DESPEDIDA Y CIERRE. EL ULTIMO ARTÍCULO DE EL CHOUAN IBERICO

 
          Hace quince años, concretamente en el mes de enero de 2008, comenzó a publicarse este blog con mucha ilusión por parte de quiénes lo realizaban y encuadrado dentro de una estrategia mayor cual era promover el conocimiento sobre el Carlismo, su organización política, la Dinastía que lo representa y sus propuestas de futuro.

            En el último trimestre del año 2019 se decidió poner fin a la publicación de "El Chouan Ibérico" en fecha 31 de diciembre de ese año, pero por solicitud de determinada persona de reconocida autoridad y gran valía política se mantuvo dos años más,  hasta el día de hoy en que informamos de su cierre definitivo.

            Tras casi 800 artículos publicados (preferimos la palabra clásica "artículo" a la moderna "post") en los que, en gran medida, se ha podido constatar que "El Chouan Ibérico" bien podría haberse llamado "El Robinson Político" y atisbados, desde finales de 2018, indicios, y más que indicios, de un cambio de paradigma que difícilmente podemos compartir no solo por lealtad a lo que se dio en llamar "la Clarificación Ideológica" y a las regias personas que la dirigieron y encabezaron sino, también y sobre todo, por lo mucho que tal cambio de paradigma tiene de "Horcas Caudinas" por las que nos negamos a pasar, resultándonos muy doloroso ver pasar por ellas a no pocos de los nuestros, en muchos casos, con una alegre frivolidad que espanta; decidimos poner fin a la continuación de este blog que no será eliminado de la red pero que ya no se actualizará con nuevas publicaciones sobre ningún tema.

            Como el antiguo "Sacramentum" de las Legiones Romanas, la lealtad solo se presta una vez  en la vida y nuestra lealtad permanece firme e inalterada a la Dinastía Legítima,  a los principios que siempre defendió y a la persona que hoy ejerce su jefatura; tan solo no compartimos ni comprendemos cierto indefinido "accidentalismo" de algunos, refugio de un neutralismo estéril y extravagante ni la actual derrota de otros, de la que en privado ya hemos advertido en no pocas ocasiones, que parece haberse fijado y que consideramos que, inexorablemente, solo puede llevar a la extinción por consunción, al olvido, al abandono de nuestra memoria histórica en manos ajenas y a la reducción de una Causa política, que en casi doscientos años de historia ha dado lugar a multitud de héroes, mártires y santos,  a una mera pose estético-sentimental vacía de todo contenido práctico-político conectado con la realidad social de Las Españas, sin olvidarnos de la penitencia absurda y sin beneficio que el paso por las anteriormente mencionadas "Horcas Caudinas" supone.

            Así, pues, queridos y respetadísimos lectores, cuando terminéis de leer este artículo habréis leído el último artículo de "El Chouan Ibérico".

           

GESTOS Y SIGNIFICADOS

El principio de autoridad descansa sobre varios pilares metafísicos,  la mayoría de los cuales suponen un esfuerzo incómodo, tales como la sabiduría, la paciencia, la equidad, la apariencia, la ejemplaridad, los gestos.... por eso, el ejercicio de la autoridad no es ni un privilegio ni una prebenda sino una responsabilidad y un sacrificio y sin la consciente asunción de ese sacrificio y de esa responsabilidad el principio de autoridad decae y se va diluyendo lentamente hasta terminar por desaparecer.

            El anterior párrafo,  no es más que la imprescindible introducción al tema que nos proponemos tratar a continuación sobre algunos gestos que, de unos meses a esta parte, se vienen desarrollando en nuestro país por personas o familias que forman parte de las máximas autoridades del estado y que no pueden por menos que generarnos dudas y estupor.

            Cuando en el mes de febrero del presente año de 2021 se hizo público que la  hija de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey, Leonor de Borbón y Ortiz, iba a cursar dos años de bachillerato en un elitista colegio privado de Gran Bretaña, que, por cierto, guarda ciertas semejanzas estéticas con el  fantástico Hogwarts de Harry Potter, muchos pusieron el grito en el cielo por el coste económico de cada curso escolar (unos 38.000 Euros al año); pero pocos fueron los que se preguntaron el por qué, quien, si Dios y el destino no disponen otra cosa, será la futura Jefa del Estado español, debía desdeñar los incontables centros educativos que hay en nuestro país y optar por uno foráneo.

