GENIOS DE ESPAÑA Y ACTITUDES "EMPRESARIALES"

Todos recuerdan el famoso "¡Que inventen ellos!" con el que se lamentaba un famoso escritor de la generación del noventa y ocho de la ausencia de amor por la ciencia y la tecnología que había en las Españas de finales del siglo XIX y principios del XX abriendo un debate intelectual de gran duración y calado sobre el abandono de las disciplinas científicas y técnicas por parte de los españoles no resultando nada más falso que atribuir a la abulia, al desdén o a la más completa ausencia de inteligencia natural en los súbditos hispanos, que los hacían seres vedados para toda cuestión científico-técnica; la situación trágica de la investigación en nuestro país.

Ciertamente, en nuestra historia son escasos los premios Nobel en disciplinas científicas y más aun resultan escasas las patentes de inventos geniales reduciéndose el más famoso de ellos a la conocida y popular "Fregona", pero no es más cierto que tal escasez no se debe a la ausencia de personalidades geniales que con su trabajo y tesón individual dieron al mundo entero grandes inventos de suprema relevancia que aun hoy, perfeccionados y mejorados, se siguen utilizando.

Podemos y debemos citar a Monturiol que inventó el submarino moderno y a Isaac Peral que lo perfecciono creando el submarino eléctrico que fue utilizado hasta los años cincuenta del siglo XX, asimismo tenemos que citar a Torres Quevedo que diseño un dirigible superior al que en la misma época había diseñado el alemán Von Zeppelin y por último a Juan de la Cierva que inventando el "Autogiro" abrió el camino al helicóptero y al avión de despegue vertical.

Entonces ¿Como es posible que tales creaciones españolas se ignoren por parte de los mismos españoles y que se haya especulado durante mucho tiempo sobre la indisposición en España hacia la ciencia?. La respuesta a esta pregunta se encuentra en las mismas biografías de los genios anteriormente citados. Isaac Peral murió en Berlín donde el gobierno alemán le hizo toda clase de propuestas para hacerse con el invento del sumergible ante lo cual siempre respondía: "Este invento será para la Patria o no será para nadie", Torres Quevedo, firmó un contrato en 1913 con la compañía francesa ASTRA para fabricar su dirigible si bien en el contrato excluyo a España del pago de los derechos de patente en caso de que decidiera adquirir dirigibles y finalmente Juan de la Cierva, abandonó España en la década de los años veinte del pasado siglo para desarrollar su "Autogiro" en la Gran Bretaña. Es decir, todos estos genios y, sin duda muchos más que nos resultan anónimos, tuvieron que abandonar España para que sus inventos dejasen de ser sueños diseñados sobre el papel y se convirtieran en realidades concretas y todo ello porque no encontraron en este país el más mínimo apoyo económico del llamado "sector empresarial".

Empresario es, como su propio nombre indica, el que emprende, el que empieza, el que abre camino y el que, por tanto, se arriesga, pero en Las Españas de hoy, de ayer y de siempre, aunque algunos se llamen empresarios y se agrupen en "asociaciones empresariales" no existen tales siendo los individuos que tal nombre usurpan vulgares desalmados (no tienen alma ni espíritu generoso), apátridas (no conocen vinculación a tierra, tradición o comunidad alguna) y egoístas (no van más allá de su minúsculo interés individual) que buscan el mayor de los beneficios en el menor de los tiempos posibles, dan la espalda a todo tipo de innovación que implique un desembolso económico inmediato aunque posteriormente genere los mayores y mejores beneficios que son aquellos que perduran largamente en el tiempo y que, siendo más propensos a la práctica de la especulación y de la usura con el único objeto de conseguir un enriquecimiento tan rápido y grande como colectivamente estéril; tienen hipotecada toda la producción nacional y por tanto, gran parte de la economía española, a la obtención y graciosa concesión de licencias extranjeras para fabricación de los más elementales productos cotidianos.

Esta es la cruda realidad que hace que el país que ha dado el submarino moderno, tenga que fabricar sus submarinos bajo licencia francesa, que el país que ha dado el autogiro, precursor del helicóptero contemporáneo, carezca de una fuerte y competitiva industria aeronáutica propia; por tanto los programas de I+D (Investigación más Desarrollo) que planifiquen los gobiernos siempre fracasarán, no por la ausencia de investigación o investigadores, que aun en el falso caso de no existir genios propios y autóctonos siempre se podrán adquirir en el extranjero (1) sino por el total desinterés del llamado "Sector privado" en desarrollar lo inventado, diseñado o descubierto.

Una verdadera política de desarrollo científico y tecnológico no es ni puede ser ajena e independiente de una política económica general del país la cual exige cada vez más un cambio de la actitud empresarial y, en caso de no darse esta, la imposición de una férrea disciplina que haga que la economía sirva a los intereses generales del pueblo y del estado apartando de la vida económica a esos especuladores, usureros e ingenieros financieros que actúan como verdaderos parásitos de las clases creadoras y productivas de Las Españas, logrando su más completa defenestración social.

(1) Muchos podrían ser los ejemplos pero nos limitaremos a citar los casos del ingeniero aeronáutico Fockker el cual era holandés a pesar de haber desarrollado sus diseños e inventos en y para el Imperio Alemán en la primera década del siglo XX y el más sangrante caso de los ingenieros de la Messermicht que habiéndose refugiado en España tras el final de la II Guerra Mundial, trayéndose consigo los planos y diseños de los aviones a reacción no consiguieron financiación ni apoyo para producir y desarrollar sus diseños con lo que se renunció a tener una industria aeronáutica propia y competitiva.

ELECCIONES 20-N ¿QUÉ HACER?

Nuevamente los españoles estamos convocados, el próximo día 20 de Noviembre, a unas elecciones, esta vez generales, para elegir a aquellos que dicen que van a representarnos en los próximos cuatro años y que nos van a guiar hacia una nueva tierra de promisión donde todos seremos saciados de justicia y bienestar (sea esto dicho y entendido con todo sarcasmo) y, una vez más, desde este humilde blog; no queremos ni podemos dejar pasar la ocasión sin hacer un análisis del panorama electoral que sirva de orientación a quienes dedican una parte de su tiempo a leernos.

