El Partido Carlista comunica que es
absolutamente falsa la información publicada el pasado 7 de febrero por la
página web "El Confidencial Digital" en la cual se afirma que ha sido
embargado por una deuda contraída con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
de 3.717 €.
El Partido Carlista quiere dejar claro
que siempre ha cumplido y sigue cumpliendo puntualmente con el pago de todos
los impuestos y tasas municipales correspondientes y que no tiene ninguna deuda
con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Cosa que por otra parte es
fácilmente comprobable.
Por lo tanto, ante tal calumnia,
solicita a “El Confidencial Digital” que retire la noticia publicada en su
página web y rectifique en el mismo medio con igual tratamiento o si no se verá
obligado a tomar las medidas legales oportunas.
“El Chouan Ibérico” se suma y desea dejar patente su apoyo a la Huelga General convocada por distintas organizaciones y sindicatos para protestar contra la reforma laboral aprobada por el actual Gobierno presidido por el Señor Mariano Rajoy.
Muchas son las cuestiones y dudas que nos abordan cuando leemos el nombre de algunos sindicatos y organizaciones convocantes de esta huelga, pero ante la creciente ola de recortes que desde las instituciones financieras y políticas mundiales y europeas están siendo impuestas a los trabajadores españoles en particular y europeos en general y que amenazan con acabar con los logros de ciento cincuenta años de lucha del movimiento obrero, no podemos distraernos en discusiones estériles sobre momentos, estrategias y objetivos a alcanzar y simplemente solicitamos a nuestros lectores que, el próximo día 29 de Marzo del 2012, se sumen a la Huelga General.
Aunque convocada “contra la reforma laboral” esta Huelga General es contra la política restrictiva de derechos fundamentales y de recortes sociales que está desarrollando el actual gobierno popular por lo que no puede ni debe tener la escasa incidencia social que tuvo la huelga convocada el 29 de Septiembre del 2010 contra la reforma de las pensiones de jubilación aprobada por el gobierno socialista porque, de no conseguir la total paralización del país, el actual gobierno se sentiría con las manos libres para aplicar todo tipo de recortes sociales que, en definitiva, significarían la liquidación de todos los derechos que los trabajadores han obtenido con su sudor y con su sangre en siglo y medio de lucha.
El pasado 25 de Marzo del 2012, los ciudadanos de Andalucía y Asturias fueron convocados a las urnas para elegir a sus representantes en estas dos Comunidades Autónomas, dando lugar a unos resultados poco gratificantes para la casta política española la cual, a través de sus voceros, pretende desviar la atención hacia el hecho, por otra parte irrefutable, de que todas las encuestas se han equivocado en sus pronósticos.
En primer lugar, estas elecciones autonómicas han sido las primeras elecciones de todas las celebradas desde 1977 en las que se puede afirmar que la abstención tiene una nítida lectura política que indica el hartazgo y el cansancio del cuerpo electoral hacia una casta política que, cada vez más, viene a demostrar que sus soluciones no son para los problemas planteados por los ciudadanos. Así, en Andalucía la abstención, con un 37.7 por ciento, ha superado en algo más de diez puntos la abstención registrada en las elecciones autonómicas anteriores celebradas el año 2008 y en Asturias con un 44´08, ha superado igualmente los diez puntos en relación con las elecciones autonómicas celebradas tan solo hace cuatro meses.
Si, hasta ahora, la abstención se registraba fundamentalmente entre votantes del Partido Socialista que, ante el descontento con esta opción política, decidían quedarse en casa el día de las elecciones; en estos comicios autonómicos también se ha registrado entre los votantes del Partido Popular ya que este partido ha experimentado en Andalucía la pérdida de más de cuatrocientos mil votos respecto a las elecciones generales celebradas en Noviembre pasado y la pérdida de casi doscientos mil votos respecto a las elecciones autonómicas del 2008.