            Ya, desde el Siglo XVIII  y hasta finales del Siglo XIX, era tradición que los hijos de las familias nobles de Europa, al terminar los  estudios en sus respectivos países de origen, se tomasen unos  años de asueto para viajar al extranjero y completar, de este modo, su formación académica con una experiencia real y cosmopolita. Era lo que se dio en llamar "El Grand Tour" y formaba parte indispensable de la educación de los jóvenes aristócratas que terminarían por ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno de sus respectivos países, pero, como hemos indicado, tal periodo viajero solo tenía lugar tras la culminación de sus estudios en sus respectivos países y no antes, pues se trataba de enriquecer dichos conocimientos con otros nuevos pero en ningún caso que estos fueran determinantes o sustituyeran a aquéllos. De esta forma, el joven solo accedía al "Grand Tour" cuando la formación recibida en su país había culminado inculcando sólidamente en él conocimientos, convicciones y valores que difícilmente podrían ser sustituidos o trastocados por los modos o las costumbres que pudiera experimentar en el extranjero.

            El hecho de que los padres de Leonor de Borbón y Ortiz (1) hayan decidido que su hija estudie dos años de Bachillerato fuera del país del que está legalmente destinada a ser cabeza es un gesto muy significativo que no deja nada más que entrever una cierta (o total) desconfianza en el sistema educativo español. Y es que, considerando que un sistema educativo no está constituido por los edificios de las escuelas o por los uniformes identificativos de los estudiantes sino por los planes de estudios que en España llevan décadas degradándose y que parecen diseñados para hacer de los jóvenes educandos ciudadanos sumisos y fracasados vitales; no es de extrañar que, quien pueda permitírselo, prefiera educar a sus hijos en otros lugares, aunque sea, incluso fuera de la Unión Europea como es el caso del Reino Unido de la Gran Bretaña donde ha ido a estudiar la hija mayor de Su Excelencia el Jefe del Estado.

En España existen muchos colegios de élite y elitistas, privados por supuesto, donde podría haber acudido Leonor de Borbón pero por muy elitista que sea un colegio, cualquier formación que imparta siempre vendrá determinada por los planes de estudios aprobados por el Ministerio de Educación o las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas que comprenden las materias formativas curriculares, teniendo cualquier otra materia la condición de "actividad extraescolar".

            A pesar de lo que se dice, la educación en España no es mala por falta de medios y de inversión sino por la total ausencia de voluntad política a la hora de elaborar un plan de estudios acorde con los tiempos que, para bien o para mal, exigen más dedicación y esfuerzo del alumnado. Frente a esto, la política educativa tiende a ser políticamente correcta y a "no ofender" al alumnado con difíciles esfuerzos y disciplina de aula que le lleven a trabajar en demasía y a aceptar la autoridad de su profesor, lo que, a su vez, provoca que el profesorado sea más laxo a la hora de evaluar, más permisivo respecto al comportamiento del alumno en el interior de las instalaciones escolares y a un porcentaje de depresión en los profesionales de la enseñanza que difícilmente se produce entre otros profesionales. Todo esto hace del sistema educativo patrio una fórmula perfecta para constituir un fracaso si no fuera porque hay indicios, y más que indicios, de que existen intenciones políticas para que la sociedad futura esté integrada mayoritariamente por ciudadanos acríticos, trabajadores complacientes y humanoides sin aspiraciones. Así pues, con este desolador panorama, es comprensible y lógico que Su Excelencia el Jefe del Estado, como cualquier otra adinerada familia burguesa, haya elegido un colegio extranjero para que su hija curse dos cursos de bachillerato, no resultando tan lógico que el mismo no utilice la mucha o poca influencia que pueda tener para que España tenga un sistema educativo digno y de elevada calidad que genere ciudadanos altamente cualificados, pero claro, en esta España de la igualdad y que cada vez más se encamina hacia una sociedad neo estamental, la alta cualificación solo es para aquellos pocos que se lo puedan pagar o que dispongan de numerosos contribuyentes que se lo paguen.

