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miércoles, 28 de junio de 2017

POR EL PROGRESO HACIA EL IMPERIO





¡¡¡Plurinacional!!!, ¡¡¡Plurinacional!!!, ¡¡¡Estado plurinacional!!!. Tal es la letanía que sectores situados en la izquierda política de nuestro país elevan a todos los micrófonos de los distintos medios de comunicación que se les acercan como solución definitiva al problema de la articulación territorial del estado. Más ¿Qué entienden ellos por estado plurinacional? Eso ya no lo dicen entre otras cosas porque son los mismos que hace cuarenta años renunciaron al estado federal al portar en sus genes, aunque con grandes complejos, el viejo lema jacobino de "República, una e indivisible" y al carecer de cualquier proyecto constructivo de estado.

            Sería impropia de una página carlista oponerse a la idea de la Constitución Plurinacional del Estado Español porque el Carlismo, profundo conocedor de la Historia y de las tradiciones políticas de nuestro país, siempre ha sido consciente  del hecho de que España, desde sus orígenes, han sido Las Españas, esto es, un estado plurinacional con múltiples soberanías políticas reunidas en lo que se llamó la Monarquía Hispánica. Ahora bien, lo que no es incompatible con la  tradicional reivindicación carlista del estado plural de soberanías compartidas es la denuncia de los hipócritas y de arribistas que se apuntan a la idea del estado plurinacional bien por puro oportunismo y sin tener las ideas claras o bien como una fase más hacia su deseada desintegración del estado.

            Dentro del numeroso grupo que los que se han apuntado a la moda de la reivindicación del "Estado Plurinacional", están los viejos centralistas que crearon el Estado de las Autonomías como un engañabobos para satisfacer los deseos de los pueblos integrantes de Las Españas pero sin intención alguna de realizar las mínimas transferencias recogidas en la Constitución de 1978. A este grupo también pertenecen los antiguos federalistas que, sin ni siquiera haber leído a Pi y Margall, jamás han tenido idea clara de lo que era el federalismo ni de lo que ello significaba. Para estos el Estado Plurinacional es una expresión vacía de contenido que puede servir para sostener lo que ya resulta insostenible, el estado constitucional de 1978, durante unas décadas más.

            Para otros, posiblemente una minoría pero que tiene las ideas tan claras como las malas intenciones, el "Estado Plurinacional" sería la fórmula jurídica-política que, transcurridos unos años, permitiría acusar a ese estado de imperialismo pues, al fin y al cabo, todo "Estado Plurinacional" es un imperio porque con tal palabra se alude a un estado multicultural, multiétnico, multirreligioso, etc... y solicitar, bajo cualquier pretexto, la liquidación de ese imperio.

            Por otro lado llama poderosamente la atención una cosa en la que nadie ha incidido hasta ahora y es la relativa a cual sería la fórmula política que uniría o articularía esa plurinacionalidad del estado pues un estado plurinacional puede tener la fórmula federal o confederal como nexo común de unión entre las distintas nacionalidades al igual que un mismo estado plurinacional puede tener como nexo de unión exclusivamente la fuerza y el poder y no respetar singularidad nacional alguna (por ejemplo el Imperio Turco y el Imperio Ruso y posteriormente la URSS).

Para los carlistas la constitución del Estado Plurinacional siempre ha estado clara. El estado queda constituido federalmente por la suma de entidades históricas soberanas que se rigen por sus propias leyes emanadas de sus propias instituciones políticas locales con un estado central mínimo que se ocupe de la defensa común, de la política monetaria, de la política exterior y de poco más sin que el estado pueda dictar normas que invadan la soberanía de ninguna nacionalidad o vaya contra las constituciones soberanas de cada estado federado y todo ello con una Jefatura del Estado en forma de monarquía que tendría grandes prerrogativas como suprema magistratura y símbolo común del Estado y de permanencia del mismo. De este modo el estado no tendría una constitución única como los estados liberales nacidos de la Revolución Francesa sino que la Constitución del Estado sería el resultado de la suma de todas y cada una de las Constituciones de las nacionalidades que lo integran.