En estas elecciones autonómicas, los dos partidos mayoritarios experimentan una sangría de votos. Así, el PSOE pierde más de medio millón de votos en Andalucía con relación a las elecciones autonómicas del 2008 a favor de la abstención y de Izquierda Unida y el Partido Popular pierde dos centenares de miles de votos en relación con las autonómicas andaluzas del 2008 a favor de la abstención y de UPyD, que obtiene 129.000 votos en esta comunidad aunque se queda fuera del parlamento andaluz y logra casi 19.000 votos en Asturias donde consigue un diputado autonómico.
Por su parte, el incremento de votos obtenidos por Izquierda Unida tanto en Andalucía (cien mil votos más), donde dobla su representación parlamentaria pasando de seis a doce diputados, como en Asturias donde con siete mil votos más que los obtenidos el pasado 20 de Noviembre pasa de cuatro a cinco diputados; implica que solo un porcentaje no muy grande del electorado socialista ha desplazado su voto hacia esta coalición de izquierdas, decantándose por la abstención la mayoría de los votantes socialistas que no han votado al PSOE.
En rigor, el resultado de las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía y Asturias pone de manifiesto que los dos partidos mayoritarios pierden numeroso apoyo electoral que va a parar mayoritariamente a la abstención y, solo en una pequeña parte, a partidos minoritarios como Izquierda Unida y UPyD.
En el caso del Partido Popular el notorio retroceso experimentado en tan poco tiempo tanto en Asturias, donde pierde doce mil votos, como en Andalucía; se debe a que dicho partido no ha comprendido ni ha querido comprender que la confianza depositada en él por los ciudadanos españoles, el pasado 20 de Noviembre del 2011, era para que sacase al país de la crisis y reflotara la economía; no para que, aplicando exigencias de potencias extranjeras, continuara con una política de recortes iniciada por el anterior gobierno socialista y esquilmara los ya esquilmados bolsillos de los españoles ahogando sus economías domésticas.
Por otra parte los resultados electorales de estos comicios van a ser esclarecedores para la ciudadanía y van a profundizar la sima que separa a la casta política del pueblo español.
En primer lugar, y en el caso Asturiano, los resultados de las elecciones de 2012 no van a cambiar prácticamente el panorama político fruto de las elecciones de Noviembre del 2011 que dieron el poder a Foro Asturias teniendo que explicar las formaciones políticas mayoritarias (PSOE, PP y Foro Asturias) el por qué, en un tiempo de crisis económica donde se practican importantes recortes sociales, provocaron con su falta de acuerdo una convocatoria extraordinaria de elecciones, con el gasto público que ello conlleva, cuando ahora el Partido Popular y Foro Asturias presumiblemente pactarán y llegarán a un acuerdo para que el Sr. Álvarez Cascos repita en la presidencia del gobierno del Principado.
Y, finalmente, en el caso andaluz surge la cuestión de Izquierda Unida, la cual se encuentra en una disyuntiva de difícil solución pues o bien repite la actitud mostrada en la Comunidad Autónoma de Extremadura donde con su abstención facilitó el acceso al poder del Partido Popular, por lo que se la puede considerar en cierto modo responsable de la política que esta desarrollando actualmente dicho partido en el gobierno de la nación, o bien apoyaal Partido Socialista Obrero Español, con lo cual se haría corresponsable, no solo de la política llevada a cabo en todo el estado por el Gobierno socialista en estos últimos ocho años (responsabilidad que, por otra parte, le corresponde porque en no pocos casos ha apoyado en el Congreso de los Diputados iniciativas del PSOE) sino también se haría corresponsable de todos los escándalos de corrupción surgidos en Andalucía en el último año.El apoyo de IU al Partido Socialista en Andalucía, le confirmaría no como una alternativa política de la izquierda española sino como un partido muleta (donde apoyarse) del PSOE por lo que podría verse afectada en las futuras convocatorias electorales por el creciente alejamiento de los ciudadanos de los partidos mayoritarios y que ya están experimentando PP y PSOE.
