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miércoles, 25 de septiembre de 2013

NO ES “AUSTERICIDIO”, ES “GENOCIDIO”

Dentro de la política de “austeridad” emprendida por el gobierno del Partido Popular, que curiosamente prevé recortes para todos menos para los miembros y grupos relacionados con la casta mal dirigente del país, la semana pasada se aprobó imponer el pago del diez por ciento a cincuenta medicamentos dispensados exclusivamente en las farmacias de los hospitales y destinados a combatir enfermedades graves así como imponer también el pago al paciente de otros servicios sanitarios imprescindibles como ambulancias, prótesis, sillas de ruedas, etc.…. 

            Los más afectados por estas medidas, evidentemente, serán los enfermos crónicos, los que padecen enfermedades graves y los pacientes integrantes de la Tercera Edad. Teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes que requieren este tipo de medicación y de servicios sanitarios no pertenecen ya a la población activa y son beneficiarios de algún tipo de pensión de invalidez o de jubilación y que las cuantías de estas pensiones no son muy grandes no se puede deducir nada más que estas medidas, unidas a otras adoptadas el año pasado, van dirigidas directamente contra un colectivo social muy concreto y que, casualmente o no, coincide con un colectivo que es económicamente deficitario para las arcas del estado al requerir la máxima protección social y sanitaria.

            Aunque este nuevo pago ordenado por el gobierno tiene un tope máximo en virtud del cual el paciente no tendrá que abonar más de cinco euros al mes hay que tener presente que cinco euros de aquí otros ocho de allí y veinte del otro lado suman una cantidad suficiente para disminuir la capacidad de supervivencia de una modesta economía doméstica como es la de los pensionistas poniendo en un riesgo cierto su salud y empujándoles hacia la extinción por consunción. Por otra parte, tal limitación es una completa ficción y este nuevo copago equivale a la implantación de un precio o tasa lineal para cada uno de los pacientes de unos cinco euros mensuales porque casualmente los medicamentos dispensados en las farmacias de los hospitales, además de tener que estar sometidos a un férreo control por ser extremadamente perjudiciales en caso de utilización indebida, no son nada baratos y suelen superar todos el precio de los cien euros.

            En los inicios del gobierno del señor (por llamarle de alguna forma) Rajoy, cuando se adoptaron los primeros recortes, mientras los portavoces del Partido Popular hablaban de “austeridad” en algunos medios de comunicación se hablaba de una política de “austericidio”, pero en realidad el gobierno nunca ha tratado de llevar a cabo una política austera porque la austeridad consiste en eliminar lo superfluo y tal vez, solo tal vez, disminuir en lo necesario, pero jamás, en ningún caso, reducir lo imprescindible y hoy en día el gobierno sigue gastando o permitiendo que se gasten miles de millones en lujos superfluos como el despliegue de tropas a miles de kilómetros de distancia, charadas como las olimpiadas o subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

            Por otra parte tampoco se puede hablar de “austericidio” porque las personas que acuñaron este término lo razonaban diciendo que el presunto ahorro que se iba a generar con las llamadas medidas de austeridad emprendidas por el gobierno iban a tener como consecuencia final un gasto público mayor al disminuirse los ingresos y desplazarse el gasto a otras partidas como el paro. Es decir, el término “austericidio” implica la realización de una acción inconscientemente errónea que lleva al resultado contrario al que se pretende conseguir. En cambio, resulta muy difícil (por no decir imposible) de creer que el actual gobierno no sea consciente de que las medidas de recortes, privatizaciones y copagos adoptadas en un servicio público tan imprescindible como es la sanidad no va a perjudicar seriamente a la salud de decenas de miles de personas que padecen enfermedades graves sometiéndoles a condiciones de existencia que pueden acarrear su extinción física.   
        
Los perjudicados por las nuevas medidas adoptadas por el gobierno popular en el ámbito sanitario constituyen un grupo social homogéneo claramente identificado entre la población y que esta constituido por los enfermos graves y los ancianos con rentas bajas; es decir los enfermos graves y ancianos con rentas altas quedan excluidos de los perjuicios que ocasionan estas medidas porque los gastos que la imposición del nuevo copago les van a provocar solo supondrán un ínfimo porcentaje mensual de su renta. Así pues, si el grupo esta claramente identificado (enfermos y ancianos de rentas bajas) ¿No estamos claramente ante una medida que se toma de manera voluntaria y consciente contra un grupo social concreto?. Considerando que este colectivo social es un grupo que genera demasiados gastos al estado en concepto de sanidad y pensiones ¿No es posible que exista un deliberado interés en acortar su vida a fin de conseguir un ahorro en tales conceptos?.

            La historia nos demuestra que en un pasado no demasiado lejano hubo estados, y no solo los estados totalitarios de entreguerras, que pusieron en marcha campañas eugenésicas con la finalidad de generar un ahorro en sus gastos asistenciales esterilizando a deficientes mentales, alcohólicos y marginados sociales muchos de los cuales no padecían ninguna patología o adicción sino que de lo único que sufrían era de una pobreza extrema. Por otra parte, también nos demuestra la historia que hubo estados que pusieron en marcha campañas de eutanasia forzada con la misma finalidad. Y aquí surge la cuestión, poner dificultades, por mínimas que estas sean, o limitar, por razones económicas, el acceso a tratamientos médicos posibles contra enfermedades existentes ¿No equivale a una eutanasia pasiva pero sobre todo inducida?.

