ESPAÑA, GIBRALTAR Y EL COVID

El gobierno de la Gran Bretaña anunciaba hace poco más de un mes y medio que había detectado en su territorio una nueva cepa de coronavirus mucho más contagiosa y que hoy es popularmente conocida como "la cepa británica". Mientras que de una forma rápida y eficiente algunos estados europeos como el holandés, sin duda con la intención de salvaguardar la salud de sus ciudadanos, cerraron inmediatamente sus aeropuertos a los vuelos procedentes de las Islas Británicas; el gobierno español demoraba tomar tan elemental medida a que se tomase en el seno de la Unión Europea para, finalmente, tomarla tres días más tarde de que la hubiera adoptado el primero de los estados de nuestro entorno. 

            Veinte días después de que el Gobierno PSOE-PODEMOS adoptase, el 21 de diciembre de 2020, la decisión de cerrar los aeropuertos a los vuelos británicos, el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, doctor Fernando Simón, manifestaba, el 11 de enero de 2021, que la cepa británica "solo tendría un impacto marginal" en nuestro país, para terminar reconociendo, el 21 de enero de 2021, que se esperaba que dicha nueva cepa de coronavirus fuera "una cepa dominante, aproximadamente, para mediados del mes de marzo".

            Lo cierto es que en el momento en que los británicos anunciaron la aparición de la "Cepa Británica", el gobierno español estaba negociando con Gibraltar el tratamiento que iba a tener la frontera entre la colonia inglesa y España tras la finalización del periodo transitorio del Brexit  previsto para el 31 de diciembre de 2021 habiéndose llegado a un acuerdo,  precisamente el día 11 de enero de 2021, por el cual el Peñón de Gibraltar se unirá al territorio Schengen, se derribará la verja que marca la frontera y existirá libre circulación entre España y el territorio ocupado por la Gran Bretaña pudiéndose entrar y salir de dicho territorio sin necesidad de pasaporte dejando el control de entrada en la península por el puerto y el aeropuerto de Gibraltar a las autoridades gibraltareñas quienes, curiosamente, sí pedirán pasaporte para entrar en Gibraltar a los ciudadanos procedentes de las Islas Británicas.

            Ahora bien, este acuerdo resulta gravemente perjudicial para los ciudadanos y los intereses españoles por varios motivos: en primer lugar porque el Estado Español está elevando a rango de estado a una entidad que no es más que una colonia dependiente de otro estado que es el Reino Unido de la Gran Bretaña por lo que está desistiendo tácitamente de la reclamación de la soberanía de un territorio ilegal e ilegítimamente ocupado por una potencia extranjera y, en segundo lugar, porque considerando que la economía gibraltareña se basa en actividades tan "honorables", "honradas" y rentables como el contrabando, la creación de sociedades "offshore" y el juego "on line",  pensar que ese acuerdo va a ser respetado escrupulosamente por las autoridades que ocupan y administran el territorio gibraltareño, es simplemente.... ¡¡¡Creer en los Reyes Magos!!! (1).

De momento, este acuerdo ya está reportando sus frutos negativos para la población española de la provincia de Cádiz porque mientras España cerraba sus aeropuertos a los vuelos procedentes de Gran Bretaña, éstos seguían aterrizando libremente en el territorio ocupado de Gibraltar lo que ha provocado que, unido a la libre movilidad de la población gibraltareña por todo el Campo de Gibraltar, la "Cepa Británica" del Coronavirus haya entrado en nuestro país antes de lo esperado y que los casos de contagios en la ciudad fronteriza de La Línea de la Concepción, población de 62.940 habitantes, se haya disparado a más de cinco mil desde el uno de enero.

            Otra consecuencia negativa del acuerdo alcanzado por el gobierno español y las autoridades que ocupan Gibraltar, se verá a medio plazo, y será cuando la población de la colonia británica, la cual asciende a casi 34.000 habitantes, empiece, sin generar ingresos a la hacienda pública española y andaluza, a utilizar los servicios sanitarios y asistenciales existentes en la provincia de Cádiz y, especialmente, en el Campo de Gibraltar lo que llevará irremediablemente a la saturación y degradación de los mismos.

