MANDATO IMPERATIVO Y JUICIO DE RESIDENCIA: REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y SU CONTROL

Parece ser que ahora y gracias al Movimiento 15-M los miembros de la casta política española se están aviniendo a hablar de una posible modificación de la Ley electoral en la que existan listas “desbloqueadas” aunque, por el momento, nada hablan de modificar la circunscripción electoral provincial por una circunscripción única o por distintas circunscripciones electorales dentro de la provincia.

En realidad, una reforma electoral que tan solo contemplara una modificación de las circunscripciones y la existencia de listas “desbloqueadas” o incluso “abiertas” no es en sí misma una garantía de que los electores estuvieran más y mejor representados y de que existiese un mayor control de éstos sobre sus representantes.

En puridad, un ciudadano solo puede ser exactamente representado por sí mismo, pero como resultaría imposible tener un parlamento con treinta y cinco millones de diputados es preciso buscar fórmulas en las que la delegación de la representación a través de unas elecciones no sea burlada por el representante elegido en beneficio de intereses contrarios al interés general y al de sus representados. Para ello, y como después de tres mil años de pensamiento humano nada nuevo existe bajo el sol, hay en la doctrina política dos figuras jurídicas que garantizan la representatividad y el control cuales son “el Mandato Imperativo” y “el Juicio de Residencia”.

El Mandato Imperativo, hoy expresamente prohibido por la Constitución Española de 1978 en su artículo 67.2 que dice que “los miembros de las Cortes Generales (diputados y senadores) no estarán ligados por Mandato Imperativo”; obliga a que el representante elegido no pueda hacer durante el tiempo de duración de su mandato lo contrario a lo contenido en su programa electoral al que debe ceñirse cumpliendo escrupulosamente con el mismo pudiendo existir además una figura adicional, que es la “oficina del Diputado”, que permite a los electores participar activamente en la acción política de su representante ante las instituciones en las cuales les representa.

Por su parte el “Juicio de Residencia” era un procedimiento que, antes de la implantación del llamado “Derecho Nuevo”, existía en el Derecho Castellano y consistía en que al término del desempeño de una función política, todas las actuaciones del cargo político eran sometidas a revisión a fin de determinar si sus actos habían sido realizados conforme a derecho y si se había manejado el dinero público con la suficiente prudencia, diligencia y rectitud. El Juez en el antiguo procedimiento de “Juicio de Residencia” recibía el nombre de “Juez de Residencia” y generalmente era el funcionario que iba a sustituir al que era sometido a Juicio pesando sobre el juzgado la obligación de mantener su residencia (de ahí el nombre del procedimiento) en el lugar en que se iba a desarrollar el proceso no pudiéndose mover hasta que no se resolviera su caso favorablemente. Básicamente, este sistema de “Juicio de Residencia” actualizado a los tiempos modernos es el que ha permitido que el presidente de Islandia sea procesado por haber actuado con negligencia ante la crisis económica.

Tanto el “Mandato Imperativo” como el “Juicio de Residencia” conjuntamente instituidos se constituirían en eficaces medios de aseguramiento de la representación política por parte de los propios representados y de control judicial de todas las decisiones políticas que harían a los gobiernos más representativos a la vez que les dificultaría caer en la corrupción o en la negligencia al quedar sometidos todos los actos del poder ejecutivo a una revisión posterior tras la cual se podrían imponer a sus miembros sanciones económicas, o incluso penales, en caso de existir probados motivos para ello.

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“DEME ARGO PO FAVOR”

“Deme argo po favor” bien podría ser el nuevo lema de la encantada, cuando no orgullosa, cadena de televisión “Intereconomía” porque en la dos últimas semanas y con la excusa de demostrar que una televisión puede ser sustentada íntegramente por los televidentes que deseen verla, ha solicitado a todos los que la ven y cuyo número estima en unos dos millones de personas que hagan aportaciones económicas en una cuenta que al efecto se ha abierto en La Caixa.