Siempre que ha sido posible “El Chouan Ibérico” ha aconsejado a sus lectores que votasen a las candidaturas carlistas que se presentaban bajo el nombre de Partido Carlista por ser, en puridad histórica, la única opción política (1) que, en sus casi dos siglos de historia, ha sido totalmente honrada con los ciudadanos españoles no habiéndose vendido jamás a postor alguno ni rehusado el sacrificio propio en aras del bien común. No obstante, en las Elecciones Europeas del año 2009; al no presentarse el Partido Carlista solicitamos el voto nulo promoviendo a un candidato quimérico cual era Alonso Quijano, Don Quijote.

En las elecciones del próximo día 20 de Noviembre y al no concurrir el Partido Carlista nos es imposible recomendar el voto para cualquiera de las candidaturas que se presenta y tampoco podemos promover otra candidatura quimérica porque todos los concurrentes a estos comicios dan la razón a los que afirman que la realidad siempre supera a la ficción y en este caso cada candidato, por sí solo e individualmente considerado, supera las características fantasiosas de Fantomas, villano literario creado por Marcel Allain y Pierre Souvestre en 1911. Aún así es necesario hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, estas Elecciones Generales son las primeras a las cuales no ha podido concurrir todo aquel partido que ha querido pues la reforma electoral que entró en vigor en Enero del 2011 tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados por TODOS los partidos con representación parlamentaria impide presentarse a todas aquellas candidaturas que no consigan unos avales mínimos que van del 0.1 al 0.2 por ciento de la población de la circunscripción electoral por la que se desea presentar. Esto supone un límite injusto al derecho de las personas a elegir y a ser elegidos porque la esencia misma de la democracia esta en que cualquier persona individual u organizada en partido o agrupación de electores puede presentarse a unas elecciones para captar la confianza de sus conciudadanos. El hecho mismo que haya candidaturas que estén hablando en la actual campaña de “mayor libertad y de más democracia” y que hace tan solo unos meses hayan apoyado esta reforma electoral en el Congreso es la mayor prueba de falta de honestidad y de honradez que puede demostrar alguien que aspira a dirigir la Res-Publica y recuerda la actitud de los partidos mayoritarios integrantes de la “Platajunta” (PSOE, PCE, PSP…), que en 1976 se comprometieron a no acudir a las elecciones de 1977 si no eran legalizados todos los partidos que la integraban, pero que, una vez legalizados ellos, no hicieron honor a sus compromisos y dejaron en la estacada de la clandestinidad a no pocos partidos que habían luchado tanto como ellos, y en cualquier caso más que el PSOE, por la democracia en este país (entre los partidos que formaron parte de la “Platajunta” y que no fueron legalizados para concurrir a aquellas elecciones de 1977 se encontraban la ORT, el Movimiento Comunista y el Partido Carlista).

Por otra parte, ninguna de las formaciones políticas que concurren a estas elecciones, algunas de las cuales son fruto del más puro oportunismo y transfuguismo político, propone nada nuevo y constructivo para el país. Así, el PSOE propone continuar con las reformas iniciadas por el actual gobierno y el Partido Popular sugiere cambiar el modelo de gestión para hacer más y más profundas reformas que considera imprescindibles, haciendo ambos partidos un magnífico alarde de perversión del lenguaje porque no cabe la más mínima duda de que cuando la casta política nos habla de reformas a lo que en realidad se está refiriendo es a recortes, privatizaciones y pérdida de derechos sociales.

Así pues, “El Chouan Ibérico” solo ha podido llegar a una conclusión que es que no importa quién gane las elecciones el próximo día 20 de Noviembre porque, gane quien gane, va a ser el pueblo español quien pierda. Será el pueblo español quien pierda prestaciones sociales, será el pueblo español quien pierda libertades y representatividad y será, finalmente el pueblo español, quien pierda derechos y quien tenga que hacer todos los sacrificios para que la casta política que gestiona la Res Publica desde hace décadas siga viviendo a “La Grande Du Monde” mientras que cada vez más ciudadanos se ven obligados a acudir a los comedores sociales de Cáritas.

Partiendo de esta conclusión, repetimos que no recomendamos ni aconsejamos el voto para ninguna candidatura que se presenta a estas elecciones, pero tampoco justificamos ni podemos justificar la abstención porque, si bien es cierto que es muy recomendable que los resultados electorales muestren el rechazo de la ciudadanía española a la casta política que la oprime, la abstención en la mayoría de los casos solo refleja pasotismo y comodidad por lo que, reprimiendo de momento la muy fuerte tentación que tenemos de reclamar a gritos la presencia de un Marco Bruto en el Hemiciclo y la colocación de una estatua de Pompeyo en la puerta del mismo, creemos más ajustado a la situación presente, que todos los ciudadanos españoles se tomen la molestia de salir de sus cálidos hogares el Domingo 20 de Noviembre y, aunque haga frío, llueva o nieve; voten según su gusto en blanco o en nulo, bastando para lo primero introducir en la urna un sobre vacío o con un papel en blanco o cogiendo cualquier papeleta y escribir sobre ella con un bolígrafo para lo segundo.

(1). Otro grupo igualmente honrado del panorama político español son los anarquistas pero al ser inherentes en ellos la no participación en política por ser negación de todo estado y autoridad no se les puede considerar una opción política a la que apoyar o no en unas elecciones, además de tener divergencias ideológicas con ellos que para nada menoscaban la estima que hay que tener a los que combaten honestamente por sus ideas para sacar como máxima recompensa la cabeza caliente y los pies fríos.