Así pues, los resultados electorales experimentados en los últimos comicios andaluces y asturianos confirman claramente el divorcio entre los partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, y la ciudadanía española que mayoritariamente y de una forma progresivamente creciente tiende a optar, cada vez más en cada convocatoria electoral, por la abstención como muestra de protesta contra el régimen político y la casta política que lo encarna, la cual debería favorecer y dejar paso a un nuevo proceso constituyente como único servicio prestado a los españoles.
El Gobierno del Partido Popular, presidido por don Mariano Rajoy, aprobaba por decreto en el Consejo de Ministros celebrado el Viernes 10 de Febrero del 2012 (un nuevo día de la infamia), una reforma del mercado laboral de la que lo más criticado ha sido el abaratamiento del despido, aspecto este que siendo grave, no es el más grave que ofrece el decreto del gobierno.
El decreto que aprueba la Reforma Laboral, abarata el despido al reducir a 33 días por año trabajado, en vez de los 45 días por año trabajado como era hasta ahora, la indemnización que ha de percibir un trabajador cuyo despido sea declarado improcedente. Así mismo fija una indemnización de 20 días por año trabajado para los despidos que se realicen en empresas que puedan demostrar una reducción de beneficios continuada durante los nueve meses anteriores a la realización del despido.En ambos casos el abaratamiento del despido es evidente pero es mucho más grave el segundo caso porque, en un país donde la casta empresarial acostumbra a sostener que ha perdido diez millones cuando en un año gana noventa millones en vez de los cien que gano el año anterior, es prácticamente una carta en blanco para proceder a despedir trabajadores.
No obstante, la reducción de indemnizaciones por despido, va a tener una escasa repercusión real en la economía general del país, pues hace ya mucho tiempo que en España han pasado a la arqueología de las relaciones laborales, más que a su historia, aquellos contratos de trabajo jamás escritos, pero siempre cumplidos en virtud de los cuales un trabajador comenzaba a trabajar en una empresa a los veinte o veinticinco años de edad y en ella se quedaba, ascendiendo o no de categoría profesional, hasta su jubilación a los sesenta y cinco años de edad (actualmente la edad de jubilación esta fijada a los sesenta y siete años). Por tanto, aún en el caso de que se hubieran mantenido la cuantía de la indemnización por despido en cuarenta y cinco días por año trabajado, dicha indemnización no constituye un oneroso gravamen para el empresario porque ya es costumbre generalizada que un trabajador tenga tan escasa estabilidad laboral y tan poca antigüedad en cualquier empresa que es imposible que, en caso de despedirlo, se le tenga que abonar una fuerte indemnización, quedando tales elevadas indemnizaciones para los altos cargos y ejecutivos de las grandes empresas publicas y privadas que disfrutan de “contratos blindados”.
A mayor redundancia, hay que recordar que desde que se aprobara en 1980 el “Estatuto de los Trabajadores”, norma esta que queda modificada nuevamente por la “reforma laboral” aprobada por el Gobierno del señor Rajoy se distinguen claramente en nuestro Derecho del Trabajo tres clases de despidos: los nulos, los procedentes y los improcedentes. Los despidos declarados nulos obligan al empresario a readmitir al trabajador despedido no cabiendo, por tanto, indemnización alguna al trabajador aunque este tendrá derecho a los llamados “salarios de tramitación” que son aquellos que el trabajador tenía que haber percibido desde que recibe la carta de despido hasta su readmisión; los despidos procedentes, generalmente disciplinarios, no tienen ninguna indemnización a favor del trabajador y, finalmente, los despidos declarados improcedentes, permiten optar al empresario entre indemnizar al trabajador con la indemnización anteriormente mencionada de cuarenta y cinco días por año trabajado (a partir de la actual reforma de treinta y tres días por año) o, readmitirlo, con lo que el empresario no tiene que abonar indemnización alguna. Es decir, jamás ha existido obligación del empresario de indemnizar a un trabajador con cantidad alguna en caso de despido improcedente porque el empleador siempre ha tenido la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador en vez de la indemnización.