            Este acuerdo, que el gobierno de coalición PSOE-PODEMOS quiere vender como un éxito  y del que solo pueden sentirse orgullosos los ciudadanos británicos, no es más que otro fracaso de la diplomacia española que ha hecho renuncia de sus derechos y reivindicaciones históricas y legítimas al no situar cualquier tipo de conversación sobre la cuestión gibraltareña dentro del marco impuesto por el Tratado de Utrecht y las distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gibraltar. Una vez más, el gobierno español persiste en una política exterior claudicante mientras que la "patriótica" oposición integrada por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX, guardan un vergonzoso y vergonzante silencio aunque, desde luego, al igual que no se puede esperar que un olmo nos proporcione peras no se podía esperar otra cosa de gentes cuya baba se les cae mientras se postran de rodillas ante la figura de Margaret Thatcher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Las autoridades británicas del Peñón nos han obsequiado, en no pocas ocasiones, con imágenes tan amistosas y generadoras de confianza como las de sus patrulleras entorpeciendo la persecución de las planeadoras de contrabandistas por parte de la Guardia Civil.  ¿Y con esta clase de gente hemos llegado a algún tipo de acuerdo?

 

EL INÚTIL ESTADO DE ALARMA O EL ESTADO DE ALARMA DE LOS INÚTILES

Hace unos meses denunciábamos "La Defunción del Régimen de 1978" cuando el Gobierno de Coalición PSOE-PODEMOS obtenía del Congreso de los Diputados la prórroga del "Estado de Alarma" decretado por el Real Decreto 926/202 de 25 de octubre hasta el 9 de mayo de 2021, porque entendíamos, y entendemos, que conforme a la vigente legalidad constitucional, tal estado, no podía durar más de quince días prorrogables sucesivamente por periodos quincenales previa autorización del Congreso de los Diputados debiendo estar constantemente sometido al control del parlamento; todo ello conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Además, esta medida de prorrogarlo quincenalmente resulta de lo más lógica considerando que estando previsto el "Estado de Alarma" para circunstancias excepcionales, tales circunstancias siempre son cambiantes y ello conlleva a que el contenido del Estado de Alarma pueda ser también cambiante y flexible.

            Pasados casi tres meses desde que se instaurase el "Estado de Alarma" el 25 de octubre de 2020, el Gobierno no solo no ha acudido en ningún momento al Parlamento a rendir cuentas de la gestión del mismo privando al Congreso de los Diputados, al parecer con cierta complacencia de éste por su pasividad, de su función legal de control  y evolución del Estado de Alarma, sino que además ha delegado su aplicación en las Comunidades Autónomas lo cual es manifiestamente ilegal ya que conforme el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio "A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad"; como el Estado de Alarma decretado el 25 de Octubre de 2020 alcanza a todo el territorio nacional la única autoridad para aplicar el mismo es el gobierno, no  cabiendo su delegación en los Presidentes Autonómicos.

            Dejando a un lado la legalidad o ilegalidad del vigente Estado de Alarma y la cuestión de si las medidas restrictivas del derecho de reunión que se están adoptando puedan tener cabida en él o solamente en los Estados de Excepción o Sitio, lo que a estas alturas deberíamos plantearnos es si, este Estado de Alarma, está dando resultados positivos o no.

