Tras unos años en los que el gobierno socialista ha realizado una política expansiva en materia presuntamente social que dio lugar a dos medidas “estrella” cuales fueron la “Ley de Dependencia” y el “Cheque Bebé”, la realidad económica y política de nuestro país se ha impuesto haciéndole retroceder y anunciando, hace algo más de una semana, unas gravísimas medidas económicas que suponen importantes recortes sociales establecidos y consolidados en nuestro país desde hace décadas tales como son la garantía del poder adquisitivo tanto de pensionistas como de trabajadores, aunque estos sean públicos.
Lo grave de estas medidas no es la desaparición del “Cheque Bebé” ni los recortes en “La Ley de Dependencia” porque la situación de nuestro país, al tiempo de implantarse estas medidas, hacían previsible que fueran concebidas más como una nueva subvención temporal que como el establecimiento de un Derecho; sino que tales medidas económicas, junto con la subida del Impuesto del Valor Añadido a partir del próximo 1 de Julio del 2010, afectan al bienestar general de los ciudadanos al reducirse los salarios de los funcionarios y al congelarse las pensiones suponiendo una importante pérdida del poder adquisitivo al subir, al mismo tiempo, los precios por incidencia del incremento del IVA.
Es evidente que la crisis económica que padecemos es la más grave que hemos padecido en los últimos cincuenta años y que exige medidas valientes y duras, pero antes de afectar al bienestar de los ciudadanos y a la estabilidad económica de las familias se podrían y se deberían haber adoptados otras que, muy probablemente, hicieran innecesario tomar las que afectan directamente a las economías domésticas de toda la población.
Estas medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno, que probablemente cualquier fuerza política del actual arco parlamentario habría tomado sin pestañear aunque el próximo Jueves, por mero oportunismo político, voten en contra de las mismas; responden a una filosofía errática cual es parar el golpe que anunciaba la inmediata quiebra económica del Estado salvando mediante parches el presente sin garantizar el futuro, repercutir las consecuencias de la crisis en la generalidad de la población y no encarar valientemente las reformas estructurales necesarias.
Se podían haber tomado infinidad de medidas antes de tocar un solo céntimo de los trabajadores públicos o de los pensionistas si no hubiera primado el interés político sobre el social y el principal deseo de salvar el “Status Quo” del actual régimen político-económico. Así entre las medias que se deberían haber tomado y que ni siquiera se han considerado tomar estarían las siguientes:
MEDIDAS INMEDIATAS. Entre otras:
1º. Reducción del Salario de Cargos Políticos electos y de Cargos Públicos de libre designación en un cincuenta por ciento. Evidentemente cuando hay cargos públicos que cobran veinte mil euros al mes, la reducción de un quince por ciento propuesto por el actual gobierno resulta hilarante más que irrisoria.
2º. Prohibición a los Cargos Políticos Electos y a los Altos Cargos de libre designación de percibir más de un sueldo público. Si han de formar parte de Consejos de Administración de alguna empresa pública los emolumentos por ello deberán estar comprendidos en el salario que cobran por ser cargos políticos electos o de libre designación.
3º. Eliminación de todas las subvenciones a Partidos Políticos y Sindicatos, los cuales deberán financiarse exclusivamente con las cuotas de sus afiliados.
4º. Eliminación de todas las subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales que presten los mismos servicios que ya prestan las Instituciones públicas, tales como asistencia jurídica gratuita así como la supresión de las subvenciones a asociaciones privadas como la SGAE que en cualquier caso deberán financiarse con las aportaciones privadas de sus socios y patrocinadores.
5º. Eliminación de la seguridad privada en los edificios públicos, los cuales deberán ser protegidos por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
6º. Reestablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio.
7º. Gravar linealmente con un euro cada cajetilla de tabaco. Considerando que hay países de la Unión Europea como Irlanda que, entre las medidas anti-tabaco, han establecido el precio único por cajetilla de nueve euros, tal impuesto no supondría una subida desmesurada de un producto sobre el que, por otra parte, existe un interés público en que se deje de consumir.
8º. Creación de un impuesto que grave las Entidades de Inversión Colectiva Inmobiliarias.
9º. Congelación del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), no procediendo a su subida el próximo primero de Julio.
10º. Eliminación de Empresas Públicas deficitarias tales como la Sociedad Pública del Alquiler y de Ministerios superfluos como el Ministerio de la Igualdad.
11º. Supresión de las ediciones de libros y publicaciones de todos los Ministerios.
12º. Reducción de la propaganda institucional y de las suscripciones oficiales a publicaciones privadas eliminando también las subvenciones públicas que reciben las publicaciones periódicas.
1º. Reforma general del Estado a fin de convertirlo en un estado federal con una hacienda federal y federada, donde existan impuestos estatales establecidos por cada estado a fin de financiarse internamente e impuestos federales intransferibles y no compartibles que sirvan para garantizar los servicios generales de toda la comunidad federal y para corregir posibles desigualdades.
2º. Reforma general de la Administración tendente a ganar eficacia y reducirla en personal.
3º. Prohibición, recogida en el propio texto constitucional, del envío de tropas españolas a cualquier lugar fuera de nuestras fronteras.
4º. Creación de una banca pública e intervención directa del estado en sectores estratégicos que jamás han de quedar en manos privadas.
5º. Relectura de los Tratados de la Unión Europea que limitan nuestra economía al sector servicios impidiéndonos tener un sector industrial y agropecuario adecuado.
6º. Desarrollo de una política de reindustrialización que nos permita tener un sector industrial competitivo e independiente de las decisiones de los Consejos de Administración de las grandes multinacionales extranjeras.
7º. Fomento y desarrollo del sector agropecuario.
8º. Planteamiento y desarrollo de un plan energético nacional que nos evite ser energéticamente dependiente.
9º. Fomento y desarrollo del comercio exterior
10º. Fomento de la investigación científica, técnica e industrial que nos permita desarrollar patentes de producción.
11º. Reconducción de ayudas sociales a la natalidad y a la dependencia a través de la modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tan solo con las primeras medidas se sanearían las cuentas públicas sin graves perjuicios a los trabajadores mientras que con las segundas se podrían prevenir o amortiguar futuras crisis, siendo el único problema que, si tales medidas se adoptaran, la gran perjudicada sería la casta política que es capaz de llamar al sacrificio de los demás al tiempo que desea mantener todos sus privilegios.