica" (2).

La redacción de este artículo 57.1 de la Constitución de 1978 es un verdadero malabarismo lingüístico-jurídico que pretendiendo hacer huir del fuego a la monarquía encarnada en la persona de Juan Carlos de Borbón la hace caer en las brasas porque al negar lo que es, una Dinastía sentada en el trono por la exclusiva y soberana voluntad del General Franco (por lo que bien podría calificarse de Dinastía Franquista), la intenta confirmar como la "dinastía histórica" que no puede ser.

            Para que Juan Carlos de Borbón fuera realmente el "legítimo heredero de la dinastía histórica", tal y como dice el texto constitucional, debería ofrecer en su persona una continuidad histórica con el escrupuloso cumplimiento de la "Ley de Sucesión a la Corona" decretada por Carlos III, la cual fue gravemente vulnerada en dos ocasiones: La primera en 1832, con los llamados "acontecimientos de la Granja" en virtud de los cuales se privó ilegalmente de sus legítimos derechos al trono a Don Carlos María Isidro de Borbón (Carlos V) haciendo recaer la corona en su sobrina, la infanta Isabel (Isabel II) y sus descendientes; y, la segunda, el 22 de noviembre de 1975, cuando el propio Juan Carlos de Borbón accedió al trono saltándose el orden sucesorio impuesto desde esa primera vulneración de la "Ley de Sucesión a la Corona" y desplazando a su padre, Juan de Borbón y Battemberg (3).

            Por su parte, el problema fundamental que planea la supuesta "Ley de la Corona" se encuentra en ¿Como sería esa ley?.

            Evidentemente ha de tratarse de una Ley Orgánica que desarrolle y/o puntualice el Título II de la Constitución, pero en ningún caso podrá alterar o modificar lo directamente regulado en el texto constitucional. Es decir, dicha ley no podrá suprimir el privilegio de la Jefatura del Estado a la inviolabilidad ni alterar el orden sucesorio establecido en la Constitución por lo que dicha hipotética ley no aportara nada en cuanto a solucionar las más controvertidas cuestiones sobre la institución de la Jefatura del Estado alejándola además de la, hasta ahora mantenida, teoría de la "Restauración Monárquica" para acercarla más claramente a la figura de "la Instauración dinástico-franquista", al hacer pensar a muchos ciudadanos que, más que ante una monarquía, nos encontramos, simplemente, ante una forma de estado que tiene la peculiaridad de que la Jefatura del Estado es vitalicia y hereditaria adoptando el Jefe del Estado el título de "Rey" como podría adoptar cualquier otro, como el de "Regente" o el de "Caudillo".

 

 

 

 

 

 

 

             

 

(1) La  "Ley de Sucesión a la Corona", como cualquier ley, puede modificarse siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos y previstos para su reforma o modificación.

(2) Curiosamente la Constitución de 1978 es la única Constitución Española que menciona expresamente a quién debe ser el titular de la Jefatura del Estado, como si la persona estuviera por encima de la institución y fuera más importante que ésta.

(3) No se puede alegar que la abdicación de Juan de Borbón, el 14 de mayo de 1977, subsana el defecto porque, en primer lugar es posterior a la proclamación como Rey de Juan Carlos de Borbón por las Cortes Franquistas el 22 de noviembre de 1975 y, en segundo lugar, porque al saltarse el orden sucesorio lo que realmente hubo fue una usurpación y conforme a la "Ley de Sucesión a la Corona" de Carlos III, aquel que usurpare el trono pierde todo derecho al mismo por lo que Juan de Borbón no podía abdicar sus presuntos derechos en su hijo Juan Carlos.