            Si el objetivo del Estado de Alarma cuando se prorrogó su vigencia, el 29 de octubre pasado, era evitar la expansión de la pandemia y doblar la curva de contagios cuya tasa de incidencia acumulada a catorce días se encontraba ese mismo día en 468 casos por cada cien mil habitantes (fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-espana-maximo-contagios-pandemia-muertes-casos-octubre-4110), resulta evidente que no se ha logrado pues, a fecha 14 de enero de 2021, nos encontramos con una tasa de incidencia acumulada a catorce días de 482 casos por cada cien mil habitantes (fuente: https://cnecovid.isciii.es/covid19/), es decir, mayor a la existente en el momento de decretarse el Estado de Alarma. Así pues, las medidas adoptadas en este Estado de Alarma que han consistido en limitar la circulación de los ciudadanos a determinadas horas del día y en un supuesto cierre perimetral de determinados municipios y Comunidades Autónomas, no ha dado el resultado deseado por lo que el Estado de Alarma se está revelando como una incomodidad inútil, máxime cuando en cada Comunidad Autónoma las medidas que se adoptan son diferentes y constantemente cambiantes lo que produce desconcierto e inseguridad jurídica entre la población.

            Por otra parte, resulta extremadamente extraño, y absolutamente incomprensible, que en el mes de marzo de 2020, se decretase un confinamiento total de la población en sus casas cuando la incidencia acumulada el día 20 de marzo de 2020, cuatro días después de acordarse dicho confinamiento, era de 62 casos por cada cien mil habitantes (fuente: https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/coronavirus-covid-19-22-marzo-2020?fbclid=IwAR2AX9rxzSCh1pTQidHzPgCPlsymyB5SpHZZ_ZgsvneYYua5iMneJQEq7-M) mientras que a fecha 31 de diciembre de 2020, dos meses más tarde de decretarse el actual Estado de Alarma, la incidencia acumulada  alcanzaba los 236 casos por cada cien mil habitantes  (fuente: https://es.statista.com/estadisticas/1104220/contagios-por-covid-19-por-cada-100000-habs-por-comunidad-de-espana-en-2020/?fbclid=IwAR39JQXyoiMGfbL70Vx8KmSqlNCKICmvQ3wsoJggElKXq1tBDlH7F4Peu4c), llegando a ser la citada tasa acumulada el día 18 de enero de 2021 la de 689 casos por cada cien mil habitantes conforme recoge la actualización número 292 sobre el COVID19 que emite la Secretaría de Estado de Sanidad.

Con estos datos surge la gran cuestión del por qué se decretó el confinamiento total de la población en marzo del año pasado y no se hace ahora a pesar de haber sido solicitado por varios presidentes autonómicos y por varias autoridades científicas y médicas, máxime cuando un confinamiento breve, de un mes como máximo, acompañado de un incremento de la vacunación podría dar excelentes resultados en la batalla por salvar vidas, afectando muy poco a la economía pues ésta ya fue prácticamente destruida en el confinamiento de Marzo a Junio del año pasado y sigue siendo dañada con las medidas restrictivas que imponen determinadas autonomías y que, como indican los datos de contagios, no están dando los resultados supuestamente deseados.

            El confinamiento domiciliario es una medida drástica, molesta y que hace poca o ninguna gracia a los ciudadanos; es decir, es una medida impopular que evidentemente no quiere tomar el gobierno por las consecuencias políticas que la misma podría generarle en unas futuras elecciones por lo que ha desertado de su autoridad y de sus obligaciones traspasando el problema a unas Comunidades Autónomas que solo pueden tomar medidas dentro de los estrechos márgenes que marca el Real Decreto 926/202 de 25 de octubre, que en ningún caso comprende el confinamiento total en domicilio y, de hecho, ni siquiera pueden limitar la libre circulación de las personas fuera de los márgenes horarios establecidos en el Real Decreto y que va de las 23.00  a las 7.00 horas.

            El actual Estado de Alarma, tan solo obedece a una operación de ilusionismo político con la que se pretende hacer creer a la población que se está haciendo algo por salvar vidas cuando realmente no se está haciendo. Algunos podrán argumentar que lo que se está intentando hacer es salvar vidas sin perjudicar demasiado la economía, pero lo cierto es que la economía ya resultó dañada gravemente en el confinamiento de marzo a junio pasado y, en el caso de algunos importantes sectores económicos, continúa siendo gravemente perjudicada con las limitaciones horarias y de aforos por lo que solo se puede concluir que, dada la situación real, el actual Estado de Alarma está resultando ser inútil o que está ideado y gestionado por unos inútiles que, pretendiendo salvar vidas sin perjudicar a la economía, han conseguido destruir la economía sin salvar vidas. 