“EL QUE QUIERA… QUE SE LO PAGUE”

De un tiempo a esta parte viene instalándose en toda reivindicación, más populista que popular, una frase que esconde toda una filosofía puramente liberal e individualista de un grave alcance máxime cuando esta frase es citada con cierta reiteración por sectores contrarios al liberalismo y supuestamente defensores de los servicios públicos. Dicha frase es: “El que quiera… que se lo pague”.

Ciertamente se ha podido ver durante la reciente visita del Santo Padre a Madrid con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud como grupos de manifestantes contrarios a la mencionada visita pastoral portaban pancartas con lemas como “no con mis impuestos” o “El que quiera religión que se lo pague”.

“El que quiera… que se lo pague” es el resumen de una filosofía económica y política que es la que desde las más altas instancias del poder económico mundial pretenden imponernos a todos. Ciertamente es muy cuestionable que un no católico tenga que ayudar indirectamente, a través de sus impuestos, a la financiación de la Iglesia Católica española, pero aplicando ese mismo razonamiento cabría preguntarse por qué los ciudadanos que no tienen hijos tienen que contribuir a través de sus impuestos a sufragar el gasto público que generan los hijos de los demás, por ejemplo, en educación.

En nuestro país, aquel que no desee contribuir con sus impuestos a la financiación de la Iglesia Católica puede optar en su declaración del Impuesto sobre las Personas Físicas por colaborar con fines sociales, con lo que posiblemente su dinero vaya a parar a manos de diversas ONGs que en no pocos casos actúan como unos “dedos largos” de distintos partidos políticos, pero aquellos ciudadanos que son o se sienten republicanos o, en cualquier caso, no se sienten identificados con S. E. El Jefe del Estado no tenemos posibilidad alguna de evadirnos de contribuir con nuestros impuestos a sostener una Institución o persona que no nos convence y desde luego aquellos ciudadanos que no tienen hijos o son antimilitaristas o gozan de una espléndida salud tampoco tienen la posibilidad de no contribuir con sus impuestos a sufragar el gasto publico que generan los hijos que ellos no tienen o un ejército que no quieren o una sanidad que no van a utilizar.

La primera y última razón de que, salvo en materia de religión, todos los ciudadanos contribuyamos a sufragar todos los servicios, los utilicemos o no, nos gusten o no, creamos en ellos o no, es la solidaridad y el apoyo mutuo. Así es justo y necesario que las personas sanas contribuyan con sus impuestos a mantener un sistema público de salud y que los que no tienen hijos contribuyan a que exista un sistema educativo eficaz.

Lo curioso de la frase de “el que quiera… que se lo pague” se encuentra en que quien la esgrime pretende atacar a un sistema económico y social que, sin manifestar estar conforme con la misma, esta intentando por todos los medios entronizar en la gestión de los servicios públicos la sustancia filosófica que la misma sintetiza. Así, son los liberales y los llamados “nuevos conservadores” (neocon), quienes, sin duda aprovechando las muchedumbres que claman por “el que quiera… que se lo pague”, están justificando la privatización de los más esenciales servicios públicos. De este modo pretenden justificar la privatización de la educación, la cual permitirá que aquellos que no tienen hijos puedan ahorrarse los dineros que la escolarización provoca en sus economías domésticas o el llamado “copago” en sanidad, el cual generará que aquellos que van menos al médico desembolsen menos dinero en sanidad.

Por todo ello, eso de “el que quiera… que se lo pague” puede convertirse, o mejor dicho se está convirtiendo ya, en un boomerang que lanzado contra unas concretas instituciones se ha vuelto contra los servicios públicos que los inventores de la frasecita pretendían o tenían intención de defender y si hace años se afirmaba aquello de “el que quiera monarquía, que se la pague” o “el que quiera religión, que se la pague” ahora estamos a punto de que se materialice “el que quiera sanidad, que se la pague”, “el que quiera educación, que se la pague” o “el que quiera jubilación que se la pague”.

MANDATO IMPERATIVO Y JUICIO DE RESIDENCIA: REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y SU CONTROL

Parece ser que ahora y gracias al Movimiento 15-M los miembros de la casta política española se están aviniendo a hablar de una posible modificación de la Ley electoral en la que existan listas “desbloqueadas” aunque, por el momento, nada hablan de modificar la circunscripción electoral provincial por una circunscripción única o por distintas circunscripciones electorales dentro de la provincia.

En realidad, una reforma electoral que tan solo contemplara una modificación de las circunscripciones y la existencia de listas “desbloqueadas” o incluso “abiertas” no es en sí misma una garantía de que los electores estuvieran más y mejor representados y de que existiese un mayor control de éstos sobre sus representantes.

En puridad, un ciudadano solo puede ser exactamente representado por sí mismo, pero como resultaría imposible tener un parlamento con treinta y cinco millones de diputados es preciso buscar fórmulas en las que la delegación de la representación a través de unas elecciones no sea burlada por el representante elegido en beneficio de intereses contrarios al interés general y al de sus representados. Para ello, y como después de tres mil años de pensamiento humano nada nuevo existe bajo el sol, hay en la doctrina política dos figuras jurídicas que garantizan la representatividad y el control cuales son “el Mandato Imperativo” y “el Juicio de Residencia”.

El Mandato Imperativo, hoy expresamente prohibido por la Constitución Española de 1978 en su artículo 67.2 que dice que “los miembros de las Cortes Generales (diputados y senadores) no estarán ligados por Mandato Imperativo”; obliga a que el representante elegido no pueda hacer durante el tiempo de duración de su mandato lo contrario a lo contenido en su programa electoral al que debe ceñirse cumpliendo escrupulosamente con el mismo pudiendo existir además una figura adicional, que es la “oficina del Diputado”, que permite a los electores participar activamente en la acción política de su representante ante las instituciones en las cuales les representa.