Lo cierto es que la excusa esgrimida y que también aspira a fundamentar una posible privatización de las distintas televisiones públicas, no deja de tener su gracia pues si lo que en realidad se pretendiera fuera una televisión exclusivamente sustentada por sus fieles televidentes bien podrían codificar sus emisiones y así seguro que los que quieren ver “Intereconomía”, no solo pagarían por ello, sino que además estarían dispuestos a instalar en sus hogares un trasto descodificador para poder disfrutar de su coherente y amena programación, sea entendido lo de amena y coherente con toda la sorna e ironía con la que se pueda entender.

Así pues, no siendo muy creíble la excusa dada para tal campaña pedigüeña, solo cabe deducir lógicamente que las cuentas del “Grupo Intereconomía” no están para echar cohetes y que han empezado una campaña de capitalización encubierta apelando a la generosidad caritativa de sus acólitos en vez de la seria y empresarial medida de proceder a una ampliación de capital mediante la venta pública de acciones y es que mientras con lo primero se pueden conseguir múltiples donaciones individuales que supongan una importante cantidad total sin necesidad de repartir beneficios en caso de que los hubiera ni de rendir cuentas a los donantes, con lo segundo estarían obligados a dar cuentas a sus accionistas repartiendo con ellos los beneficios si los hubiera y explicando, en su caso, los motivos de las pérdidas.

El grupo “Intereconomía” fue creado en el año 1995 con la puesta en marcha de una emisora de radio del mismo nombre dedicada exclusivamente a la información de carácter económico. Posteriormente, en el año 2005, el grupo se amplia con la compra de “Expansión TV” que es el germen de la actual cadena televisiva de ámbito nacional “Intereconomía” dando comienzo la formación de un grupo de comunicación con grandes pretensiones que procede a ampliar incesantemente su estructura mediática con la publicación del semanario religioso “Alba”, con la creación de la editorial “Homo Legens”, con la publicación del diario “La Gaceta”, con la publicación del semanario “Época” que se entrega los Domingos junto con el diario “La Gaceta” y finalmente con la adquisición de la emisora de radio “Radio Intercontinental”, propiedad que fuera del exministro franquista don Ramón Serrano Suñer.

Lo cierto es que el Grupo “Intereconomía” se ha ido formando mediante la adquisición de distintos medios de comunicación en franca decadencia por su dudosa rentabilidad económica, siendo de indicar, por ejemplo, que el diario “La Gaceta” en su origen era un semanario económico llamado “La Gaceta de los Negocios” del que hoy muy pocos se acordarán y que la última adquisición del grupo, “Radio Intercontinental”, en el momento de su compra por “Intereconomía” (año 2009) era una emisora de radio con muy poca audiencia. Así pues, no es de extrañar que tengan que pedir dinero, pero no para demostrar que un medio puede sostenerse por las aportaciones de sus televidentes ni para hacer partícipes a estos del contenido de su programación, sino simple y llanamente, para seguir emitiendo.

No obstante, es de señalar a los directivos del “Grupo Intereconomía” que, en vez de pedir dinero a los televidentes, todos ellos con los bolsillos esquilmados por los impuestos de los mil Atilas que mal gobiernan este pobre país; la posibilidad que tienen de ampliar, previo el abono del correspondiente óbolo, a cinco horas el programa de una hora que en la actualidad tiene cierto personaje que en el pasado tuvo una importante relevancia financiera y al que siempre se le relacionó con cierta sociedad secreta condenada repetidamente por el Magisterio de la Iglesia Católica a la que dicho grupo dice estar orgulloso de pertenecer, aunque parece que desconoce el contenido de las distintas Encíclicas Papales y más concretamente la de León XIII titulada “Humanus Genus”. Por cierto y para terminar, hay que indicar igualmente que para hacer honor al nuevo nombre del programa, el protagonista debería permanecer las cinco horas calladito y preferiblemente en posición horizontal.