Así pues, el contenido de la reforma laboral aprobada por el gobierno va dirigido a contentar al sector empresarial al que siempre le ha molestado no solo pagar cuarenta y cinco días por año trabajado sino pagar un solo día de indemnización.
Siendo grave el abaratamiento del despido que consagra esta medida del gobierno popular, no es lo más grave contenido en la misma pues posiblemente lo peor de ella es la eliminación de la autorización administrativa previa para que las empresas puedan realizar Expedientes de Regulación de Empleo (EREs). En este sentido es de recordar que los EREs son una medida que le viene muy bien al gobierno y a los empresarios porque al primero le permite ocultar o maquillar las encuestas que reflejan el paro y a los segundos les permite acudir a una vía que, en cierto modo, les subvenciona los despidos. En este sentido es de recordar que los EREs, permiten que numerosos trabajadores en plena capacidad de sus facultades y en plenitud de su capacidad laboral dejen de trabajar, generalmente por reajustes productivos de la empresa que realiza el Expediente de Regulación de Empleo, acogiéndose a un sistema de pre-jubilaciones que son pagadas en parte por la Seguridad Social, es decir, por todos los ciudadanos.
Si anteriormente a la reforma aprobada por el Gobierno, todo Expediente de Regulación de Empleo, requería una autorización administrativa previa concedida por el Gobierno, quien vigilaba mínimamente que se cumplieran ciertos requisitos para que una empresa pudiera acogerse a esta modalidad de despido colectivo ahora prácticamente nos encontramos con que, no solo los trabajadoresafectados, sino todos los ciudadanos, (porque, repetimos los EREs afectan a todos pues todos los pagamos), perdemos garantías ante este procedimiento del que generalmente solo pueden disfrutar las grandes empresas y multinacionales ubicadas en nuestro país.
Por último, otro punto de la reforma laboral aprobada el pasado 10 de Febrero del 2012 es el relativo a las subvenciones que se prevén en la misma para los empresarios que contraten a menores de treinta años y a parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco, llamando escandalosamente la atención que al mismo tiempo que se producen recortes en los servicios públicos esenciales por falta de dinero se vaya a dedicar unas cantidades, aunque no muy grandes y en forma de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, a financiar a empresarios privados por contratar en forma precaria a trabajadores. A este respecto hay que afirmar que quienes hacen gala de liberalismo y de ser opositores a cualquier regulación de la economía y de los mercados, como es el caso de los dirigentes del Partido Popular hoy en el Gobierno, no deberían financiar con dinero público a empresas privadas, salvo que las obliguen de alguna manera a mantener contratado unos determinados años al trabajador por el cual se benefician de las bonificaciones.
En definitiva, la reforma laboral decretada por el gobierno presidido por el señor Mariano Rajoy no tiene en cuenta a la mayoría trabajadora del país y constituye un paso más hacia la sumisión de toda política al interés económico y empresarial alejando el poder real de las instituciones políticas elegidas por sufragio universal para concentrarlo solapadamente en Consejos de Administración no elegidos democráticamente por los ciudadanos.
Es costumbre tradicional y en extremo generosa conceder a un nuevo gobierno cien días para valorar su gestión, aunque lo cierto es que basta con conocer sus primeras medidas para poder valorar con acierto sus resultados futuros. Tal es el caso del actual gobierno del Partido Popular presidido por el Sr. Mariano Rajoy.
El primer Consejo de Ministros, celebrado el penúltimo día del año 2011, ha aprobado una serie de medidas que han desmentido por completo la totalidad de las promesas electorales realizadas por el Partido Popular durante la campaña electoral de las pasadas elecciones del 20 de Noviembre mostrando al señor Presidente del Gobierno como alguien indigno de confianza en el mejor de los casos, o como un completo ignorante de las cosas públicas, en el peor de los mismos.
