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lunes, 6 de junio de 2011

LA CUESTIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS

Los españoles llevamos meses oyendo hablar a la casta política que nos domina de la necesaria reforma de las Cajas de Ahorros y de la imprescindible salida de las mismas de “los políticos” pero nadie explica con claridad que es lo qué está pasando en las numerosas Cajas de Ahorro de nuestro país.


Las Cajas de Ahorro son entidades de crédito similares a los bancos, pero, teóricamente, diferenciadas de éstos por su estricto control gubernativo y por su regulación legislativa. Concretamente, los bancos son sociedades anónimas, mientras que las cajas de ahorro se rigen por la ley de sociedades limitadas de carácter fundacional, motivo por el que deben destinar parte de sus dividendos a fines sociales teniendo representación gubernamental (o mejor dicho política) en su seno aunque no por ello dejan de ser entidades privadas.


El origen de las Cajas de Ahorro en España se remonta a los “Montes de Piedad” creados principalmente en el siglo XVII por Francisco Piquer (Padre Piquer) que permitían a los pobres la posibilidad de obtener unas sumas de dinero en efectivo para satisfacer sus necesidades más urgentes a cambio de depositar, con posibilidad de recuperarlas posteriormente, algunas prendas. Posteriormente, los “Montes de Piedad” fueron evolucionando y buscaron el fomento del ahorro entre los más desfavorecidos, surgiendo así las “Cajas de Ahorro” que respondían a la filosofía de premiar al ahorro con un pequeño interés al tiempo que prestaban dinero de los depósitos a un interés mas bajo que los bancos privados. Al igual que los bancos, la diferencia entre el interés pagado y el cobrado constituía el beneficio de la Caja de Ahorro, el cual debía destinarse a fines sociales no teniendo por tanto ánimo de lucro.


La regulación moderna de las “Cajas de Ahorro” en nuestro país se remonta a 1933 con la aprobación en las Cortes del llamado Estatuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular” por el que se crea el “Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro” como organismo de control de las mismas. En 1971 el control de las Cajas de Ahorro pasa a depender directamente del Banco de España y en 1977 se produce la primera reforma de las Cajas de Ahorro llevada a cabo por el Ministro de la UCD don Enrique Fuentes Quintana quién elimina muchas de las limitaciones impuestas a las operaciones financieras de las Cajas de Ahorro y las permite operar prácticamente igual que un banco aunque bajo un férreo control político, que no estatal, dependiente finalmente del partido político o coalición gobernante en cada Comunidad Autónoma.


Desde 1977, el personal laboral de las Cajas de Ahorro ha ido aumentando progresivamente y las mismas han ido funcionando como puros y simples bancos, aunque manteniendo unas “obras sociales” cada vez más parecidas a las fundaciones que poseen las distintas entidades financieras para obtener beneficios fiscales. Al mismo tiempo la intervención en la administración de las Cajas de Ahorro de políticos de todos los colores ha provocado que las decisiones que se tomaban en su seno no obedecieran exclusivamente a razones económicas y sociales sino también políticas llegando a financiar y a participar en obras públicas de más que dudosa rentabilidad económica (Aeropuerto de Ciudad Real, por ejemplo) y a dar préstamos de “dudoso cobro” a Partidos Políticos para financiación de sus campañas electorales.


Esta continuada situación, que ha llevado a no pocas “Cajas de Ahorro” al borde de la quiebra ha hecho que los políticos, que han sido los principales beneficiarios de las Cajas de Ahorro durante estas últimas cuatro décadas, pretendan reformarlas en el sentido de fusionarlas y salir de los consejos de administración de las mismas. Con la fusión de las Cajas de Ahorro se logrará que Cajas solventes se hagan cargo de las Cajas que se encuentran al borde de la quiebra y las reconduzcan hacia la rentabilidad además de reducir los gastos en personal e infraestructuras, pues la fusión de las Cajas de Ahorro conllevara el despido o la prejubilación de varios miles de trabajadores y con la salida en estampida de “los políticos” de los consejos de administración de las Cajas se conseguirá que, de quebrar alguna caja y de perder sus ahorros los pequeños impositores, no se eche la culpa del desastre a quienes en verdad lo tienen, es decir, a los políticos y a sus partidos.


Evidentemente, la situación económica general de España y la particular de las Cajas de Ahorro hace imprescindible una reforma de estas entidades, pero esta reforma no debería ir orientada a su privatización sino a su estatalización y a la redacción de un nuevo estatuto de Cajas de Ahorro que, partiendo de su fusión en una única Caja de Ahorro, fuera el embrión de la creación de una sana banca pública cuyo fin social fundamental no fuera tener fundaciones u obras sociales sino la socialización del crédito. Así, por ejemplo, esta banca pública podría primar a sus impositores con un interés menor que el que conceden los bancos a los suyos pero también cobrar un interés menor que el que cobran los bancos a los que solicitasen un préstamo. Por su parte el Estado garantizaría el cien por cien de los depósitos de esta banca pública cuyo funcionamiento tendría por objeto exclusivamente el servicio social y la obtención de beneficios limitados que la permitieran autofinanciarse y seguir asegurando el flujo del crédito a sus clientes.


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