Por su parte el “Juicio de Residencia” era un procedimiento que, antes de la implantación del llamado “Derecho Nuevo”, existía en el Derecho Castellano y consistía en que al término del desempeño de una función política, todas las actuaciones del cargo político eran sometidas a revisión a fin de determinar si sus actos habían sido realizados conforme a derecho y si se había manejado el dinero público con la suficiente prudencia, diligencia y rectitud. El Juez en el antiguo procedimiento de “Juicio de Residencia” recibía el nombre de “Juez de Residencia” y generalmente era el funcionario que iba a sustituir al que era sometido a Juicio pesando sobre el juzgado la obligación de mantener su residencia (de ahí el nombre del procedimiento) en el lugar en que se iba a desarrollar el proceso no pudiéndose mover hasta que no se resolviera su caso favorablemente. Básicamente, este sistema de “Juicio de Residencia” actualizado a los tiempos modernos es el que ha permitido que el presidente de Islandia sea procesado por haber actuado con negligencia ante la crisis económica.

Tanto el “Mandato Imperativo” como el “Juicio de Residencia” conjuntamente instituidos se constituirían en eficaces medios de aseguramiento de la representación política por parte de los propios representados y de control judicial de todas las decisiones políticas que harían a los gobiernos más representativos a la vez que les dificultaría caer en la corrupción o en la negligencia al quedar sometidos todos los actos del poder ejecutivo a una revisión posterior tras la cual se podrían imponer a sus miembros sanciones económicas, o incluso penales, en caso de existir probados motivos para ello.

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PROPUESTA DE UN SISTEMA ELECTORAL PARA UNA DEMOCRACIA REAL

La democracia moderna siempre ha planteado un problema de representación al basarse fundamentalmente en la representación por delegación no imperativa en virtud de la cual los electores dan su confianza a una persona por un periodo de tiempo determinado en el que dicho representante puede hacer lo que le de la gana con el poder que se le ha confiado.

Si bien es cierto que no existe un sistema electoral perfecto que permita la representatividad justa y equitativa de todas y cada una de las sensibilidades existentes en una sociedad plural, pues todos los sistemas electorales tienden a favorecer a los partidos mayoritarios, no es menos cierto que hay sistemas y modelos electorales que proporcionan mayor representatividad y control sobre el representante por parte de los representados. Tal podría ser el caso del sistema mayoritario a dos vueltas, uninominal y de representación imperativa.

El sistema electoral mayoritario a dos vueltas, uninominal y de representación imperativa consiste en dividir al Estado en tantos distritos electorales como diputados hubiera que elegir pues por cada distrito electoral se elegiría únicamente un representante (en España habría que constituir 350 ó 400 distritos electorales). Estos distritos electorales deben constituirse de tal forma que en cada uno de ellos exista un número de habitantes similar para conseguir que cada distrito electoral sea representativo de un similar número de electores.

Posteriormente se celebrarían elecciones a dos vueltas, en la primera de ellas se podría presentar todo aquel que quisiera mientras que en la segunda vuelta solo se podrían presentar los dos candidatos más votados, siendo definitivamente elegido aquel candidato más votado en la segunda vuelta.

Por su parte el candidato electo vendría obligado para con todos los electores de su distrito electoral por el “Mandato Imperativo”, es decir, no podría dar su apoyo a resoluciones parlamentarias o iniciativas legislativas para las que no hubiera sido expresamente autorizado por los electores quedando así obligado a representar en todo momento a su distrito electoral consiguiendo “logros sociales y económicos” para la población de su distrito no pudiendo apoyar resoluciones que vayan contra los intereses del distrito electoral por el que ha sido elegido. Para ello, además, pesa sobre el diputado elegido la obligación de mantener abierta durante todo su mandato y a su costa una “oficina del diputado” a la que puede dirigirse cualquiera de los ciudadanos del distrito para formular sus quejas o sus propuestas que podrán ser llevadas al Congreso de los Diputados.

El sistema mayoritario a dos vueltas, uninominal y de representación imperativa tiene la ventaja de primar a las personas sobre los partidos políticos pues el poder de estos queda muy diluido además de ser un sistema de listas abiertas porque para presentarse a las elecciones en cada distrito los ciudadanos que deseen hacerlo no precisan de ser avalados por la lista de ningún partido, al presentarse candidatos individuales y no listas partidarias. Además al ser un sistema mayoritario a dos vueltas, favorecerá los pactos y acuerdos entre los dos candidatos más votados y los demás candidatos minoritarios quienes a cambio de prestar su apoyo a uno u otro candidato mayoritario en la segunda vuelta podrán hacer que éstos incluyan en sus programas algunas de sus propuestas legislativas pudiendo ser, además, incluidos como asesores en la “oficina del diputado”.

Este sistema mayoritario a dos vueltas, uninominal y de representación imperativa, sin ser perfecto, favorece la participación política de las minorías, bien a través de los pactos a los que se lleguen entre los candidatos de la primera y segunda vuelta, o bien, a través de la “oficina del diputado” que actuará en todo momento y durante todo el tiempo que dure la legislatura como órgano asesor y de control del diputado y de participación popular garantizando además este sistema electoral en gran medida la separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo al no estar los representantes sometidos a la disciplina de partido alguno y solo deberse a su Distrito Electoral.

HABÉIS OÍDO QUE SE DIJO... PERO YO OS DIGO...

Aquel Maestro, llamado Jesús de Nazaret, enseñaba con autoridad propia. No dependía de los dichos de los sabios, ni de los escribas. Se atrevía a ir más allá de ley judía, llevándola a su radicalidad, con lo que la trascendía. Rompía su esquema retributivo y se situaba en otra esfera. Se dijo “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Yo, en cambio, os digo: “Amad a vuestro enemigos”. La ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, resulta desbordada.