En primer lugar, el Consejo de Ministros presidido por el señor Rajoy ha acordado incrementar el impuesto del IRPF que grava las rentas del trabajo e incrementar el porcentaje de las retenciones del mismo lo que contradice lo prometido durante la campaña electoral de bajar los impuestos para facilitar que los españoles tuvieran más dinero disponible y así, fomentar el consumo.
Por otro lado, el incremento de las retenciones a practicar implicará que la subida del misero uno por ciento de las pensiones de nuestros jubilados quede en nada porque es muy probable que el dinero que realmente se embolsen mensualmente nuestros pensionistas sea inferior al que venían percibiendo el año pasado con las pensiones congeladas al quedarse el estado con mayor parte en concepto de retención. Igualmente la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, supondrá mantener unos salarios bajos cuando no congelados para este año, al servir dicho salario como índice de negociación salarial en las empresas públicas y privadas.
Otra de las medidas sorprendentes tomadas por el Consejo de Ministros del 30 de Diciembre del 2011, ha sido la de incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles cuando tal impuesto es un impuesto municipal y su cobro y gestión corresponde a los municipios y no al estado central. Lo cierto es que aunque sorprende que tal medida se haya tomado en un Consejo de Ministros lo es menos que otras porque el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles ya se estaba produciendo en todos aquellos municipios gobernados por el Partido Popular.
Finalmente, de las medidas de austeridad tan cacareadas durante la campaña electoral por los entonces candidatos populares han quedado limitadas a la reducción de un veinte por ciento de las subvenciones que reciben los partidos políticos y los agentes sociales (Sindicatos y Organizaciones Empresariales), cuando se podían haber suprimido íntegramente dejando la totalidad de la financiación de los mismos a sus afiliados y simpatizantes.
Asimismo, todas las medidas aprobadas en el primer Consejo de Ministros del Gobierno Popular están orientadas en una sola dirección que es la de reducir un poco los gastos y a incrementar un mucho los ingresos por medio de un incremento de impuestos y de precios públicos todo ello con la finalidad de disminuir el enorme déficit público para satisfacer a nuestros “amigos” (o tal vez “amos”) europeos, pero se echa de menos la adopción de valientes medidas tendentes a reconstruir la economía nacional creando una sana y competitiva industria propia e incrementando la producción agropecuaria.
Igualmente, el actual Gobierno del Partido Popular, ha demostrado ser cómplice y participe de la política económica y social desarrollada por el anterior Gobierno Socialista al conceder el Gran Collar de la Orden de Isabel la Católica al anterior presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero. Resulta inexplicable que durante los últimos cuatro años, la oposición popular se haya llenado la boca en el parlamento y en los medios de comunicación con afirmaciones como que “Rodríguez Zapatero es el peor presidente de gobierno que ha habido en la democracia” y haya exigido en innumerables ocasiones su dimisión y ahora le premie con tan distinguida condecoración no pudiéndose amparar en la existencia de leyes y costumbres anteriores porque toda ley puede cambiarse y toda costumbre antigua puede sustituirse por una costumbre nueva. Así pues, si el actual Gobierno concede tan alta distinción al Presidente del Gobierno anterior es porque comparte su gestión lo que, francamente, viendo cuales han sido sus primeras medidas queda sobradamente probado pues continúan y profundizan en las medidas ya tomadas, en Mayo del 2010, por el anterior Gobierno Socialista.
La identificación del actual Gobierno Popular con el anterior Gobierno Socialista era una cosa evidente porque, en primer lugar, en las esenciales cuestiones económicas y políticas jamás ha habido divergencias entre los grandes partidos desde que el régimen franquista fuera sustituido por el actual y, en segundo lugar, porque el anterior Gobierno del Partido Socialista no hizo otra cosa que sacrificarse electoralmente para salvar el régimen político imperante desde el 22 de Noviembre de 1975 tomando las primeras medidas antisociales y mitigando, amparándose en la pretendida profunda esencia social del socialismo español, cualquier reacción de la ciudadanía por lo que siempre ha resultado incomprensible el insistente reclamo del Partido Popular de un adelanto electoral cuando, de haberse celebrado las elecciones en Marzo del 2012, el Gobierno Socialista ya habría realizado mayores recortes permitiendo ofrecer, al menos, al actual Gobierno Popular una imagen más limpia cara al pueblo español.