            Además y según la teoría política del Carlismo cada una de las nacionalidades tendría el derecho a su propio desarrollo normativo y fiscal pactando el estado anualmente la aportación económica al mismo de cada una de las nacionalidades. Ahora bien, consecuencia lógica de este desarrollo normativo autóctono, es que se rompería la igualdad de todos los españoles por dos razones: la primera, porque el desarrollo normativo y fiscal propio haría que hubiera nacionalidades donde se permitieran determinadas acciones y otras en las que no (por ejemplo podría existir el aborto en una nacionalidad y no en otra o en una nacionalidad se podría considerar delito fumar y en la nacionalidad de al lado no) y la segunda, porque indudablemente existirían nacionalidades más ricas y/o mejor gestionadas que otras donde habría más trabajo o la renta per cápita sería más elevada, lo que conllevaría a tener mejores servicios públicos. Evidentemente esta segunda consecuencia se podría paliar con eñ adecuado ejercicio de la justicia distributiva por parte del estado central que crearía algún tipo de fondo de emergencia o caja común de compensación, pero en este caso se ha de tener muy claro que tales instituciones económicas comunes solo sirven para paliar los problemas pero no para resolverlos pues en el estado plurinacional la solución de estos está fundamentalmente encargada a cada uno de los gobiernos soberanos que lo integran.

            Así pues hay que tener muy claro que el Estado Plurinacional la única igualdad que reconoce es la igualdad en el derecho a ser desiguales y a desarrollarse desigualmente cosa que mientras muchos miembros de la casta política ignoran al haberse apuntado a la moda del Estado Plurinacional como el que se apunta a la moda Punk o a la moda Rocker, otros la conocen pero no reconocen conocerla en espera de poder apelar a esa desigualdad para liquidar la existencia del estado común.
         

martes, 20 de junio de 2017

CONSIDERACIONES SOBRE LA MOCIÓN DE CENSURA


El brujo....

El debate de la anunciada Moción de Censura presentada por PODEMOS tuvo lugar la semana pasada con el resultado que era de esperar pues fracaso y por mucho al cosechar tan solo 82 apoyos frente a los 170 del gobierno. Y al no prosperar la Moción, los medios de comunicación afines al Partido Socialista y al Partido Popular acusan al líder de PODEMOS de irresponsable o, ingenuamente, proclaman la victoria del Presidente del Gobierno. Mariano Rajoy, lo cual no sé si acerca estos medios a las subvenciones pero lo que es seguro es que los aleja de la realidad política del país.

            Ningún jefe político que se precie formula una Moción de Censura si esta no responde a una estrategia definida o a una finalidad poderosa la cual no tiene por qué ser necesariamente la de desalojar del poder al gobierno de turno. La Moción de Censura presentada por PODEMOS sigue el modelo de aquella Moción de Censura que en los albores de la democracia, allá por 1980, presentó el entonces líder socialista, Felipe González, contra el entonces Presidente del Gobierno y líder de la Unión de Centro Democrático (UCD), Adolfo Suárez.  

            Ni la Moción de Censura de Felipe González en 1980 ni de de Pablo Iglesias en el 2017 tenían visos de prosperar dada la realidad aritmética de un parlamento que hacía imposible que los respectivos candidatos a la Presidencia del Gobierno obtuvieran la mayoría absoluta requerida para gobernar. Así pues, si en ambos casos se sabía de antemano que no se iba a producir un cambio de gobierno, ¿Por qué se insistía en una Moción de Censura condenada al fracaso?. La respuesta a esta cuestión no puede ser más sencilla: las Mociones de Censura también sirven de medio propagandístico además de aclarar el panorama político cara a unas futuras elecciones.

            Con la Moción de Censura de 1980 el Partido Socialista Obrero Español golpeaba un gobierno débil apoyado en un partido, la Unión de Centro Democrático, que estaba en franca descomposición por lo que con poco o ningún desgaste consiguió encumbrar la figura de Felipe González a la categoría de hombre de estado a la vez que conseguía agrupar el apoyo de todo el espectro parlamentario de la izquierda que, tan solo dos años más tarde, se desangraría electoralmente a favor del PSOE.