            Frente a esta muy triste realidad de nuestro país, en el que los representantes de las máximas instituciones del estado hacen constantes gestos de desconfianza hacia los servicios públicos como la educación o la sanidad (pues no son pocos los políticos que mucho hablan de la sanidad pública pero luego se van a tratar a la sanidad privada) que ellos mismos afirman fomentar y proteger y que no dejan de ser gestos de desconfianza hacia el país mismo del que viven; los medios de comunicación social se dedican a mostrar encuestas favorables a la decisión de los padre de Leonor de Borbón a la vez que también muestran el apoyo de la población a que la misma adquiera, como su padre y su abuelo, cierta formación militar, formación militar que ya puestos no sé por qué motivo no debería adquirirse también, al igual que los dos cursos de bachillerato, en prestigiosas academias militares extranjeras como West Point o Sandhurst. Teniendo en cuenta que el ejército español no gana una guerra desde que se acabó el dinero para pagar a los mercenarios alemanes e italianos que servían en los Tercios, tal decisión estaría mucho más justificada que, desde luego, ir a estudiar bachillerato a un colegio en la Gran Bretaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Dado que en este país cada uno puede hacer con sus apellidos lo que le plazca y que nuestra forma de estado es la Monarquía me permito sugerir que se unan los dos apellidos de la madre en uno y así, en los salones aristocráticos, la hija de Su Excelencia el Jefe del Estado podría hacerse anunciar como doña Leonor de Borbón y Ortíz-Rocasolano lo cual suena mejor, más bonito y así como... más regio y aristocrático. Sea esto dicho con todo respeto y con un poco de animus iocandi.

 

CARTA ACLARATORIA A LA FIRMA DEL ESCRITO "LAS IDEAS POLÍTICAS DE DON JAIME

     Con motivo de mi adhesión a un escrito colectivo que se titula "Las ideas políticas de Don Jaime, noventa años después", algunos amigos me han preguntado en relación a la fórmula "Confederación de repúblicas", utilizada en el escrito colectivo, y al Manifiesto que Jaime III emitió el 23 de Abril de 1931, en el cual comentan que solamente se reivindica la "Federación de las distintas nacionalidades". Por tanto, creo conveniente difundir las siguientes consideraciones con el fin de aclarar las dudas de estos amigos:  

       Es claro y evidente que en el Manifiesto del 23 de Abril no se recoge en ningún momento la fórmula "Confederación de repúblicas", mientras que en cambio sí se plantea la "Federación de las distintas nacionalidades" resultando que, desde mi punto de vista, la utilización de la palabra "nacionalidades" implica la existencia de cierta soberanía de dichas "nacionalidades" pues lo que diferencia a una nacionalidad de una región o provincia es precisamente la soberanía de que disponen para autogobernase siendo lo fundamental en la  confederación la existencia de una pluralidad de soberanías de las partes que la integran a pesar que, hoy en día y conforme a la moderna teoría política imperante, por confederación se entiende exclusivamente la unión de dos estados independientes por un tratado internacional. En este sentido es de recordar que el primer texto legal constitutivo de los Estados Unidos de América, estado federal por excelencia, y muy anterior a su famosa Constitución de 1787, fueron los "Artículos de la Confederación y de la Unión Perpetua" que datan de 1777.

            En el escrito "Las ideas políticas de Don Jaime, noventa años después" no se menciona únicamente el Manifiesto del 23 de Abril de 1931, sino también otro tipo de "declaraciones a los medios de comunicación". De hecho, para la redacción del escrito colectivo se han consultado tres documentos históricos diferentes además del Manifiesto: las declaraciones de Jaime III a la Agencia Fabra difundidas el 25 de Abril, la carta de Jaime III a Jerónimo Figa del 7 de Junio, y las declaraciones reproducidas por Francisco Melgar en su obra "Don Jaime, el príncipe caballero", publicada por Espasa-Calpe, en Madrid, en 1932. La fórmula "Confederación de repúblicas" que hemos utilizado en nuestro escrito aparece concretamente en la página 184 de ese libro. 

 

            En el escrito "Las ideas políticas de Don Jaime, noventa años después", en referencia explícita al Manifiesto del 23 de Abril también recogemos que Jaime III reivindicó la "Federación de las distintas nacionalidades".