En definitiva… las medidas tomadas en el primer Consejo de Ministros del Gobierno Popular dejan muy claro, y el que no lo quiera ver que no lo vea, que nos encontramos ante la continuación de la política de taberna de las últimas décadas y propia de aquél, que tras haber consumido numerosos tragos de bebidas espiritosas y encontrándose en plena intoxicación etílica da un puñetazo en la barra y exclama a gritos: “¡¡¡Esto lo soluciono yo!!!” siendo la solución la de gastar menos e ingresar más reduciendo los derechos sociales de los ciudadanos y exprimiendo más sus esquilmados bolsillos.Y señores, seamos ya serios y, como para este viaje no se necesitaban alforjas; reclamemos lo único que ya es justo y necesario reclamar: la dimisión del actual Gobierno en pleno y la apertura de un nuevo proceso constituyente que, al margen de todos los partidos y de todas las personas que nos han conducido a la quiebra total, reorganice política y socialmente todo el estado español.
En España se lleva años, más aún décadas, hablando del envejecimiento de la población y de la inversión de la pirámide demográfica con los graves problemas que ello generará, a medio y largo plazo, al mantenimiento del sistema de pensiones.
Es público y manifiesto que en las últimas décadas el crecimiento demográfico español ha sido mínimo al mismo tiempo que se ha ido produciendo un progresivo envejecimiento de la población a causa de la disminución de nacimientos, intentándose subsanar el problema del crecimiento con la importación de ciudadanos por medio de la inmigración.
Este crecimiento mínimo y envejecimiento de la población española se debe, como es evidente y no puede ser de otra forma, al escaso numero de nacimientos que se producen en nuestro país, pero nadie ha analizado seriamente las causas del por qué las actuales generaciones de españoles no se deciden a tener hijos dedicándose nuestra casta política a politizar un tema tan importante reduciéndolo a cuestiones ideológicas en vez de considerarlo una Cuestión de Estado. Así, sectores conservadores buscaran la razón del retraimiento demográfico en el favorecimiento legal de las prácticas abortivas mientras que sectores llamados progresistas indicaran que los motivos de tal retraimiento se encuentran en una situación que impide a la mujer conciliar su vida familiar con su vida laboral.
Siendo cierto que todo influye, no es menos cierto, que estas causas interesadamente indicadas no son la causa principal ni la más grave que hace que las parejas españolas no se decidan a tener hijos siendo la principal causa de tal situación la prosaica y material economía.
La concepción biológica de un hijo exige una previa concepción ideal del mismo, es decir, la racionalización del deseo y voluntad de tenerlo y tal racionalización resulta muy difícil cuando en nuestro país, una pareja sin hijos necesita no solo dos sueldos para vivir sino también que el resultado de la suma de ambos sea una cuantía determinada que, como mínimo, debe rondar los dos mil euros mensuales porque, esto ya hay que proclamarlo en alta voz, para vivir modestamente, sin lujos y sacrificadamente en este país una sola persona requiere la cantidad mínima de mil doscientos euros mensuales, que se pueden reducir a mil por persona y mes si se trata de una pareja que convive.
