¿QUÉ SE PRETENDE DEFENDER?

La tensión en Cataluña y entre Cataluña y el resto de España ha crecido en la última semana llegándose a la detención de catorce altos cargos de la administración catalana y a la incoación, por parte de la fiscalía, de unas diligencias penales por un presunto delito de sedición. Como todo gobierno que se enfrenta a una crisis de estas características, el Gobierno del Partido Popular dispone de un abanico de posibilidades por las que optar habiendo optado evidentemente por, la que solo se puede denominar, la vía represiva lo que ha provocado que el debate que nunca debió salir de los despachos se haya trasladado a las calles creando un panorama explosivo y una atmósfera de conflicto civil (dejémonos ya del eufemismo del "choque de trenes").

            Por su parte, la situación de asedio que sufrieron durante varias horas los efectivos de la Guardia Civil mientras practicaban un registro en las dependencias de la Consejería de Economía el pasado miércoles 20 de Septiembre ha hecho que no pocos medios de comunicación hayan señalado que el gobierno está perdiendo el control de la situación, lo cual se veía venir porque, a estas horas, es muy difícil que el gobierno que preside el señor Rajoy sepa cuáles son las prioridades que tiene que defender.

            En toda comparecencia o manifestación pública, el gobierno reitera cansinamente que va a defender la legalidad, una legalidad que como demuestran los hechos se ha ido desbordando progresivamente durante varias décadas ante la pasividad de los sucesivos gobiernos y de las demás instituciones del estado hasta llegar a esta grave crisis. La legalidad cuya defensa afirma defender el gobierno tiene treinta y nueve años escasos de existencia mientras que lo que se está discutiendo es la permanencia de una comunidad histórica, cultural, económica y política de más de quinientos años de antigüedad, con lo que la afirmación gubernamental de que lo que se está defendiendo es la legalidad  pone de manifiesto una estrechez mental y de miras impropia de cualquier gobierno que se considere competente, eficaz y responsable.

             En los últimos quinientos años, por las Españas han pasado distintos tribunales que hoy no existen, diferentes cuerpos militares que quedaron disueltos, se han sucedido monarquías, repúblicas y dictaduras y ha habido cientos o miles de leyes, buenas y malas, que ya solo pertenecen a la Historia del Derecho; en cambio España ha permanecido más allá de todo esos cambios formales porque tanto el pueblo como sus gobernantes tenían claro cuáles eran las prioridades, cosa que hoy, al parecer, no tiene claro ni el gobierno ni las demás instituciones del estado.

            Cuando las Españas se enfrentan a la peor crisis de su historia porque, a diferencia de todas las anteriores, esta crisis puede suponer la quiebra de quinientos años de convivencia y la liquidación misma de España, el gobierno y las instituciones se reafirman en defender la legalidad, defensa a ultranza que solo se explica porque esa misma legalidad que dicen defender contempla y estipula los magros emolumentos mensuales que la casta política e institucional viene percibiendo desde hace décadas por habernos conducido paulatina y alegremente al desastre actual.

            La legalidad está para solucionar problemas, no para crearlos. La legalidad existe para ordenar la convivencia no para romperla. El problema que ahora afronta nuestro país trasciende a la mera defensa de una legalidad evidente y manifiestamente quebrada y requiere una salida política, aunque esta sea a costa de sepultar la formalmente vigente legalidad, realmente ya fallecida.

            A pesar de todo,  aún se está a tiempo, aún hay tiempo. El objetivo político fundamental a alcanzar es la reconstrucción de los lazos de convivencia entre catalanes y entre los catalanes y los demás españoles, es de prioridad absoluta ir cerrando la brecha abierta, cuya existencia es cierta, en la sociedad catalana y entre los catalanes y el resto de los españoles y para ello, estando las cosas como están, un gobierno responsable debería ordenar el archivo de los procedimientos judiciales abiertos y la retirada de los efectivos extra de policías y guardias civiles desplazados a Cataluña mientras que, por su parte, el President de la Generalitat debería suspender la celebración del referéndum previsto para el próximo 1 de Octubre acordando ambas partes un compromiso serio para la celebración de un referéndum, con todas las garantías, antes de un año, tras el cual se iniciaría un nuevo proceso constituyente que cerrase definitivamente las numerosas fracturas políticas y sociales existentes en nuestro país.

            La cuestión que surge ahora es ¿Existe en todo el espectro político de las Españas algún hombre de estado con alturas de miras para solventar esta crisis?. Que cada uno se conteste a esta pregunta y saque sus propias conclusiones.

LA CONTRAOFENSIVA CONSTITUCIONALISTA

 

            En los últimos cinco o seis años se ha generalizado la expresión "Ofensiva Secesionista" popularizada por los medios de comunicación y por las tertulias televisivas, medio de expresión de las luminarias patrias bien pensantes, para  referirse al conflicto político que se ha ido gestando, lentamente pero durante muchos años, entre Cataluña y el resto del Estado; en cambio se echa en falta que nadie haya acuñado, de una semana a esta parte, la expresión "Contraofensiva Constitucionalista" para referirse a las medidas que, después de mucho tiempo mirando al tendido, parece que se han decidido tomar desde el gobierno que preside el señor Rajoy y desde las demás instituciones del estado.

            Es lógico, muy lógico, que los medios de comunicación y tertulias televisivas no hablen de una "Contraofensiva Constitucionalista" y se limiten a difundir las medidas que el gobierno y los jueces están imponiendo porque crear una expresión tal como "Ofensiva Secesionista" o "Contraofensiva Constitucionalista" implica abrir un amplio debate abierto a tesis, antítesis, síntesis, críticas y posicionamientos a favor o en contra de las decisiones del gobierno y de las medias judiciales adoptadas que, hoy, no toca abrir porque lo que hoy toca es que todos estemos con el gobierno, con la judicatura y con la Guardia Civil.