¿Los seguidores de Jesús habremos de poner la otra mejilla, tendremos que renunciar a hacer frente a quien nos agravia, nos estará vedado el resistir al mal?. Y aquí los exégetas empiezan a discutir, a razonar sobre lo que dijo o quiso decir, sobre si la traducción es fiel a las palabras recogidas por el evangelista. ¿Dónde quedaría la justicia o la legítima defensa?... Lo que realmente rompen las palabras de Jesús es la distinción opositora entre los míos y los otros, entre los amigos y los enemigos. A los nuestros los calificamos de buenos, de los extraños solemos sospechar su maldad. Cuando ocurre un crimen en un lugar, lo primero que dicen las gentes, es si habrá sido alguien que vino de fuera. Y recelamos de forasteros y extranjeros, sobre todo si son pobres. El horror nos paraliza y angustia, si resulta que el criminal es alguien de dentro, de nuestro pueblo, de nuestra casa.

El mal moral existe, producido por los seres humanos, desde los principios de la historia. Hoy lo seguimos cometiendo en formas mucho más refinadas y agigantadas. Y todo mal tiene autor o autores, a menudo cómplices, y siempre víctimas. El sufrimiento de las víctimas clama al cielo y golpea a toda conciencia recta. No podemos permanecer impasibles ante ese llanto, ante esas heridas físicas o morales. Hemos de atender, consolar, cuidar a las víctimas. Pero más aún: hemos de tratar de impedir que ese daño se siga produciendo. No podemos callar, ni mirar hacia otro lado, aunque no hayamos participado en la comisión inicial, nuestro silencio cobarde, nuestro pasotismo inmoral nos convertiría en cómplices. La exigencia de verdad ante las injusticias, ante los crímenes, ante las violaciones de Derechos Humanos es el primer escalón de la justicia.

Luego viene el deber de reparar el daño causado. La impunidad del mal es el mejor caldo de cultivo para que se siga produciendo. Cuando alguien atropella, arrasa, esclaviza, violenta a otros seres humanos, los emplea de instrumento para conseguir sus fines, la equidad exige que repare, en lo posible, el daño causado. Pero, ¿quién puede devolver la vida a los asesinados, quién podrá secar las lágrimas de las víctimas, quién podrá restituir el honor a los vilipendiados?. Los vencidos no suelen tener más consuelo que el recobrar la memoria de la injusticia cometida, pero la historia suele estar escrita por los vencedores o por mercenarios a su servicio. La reparación sería el segundo escalón para una justicia humana. Lo difícil es no traspasar la línea tenue que separa la justicia de la venganza. En ese sentido, la ley del talión representó un avance histórico: una cierta proporción entre el daño causado y la pena impuesta por él. Era la familia, el clan de los agraviados, quienes la aplicaban. El derecho de las víctimas a juzgar y castigar a los ofensores fue universal, cuando podían ejercerlo.

Un paso siguiente en el avance civilizador fue la exigencia de que no se podía ser juez y parte al mismo tiempo. El juzgador debía ser imparcial, alguien ajeno a la víctima y al ofensor. Los jueces eran elegidos por la comunidad o designados directamente por quien ejercía el poder político. Las reglas reguladoras de la pena podían seguir siendo las mismas: el ojo por ojo. Claro que con la invención del dinero podía convertirse en pecuniaria. Y se dio con frecuencia una tasación en función de la calidad de la víctimas: cuando la víctima era un notable, la sanción era mucho más elevada que cuando se trataba de un villano.

Otro avance de calado mucho mayor se produjo cuando se introdujo la distinción entre el crimen involuntario, la culpa objetiva, de aquel provocado con intencionalidad. A lo hora de juzgar, la apreciación de lo que hoy llamamos circunstancias agravantes, atenuantes y eximentes condujo a un aquilatamiento mucho más equitativo de la responsabilidad. Y otra conquista fue la superación de la responsabilidad familiar o colectiva. Ni los descendientes, ni el clan fueron ya sancionados por delitos cometidos por un antecesor u otros miembros de la comunidad.

En el mundo occidental, la llegada de la modernidad se tradujo en este campo en tres conquistas: la exigencia de la tipificación previa del delito en una ley o código; las garantías jurídicas en el proceso penal para evitar la comisión de arbitrariedades, con la presunción de inocencia de todo acusado y su derecho a un abogado defensor. Y recaída la pena, la superación de ésta como mero castigo o efecto disuasorio en la sociedad, para tratar de conseguir a través de ella, un efecto rehabilitador en la persona del delincuente. Varias críticas pueden hacerse hoy a la práctica penal y penitenciaria: la pervivencia de la pena muerte (esa forma de asesinato legal) en varios Estados; el olvido muchas veces de las víctimas; el escaso efecto rehabilitador de las sanciones: y la discriminación real, en función de la clase social o etnia, en el castigo de los delitos.

Desgraciadamente, se sigue dando la impunidad en delitos cometidos directamente por el propio poder político o por bandas delictivas, con cierto apoyo social. La llamada razón de Estado juega en estos casos para favorecer la no persecución de estos crímenes. La negativa de Estados poderosos a aceptar la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia es el ejemplo más grave de la arrogancia de quienes se sitúan por encima de las leyes. Pero hay otras prácticas muy graves que lesionan Derechos Fundamentales de las personas, amparadas por los ordenamientos jurídicos que están condenando a millones de seres al hambre, la sed, la enfermedad, al destierro, en definitiva; a la muerte.

¿Cuál debe ser la conducta de los seguidores de Jesús ante esta realidad tan dramática?. Es ineludible que resistamos al mal, lo mismo que cualquier persona honesta, sean cuáles fueren sus creencias o increencias, con ellas y codo a codo con ellas. Cerrar los ojos y los oídos ante el sufrimiento de tantos hermanos es injusto, nos convierte en cómplices del mal. Claro que una resistencia que incremente el dolor de otras personas no puede ser legítima. La violencia, el devolver mal por mal, la venganza, aparte de incrementarlo, no resuelve el problema. Existen formas de resistencia no-violenta, algunas de ellas ya probadas en la historia, que deben utilizarse. Tienen sus riesgos indudables, desconocerlo sería suicida. Exigen superar el propio miedo y enfrentarse cara a cara con los malhechores, denunciar sus abusos, negarse a consentir sus desmanes...