Dicha cantidad mensual de mil doscientos euros por persona puede resultar excesiva al oído o a la vista, pero si desglosamos los gastos mínimos imprescindibles que una persona requiere al mes, tomando en consideración los precios existentes en España no resulta tan excesiva sino más bien ajustadísima tal y como demuestra el siguiente desglose presupuestario de gastos:
Considerando que la inmensa mayoría de las retribuciones que reciben los trabajadores y pensionistas españoles rondan escasamente los mil euros al mes, no es de extrañar que los jóvenes no se independicen hasta pasados los treinta y cinco años de edad y que, en el caso de independizarse, la convivencia en pareja termine siendo más una “comunidad económica” que el proyecto de creación de una familia porque si hemos indicado los gastos mensuales que tiene una economía individual tenemos que decir que los gastos mensuales de una pareja que convive implica que los gastos mensuales dedicados a la vivienda y suministros serían los mismos aunque a dichos gastos contribuirían dos personas, mientras que los demás gastos se multiplican por dos por lo que los gastos mensuales de una pareja serían los siguientes:
Según este presupuesto, partiendo de que los ingresos mensuales de una pareja fueran dos mil euros al mes, resulta que tras hacer frente a todas las obligaciones económicas aún podrían ahorrar o incrementar el consumo en la cantidad de doscientos euros mensuales, que sin duda, les permitiría darse algún pequeño homenaje pero que, a todas luces, resulta una cantidad notoria y manifiestamente insuficiente para mantener dignamente a un solo hijo (no hablemos ya de dos o tres descendientes) porque como mínimo un niño o niña, en sus primeros años de vida, incrementaría los gastos mensuales de una pareja (o de una familia monoparental) en mil euros mensuales que se verían incrementados cuando éste llegase a la adolescencia al requerir también dinero para las distracciones normales de tal periodo vital.
Teniendo en cuenta que los cálculos anteriormente realizados se han ajustado al máximo previendo una existencia con lo mínimo imprescindible, solo cabe concluir que, con los salarios que se cobran en España, los cuales rondan, repetimos, los mil euros al mes y por persona y los precios que hay que pagar, nadie en su sano juicio puede considerar la posibilidad de tener, no ya dos o tres hijos (tres es el número de hijos deseable para que exista una tasa demográfica de relevo generacional), sino tan siquiera uno solo siendo pues en las razones puramente económicas donde se encuentra la principal causa de la escasa natalidad en España siendo otras causas tan solo aditivas y secundarias a esta causa principal por lo que la verdadera conciliación de la vida laboral con la vida familiar se debería fomentar fundamentalmente a través de la existencia de salarios dignos y no tan solo de salarios de subsistencia.
Nuevamente los españoles estamos convocados, el próximo día 20 de Noviembre, a unas elecciones, esta vez generales, para elegir a aquellos que dicen que van a representarnos en los próximos cuatro años y que nos van a guiar hacia una nueva tierra de promisión donde todos seremos saciados de justicia y bienestar (sea esto dicho y entendido con todo sarcasmo) y, una vez más, desde este humilde blog; no queremos ni podemos dejar pasar la ocasión sin hacer un análisis del panorama electoral que sirva de orientación a quienes dedican una parte de su tiempo a leernos.