            ¿Todos?, pues mire usted.... todos, todos no y desde luego este blog no puede cerrar filas con actuaciones circenses que se revisten con el carácter de grandes políticas de estado.

            Que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucionales y suspendido la Ley de Referéndum y la llamada Ley de Transitoriedad aprobada por el Parlament de Cataluña puede ser una medida que podrá gustar o no, ser efectiva o no, pero que resulta lógica, previsible y coherente con la propia institución que, cual oráculo de Delfos, tiene el monopolio de la interpretación del sagrado texto constitucional. No obstante hay otras medidas que se han tomado que resultan de dudosa legalidad constitucional y que pueden llevar, o están llevando, a ciertas instituciones a hacer el más absoluto ridículo.

            En primer lugar nos encontramos con el hecho de que la Guardia Civil haya sometido, durante varios días, a vigilancia estática y visible a la imprenta Indugraf de la localidad tarraconense de Constantí para terminar entrando en la misma con el fin de hacer un registro a causa de sospecharse de que en dicha empresa de artes gráficas se estaban imprimiendo las papeletas que se utilizarán en el referéndum del día 1 de Octubre, cosa ésta que, al igual que lo que paso con las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, no se verificó. Ahora bien, lo verdaderamente relevante de esto no es siquiera que un estado que hace menos de un mes ha sufrido un grave ataque terrorista dedique efectivos policiales a perseguir unas papeletas, sino  que tal hecho puede suponer una vulneración del derecho a la libertad de prensa y expresión previsto en el artículo 20 de la misma Constitución que se dice defender porque, aun habiendo sido declarado ilegal el referéndum, no existirá delito alguno hasta el momento justo en que ese referéndum se realizase  y, por tanto, las papeletas solo serían presuntamente delictivas si las mismas estuvieran a disposición de los votantes en los lugares designados para la votación. Por otro lado, la imagen difundida por televisión de la Guardia Civil vigilando la imprenta y finalmente entrando en ella, para encima no encontrar nada, dejan en muy mala situación al "Benemérito Cuerpo" al reducirlo a protagonista de una especie de comedia bufa de muy mala calidad donde la gracia se encuentra solamente en la falta de previsión de aquel, que ordenando la vigilancia, no consideró la posibilidad de que las papeletas pudieran imprimirse en otro sitio e incluso fuera del territorio nacional.

Otra medida dudosa que roza la vulneración de derechos fundamentales proclamados por la Constitución que ahora se pretende defender y que no deja de estar exenta de cierta comicidad  ha sido la prohibición por el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Madrid de un acto convocados por el colectivo "Madrileños por el derecho a decidir" y que se iba a celebrar en un espacio cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Madrid que preside doña Manuela Carmena. La prohibición judicial, que tiene forma de Auto, dice que "los actos de apoyo al referéndum no pueden estar amparados por el Ayuntamiento", ahora bien, tal argumento podría ser válido si el espacio cedido por el Consistorio madrileño fuera el Salón de Plenos o el vestíbulo del Palacio de Telecomunicaciones (actual sede del Ayuntamiento de Madrid), pero el espacio en cuestión no era otro que la Nave de Terneras del antiguo Matadero que hoy es un centro cultural con numerosas salas de exposiciones y de conferencias. Es de suponer que este colectivo solicitó del ayuntamiento el espacio que más y mejor le convenía como hubieran podido solicitar la sala de conferencias de cualquier centro cultural de entre los muchos que hay por la Villa de Madrid por lo que la intervención del Ayuntamiento de Madrid en este asunto no va más allá que la de permitir y autorizar un acto público en un centro cultural público y municipal. Siendo de recordar que lo prohibido por el Tribunal Constitucional es la celebración del referéndum, no existe falta alguna en que alguien desee exponer públicamente sus argumentos a favor o en contra del mismo y, a nuestro modo de ver, el argumento esgrimido por la Justicia para prohibir la cesión de este espacio público municipal a los convocantes del acto son de tal brillantez que su validez universal (y de ahí su comicidad) puede hacer que sirva también para prohibir a la Empresa Municipal de Transporte (EMT) que transporte a los participantes de cualquier acto donde se hable del referéndum.

            A pesar de que resulta muy difícil que un estado y sus instituciones delincan ya que el estado hace una ley hoy que mañana puede cambiar haciendo otra de signo contrario  convirtiendo lo que era lícito ayer en delito hoy (y viceversa), la adopción de estas medidas además de rozar la legalidad constitucional y, desde luego, incurrir en la más pura estupidez e inmoralidad  política solo muestran la cómica desesperación de un estado y de unas instituciones que, ante una situación de crisis y con la mera intención de justificar su partida en el presupuesto público, está improvisando y en la improvisación se ha olvidado de declarar el Estado de Excepción o Sitio que son los instrumentos legales que la Constitución de 1978, cuya defensa a ultranza se pretende, prevé para poder ordenar la suspensión de los derechos de libertad de prensa, reunión, manifestación y expresión y sin cuya declaración previa toda orden que sea emitida en ese sentido resulta ilegal y en ilegalidad incurrirá cualquiera que la cumpla.

            Aunque claro... como lo que en verdad está en juego en toda esta crisis es la continuación en la cobranza de emolumentos por parte de una casta política e institucional, que son los verdaderos responsables de esta grave crisis política que padecemos,  ya se puede llegar a estar en un Estado de Excepción o Sitio encubierto y no declarado que ya se encargaran de argumentar y justificar para  convencernos de lo contrario.