Pero las palabras inquietantes de Jesús nos piden bastante más. Amar a los enemigos nos sitúa en otro nivel, más allá del estrictamente retributivo. Para ello, tenemos que renunciar a juzgar, no podemos conocer el interior de las personas. Hay resistir al mal, pero reprimiendo el afán de convertirnos en enemigos de quienes lo cometen. Para ello, hemos de reconocer el mal que existe en nuestro interior, el daño que también nosotros hemos cometido contra nuestros prójimos. Y al sabernos perdonados por el Amor incondicional nos ayudará a dar nuestro perdón. Como decían las líneas finales, dirigidas a quien le iba a asesinar, en la carta póstuma del superior de los monjes asesinados en Argelia, recogida en la película “De dioses y hombres”: “Y a ti, también, amigo del último instante, que no habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también GRACIAS y este A-DIOS en cuyo rostro te contemplo y que nos sea concedido reencontrarnos como ladrones felices en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío”. Sí, son las palabras de nuestro Hermano mayor en la Cruz :”Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

Pedro Zabala

LA CRISIS LIBIA: PRUEBA DE LA CRISIS ÉTICO-MORAL DE OCCIDENTE

La noche del pasado 20 de Marzo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) iniciaba los ataques aéreos en Libia contra el ejército de Moamar El Gadafi, con la justificación de proteger la vida y los derechos humanos de aquella parte de la población de la Cirenaica que se sublevó contra el tirano de Trípoli hace dos meses.

Moamar el Gadafi es un personaje político lleno curiosidades que demuestran, como poco, las contradicciones de quienes ahora le bombardean. Así en los años ochenta del siglo pasado fue calificado por la administración norteamericana como “el perro loco de Oriente Medio”, bombardeado por los Estados Unidos en 1986 fue estigmatizado por toda la Comunidad Internacional hasta que a finales del siglo pasado y tras mediar el atentado terrorista del vuelo 103 de la Pan Am que explotó en el aire sobre la localidad británica de Lockerbie, paso a ser recibido amistosamente por todos los cancilleres europeos a cuyos países empezaba a suministrarles petróleo y gas natural.

Según datos públicos y publicados hace años, desde que llegara al poder en 1969, El Gadafi, ha gobernado Libia con mano de hierro, sin respeto alguno a los más elementales derechos humanos y ha favorecido la acción de diversos y variopintos grupos terroristas en terceros países aunque parece ser que es ahora, en el año 2011, cuando Occidente se ha dado cuenta de que “el señor de la guardia amazónica” es un cruel tirano.

Así pues, los europeos no podemos salir de nuestro asombro: si hoy Gadafi es un criminal y un dictador, también lo sería en el año 2001 cuando, conociéndose su implicación en el atentado terrorista de Lockerbie de Diciembre de 1988, obviando este tema y olvidándose occidente de aquello de que “no se negocia con terroristas”; se le recibía con grandes honores por todas las instituciones y gobiernos europeos. Entonces ¿Por qué es ahora cuando Europa y Estados Unidos se enteran de que el régimen libio esta violando los derechos humanos?.

Aunque a la opinión pública se le ha vendido los bombardeos como una “acción humanitaria” la única razón lógica para los mismos es el deseo de estabilizar y pacificar Libia porque la sublevación de los libios contra el régimen de Gadafi ha desestabilizado gravemente un país exportador de petróleo y de gas natural lo que ha originado la subida de los precios de estos productos en el mercado internacional agravando la crisis económica y dificultando la salida de la misma. Esa es la única explicación lógica a los bombardeos, porque si Gadafi hubiera controlado inmediatamente la situación, aunque hubiera desplegando toda la crueldad imaginable contra sus compatriotas, occidente jamás habría intervenido contra él e incluso aun le seguiría riendo las gracias.

En la actual crisis de Libia merece especial mención la actitud de la casta política española y concretamente la de su gobierno porque toda la que disfruta de representación parlamentaria comparte con sus homólogos europeos la indignidad y la vergüenza de haber compartido mesa y mantel con el dictador africano y si bien es cierto que Gadafi regaló en el año 2003 un bello caballo árabe al entonces presidente del gobierno, José María Aznar (el de la guerra de Irak), el actual gobernante de este país nuestro que cada vez se asemeja más a un cortijo, José Luis Rodríguez Zapatero (el de el No a la Guerra de Irak) le permitió plantar su “jaima” en los jardines del Palacio de la Moncloa en el 2007 prebenda jamás reconocida a ningún otro mandatario extranjero.

No obstante, si toda la casta política española (salvo la honrosa posición de don Gaspar Llamazares y de los dos diputados del Bloque Nacionalista Galego) esta sumisa y repugnantemente de acuerdo con la participación de nuestro ejército en las acciones militares contra el régimen libio, solo de nauseabunda debe calificarse la actitud del gobierno socialista que preside el señor Rodríguez Zapatero.

En primer lugar, el Señor Rodríguez Zapatero ha puesto de manifiesto que en esta España nuestra todo vale para estar o seguir en política y que se pude alcanzar el poder sin tener principio alguno. Así, este espécimen representativo de nuestra casta política ha demostrado que el estar a favor o en contra de una guerra depende de la rentabilidad política que se pueda sacar en cada momento demostrándose una vez más que se podía estar a favor de la guerra contra Irak en 1991, cuando mandaba su partido, en contra de la guerra contra Irak en el 2003, cuando mandaba el partido contrario y, finalmente a favor de los bombardeos contra Libia cuando el dueño del cortijo es él. Por otra parte ¿Qué se puede esperar de un partido político que entre sus muchas sombras tiene el haber pasado del “No a la OTAN” al “Sí a la OTAN”, pasando por aquel “OTAN, de entrada No”?.

