El pasado 5 de Abril se hacía público por una parte de la prensa española
que la Fundación "Centro de Estudios Políticos y Sociales" dirigida por Pablo Iglesias y Juan Carlos
Monedero había recibido más de siete millones de dólares del gobierno
venezolano en concepto de pago por servicios de asesoramiento a dicho gobierno,
lo que a tenor de lo manifestado por dicha prensa podría suponer una operación
de financiación ilegal de la emergente formación política "PODEMOS".
Lo que la prensa no dice o calla o
simplemente ignora es que con esta noticia, que surge en un oportuno momento de
periodo preelectoral, pone o debería poner de manifiesto unas situaciones que
desde los años sesenta del siglo pasado se vienen dando en nuestro país con la
aquiescencia o el mirar para otro lado de todas las autoridades y que se
refieren tanto a la financiación de los partidos políticos como a los servicios
prestados por ciudadanos españoles a potencias extranjeras.
Que un ciudadano preste servicios de
diversos tipos a un estado que no es el suyo no es una situación extraña ni
novedosa, aunque en el caso español presenta peculiaridades tragicómicas. Así se
puede mencionar el caso del General Gordon que siendo súbdito británico prestó
servicios al emperador de china en 1860 y al Jedive de Egipto en 1884 o el de
los coroneles Roger Faulques y Roger Trinquier quienes siendo ciudadanos franceses
prestaron servicios a distintos estados africanos como la República de Katanga
durante los años sesenta del siglo pasado. No obstante, en todos estos casos
mencionados y en otros muchos siempre existió una previa información de estos
asesores al estado del que eran ciudadanos de la actividad que iban a
desarrollar y siempre medió una autorización o licencia de éste para
desarrollarla.
En el caso español, y de ahí la
peculiaridad tragicómica, esto no se he hecho nunca así. Ya en 1968 durante el
proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial hubo un individuo que, por un
precio, no dudo en asesorar a Francisco Macias para que se enfrentara al líder guineano
elegido por España para iniciar la andadura de la independencia, Bonifacio
Ondo,, actuando de este modo contra los intereses españoles y dando lugar no
solo al sometimiento del pueblo guineano a una terrible dictadura que duró más
de diez años sino a la precipitada salida de la población española de la
ex-colonia y a la práctica ruptura de relaciones entre España y Guinea
Ecuatorial. Igualmente a finales de 1975 y principios de 1976, mientras se
producía la amenaza de invasión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos
mediante la "Marcha Verde", hubo otro individuo que tenía la doble
condición de Ministro del Gobierno español y "asesor" de Hassan II en
asuntos económicos, el cual termino actuando en contra de los intereses
españoles. Todo esto sin mencionar a otro ciudadano español que actualmente suele
pasearse por algunos medios de comunicación con uniforme de Coronel del
Ejército Norcoreano. Así pues, es un interesado error y un acto hipócrita
hablar de los supuestos asesoramientos de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero
o Jorge Verstrynge al gobierno de Maduro y no mencionar que existe un vacío
legal que permite generosamente que tal situación se produzca, incluso con
estados no precisamente amistosos con España, exigiendo que se regule
legalmente esta actividad imponiéndose que el estado español reciba una información
previa de la actividad a desarrollar y que preste una licencia o autorización
expresa para desarrollarla.
Otra cosa que pone de manifiesto la
noticia aparecida la semana pasada es el tema de la financiación de partidos
políticos por potencias extranjeras. No veo equitativo ni justo acusar a
PODEMOS de ser financiado por Venezuela y no hacer mención alguna a la más que posible
financiación de otros partidos políticos españoles por parte de las
internacionales a las que pertenecen. Además, en esta acusación vuelve a haber mucha
hipocresía y ley del embudo porque es sabido que, al menos en el pasado, el propio gobierno español pagó a lobbistasnorteamericanos para obtener algunos favores en Estados Unidos como fue el casode la "Medalla del Congreso de Estados Unidos" concedida a José MaríaAznar.
Una vez más, y no nos cansaremos de
repetirlo, conseguir que la financiación de los partidos políticos esté
perfectamente controlada y sea absolutamente legal es muy fácil: bastaría con
hacer una ley que estableciera que los partidos políticos solo se financiarían
con las cuotas periódicas que pagasen sus afiliados. ¿Que semejante fórmula de
financiación no permitiría a los
partidos políticos tener tantos cargos liberados y hacer tan grandes
desembolsos en campañas electorales y en adquisición de patrimonio?, bueno...
¿Y qué pasa?.
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