            Posiblemente, la semana pasada  PODEMOS buscaba un efecto similar al buscar claramente dos cosas: la primera relanzar a su líder, Pablo Iglesias, luciéndolo en una batalla parlamentaria contra el señor Rajoy en la que contaba con explotar ampliamente la corrupción generalizada del Partido Popular y la segunda poner al Partido Socialista en la disyuntiva de favorecer un  gobierno de cambio o permitir la continuación del gobierno del Partido Popular.

...Y los aprendices
            No obstante, aquello que consiguió el PSOE en 1980 no lo ha conseguido PODEMOS en 2017 al no haber sido consciente de las condiciones objetivas. El Partido Popular de hoy no es la UCD de 1980 porque mientras esta estaba en tal estado de descomposición que su situación interna obligaría a dimitir al Presidente del Gobierno pocos meses después de superar la Moción de Censura, el Partido Popular es un partido que se presenta públicamente como monolítico y que no tiene otro objetivo que conservar el poder cerrando filas bajo la consigna de "con razón o sin ella, siempre con el jefe que nunca se equivoca". Por otra parte, todo político sabe que los casos de corrupción terminan siempre por amortizarse políticamente con el simple transcurso del tiempo por lo que la corrupción solo tiene la posibilidad de afectar grave y definitivamente a un partido político si, con gran escándalo, estalla algún caso en plena campaña electoral. 

            Por otra parte, aunque el Partido Socialista Obrero Español se ha instalado en la misma abstención que permitió acceder al poder al Partido Popular, circunstancia esta que podría ser aprovechada (y seguro que lo será) por PODEMOS para acusarle de una supuesta defección a la izquierda, éste siempre podrá argumentar que aún no había tomado las riendas del partido la nueva directiva con su nuevo Secretario General, Pedro Sánchez, al frente por lo que la Moción de Censura no desgastara demasiado al PSOE en favor de la formación morada. 

            Finalmente la propia actuación del candidato propuesto por PODEMOS, Pablo Iglesias, se aleja mucho de la imagen que el líder del PSOE dio en 1980. Pablo Iglesias no ha salido reforzado de la Moción de Censura, incluso al recabar el apoyo exclusivamente de ERC, Bildu y Compromís (formación que, por cierto, forma parte de PODEMOS) va a permitir al Partido Popular explotar en los próximos comicios el miedo que la formación morada inspira en no pocos electores presentándose como la única alternativa de gobierno frente a una presunta situación de caos. 

            Para cualquier analista político por poco sagaz que sea, lo único que ha dejado claro la Moción de Censura de la semana pasada ha sido la caótica situación en la que se encuentra el estado el español y la total ausencia de ideas y programas de los distintos miembros de una casta política parcialmente renovada que no tiene la más mínima seriedad y altura de miras, que carece de cualquier concepto de estado y de la que se encuentra ausente toda vocación de servicio público al anteponer los intereses particulares y de partido al interés general del país.



lunes, 12 de junio de 2017

¿NACIONALIZACIÓN DE LAS ELÉCTRICAS?




            Que la izquierda está en crisis, es de todos sabido desde que en 1968 la entonces Unión Soviética invadiera la también entonces existente Checoslovaquia y acabará con lo que se denominó "La Primavera de Praga". 1968 fue el año en que la práctica totalidad de los Partidos Comunistas de Occidente rompieron con su obediencia soviética e intentaron reinventarse buscando nuevas fórmulas ideológicas como el eurocomunismo y otras surgidas del Mayo Francés que no hicieron más que profundizar esa crisis que pasó de ser orgánica a ser ideológica y existencial.

            Esto viene a cuento de una curiosa pegatina del Partido Comunista de España que vi el otro día, y que por cierto es prácticamente una copia de la que hace unos años sacó la CNT y otros sindicatos no oficialistas, en la que se clama por la "Nacionalización de las Eléctricas". Ahora bien, esta pegatina, o mejor dicho el mensaje que contiene, no deja de ser abstracto y poner de manifiesto la grave confusión de ideas que tiene la izquierda.