 

LA LEY DE LA CORONA

Hace unas pocas semanas el Vice- Presidente tercero del Gobierno de España, Pablo Iglesias, anunció que solicitaría al Gobierno del que forma parte que elaborara una "Ley de la Corona" con no se sabe qué finalidad y hace unos pocos días el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó a los medios de comunicación que se encontraba en negociaciones con la casa del Jefe del Estado para la redacción de una "Ley" que regule la institución de la jefatura del estado y que, teóricamente, "la haga más transparente y moderna". No cabe la más mínima duda de que la redacción que a dicha hipotética "Ley" daría Pablo Iglesias sería muy diferente a la que daría el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pues mientras uno pretendería vaciar la institución de contenido reforzando la Presidencia del Consejo de Ministros, el otro pretenderá reforzarla de alguna manera siendo ambas redacciones extremadamente peligrosas porque podrían falsear aún más el contenido de la Constitución de 1978.

            Ahora bien, este debate sobre una posible "Ley de la Corona",  que ya se suscitó entre algunos juristas a mediados de los años noventa del siglo pasado, plantea un gravísimo problema de fondo en el que posiblemente el Gobierno, o al menos la parte del gobierno que representa el señor Sánchez, no ha caído y que no es otro que: ¿Cual es la Ley que rige la Sucesión a la Corona española?.

            En una forma de estado monárquica, siendo la monarquía, como es, una institución siempre anterior al llamado "Derecho Nuevo" que surge tras la Revolución Francesa;  la "Ley de Sucesión a la Corona" o bien forma parte de las modernas constituciones de los estados o bien se incorpora a las mismas de alguna forma, pero en ningún caso se desarrolla a partir de un texto constitucional que es siempre posterior a la institución monárquica. Tal es el caso, por ejemplo, del Reino Unido de la Gran Bretaña, pero de ningún modo es el caso del Estado Español como demuestra el hecho mismo de que se pretenda hacer ahora una "Ley de la Corona" (1).

            En realidad, lo que pretende el gobierno que preside Pedro Sánchez es, cuarenta y dos años después de aprobarse la Constitución de 1978, considerar inexistente la histórica "Ley de Sucesión a la Corona" que es anterior al actual texto constitucional en más de dos siglos y elaborar una nueva "Ley de Sucesión a la Corona" lo cual abre una polémica jurídico-política de primer orden y genera más problemas que los que se puede pretender solucionar.

            La polémica viene servida porque la figura de la Corona está regulada en el Título II de la Constitución de 1978, la cual dedica dos artículos, el 56 y el 57, a justificar, no ya a la institución monárquica, sino concretamente a la persona que la encarna, en aquel entonces Juan Carlos de Borbón, reconociendo tácitamente que dicha persona es Jefe del Estado en virtud de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 27 de julio de 1947 y a su designación directa por el entonces Jefe del Estado Francisco Franco  Bahamonde ante las Cortes Españolas, el 30 de julio de 1969. No obstante, en un claro intento de hacer creer que lejos de estar ante una "Instauración" de la monarquía, se estaba ante una "Restauración", se pretendió vincular a Juan Carlos de Borbón con la dinastía histórica al decir expresamente el artículo 57.1 de la Constitución "La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica" (2).

La redacción de este artículo 57.1 de la Constitución de 1978 es un verdadero malabarismo lingüístico-jurídico que pretendiendo hacer huir del fuego a la monarquía encarnada en la persona de Juan Carlos de Borbón la hace caer en las brasas porque al negar lo que es, una Dinastía sentada en el trono por la exclusiva y soberana voluntad del General Franco (por lo que bien podría calificarse de Dinastía Franquista), la intenta confirmar como la "dinastía histórica" que no puede ser.