LA SOCIEDAD QUE SE ESTÁ FORJANDO

Por muchos motivos no hay mejor tiempo para reflexionar que los tiempos de crisis y ello por numerosas causas. En primer lugar porque la reflexión es una forma económica de pasar el tiempo y en segundo lugar porque en los tiempos críticos la realidad se nos aparece desnuda y sin abalorios decorativos indicándonos los errores cometidos en el pasado y abriéndonos los ojos ante el futuro que nos puede esperar en caso de perseverar en esos errores.

Una de estas reflexiones que surgen a tenor de los malos tiempos que vivimos es sobre la sociedad que se está construyendo y que lejos de indicar un avance de la humanidad, más parece retrotraernos a tipos de sociedad en principio ya superados.

La sociedad imperante en occidente durante el pasado fue sin ningún género de dudas una sociedad en la que existían clases claramente diferenciadas por el poder adquisitivo y nivel de vida de los individuos que las integraban, así existía una clase alta capitalista y una clase baja proletaria hasta que el avance del tiempo hizo surgir una tercera clase fundamental en la sociología europea contemporánea cual fue la clase media, integrada ésta por individuos que sin llegar a ser grandes propietarios ni poseedores de grandes fortunas disponían de pequeñas y familiares propiedades. A pesar de las carencias que presenta la sociedad de clases y las teorías existentes sobre ella, desde la teoría de la lucha de clases hasta la teoría de colaboración entre ellas, lo cierto es que este tipo de sociedad parece totalmente superada en el momento presente.

En la actualidad, ante una inexistente sociedad civil y una omnipresencia de la administración estatal y de la economía en todos los ámbitos de la vida humana, la sociedad de clases en occidente parece encaminarse hacia su desaparición en favor de una sociedad de tipo neoestamental.

La Sociedad de Clases se diferencia de la Sociedad Estamental en que la primera esta constituida por clases abiertas, es decir un individuo puede abandonar una clase para integrarse en otra ascendiendo o descendiendo en la escala social mientras que la Sociedad Estamental esta integrada por agrupaciones o estratos cuasi cerrados a los que se accede por causas tasadas o “numerus clausus” (nacimiento, compra de cargos, matrimonio, concesión, etc…). Por otra parte las clases en la sociedad de este nombre tienen su origen en el interés económico de los individuos que las integran mientras que los estamentos existen en base a una predeterminada función que sus miembros desarrollan en la sociedad o en el estado.

Si bien se observa, en la configuración de la sociedad actual ya se vislumbran tales estamentos que, como los antiguos, tienen sus correspondientes y características prebendas y privilegios. Así, se puede llegar a vislumbrar el estamento ejecutivo, que ha adquirido una identificación plena y total con el estado y que se encuentra integrado por todos aquellos individuos que, con mayor o menor responsabilidad, desempeñan cargos políticos en las estructuras estatales y supra estatales aunque tan solo sean representativos; inmediatamente, por debajo de este estamento ejecutivo, se encuentra el estamento administrativo formado por todos aquellos individuos dedicados a que la maquinaria administrativa del estado funcione y por cuantas personas tienen por función defender al estado frente a cualquier perturbación interior o exterior y, junto a los anteriores estamentos no estando precisamente por debajo de ellos, también se distingue un estamento económico y financiero formado por todas aquellas personas que se dedican a la gran economía siendo característico este estamento el subdividirse en clases (no estamentos) como la de “propietarios de los medios de producción”, que son los propietarios de las empresas y los que se reparten sus beneficios, los “técnicos” que son los encargados de administrar las empresas y mantener el funcionamiento y la productividad de las mismas siendo excelentemente retribuidos por ello y, por último, los trabajadores, que yendo y viniendo, siendo contratados y despedidos; prestan sus servicios en las mencionadas empresas según las correspondientes necesidades de las mismas en cada momento concreto. En el último escalón estamental, se perfila la existencia de un estamento que en su momento fue denominado por Jack London como “El Pueblo del Abismo” y que estaría integrado por todos los demás individuos que no forman parte de ninguno de los anteriores y que se caracterizaría por llevar una vida de total precariedad en todos los aspectos siendo la mera subsistencia diaria el mayor logro al que puedan aspirar. De este último estamento, de este “Pueblo del Abismo”, saldría la clase que prestaría los servicios imprescindibles para el funcionamiento de las empresas del estamento económico constituyendo la retribución mínima y esporádica que percibieran por su trabajo su “privilegio” característico casi equivalente al feudal pacto de vasallaje.