            Si como es previsible lo que se pide es la nacionalización de las eléctricas que operan en España resulta que las mismas no se pueden nacionalizar por el hecho de que la nacionalización es simple y llanamente que aquello que es de titularidad o propiedad  de extranjeros pase a manos de nacionales o del estado por lo que es requisito "Sine Qua Non" para que la nacionalización tenga lugar que la empresa a nacionalizar sea propiedad de no nacionales españoles cosa que no ocurre en el caso de las eléctricas que operan en nuestro país. Las eléctricas que operan en España son sociedades mercantiles con domicilio en España, nacionalidad española y mayoritariamente propiedad de accionistas españoles por lo que no se puede nacionalizar una empresa que ya es española.

            Así pues, la izquierda, a consecuencia de su crisis, confunde "nacionalización" con otros términos y acciones como "expropiación", "incautación" y sobre todo "socialización" término que desde hace mucho tiempo parece abandonado y borrado de su vocabulario.

Las evidentes similitudes manifiestan una falta de imaginación
La "Expropiación" es una acción administrativa mediante la cual el estado priva, por motivos de utilidad pública o interés social,  a uno o varios propietarios particulares de un bien o derecho a cambio de una indemnización.

            La "Incautación" es una acción judicial o administrativa mediante la cual se priva a uno o varios propietarios de un bien o derecho  sin que medie indemnización alguna.

            Por último la "Socialización" es la acción de transferir al estado, o a otro órgano colectivo, algo de propiedad privada, especialmente un servicio o medio de producción a fin de que sea utilizado por la generalidad de la sociedad.

            En la actualidad, cuando la izquierda española habla de "Nacionalizar" en realidad lo que quiere decir es "Estatificar" es decir, convertir algo privado en estatal. Y en el caso de las eléctricas resulta que la mayoría de ellas ya eran propiedad del estado a mediados de los años ochenta del siglo pasado, siendo ese partido de izquierdas llamado Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quien, siguiendo órdenes de las instituciones europeas, decidió privatizarlas dando origen al actual problema que plantean de dar un servicio caro y deficiente que arroja al abismo de la pobreza energética a numerosas familias españolas.

            Las eléctricas, al igual que todas aquellas empresas que actúen en un sector estratégico o de alta incidencia pública deben formar parte de un sano sector industrial público, de propiedad estatal, gestión empresarial y finalidad social pero este no es el tema que pretendemos tratar en el presente artículo sino  el de la crisis ideológica de una izquierda que ya no sabe que leguaje utilizar y que ha encontrado en "la nacionalización de las eléctricas" el mismo mantra que otros en tiempos pasados encontraron en "la nacionalización de la banca".

            Por otra parte la mera "Nacionalización", "Estatificación", "Expropiación", "Incautación" o cualquier otra fórmula que se pueda elegir no garantiza por sí sola nada porque la historia económica de nuestro país, incluso la más reciente (1), nos demuestra que cualquiera de esas fórmulas solo sirvieron para que, mediante la intervención del estado, empresas privadas cambiasen de propietario privado a través de lo que luego se dan en llamar las privatizaciones. De hecho ¿Acaso el actual sector eléctrico y energético español no procede de esas privatizaciones?.

            Si lo que en realidad se persigue con la "Nacionalización", "Estatificación", "Expropiación", "Incautación" es garantizar la función social de un servicio público tal finalidad exige una planificación económica de ese sector que le permita automantenerse económicamente y expandirse para que su función social pueda prolongarse indefinidamente en el tiempo y no se convierta en un lastre para las finanzas públicas.

            Exigir la "Nacionalización" de las eléctricas no solo demuestra la confusión de ideas de una izquierda en crisis sino el abandono de aquel cientificismo económico-social del que hacía gala desde sus orígenes para instalarse en la vaga política del bonito y llamativo "slogan" detrás del cual, simplemente, no hay nada.









(1) Caso RUMASA, por ejemplo
     


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