 

            El libro "Don Jaime, el príncipe caballero" es también la fuente histórica que recoge la autodefinición de Jaime III "como un socialista sincero" que tantas veces reprodujo Josep Carles Clemente en sus libros.

 

            Aunque a algunos les pueda sorprender que Jaime III hubiese utilizado ambas fórmulas, la Confederación y la Federación, no es un caso atípico en la historia del Carlismo, sino que responde a una pauta enraizada en nuestra tradición política. De hecho, con motivo del acto legitimista de Arbonne en 2003, Don Carlos Hugo manifestó que "Llámese como se le quiera llamar, Confederación o Federación, hay que construir una comunidad de comunidades". De esta manera Don Carlos Hugo reconocía la legitimidad ideológica de ambas fórmulas y planteaba que lo más importante no era el nombre sino el contenido. La cita de Don Carlos Hugo por si alguien estuviera interesado se puede encontrar en la crónica del acto que Manuel Martorell publicó en el diario El Mundo el 7 de Octubre de 2003.

 

LAS IDEAS POLITICAS DE DON JAIME, NOVENTA AÑOS DESPUÉS

Entre las figuras históricas más significativas del Carlismo se encuentra la de Jaime III, hijo de los inolvidables y míticos. Carlos VII y Margarita de Borbón-Parma. Durante la etapa de su liderazgo dinástico, entre los años 1909 y 1931, los militantes del Partido Carlista se opusieron a la Dictadura del general Primo de Rivera, constituyeron sindicatos obreros y colaboraron políticamente con el nacionalismo vasco y catalán. Fallecido el 2 de Octubre de 1931, en el noventa aniversario de su defunción, los firmantes de este escrito queremos reivindicar la modernidad y actualidad de su pensamiento político.

Proclamada la II República Española el 14 de Abril de 1931, Don Jaime emitió un Manifiesto el 23 de Abril, expresando de manera pública e inequívoca sus convicciones democráticas. En esta declaración, no solamente llamaba a los carlistas a cooperar con el Gobierno provisional, también recordaba que el verdadero lugar de la Iglesia y del Ejército se encontraba lejos de toda acción política. Igualmente planteaba la convocatoria de unas elecciones generales constituyentes, con carácter plebiscitario, que deberían servir para que la ciudadanía española escogiera entre la República y una Monarquía «progresista»; señalando además que si la voluntad popular, libremente expresada, «se pronunciara en favor de la República», «pediría a los monárquicos que colaborasen en la obra inmensa que es construir la federación de la nueva España».

En declaraciones a los medios de comunicación, Don Jaime insistiría en que: «Si España ratifica plenamente su voluntad republicana, manteniendo todos mis derechos, respetaré esa decisión del pueblo. Considero que la República, como forma política es indudablemente legítima, mientras que el régimen que imperaba hasta ahora era ilegítimo dentro de la forma monárquica».

Don Jaime también solicitó al Gobierno provisional que adoptara un sistema de representación proporcional puro, como ya se hacía «en las grandes naciones europeas», para que se recogiera «hasta el último voto de todos los ciudadanos», evitando así los peligros del sistema de escrutinio mayoritario que tantos problemas políticos provocaría durante el periodo republicano.

Noventa años después, cuando las naciones hispanas tienen como forma de Estado una monarquía doblemente ilegítima, cuestionada socialmente tanto por su origen franquista como por sucesivos y continuos escándalos de corrupción, los criterios de Don Jaime son tan actuales como la misma realidad que nos rodea. Es el conjunto de la ciudadanía quien debe decidir sobre el contenido y la forma de la Jefatura del Estado. Mientras no se celebre una consulta popular para decidir específicamente sobre esta cuestión en concreto, la sociedad española arrastrará un indudable déficit democrático, que impide cualquier tipo de consenso y de convivencia consolidada.

La orientación progresista y emancipadora de las ideas políticas de Don Jaime también abarcaba campos como la redistribución social de la riqueza o la reorganización territorial del Estado. En su Manifiesto del 23 de Abril de 1931, proclamaba que «ha sido siempre el fundamental objeto de nuestra política realizar la federación de las distintas nacionalidades ibéricas», al mismo tiempo que convocaba a los carlistas a impulsar un movimiento «intensamente progresivo, amigo de las reformas sociales».