Por otra parte la existencia de privilegios que también definen los estamentos que están surgiendo en esta futura sociedad neoestamental cada vez son más evidentes, así el estamento ejecutivo (los políticos) tienen asegurado el resto de su vida con pensiones vitalicias y blindajes jurídicos que impiden que se les pueda exigir responsabilidades, el estamento administrativo (los funcionarios civiles y militares) tienen asegurado su puesto de trabajo del que difícilmente pueden ser removidos o despedidos por lo que tienen asegurado un salario mayor o menor, según la escala que ocupen en la administración, para toda su vida y el estamento económico (grandes empresarios y financieros) tienen el privilegio de ser soberanos en el manejo de sus negocios sin tener que rendir cuentas a nadie pudiendo disponer, cada vez más, a su antojo de la vida de los trabajadores que precisen elevándolos ligeramente desde el último estamento o dejándolos caer en la sima del “Pueblo del Abismo”.

Así pues, esta es la realidad social que amenaza con imponérsenos ante nuestros propios ojos mientras que muchos continúan, romántica y revolucionariamente, anclados en pretensiones y conceptos cada vez más alejados de la realidad al pretender acabar con una sociedad de clases que se está viendo progresivamente sustituida por una “Sociedad Neoestamental” cerrada y altamente represiva.

LA CUESTIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS

Los españoles llevamos meses oyendo hablar a la casta política que nos domina de la necesaria reforma de las Cajas de Ahorros y de la imprescindible salida de las mismas de “los políticos” pero nadie explica con claridad que es lo qué está pasando en las numerosas Cajas de Ahorro de nuestro país.

Las Cajas de Ahorro son entidades de crédito similares a los bancos, pero, teóricamente, diferenciadas de éstos por su estricto control gubernativo y por su regulación legislativa. Concretamente, los bancos son sociedades anónimas, mientras que las cajas de ahorro se rigen por la ley de sociedades limitadas de carácter fundacional, motivo por el que deben destinar parte de sus dividendos a fines sociales teniendo representación gubernamental (o mejor dicho política) en su seno aunque no por ello dejan de ser entidades privadas.

El origen de las Cajas de Ahorro en España se remonta a los “Montes de Piedad” creados principalmente en el siglo XVII por Francisco Piquer (Padre Piquer) que permitían a los pobres la posibilidad de obtener unas sumas de dinero en efectivo para satisfacer sus necesidades más urgentes a cambio de depositar, con posibilidad de recuperarlas posteriormente, algunas prendas. Posteriormente, los “Montes de Piedad” fueron evolucionando y buscaron el fomento del ahorro entre los más desfavorecidos, surgiendo así las “Cajas de Ahorro” que respondían a la filosofía de premiar al ahorro con un pequeño interés al tiempo que prestaban dinero de los depósitos a un interés mas bajo que los bancos privados. Al igual que los bancos, la diferencia entre el interés pagado y el cobrado constituía el beneficio de la Caja de Ahorro, el cual debía destinarse a fines sociales no teniendo por tanto ánimo de lucro.

La regulación moderna de las “Cajas de Ahorro” en nuestro país se remonta a 1933 con la aprobación en las Cortes del llamado “Estatuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular” por el que se crea el “Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro” como organismo de control de las mismas. En 1971 el control de las Cajas de Ahorro pasa a depender directamente del Banco de España y en 1977 se produce la primera reforma de las Cajas de Ahorro llevada a cabo por el Ministro de la UCD don Enrique Fuentes Quintana quién elimina muchas de las limitaciones impuestas a las operaciones financieras de las Cajas de Ahorro y las permite operar prácticamente igual que un banco aunque bajo un férreo control político, que no estatal, dependiente finalmente del partido político o coalición gobernante en cada Comunidad Autónoma.