            Para que Juan Carlos de Borbón fuera realmente el "legítimo heredero de la dinastía histórica", tal y como dice el texto constitucional, debería ofrecer en su persona una continuidad histórica con el escrupuloso cumplimiento de la "Ley de Sucesión a la Corona" decretada por Carlos III, la cual fue gravemente vulnerada en dos ocasiones: La primera en 1832, con los llamados "acontecimientos de la Granja" en virtud de los cuales se privó ilegalmente de sus legítimos derechos al trono a Don Carlos María Isidro de Borbón (Carlos V) haciendo recaer la corona en su sobrina, la infanta Isabel (Isabel II) y sus descendientes; y, la segunda, el 22 de noviembre de 1975, cuando el propio Juan Carlos de Borbón accedió al trono saltándose el orden sucesorio impuesto desde esa primera vulneración de la "Ley de Sucesión a la Corona" y desplazando a su padre, Juan de Borbón y Battemberg (3).

            Por su parte, el problema fundamental que planea la supuesta "Ley de la Corona" se encuentra en ¿Como sería esa ley?.

            Evidentemente ha de tratarse de una Ley Orgánica que desarrolle y/o puntualice el Título II de la Constitución, pero en ningún caso podrá alterar o modificar lo directamente regulado en el texto constitucional. Es decir, dicha ley no podrá suprimir el privilegio de la Jefatura del Estado a la inviolabilidad ni alterar el orden sucesorio establecido en la Constitución por lo que dicha hipotética ley no aportara nada en cuanto a solucionar las más controvertidas cuestiones sobre la institución de la Jefatura del Estado alejándola además de la, hasta ahora mantenida, teoría de la "Restauración Monárquica" para acercarla más claramente a la figura de "la Instauración dinástico-franquista", al hacer pensar a muchos ciudadanos que, más que ante una monarquía, nos encontramos, simplemente, ante una forma de estado que tiene la peculiaridad de que la Jefatura del Estado es vitalicia y hereditaria adoptando el Jefe del Estado el título de "Rey" como podría adoptar cualquier otro, como el de "Regente" o el de "Caudillo".

 

 

 

 

 

 

 

             

 

(1) La  "Ley de Sucesión a la Corona", como cualquier ley, puede modificarse siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos y previstos para su reforma o modificación.

(2) Curiosamente la Constitución de 1978 es la única Constitución Española que menciona expresamente a quién debe ser el titular de la Jefatura del Estado, como si la persona estuviera por encima de la institución y fuera más importante que ésta.

(3) No se puede alegar que la abdicación de Juan de Borbón, el 14 de mayo de 1977, subsana el defecto porque, en primer lugar es posterior a la proclamación como Rey de Juan Carlos de Borbón por las Cortes Franquistas el 22 de noviembre de 1975 y, en segundo lugar, porque al saltarse el orden sucesorio lo que realmente hubo fue una usurpación y conforme a la "Ley de Sucesión a la Corona" de Carlos III, aquel que usurpare el trono pierde todo derecho al mismo por lo que Juan de Borbón no podía abdicar sus presuntos derechos en su hijo Juan Carlos.

 

LOS DOS SANTOS APÓSTOLES

 

Dadas las circunstancias,  tristes y dramáticas, en las que despedimos el año anterior y en las que comenzamos el actual;  qué menos que empezarlo con algún sentido del humor cuando, además, en este país que, cual empresa mercantil, parece ser ante todo y sobre todo una marca comercial lo absurdo, cómico, ridículo y esperpéntico constituye la auténtica identidad y la verdadera "Marca España".

            Como todos saben sobradamente el actual Gobierno de España, es el primer gobierno de coalición del régimen surgido de la Transición y de la Constitución de 1978 y está presidido por Pedro Sánchez y, secundariamente, vice presidido por Pablo Iglesias, lo cual generó desde sus inicios en este país de chirigota el chiste fácil, promovido por los grupos de la oposición, de referirse a él como "el gobierno de Pedro y Pablo" o "el gobierno Picapiedra" en unas claras alusiones a una conocida serie cómica de dibujos animados creados en los años sesenta del siglo pasado por Hanna-Barberá  que hizo las delicias de los más pequeños de la casa y que tenía por protagonistas a Pedro Picapiedra y a Pablo Mármol .