Respecto a estas cuestiones estructurales, la ideología de Don Jaime no aceptaba falsas soluciones de carácter vertical, como la caridad paternalista de los más ricos con los más pobres, o una descentralización de competencias administrativas desde Madrid a la periferia.

En ese sentido, Don Jaime realizó declaraciones tan contundentes en su época como: «La caridad no debería existir en nuestro mundo, que se pretende civilizado. En la sociedad, a la que todos pertenecemos, hay gente enferma, niños, viejos, incapaces», a los cuales «no debería la colectividad reservar sus limosnas, sino que es una obligación estricta e ineludible para el cuerpo social sostener a sus miembros, demasiado débiles; tienen ellos un derecho sagrado al apoyo desinteresado de todos. La caridad es una humillación constante; en cambio, el sostenimiento de todos los seres desvalidos por la comunidad no entraña disminución para nadie». Igualmente apoyaba el sindicalismo reivindicativo, «realizado con el nobilísimo fin de que el trabajador no se vea desamparado frente al propietario» para lo cual era necesario  «el salario mínimo, la protección del trabajador, la subsistencia para la viuda y los huérfanos». Por todo ello, Don Jaime manifestaba que «me considero y me he considerado siempre como un socialista sincero, en el sentido exacto de la palabra».

Entroncando con la tradición fuerista de las Españas, Don Jaime tampoco dudó en afirmar que «en un sistema netamente regionalista como el nuestro, España vendría a ser una confederación de Repúblicas gobernadas por la Monarquía», insistiendo en que «ninguna colectividad política ha sostenido con el tesón que nosotros venimos sosteniendo desde hace un siglo la imprescindible necesidad de devolver a los estados regionales su personalidad histórica y jurídica», es decir, la reintegración foral plena, mientras que «los partidos autonomistas de reciente creación han venido todos a instruirse en nuestro caudal histórico».

Noventa años después, muchas cosas han cambiado en la sociedad española, pero también ciertas oligarquías se han perpetuado a través de sucesivas reformas políticas, de tal forma que lo que nunca ha cambiado es la estructura socio-económica y la «unidad constitucional» del Estado español. Ante esta realidad, los firmantes consideramos que las ideas emancipadoras de Don Jaime de Borbón acerca de una redistribución justa de la riqueza, de la pluralidad federativa de las naciones hispanas y de la voluntad popular como criterio determinante de la naturaleza de la Jefatura del Estado, continúan siendo tan modernas, necesarias y actuales como en 1931.

 

Manuel HERRERA (Castilla), Pere GUAL (Catalunya), Antonio GIL (País Valencià), Juan José GARAY (Euskal Herria), Salvador GÓMEZ DE ARTECHE CATALINA (Mallorca), Juan CERRILLO (Andalucía), Javier CUBERO (Asturies), Manuel LODEIRO LÓPEZ (Murcia), José Luís DORESTE (Canarias), Jesús María ARAGÓN (Euskal Herria), Ximo CAMPANA (País Valencià), Robert VALLVERDÚ  (Catalunya),  Manuel MARTORELL (Euskal Herria), Luis MARTINEZ GARATE (Euskal Herria), Marisa MARTÍN (País Valèncià), Arturo ESTÉBANEZ (Castilla), Ferran LUCAS ZARAGOZA (Catalunya), Iciar ANGLÉS (País Valencià), Fernando SÁNCHEZ ARANAZ (Euskal Herria), Josep M. SABATER (País Valencià), Manuel FERNÁNDEZ DE SEVILLA (País Valencià), Xavier CARBONELL (Catalunya), Miguel SARALEGUI (Euskal Herria),  Assumpta CABRÉ (Catalunya), August MONZÓ (País Valencià), José Javier LÓPEZ ANTÓN, Albert VANCELLS PUJOL (Catalunya), Miguel DELGADO ORTÍZ (Catalunya), Javier ONRUBIA REBUELTA (Castilla), Félix Ángel HERRERO DURÁN (Andalucía), Francisco ALVARO CASTILLO MORÓN (Andalucía), August MONZÓ (País Valencià), Javier ALDAZ (Euskal Erria), Joaquín BARRACHINA (León), Javier LIZÁRRAGA (Euskal Erria), Luis SIERRA SESUMAGA (Euskal Herria), José María PORRO (Euskal Herria), Frederic TORRES FERRANDO (País Valencià), Maribel ALZORRIZ (Euskal Herria), Victor CERVERA (Catalunya), Antonio TORRES FERRANDO (País Valencià), José Ramón RINCÓN (Castilla-La Mancha), Josep MIRALLES (País Valencià), Cesc PUCHOL (País Valencià), Alberto QUEROL (País Valencià), Cop PAMPLEGA (CASTILLA-LEÓN), Pepe ROGER (País Valencià), Xavier CLARET (Catalunya), Mercè FONTDEVILA (Catalunya), Rafel CLAPERS (Catalunya), Beatriz PINILLA (Catalunya), Cisco MIRALLES (País Valencià), Antoni MIRALLES (País Valencià)