En segundo lugar el Señor Rodríguez Zapatero ha pretendido hacer gala durante su largo mandato de que él siempre pediría autorización del Congreso de los Diputados para desplegar tropas en el exterior. No obstante, es de aclarar para los que seguramente no se han dado cuenta de que una autorización siempre es anterior a la toma de una decisión o a la ejecución de una acción y, en el presente caso, primero se ha tomado la decisión, luego se ha puesto en práctica la misma ordenando el despliegue de tropas y finalmente se ha ido al Congreso de los Diputados no a pedir autorización, sino a solicitar la convalidación de la decisión tomada, lo que constituye una evidentemente tomadura de pelo a todo el pueblo español.

Por otra parte, el señor Presidente del Consejo de Ministros, don José Luis Rodríguez Zapatero, no puede ampararse en los compromisos adquiridos por España con sus supuestos aliados porque hay que recordarle que, de entre esos aliados, Alemania se ha desmarcado de las acciones militares y en las mismas no participan ni Grecia ni Portugal, países estos que están atravesando una grave crisis económica solo equiparable a la que sufre España. En este sentido es de indicar que el mismo gobierno que para combatir la crisis económica y reducir el gasto público ha congelado las pensiones de nuestros jubilados y ha limitado la velocidad máxima por autopista a 110 Km/h a fin de ahorrar combustible ahora no le preocupa ni la crisis, ni el gasto público, ni el ahorro de combustible y despliega un submarino, un buque de superficie y cuatro cazas F-18 al mediterráneo con el coste que eso significa tanto en dinero como en consumo de combustible. Es decir, se nos dice que no hay dinero para prestaciones sociales, pero sí para participar en guerras que ni han sido declaradas ni son defensivas.

En definitiva, la actual crisis libia y los bombardeos contra Gadafi evidencian la debacle ética y moral de Occidente en general y de España en particular que se manifiesta en la hipocresía, en la falsedad, en la doble vara de medir y en el desprecio hacia los gobernados que ejerce la casta política europea y española y, también, en la indiferencia, pasividad y sumisión con la que dichos gobernados acogen los dictados de sus gobernantes.

LA NECESIDAD DE REORGANIZAR LA SOCIEDAD CIVIL

Cuando los que ejercen la profesión política, dejan de servir generosamente al bien común, caen en la corrupción y se constituyen en casta; es cuestión de tiempo que corrompan las instituciones estatales para ponerlas a su exclusivo servicio convirtiendo al propio Estado en un fin en sí mismo. Ante esta situación, cuando ya no se puede confiar en los políticos ni en las instituciones limitadoras del poder, donde existe un riesgo cierto, posible y probable de perder toda libertad; aun cabe una esperanza para los ciudadanos que consiste en qué la “Sociedad Civil” se oponga y actúe.

En ciencia política se entiende por “Sociedad Civil” la diversidad de personas que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales, así la “Sociedad Civil” está integrada por diversas agrupaciones o asociaciones que actúan con independencia de toda institución pública y al margen de todo poder político instituido quedando fuera de tal “Sociedad Civil” todos aquellos colectivos que actúan bajo cualquier tipo de vinculación con los poderes del estado ya sea por haber sido creados directamente por éstos o por disfrutar de algún tipo de subvención o ayuda estatal.

En la reconstrucción de las Democracias Occidentales, tras la derrota de los fascismos en la II Guerra Mundial, se asumieron y se adoptaron no pocas de las técnicas y de los principios filosóficos de los totalitarismos derrotados para el mejor control político de todo movimiento social. Para ello no se dudó en crear y subvencionar distintas asociaciones u organizaciones sociales de todo tipo que, por dimanar o ser clientes del propio Estado, serían sumisas al poder establecido convirtiéndose en prolongaciones del largo brazo del Estado. De este modo se desarticuló la posibilidad de que existiera una sana “Sociedad Civil” que, en un momento concreto, reclamará ser vía de representación y participación política de los ciudadanos y, en última instancia, sustituyera al Estado corrompido.

Actualmente no existe en toda Europa Occidental una “Sociedad Civil” organizada pues todos los colectivos, grupos, asociaciones, corporaciones profesionales, etc... nacen directamente del Estado o están, total o parcialmente, subvencionadas por el mismo no constituyendo en ningún caso foco de oposición a los modos y prácticas políticas instituidas. Aunque crece el número de individuos libres de toda dependencia que piensan, reflexionan y muestran cierta contestación a lo existente no se puede decir que constituyan siquiera un embrión de “Sociedad Civil” porque su actividad individual les lleva a una total falta de coordinación y ésta a una ausencia de eficacia, no obstante el novedoso medio de internet puede hacer cambiar esto al favorecer que individuos que ni se conocen ni viven en un lugar común intercambien rápidamente ideas e información permitiéndoles organizarse a través y en el propio ciberespacio, es decir: Internet puede ser un útil medio para reorganizar la necesaria “Sociedad Civil”.

Para este fin, para reorganizar la “Sociedad Civil”, es imprescindible abandonar todo personalismo y estar dispuesto a entenderse con otros, aunque no piensen exactamente lo mismo que nosotros, sin más límite que el respeto a los Derechos Fundamentales que asisten a todo ser humano porque es de indicar que la “Sociedad Civil” solo podrá ser tal si tiene un carácter transversal y abarca un amplio espectro de ideas.

En los difíciles momentos de tribulación que padecemos la reorganización de una sana “Sociedad Civil” es imprescindible pues, solo si ésta existe, se podrá poner freno y limites a todo desafuero y a toda política, social o económica, contraria a los intereses de la mayoría de los ciudadanos haciendo uso, si ello fuera necesario, de las dos armas más poderosas que posee toda “Sociedad Civil” articulada: La Desobediencia Civil y la Resistencia Pasiva.

EL TRIBUNAL DEL JURADO: FALSEAMIENTO O INEFICACIA

La noticia de que la mujer acusada en Tafalla (Navarra) de haber provocado la muerte a su marido volverá a ser juzgada después de que fuera absuelta de todos los cargos en virtud del veredicto dictado por un Jurado popular reabre la polémica sobre esta institución judicial en nuestro país.