            En atención a las no pocas estrambóticas manifestaciones públicas con las que los distintos miembros del gobierno iniciaron su andadura política, la graciosa ocurrencia no tenía más que la evidente intención de atacar de alguna forma al gobierno de coalición PSOE-PODEMOS, pero claro los creadores de la carnavalada, lejos de tener la agudeza intelectual de ver la estrecha vinculación que la piedra y el mármol guardan con las iglesias no cayeron tampoco en que Pedro y Pablo, además de ser el nombre de los protagonistas de los Picapiedra, también es el nombre de dos Apóstoles que hoy se veneran como santos en los altares.

            Y es que, si desde los inicios de la actividad del actual gobierno ha habido algo que instaba a la gracia y al chiste; la enorme, más aun ciclópea, estupidez de sus oponentes ha sacado a Pedro y Pablo del dibujo cómico para convertirlos en apóstoles que, realizando milagros, alcanzarán, si es que no han alcanzado ya, la condición de Santos.

            Como todo el mundo sabe, en el proceso de canonización que lleva a un ser humano a ser proclamado santo, se requiere que éste haya realizado, al menos, dos milagros. Pues bien, el gobierno de Pedro y Pablo, no se le puede negar que ha realizado dos milagros.

El primero de estos milagros es que el gobierno ha conseguido que un militar implicado en la fracasada charlotada del 23-F, el comandante Pardo Zancada, y un alto directivo de la  Fundación Nacional Francisco Franco, el general Juan Chicharro,  (1) hayan firmado un manifiesto (2) que, a pesar de la clara intención de posicionarse virulentamente en contra del gobierno, no deja de apelar a la Constitución (legalidad vigente), a las libertades y a la democracia. Es decir, cuarenta años después franquistas y golpistas se convierten en demócratas, defienden la Constitución y se apoyan en las libertades que esta consagra. Si esto no es un milagro del  actual gobierno, se le parece demasiado salvo que sea una incoherencia de las luminarias firmantes de tan elevado  y erudito manifiesto.

            El segundo milagro que definitivamente lleva a los altares de la santidad a Pedro y a Pablo es el hecho de que en un foro o chat de militares españoles se haya difundido, mostrando cierto apoyo, la solicitud realizada al actual Presidente norteamericano, Donald Trump,  para que ordene al ejército estadounidense intervenir militarmente en España con el fin de terminar con el  "Gobierno ilegal"  y "proporcione los medios para una transición segura a un nuevo sistema de Gobierno que honre la voluntad del Pueblo Soberano de España" (3). No vamos a entrar en la observación de que esa petición hecha por cualquier ciudadano español sería un delito de traición de manual sino que vamos a centrarnos en los aspectos tragicómicos del tema.

            El aspecto trágico se encuentra en que si un grupo de chat o un foro integrado por militares españoles se hace eco de tal petición será porque se estará conforme con la misma y por tanto demuestran ser tan miserables y canallas, que no solo se alinean con los que les vapulearon hacen 122 años en Cuba, Filipinas, Puerto Rico y en la Isla de Guam sino que además demuestran de la misma calidad, moral y profesional, de ese almirante Cervera que, tras perder su flota en Santiago de Cuba, brindaba  en su cautiverio de Annapolis con Champagne francés (porque supongo que no sería cava catalán) "a la salud de la República Norteamericana" mientras sus vencidos marineros eran asesinados a sangre fría por los estadounidenses en la cubierta del USS Harvard.

Por su parte lo cómico, que no anda muy lejos de lo anteriormente expuesto, se encuentra en que gracias al gobierno de Pedro y Pablo; los militares españoles., tan españoles ellos, con tal acto, se alinean, emulan y plagian a Sabino Arana, padre del nacionalismo vasco, quien en 1898 remitió un telegrama al Presidente Norteamericano, William McKinley, solicitando que el ejército norteamericano no se detuviera en Cuba e interviniera directamente en España para "liberar a los vascos". En fin, ¡¡¡Vivir para ver!!! y «Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras».