¿CAMBIOS GEOPOLÍTICOS?

No pocos dirigentes políticos europeos en general, y españoles en particular, aplaudieron en noviembre del año pasado el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas en la falsa, más que errónea, creencia de que la política exterior norteamericana iba a cambiar radicalmente después de cuatro años marcados por manifestaciones estridentes y espectaculares que  en poco o en nada se materializaban y que daban a entender un retorno de Estados Unidos al aislacionismo de los años veinte y treinta del Siglo XX.           

            En menos de nueve meses de administración Biden, Estados Unidos ha abandonado Afganistán de una forma prácticamente unilateral, en un acto que solo puede considerarse como una pura deslealtad para con sus aliados de la OTAN al no planificar la evacuación del país centroasiático conjuntamente con éstos, los cuales fueron caprichosamente embarcados en el año 2001 en una aventura colonial sin sentido digna de ser narrada por Rudyard Kipling y, hace tan solo unos pocos días, ha suscrito junto con Australia y el Reino Unido de la Gran Bretaña el tratado de alianza militar AUKUS (acrónimo en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos) frente al creciente poder militar y económico Chino en el Pacífico excluyendo, de nuevo, de tal decisión a sus aliados europeos y ocasionando graves pérdidas económicas a Francia al conllevar dicho acuerdo la cancelación por parte de Australia del contrato de compra de diecinueve submarinos al país galo por un importe total de más de cincuenta y seis mil millones de Euros, contrato éste que se había convertido en el as en la manga del Presidente Macron cara a las próximas elecciones presidenciales francesas del año que viene.

            Sin tener en cuenta las cancelaciones de contratos y las pérdidas económicas, la creación de AUKUS por parte de Estados Unidos responde a la idea, ya anunciada por Trump, de implicarse más en el área del Océano Pacífico con los ojos puestos en China y menos en una Europa que, siguiendo los intereses particulares de una cada vez más hegemónica Alemania, no ha hecho nada más que crearse enemigos donde no los tenía.

            A pesar de las crecientes tensiones entre Rusia y la Unión Europea a causa de la agresiva política impuesta a la OTAN y a las instituciones europeas por Alemania a causa de Ucrania; Estados Unidos considera de menor importancia para sus intereses el supuesto peligro que pueda representar Rusia que el que ya está representando China. En este sentido, no es descartable que Estados Unidos desease contar con Rusia en una alianza para hacer frente a China considerando que ésta última mantiene reivindicaciones territoriales sobre estados sensibles para Rusia como la República de Mongolia Exterior y parte de Tayikistán así como  sobre bastas extensiones de la propia Rusia (1). De hecho, los distintos acuerdos a los que, de unos años a esta parte, están llegando Rusia y China y que muchos consideran una verdadera "alianza Ruso-China" constituyen acuerdos puntuales y contra natura a los que Rusia se ve obligada a causa de la hostil política europea.

Evidentemente estamos asistiendo a un cambio significativo de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en los que Europa tendrá un peso mucho menor y frente al cual, no pocos analistas abogan por la creación de un ejército puramente europeo ante lo que ya es evidentemente una grave crisis de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que muy probablemente marcará el declive definitivo de dicha organización.

