SALVESE LA LEY AUNQUE PEREZCA TODO LO DEMÁS

            A dos meses de la celebración de las elecciones autonómicas catalanas y ante la propuesta de la gran coalición integrada por Esquerra Republicana, Convergencia Democrática de Catalunya y distintas entidades sociales catalanas de que si gana las elecciones proclamará unilateralmente la independencia de Cataluña en el plazo de nueve meses, el gobierno del Partido Popular al frente del cual se encuentra el señor Rajoy no deja de repetir la cantinela de que "la ley se cumplirá".

            En realidad, la cantinela de que "la ley se va a cumplir" se está revelando como una salmodia de alguien que no tiene nada que decir ni nada que proponer porque la situación verdadera del gobierno central respecto a Cataluña es la misma que, en Ajedrez, se denomina "Rey Ahogado" porque haga lo que haga no puede evitar el Jaque Mate.

           

            En primer lugar, el gobierno no puede suspender las próximas elecciones catalanas del 27 de Septiembre argumentando que es un plebiscito ilegal porque el decreto de la Generalitat que las convoca es un decreto ordinario que convoca unas elecciones autonómicas, no un plebiscito.  Digan lo que digan los políticos a ambos lados del Ebro, las elecciones del próximo 27 de Septiembre en Cataluña serán unas simples elecciones autonómicas en las que una lista de candidatos tiene como programa electoral proclamar unilateralmente la independencia en un determinado plazo y eso, en ningún caso, es un plebiscito.

            En segundo lugar, el gobierno tampoco puede, de forma realista, aplicar el artículo 155 de la Constitución porque ¿Qué medidas podría adoptar el gobierno para obligar a Cataluña a no declarar la independencia y que órdenes podría dar a las autoridades correspondientes?. En realidad la aplicación del tan "salvífico" artículo constitucional supone, de una forma u otra, el establecimiento de un régimen de ocupación militar que, aun en el improbable caso de que se estableciera con éxito y pacíficamente, reforzaría el sentimiento independentista en la sociedad catalana.

            En tercer lugar, el gobierno tampoco puede suspender la autonomía de Cataluña porque, siendo el momento oportuno de hacerlo antes del 27 de Septiembre, eso podría provocar tal tensión que llevaría también a la aplicación en Cataluña de alguno de los estados excepcionales previstos en la Constitución lo cual reforzaría igualmente el sentimiento independentista en Cataluña haciendo irreversible el proceso de secesión.

            Finalmente, el gobierno tampoco puede sentarse a discutir una reforma constitucional para convertir el Estado en un estado federal por dos motivos:

           Primero.- porque cuando uno de los interlocutores está hablando de federalismo (o incluso de confederación) y el otro lo que quiere es la independencia las posturas no solo estarían tan extremadamente alejadas que cualquier acercamiento de las mismas sería prácticamente imposible sino que además los interlocutores estarían moviéndose en dos planos completamente distintos.

            Segundo.- Porque a dicha reforma no se llegaría por el sincero convencimiento de que hay que reformar la Constitución sino para dar satisfacción a unas demandas de una determinada parte del estado que no ha dudado en practicar cierta coacción al afirmar que está dispuesta a romper unilateralmente el marco constitucional por lo que la hipotética reforma constitucional no garantizaría que nuevas coacciones y demandas volvieran a ser planteadas a medio o largo plazo.

            Así pues, como hemos expresado al inicio del presente artículo el gobierno central está en una situación de "Rey Ahogado" en la que haga lo que haga el resultado será el Jaque Mate y lo curioso de todo ello es que el gobierno es perfectamente consciente de que no puede hacer nada más que esperar a que en las elecciones del 27 de Septiembre en Cataluña los partidos independentistas no consigan la mayoría absoluta necesaria para llevar a las Cortes Catalanas una propuesta de ley que conlleve la declaración unilateral de independencia y la consecuente desintegración del estado. Entonces, si el gobierno es consciente de que no puede hacer nada ¿Por qué insiste tanto en la ley y en que el proceso de secesión no culminará con éxito?.

            Evidentemente, el gobierno desde hace algún tiempo no se encuentra trabajando por salvar la integridad territorial de las Españas o de aquello que algunos denominan "la sacrosanta unidad de la Patria". El problema que Cataluña está planteando ahora mismo al gobierno central, al Estado Español y a todas y cada una de sus instituciones es el de ¿Cómo se podrá continuar justificando la existencia de las instituciones del estado español si finalmente Cataluña se independiza?. Es decir, el gobierno está preparando algún tipo de operación de marketing que le permita vendernos a los españoles su fracaso y el de todo un régimen político, el de 1978, como un éxito para que no nos cuestionemos que es lo que la casta política y los integrantes de las instituciones del estado han hecho en los últimos cuarenta años  para que, precisamente ahora, se liquide una historia en común de más de quinientos años.

            Por su parte la salmodia de que "La ley se cumplirá y Cataluña no se independizará" es la letanía con la que este gobierno pretende mantener confiados a los españolitos mientras que gana tiempo para ver si se puede sacar algún conejo de la chistera con el que, al menos, retrasar el problema hasta que haya un nuevo gobierno. No obstante, todos debemos ser conscientes de que eso de que "La Ley se cumplirá" debió ser algo similar a lo que dijeron los ministros de Jorge III cuando se enteraron del "Motín del Té" de 1773 y que lo mismo que las leyes se pueden reformar y derogar también se pueden romper porque si las leyes no se pudieran romper los Estados Unidos aún serían un conjunto de colonias británicas.