            Atendiendo a lo expuesto a lo largo de este artículo, solo cabe concluir que la política neoliberal emprendida por el gobierno del Partido Popular con la complicidad tácita o el apoyo expreso de otros grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados no tiene ningún soporte moral ni científico sobrepasando largamente el concepto de “austericidio” para acercarse, con paso firme y pausado, a las fronteras del “genocidio” las cuales traspasará en el mismo instante en que fallezca el primer paciente que, por no poder hacer frente al nuevo copago farmacéutico, se vea privado de la medicación que le sea imprescindible.









NOTA.- La primera imagen que ilustra este artículo es un cartel a favor de la eutanasia de la época del III Reich cuya leyenda reza así: "Este enfermo hereditario cuesta 60.000 Marcos".

miércoles, 5 de junio de 2013

TRANSICIÓN MORAL Y ACEPTACIÓN SOCIAL DE MEDIDAS EXTREMAS

             La semana pasada saltaba a todos los medios informativos la noticia, ampliamente difundida, de que la millonaria australiana de apellido alemán, Gina Rinehart, la misma que el año pasado había pedido bajar el salario mínimo para los trabajadores en Australia; había propuesto esterilizar a las parejas que ganasen menos de setenta y siete mil euros al año. Pocos días después dicha noticia era desmentida y se afirmaba que la misma había sido tomada de un portal humorístico de Internet.

            De no ser cierta la noticia difundida no solo se pone de manifiesto que los medios de comunicación de los considerados “serios” no han hecho lo más mínimo por contrastar una información tan grave y de tan trágicas reminiscencias sino que además debería recaer sobre todos ellos el baldón de la incredulidad generalizada en todo aquello sobre lo que puedan informar en el futuro. Ahora bien ¿Es posible una metedura de pata de tal calibre?.

            Lo cierto es que también es posible que haya existido algún tipo de interés en difundir estas declaraciones, falsas o no, con la finalidad de crear una polémica pública y, a la larga, un clima de opinión favorable sobre determinados temas radicales cara a una posible política futura.

            Cuando en el presente se difunden profusamente declaraciones como las atribuidas a la señora Rinehart junto con manifestaciones de políticos y economistas por todos conocidos sobre el aciago futuro que nos augura la inversión de la pirámide  demográfica y el aumento de la esperanza de vida no se puede por menos que pensar que, a través de la información, se nos pretende preparar psicológicamente para la aceptación de posibles medidas extremas.

            Evidentemente, la aceptación mayoritaria de cualquier medida extrema, eufemismo que utilizo para evitar la palabra criminal, por parte de una sociedad es posible siempre que exista una previa subversión en la moral que permita la destrucción o debilitamiento de esta a fin de reconstruirla en base a una nueva axiología. Si atendemos a los cambios sociológicos operados en las sociedades occidentales en los últimos sesenta años no podemos negar la existencia, no ya de una relajación de las costumbres, sino de una verdadera transición ética y moral hacia otro tipo de valores que, hoy por hoy, ignoramos a dónde nos pueden llevar.

            La existencia de cualquier sistema ético o moral requiere el sometimiento voluntario y disciplinado de la inmensa mayoría de los miembros de una sociedad a los valores que ese sistema preconiza así como una cierta práctica de los mismos. El fomento de la insumisión a esos valores en aras a unas supuestas libertades lleva a la destrucción del sistema ético o moral de que se trate generando un “vacío moral” que siempre tenderá a llenarse o reconstruirse con nuevos valores no siempre positivos. De hecho, si lo analizamos minuciosamente, el término “amoral” se utiliza constantemente con extremada ligereza porque a lo largo de la historia no han existido nunca ni personas ni corrientes de pensamiento “amorales” (en sentido estricto, sin moral) sino personas o pensamientos que tienen valores morales que por parecernos extraños, raros o contrarios a nuestra moral los consideramos “amorales” cuando realmente solo podrían ser calificados de “inmorales” en tanto en cuanto son opuestos a la moral existente pretendiendo su sustitución por otros valores morales que son, casualmente, los que esas personas o corrientes practican o preconizan.

            Una vez destruido el sistema ético y moral existente, este puede ser sustituido por otro en el que sea “bueno” y aceptable lo que en el sistema anterior era “malo” e inaceptable y viceversa. Llegados a este punto y con la concurrencia de determinadas condiciones objetivas en el entorno es más que posible la construcción de un sistema axiológico que acepte medidas extremas como las atribuidas a la señora Rinehart pudiéndose dar aun dos vueltas de tuerca más para completar la aceptación de las mismas por la inmensa mayoría de la población.

            La primera vuelta de tuerca consistiría en una argumentación razonada y pseudocientífica de la funcionalidad de la medida extrema a adoptar aludiendo a las supuestas ventajas que dicha medida tendría para la totalidad de la sociedad al favorecer eventuales ahorros presupuestarios y concentración de medios públicos en otras necesidades y al permitir mayores libertades a los individuales al liberarlos de las responsabilidades que llevan aparejadas determinadas situaciones de dependencia.

            Finalmente, la vuelta de tuerca definitiva que podría llevar a la inmensa mayoría de una población a aceptar la adopción de cualquier medida extrema por parte de un gobierno podría ser la de la “bonificación por la aceptación”, es decir, si el ahorro presupuestario es real se podría repartir directamente una parte de ese ahorro entre los ciudadanos con los que éstos cantarían las bondades de la medida y se convertirían en sujetos activos de la misma y por tanto en cómplices callados y  complacientes del gobierno que la adoptase.

            En cualquier caso, la existencia de un sistema ético o moral afianzado, firme, que no presente fisuras y que no sufra un constante acoso y derribo por todos los medios habidos y por haber es la única garantía que le queda a la humanidad de que las medidas extremas que cualquier gobierno pueda intentar adoptar o legalizar se encaminarán al fracaso y a no ponerse jamás en práctica.



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