            Ahora bien, atendiendo a la conocida composición de la Unión Europea (de la que, por cierto, ya no forma parte el Reino Unido de la Gran Bretaña) ese hipotético "Ejército Europeo" se constituiría para mayor gloria de los intereses económicos de la industria pesada franco-germana y, aunque se alegara que su creación obedecería a la intervención en posibles crisis que podrían surgir en la ribera sur del Mediterráneo no se podría impedir, considerando la actual política europea con respecto a Ucrania, que Rusia lo percibiera como una amenaza directa sirviendo para incrementar la tensión entre la Unión Europea y Rusia.

            En realidad, el cambio geoestratégico iniciado por Estados Unidos no solo debería ir acompañado de un cambio de concepto en la idea de defensa común europea, sino también de un pertinente reajuste geopolítico más acorde con los intereses europeos que llevase a abandonar la, hasta ahora, errática política hostil hacia Rusia sustituyéndola por otra que tuviera por objeto la colaboración en todos los ámbitos, incluido el militar, y no la confrontación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Muy posiblemente las llamativas alabanzas que Trump tuvo hacia Rusia y hacia Vladimir Putin durante toda su presidencia, obedecían a este interés que, atendiendo a la forma de obrar de su sucesor, no sería de extrañar que se repitieran en cualquier momento y con la misma intencionalidad.      

  

Y... ¡¡EL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIÓ!!

Tras casi año y medio de espera dando ejemplo de competencia, entrega y sacrificio, sea dicho esto con todo el cinismo y sarcasmo posible, ¡¡por fin!!, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre las medidas tomadas tras la declaración del primer estado de alarma en marzo del año 2020 y ha declarado que el confinamiento de los españoles que duro tres meses era INCONSTITUCIONAL porque implicaba una suspensión de los derechos fundamentales que no tenía cabida en la figura jurídica del Estado de Alarma.

            Aunque todo indica que el Tribunal Constitucional ha dejado "todo atado y bien atado" para que no puedan plantearse reclamaciones económicas más allá de la nulidad de las multas impuestas y de la devolución de las cantidades cobradas por tales multas, surgen numerosas dudas de cuál es la situación jurídica en la que queda la totalidad del estado y sus instituciones.

            Evidentemente las multas impuestas por supuesta violación del confinamiento devienen nulas y las cantidades abonadas deberán ser reintegradas a aquellos ciudadanos que las pagaron, pero lo que es más importante y sobre lo que nadie incide es lo siguiente: ¿Qué es lo que ocurre con las condenas penales impuestas a los ciudadanos por desobediencia o atentado contra la autoridad?. Durante el confinamiento hubo ciudadanos  (y no faltan imágenes que fueron emitidas por TV que lo prueban) que decidieron no quedarse en casa y salir a la calle por lo que fueron interceptados por la Policía Nacional,  Guardia Civil o incluso por el Ejército y al negarse a identificarse o al mostrarse disconformes de algún modo con el enclaustramiento eran detenidos por delito de desobediencia a la autoridad y/o atentado, dando lugar a la incoación de un procedimiento penal que terminaba con una condena por tales delitos.

            Pues bien, si un policía autonómico, municipal o nacional, un guardia civil o un soldadito del glorioso ejército español intentaban hacer valer con su presunta autoridad el confinamiento, ahora declarado inconstitucional y por tanto ilegal, estaban cometiendo una ilegalidad lo cual les hacía perder, en ese preciso momento, su condición de autoridad por lo que aquellos que se oponían a cumplir las órdenes no estaban cometiendo ningún delito y sí, en cambio, lo estaban cometiendo aquellas presuntas autoridades que cumplían, por convicción o por sumisión, órdenes ilegales. Dicho de otro modo, las sentencias condenatorias por delitos de desobediencia o atentado a la autoridad impuestas a ciudadanos por no obedecer a policías, guardias civiles o soldaditos valerosos deben ser anuladas y se debería deducir testimonio para juzgar por el delito correspondiente a esos soldaditos, guardias civiles o policías porque no pueden quedar amparados, y en este sentido ya se  pronunció la justicia española con motivo del proceso del 23-F e incluso el Tribunal  Penal Internacional de Núremberg, por la "obediencia debida" que por otro lado era una eximente que desapareció de nuestro derecho penal con la entrada en vigor del Código Penal de 1995.