            Considerando lo expuesto, los milagro s quedan demostrados con un purismo lógico inatacable por lo que lo único que resta es patrocinar inmediatamente ante la Santa Sede la apertura de expediente de Canonización de nuestros hispánicos Pedro y Pablo, lo cual no solo sería acorde con cierta naturaleza pontifical de ambos personajes sino que, además, continuaría el ibérico esperpento al acercarlos a figuras tan queridas para ellos como Isabel, la Católica, Cristóbal Colón e, incluso, al propio Francisco Franco,  que alguno llegó a  sugerir su santidad.

            De todas formas, si la santidad canónica no consiguen Pedro y Pablo, que tampoco se preocupen mucho pues, como decía Santo Tomás:  "Santos hay venerados en los altares que están ardiendo en los infiernos".

 

             

 

 

 

 

(3) https://elpais.com/espana/2020-12-06/golpistas-un-candidato-de-vox-y-un-nieto-de-franco-firman-el-manifiesto-militar-contra-el-gobierno.html

(2)https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/03/militares_retirados_prometen_entregar_vida_nombre_espana_del_rey_una_nueva_carta_monarca_114027_1012.html

(3) https://www.publico.es/politica/chat-militares-comparte-peticion-trump.html

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS PARA ESTA NAVIDAD Y REYES 2020-2021

Estas Navidades tan especiales, retomamos la tradicional sugerencia que siempre se ha venido realizando desde este modesto blog consistente en que, durante las fiestas Navideñas, se hagan regalos de libros. Por ello “El Chouan Ibérico” ofrece a continuación a sus lectores la siguiente pequeña relación de libros editados recientemente y que se consideran de interés para próximos obsequios por ser de temática actual y gran calidad editorial:

            - “Operación Desengaño” de Duff Cooper, editorial Reino de Redonda. Novela histórica que tuvo ciertos problemas con la censura en 1950 cuando se publicó en la Gran Bretaña y que narra el intento de engaño a los alemanes lanzando al mar el cuerpo sin vida de un hombre que portaba información falsa sobre los planos aliados de invasión del continente. La edición se completa la publicación en el mismo volumen de "El hombre que nunca Existió" de Ewen Montagú que recoge la historia real de la operación "Carne Picada".

            - “Capitalismo 1679-2065” de Santiago Niño Becerra, editorial Ariel. Un interesantísimo estudio sobre la historia y evolución adaptativa del sistema económico capitalista que se permite predecir cuál será su evolución en las décadas próximas pronosticando a las sociedades momentos muy oscuros.

            - “El Dominio Mental” de Pedro Baños Bajo, editorial Ariel. Ensayo que completa la trilogía del autor que comenzó con la publicación de "Así se Domina el Mundo" y continuó con "El Dominio Mundial" y en el que trata como se puede manipular la mentalidad y los sentimientos de las masas a fin de que éstas colaboren en objetivos y finalidades que tal vez no sean beneficiosos para ellas. El adoctrinamiento y las técnicas de manipulación informativa son ampliamente descritas en este libro.

            - “El Espejo de Nuestras Penas” de Pierre Lemaitre, editorial Salamandra. Tercera parte de la serie "Los Hijos del Desastre" que comenzó en 2013 con la publicación de "Nos Vemos allá Arriba". Novela altamente entretenida que recuerda las mejores obras de la literatura francesa decimonónica con sus tramas enrevesadas y desenlaces inesperados que mantienen al lector constantemente en vilo deseando descubrir el siguiente acontecimiento.

            - "El Sacro Imperio Romano Germánico" de Peter H. Wilson, editorial Despierta ferro. Posiblemente la primera historia definitiva que se publica en español sobre la entidad política que marcó la historia de Europa durante más de mil años. Este estudio analiza tanto los ideales en que se basaba el imperio como su estructura política y composición social.