Desde que, en 1996, se iniciaran los procedimientos del Jurado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de Mayo han existido varios casos (entre ellos el que absolvía a un joven que acabó con la vida de dos Ertzainas en Euskalherria) que han cuestionado la eficacia de estos procedimientos judiciales, tal vez, porque el legislador al plasmar su existencia en la Constitución de 1978 tuvo la intención, como en otros muchos casos, de reconocer formalmente el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia a través del Jurado, pero jamás se le pasase por la cabeza que tal derecho se pudiera poner en práctica. Esta podría ser una explicación del por qué los Tribunales del Jurado tardaron casi veinte años en constituirse desde que se reconociera la existencia de esta institución en la Constitución de 1978.

El Jurado es una institución jurídica fundamentalmente asentada en el Common Law o Derecho Anglosajón que se aplica en Estados Unidos o Inglaterra, habiendo sido adoptado también por el Derecho Continental Europeo o Sistema Romano Germano Francés aunque en este segundo sistema no se trata de un Jurado Puro integrado totalmente por personas legas en Derecho sino de un Jurado Escabinado o mixto formado por jueces profesionales y por ciudadanos legos designados por sorteo.

En nuestro país se adoptó el sistema de Jurado Puro rechazándose el Jurado Escabinado y en vez de reformar toda la legislación procesal penal para que el Tribunal del Jurado fuera la base de la administración de justicia, se procedió a encajarlo forzosamente en un sistema procesal al que le resultaba extraño tal institución limitándose su competencia al conocimiento de determinados delitos muy graves, tales como el homicidio y el asesinato, siempre que lo fueran en grado de consumación, y excluyéndose de su conocimiento la inmensa mayoría de los delitos recogidos en el Código Penal. Así pues, por la propia competencia objetiva atribuida al Tribunal de Jurado por la Ley 5/1995 de 22 de Mayo, queda nítidamente demostrada la ausencia de fe del legislador en esta institución judicial.

No obstante, lo más grave y que priva de toda credibilidad y validez al Jurado en nuestro país es el establecimiento de un sistema de recursos que le escamotea su elemento substancial y esencial que es la plena soberanía de sus decisiones reflejadas en los veredictos.

El procedimiento del Jurado en cualquier país es básicamente el siguiente: a un número determinado de ciudadanos en plenitud de sus derechos (nueve en nuestro ordenamiento jurídico) se les convoca para considerar sobre la culpabilidad o inocencia de otro ciudadano, se les presentan unas pruebas (científicas, documentales, testificales, etc…) y se les argumenta a favor o en contra del reo. Posteriormente se retiran a deliberar en secreto y, aislados de toda influencia externa, llegan a una conclusión que plasman en un documento que se denomina Veredicto y en el que se declara al acusado culpable o inocente. Todo este procedimiento no está exento de que pueda concurrir en él, tanto por parte de las defensas como por parte de las acusaciones, un elevado; pero también legítimo y legal, componente de teatralidad para conseguir atraer a los miembros del Jurado a sus intereses.

Este componente de teatralidad, que queda perfectamente reflejado en numerosas películas norteamericanas, permite a las partes acudir a numerosas técnicas y argumentos, siendo el último y el más grave de ellos la posibilidad que tiene la defensa de invertir la culpabilidad, es decir, de hacer aparecer a la víctima como merecedora del daño sufrido (1).

Como consecuencia de todo el procedimiento y de toda la actividad probatoria que se debería realizar ante el Jurado, los miembros de éste pueden valorar libremente las pruebas que se les hayan presentado y asimismo valorar libremente los argumentos que se les hayan realizado a favor o en contra del reo por lo que pueden llegar a la decisión que quieran aunque esta sea contraria a las pruebas y razones presentadas por mucho que las mismas demostrasen sin ningún género de duda la inocencia o la culpabilidad del acusado. Por todo ello, el Jurado es completamente libre y soberano en sus deliberaciones y decisiones y no debería caber revisión de un veredicto dictado por un Tribunal del Jurado salvo en los casos en que se hayan ocultado, manipulado o falseado las pruebas que se les haya presentado para su valoración hasta tal punto de que, de haberse presentado esas pruebas o de no haberse manipulado las mismas, el resultado del veredicto pudiera haber sido otro.

En nuestro sistema procesal penal la revisión, por vía de recurso, de las decisiones tomadas libremente por el Tribunal del Jurado, privan a este de toda soberanía en la toma de sus decisiones permitiendo que los veredictos, que a juicio de profesionales del derecho no sean ajustados al mismo, sean revisados por tribunales superiores y exclusivamente formados por jueces profesionales por lo que se abre el camino a la revisión de las sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado por el simple hecho de ser consideradas escandalosas o generadoras de alarma social, lo que nos hace preguntarnos ¿Para qué se han instituido los Tribunales del Jurado si no se les permite ser soberanos en sus valoraciones y sus veredictos quedan sujetos a revisión cada vez que originen sentencias que no sean del gusto de la autoridad superior?, y si la decisión final recae en un Tribunal formado exclusivamente por magistrados profesionales ¿No hubiera sido mejor dejar la administración de justicia a estos Tribunales integrados exclusivamente por profesionales del Derecho?.

(1) Caso Raoul Villain, 1919, Francia. El 31 de Julio de 1914 Raoul Villain asesinó al diputado socialista francés Jean Jaures, tras más de cuatro años de prisión preventiva fue sometido a juicio en 1919 y considerado inocente por un Jurado popular, el argumento del veredicto tuvo el siguiente contenido: “Si el adversario de la guerra Jean Jaurès hubiera tenido éxito, Francia no habría podido ganar la guerra". La familia de Jaurés, que se preocupó de llevar a los tribunales a Villain fue condenada a pagar las costas del proceso. Posteriormente y, en gran medida a consecuencia de este caso, se instauro en Francia en el año 1932 el Jurado Escabinado.