En las elecciones del próximo día 20 de Noviembre y al no concurrir el Partido Carlista nos es imposible recomendar el voto para cualquiera de las candidaturas que se presenta y tampoco podemos promover otra candidatura quimérica porque todos los concurrentes a estos comicios dan la razón a los que afirman que la realidad siempre supera a la ficción y en este caso cada candidato, por sí solo e individualmente considerado, supera las características fantasiosas de Fantomas, villano literario creado por Marcel Allain y Pierre Souvestre en 1911. Aún así es necesario hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, estas Elecciones Generales son las primeras a las cuales no ha podido concurrir todo aquel partido que ha querido pues la reforma electoral que entró en vigor en Enero del 2011 tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados por TODOS los partidos con representación parlamentaria impide presentarse a todas aquellas candidaturas que no consigan unos avales mínimos que van del 0.1 al 0.2 por ciento de la población de la circunscripción electoral por la que se desea presentar. Esto supone un límite injusto al derecho de las personas a elegir y a ser elegidos porque la esencia misma de la democracia esta en que cualquier persona individual u organizada en partido o agrupación de electores puede presentarse a unas elecciones para captar la confianza de sus conciudadanos. El hecho mismo que haya candidaturas que estén hablando en la actual campaña de “mayor libertad y de más democracia” y que hace tan solo unos meses hayan apoyado esta reforma electoral en el Congreso es la mayor prueba de falta de honestidad y de honradez que puede demostrar alguien que aspira a dirigir la Res-Publica y recuerda la actitud de los partidos mayoritarios integrantes de la “Platajunta” (PSOE, PCE, PSP…), que en 1976 se comprometieron a no acudir a las elecciones de 1977 si no eran legalizados todos los partidos que la integraban, pero que, una vez legalizados ellos, no hicieron honor a sus compromisos y dejaron en la estacada de la clandestinidad a no pocos partidos que habían luchado tanto como ellos, y en cualquier caso más que el PSOE, por la democracia en este país (entre los partidos que formaron parte de la “Platajunta” y que no fueron legalizados para concurrir a aquellas elecciones de 1977 se encontraban la ORT, el Movimiento Comunista y el Partido Carlista).
Por otra parte, ninguna de las formaciones políticas que concurren a estas elecciones, algunas de las cuales son fruto del más puro oportunismo y transfuguismo político, propone nada nuevo y constructivo para el país. Así, el PSOE propone continuar con las reformas iniciadas por el actual gobierno y el Partido Popular sugiere cambiar el modelo de gestión para hacer más y más profundas reformas que considera imprescindibles, haciendo ambos partidos un magnífico alarde de perversión del lenguaje porque no cabe la más mínima duda de que cuando la casta política nos habla de reformas a lo que en realidad se está refiriendo es a recortes, privatizaciones y pérdida de derechos sociales.
Así pues, “El Chouan Ibérico” solo ha podido llegar a una conclusión que es que no importa quién gane las elecciones el próximo día 20 de Noviembre porque, gane quien gane, va a ser el pueblo español quien pierda. Será el pueblo español quien pierda prestaciones sociales, será el pueblo español quien pierda libertades y representatividad y será, finalmente el pueblo español, quien pierda derechos y quien tenga que hacer todos los sacrificios para que la casta política que gestiona la Res Publica desde hace décadas siga viviendo a “La Grande Du Monde” mientras que cada vez más ciudadanos se ven obligados a acudir a los comedores sociales de Cáritas.
Partiendo de esta conclusión, repetimos que no recomendamos ni aconsejamos el voto para ninguna candidatura que se presenta a estas elecciones, pero tampoco justificamos ni podemos justificar la abstención porque, si bien es cierto que es muy recomendable que los resultados electorales muestren el rechazo de la ciudadanía española a la casta política que la oprime, la abstención en la mayoría de los casos solo refleja pasotismo y comodidad por lo que, reprimiendo de momento la muy fuerte tentación que tenemos de reclamar a gritos la presencia de un Marco Bruto en el Hemiciclo y la colocación de una estatua de Pompeyo en la puerta del mismo, creemos más ajustado a la situación presente, que todos los ciudadanos españoles se tomen la molestia de salir de sus cálidos hogares el Domingo 20 de Noviembre y, aunque haga frío, llueva o nieve; voten según su gusto en blanco o en nulo, bastando para lo primero introducir en la urna un sobre vacío o con un papel en blanco o cogiendo cualquier papeleta y escribir sobre ella con un bolígrafo para lo segundo.
(1). Otro grupo igualmente honrado del panorama político español son los anarquistas pero al ser inherentes en ellos la no participación en política por ser negación de todo estado y autoridad no se les puede considerar una opción política a la que apoyar o no en unas elecciones, además de tener divergencias ideológicas con ellos que para nada menoscaban la estima que hay que tener a los que combaten honestamente por sus ideas para sacar como máxima recompensa la cabeza caliente y los pies fríos.
Partido Carlista