Desde 1977, el personal laboral de las Cajas de Ahorro ha ido aumentando progresivamente y las mismas han ido funcionando como puros y simples bancos, aunque manteniendo unas “obras sociales” cada vez más parecidas a las fundaciones que poseen las distintas entidades financieras para obtener beneficios fiscales. Al mismo tiempo la intervención en la administración de las Cajas de Ahorro de políticos de todos los colores ha provocado que las decisiones que se tomaban en su seno no obedecieran exclusivamente a razones económicas y sociales sino también políticas llegando a financiar y a participar en obras públicas de más que dudosa rentabilidad económica (Aeropuerto de Ciudad Real, por ejemplo) y a dar préstamos de “dudoso cobro” a Partidos Políticos para financiación de sus campañas electorales.

Esta continuada situación, que ha llevado a no pocas “Cajas de Ahorro” al borde de la quiebra ha hecho que los políticos, que han sido los principales beneficiarios de las Cajas de Ahorro durante estas últimas cuatro décadas, pretendan reformarlas en el sentido de fusionarlas y salir de los consejos de administración de las mismas. Con la fusión de las Cajas de Ahorro se logrará que Cajas solventes se hagan cargo de las Cajas que se encuentran al borde de la quiebra y las reconduzcan hacia la rentabilidad además de reducir los gastos en personal e infraestructuras, pues la fusión de las Cajas de Ahorro conllevara el despido o la prejubilación de varios miles de trabajadores y con la salida en estampida de “los políticos” de los consejos de administración de las Cajas se conseguirá que, de quebrar alguna caja y de perder sus ahorros los pequeños impositores, no se eche la culpa del desastre a quienes en verdad lo tienen, es decir, a los políticos y a sus partidos.

Evidentemente, la situación económica general de España y la particular de las Cajas de Ahorro hace imprescindible una reforma de estas entidades, pero esta reforma no debería ir orientada a su privatización sino a su estatalización y a la redacción de un nuevo estatuto de Cajas de Ahorro que, partiendo de su fusión en una única Caja de Ahorro, fuera el embrión de la creación de una sana banca pública cuyo fin social fundamental no fuera tener fundaciones u obras sociales sino la socialización del crédito. Así, por ejemplo, esta banca pública podría primar a sus impositores con un interés menor que el que conceden los bancos a los suyos pero también cobrar un interés menor que el que cobran los bancos a los que solicitasen un préstamo. Por su parte el Estado garantizaría el cien por cien de los depósitos de esta banca pública cuyo funcionamiento tendría por objeto exclusivamente el servicio social y la obtención de beneficios limitados que la permitieran autofinanciarse y seguir asegurando el flujo del crédito a sus clientes.

DEMUESTRA TU INDIGNACIÓN: EL 19 DE JUNIO TOMA LA CALLE

"El Chouan Ibérico" se adhiere y apoya entusiásticamente la Manifestación convocada para el próximo día 19 de Junio bajo el lema "Toma la Calle".

La salida pacífica a la calle de todos cuantos estamos afectados por este régimen es fundamental para mostrar nuestro descontento. Posiblemente la casta política nos ignorara y persistira en sus políticas antisociales y prebendas pero sabrán que ya, y desde hace mucho tiempo, no gobiernan con el consentimiento de los gobernados.

Los políticos que han favorecido las formas y modos ecómicos que han provocado esta crisis no pueden ser ni van a ser los que nos saquen de ella, por eso todos ellos deben irse.

Es imprescindible un nuevo proceso constituyente en el que, no solo se reforme radicalmente la Ley Electoral sino en el que también, entre otras cosas, se defienda la existencia de un sector finaciero público y que se garanticen los servicios públicos y las prestaciones sociales, constituyendo un modelo económico justo y sostenible.

Por ello

TODOS A LA MANI EL 19 DE JUNIO.