            La sentencia del Tribunal Constitucional no dice que el gobierno no pudiera ordenar el confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios, lo que dice es que la suspensión de derechos que conllevaba el confinamiento no tenía cabida en el Estado de Alarma debiéndose haber decretado, al menos, el Estado de Excepción.  Ante esto el gobierno se defiende, y  sus gacetilleros afines lo justifican, diciendo que el Estado de Excepción solo está pensado para alteraciones del orden público y no para epidemias; pero lo cierto es  que algún miembro del gobierno o algún funcionario adscrito a los servicios jurídicos del estado debería de saber, y así haber informado a quien correspondiera, que el orden público tiene muchas acepciones y por orden público no solo se tiene que entender el respeto generalizado de la ley que impida la existencia de disturbios en las calles sino también el normal funcionamiento del estado y de sus instituciones y, por tanto, cualquier situación, en este caso epidémica, que pudiera llevar a dificultar o impedir el normal funcionamiento del estado, sus instituciones o de los servicios públicos y además a poner en peligro de forma generalizada la vida y la integridad física de los ciudadanos es una situación que afecta al orden público y, por tanto, ante una situación de grave epidemia cabe la posibilidad de decretar el Estado de Excepción. 

Lo que realmente ha pasado es el que, en este nuestro pobre país, desde hace décadas las leyes se hacen sin que exista la más mínima fe en ellas por parte de quien las redacta; se promulgan a bombo y platillo como una "garantía para los derechos y las libertades ciudadanas", pero con la intención de no aplicarlas jamás o para aplicarlas arbitrariamente según  convenga y a quien convenga porque aplicarlas implica tomar una decisión (que puede ser imprescindible pero no gozar de popularidad) y hacerse responsable de ella. A ver si, de una vez por todas, se entera quien se tenga que enterar que gobernar no es un concurso de simpatía, que gobernar consiste en hacer lo que se tiene que hacer en beneficio de la colectividad con independencia de la opinión pública. El gobierno del señor Pedro Sánchez debió declarar el Estado de Excepción pero no lo hizo por lo mismo que no lo hubiera hecho un gobierno presidido por Pablo Casado u otro político de la oposición: por no querer asumir la responsabilidad de decretar un estado legal que no se decretaba en España desde la época del régimen franquista.

            Si una persona tiene encerrada a otra en una habitación en contra de su voluntad y sin amparo legal alguno se puede decir que la tiene secuestrada y que esa persona es una secuestradora, así pues ¿Cómo calificar a un gobierno que ha tenido a toda la población encerrada en casa  durante tres meses? ¿Cómo calificar a unas fuerzas de Orden Público que han sido el garrote del gobierno para hacer valer un confinamiento domiciliario declarado inconstitucional?: Pero no nos engañemos, la responsabilidad de haber llevado al estado a la quiebra constitucional, porque si de esta chapuza no se depuran responsabilidades penales eso es precisamente lo que habrá ocurrido, una quiebra del Estado de Derecho; no le corresponde solo al gobierno sino también a los diputados que votaron a favor del confinamiento y sus reiteradas prórrogas, a las fuerzas armadas y del orden público que colaboraron para mantener a la población encerrada en casa y, por supuesto, a un poder judicial que no hizo nada porque estaba escondido no se fuera a contagiar y que, cuando alguien le pidió amparo, tardó casi año y medio en pronunciarse y cuando se pronunció su pronunciamiento carecía efectos prácticos al no evitar el mal producido.

            Y... ¡¡¡El Tribunal Constitucional se pronunció!!!, pero lejos de solucionar un problema, pues la gravedad de la situación exigía que se hubiera pronunciado en unas pocas semanas si no en unos pocos días, ha generado otro problema mayor pues ¿Que ciudadano con sentido común puede confiar en una legalidad que cuando él se la salta le aplican las penas del infierno y cuando se la salta el gobierno y/o las autoridades no pasa nada?. De no abrirse una investigación que depure las responsabilidades penales de todos los individuos e instituciones implicadas en la aplicación del inconstitucional confinamiento, el llamado "Estado de Derecho" y el "Imperio de la Ley" habrán demostrado ser una farsa en manos de unos dirigentes políticos y de unos funcionarios sin escrúpulos que habrán reducido el régimen de 1978 a un estado arbitrario y de falseamiento constitucional.