PREDICCIONES SANCHISTAS

Alucinados, anonadados y asombrados se han debido quedar los españolitos, cuando, cayendo la que está cayendo, han conocido la pasada semana que el señor Presidente del Consejo de Ministros y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tiene un innovador plan para la España del año 2050 en el cual anuncia determinadas medidas que se tomarán en base a ciertas predicciones realizadas "de forma altruista" por un grupo de expertos en distintos ámbitos; aunque, las cosas como son, cuando desde el gobierno de la nación se alude a "equipos de expertos"  puede tratarse de algo que está entre la nada y el colectivo de tarotistas y videntes del parque de "El Retiro".

            En política es posible hacer predicciones bastante acertadas y adelantarse a los acontecimientos. Posiblemente las predicciones  políticas más famosas fueron la que hizo Arnold J. Toynbee el mismo día que se suscribió el Tratado de Versalles (28 de junio de 1919) de que Alemania iría a una nueva guerra en veinte años y la que hizo el general norteamericano William Mitchell a mediados de los años veinte del siglo pasado en la que afirmaba que Estados Unidos y Japón irían a la guerra en poco más de una década (1). Ahora bien, tantos las predicciones de Toynbee como las de Mitchell se basaban en un profundo discernimiento de la historia reciente tanto de Alemania como de Japón, un análisis correcto de los acontecimientos presentes que se estaban desarrollando en aquellos momentos, una compresión clara de la situación geopolítica de Europa y Asia y un perfecto conocimiento de los intereses generales de Gran Bretaña y Estados Unidos respectivamente. Por su parte el informe de Sánchez y que pomposamente se denomina "Informe España 2050" dice basarse en los grandes logros obtenidos por nuestro país desde la transición, pero ¿Se es consciente de en qué han consistido esos logros y como se han obtenido?.

            Ciertamente, desde 1976 hasta hoy  han transcurrido casi cincuenta años en los que el país ha avanzado materialmente muchísimo no pudiéndose decir lo mismo en cuanto a los aspectos espirituales o anímicos, entendiendo por anímicos  o espirituales todos aquellos valores que crean lazos cohesionadores de la comunidad. La renta per cápita de los españoles ha crecido enormemente con respecto a la de 1976 especialmente a partir de 1986 coincidiendo con nuestra entrada en el Mercado Común, tenemos mejores infraestructuras que en 1976, la ciencia ha avanzado enormemente y la tecnología nos ha hecho la vida mucho más fácil, pero todo ello se debe fundamentalmente, en primer lugar, a los llamados "fondos de cohesión" que recibió nuestro país procedentes de la Unión Europea desde mediados de los años ochenta del  siglo pasado hasta mediados de los años noventa del mismo siglo a cambio de hacer las concesiones que hicieron para poder entrar en el Mercado Común (reconversión industrial, privatizaciones de empresas estratégicas, limitación de la agricultura y ganadería...) y, en segundo lugar, a la inconsciente política de endeudamiento público que ha hecho que, en marzo de 2021, la deuda pública española haya alcanzado el 117 por ciento del Producto Interior Bruto, porcentaje éste que para cualquier empresa privada equivaldría a una situación de quiebra.

Por su parte, desde 1976 los problemas políticos no han dejado de crecer al mismo ritmo que los aparentes beneficios materiales. España, a pesar de su integración en Europa, ha perdido peso en la comunidad internacional convirtiéndose en una mera acatadora de las directrices que emanan de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea, muchas de las cuales son claramente contrarias a los intereses españoles; así nos hemos visto inmersos en conflictos internacionales que nos son del todo ajenos y que han significado un importante cambio de paradigma en la política exterior de nuestro país que la han hecho depender en exclusiva de la voluntad  y de los intereses de otras potencias. Por otro lado, desde 1976, las disensiones internas no han hecho más que aumentar habiéndose pulverizado todos los acuerdos que hicieron posible la transición y así, desde el comienzo del siglo XXI, se ha abierto una brecha insalvable que divide al país en dos bloques "ideológicos" claramente diferenciados al mismo tiempo que el crecimiento, paulatino pero sostenido en el tiempo, de fuerzas centrífugas en determinadas zonas del país incrementan tensiones territoriales de resultados fácilmente previsibles.

            Este es el claro panorama presente de nuestro país, sobre el que no se puede predecir el futuro maravilloso que el señor Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vierte en su "Plan España 2050" que no es más que un cuento con un título con pretensiones académicas. Ciertamente el descenso demográfico que se pretenderá paliar con la importación de población llevará a un cierre de colegios y escuelas pero eso no significará que habrá menos alumnos con mejores medios sino que parte de los recursos y del presupuesto de educación habrá que derivarlo a inversiones en salud y cuidados a dependientes, lo que unido a que la importación de población, a la que eufemísticamente se refiere el "Plan España 2050" como "fomento de la emigración legal", será mayoritariamente de población sin cualificación profesional, provocará un descenso generalizado en el número de población cualificada que se traducirá en menor competitividad y menor crecimiento económico. Por otro lado el deseo manifestado en el "Plan España 2050" de acabar con los vuelos interiores, además de que posiblemente lleven al cierre de alguna aerolínea e incremente el desempleo resulta muy quimérico pues el mejor medio para desplazarse a las Islas Baleares o a las Canarias es el avión y tales destinos son vuelos interiores que seguirán siendo imprescindibles salvo que en el año 2050 Marruecos se haya hecho con la soberanía sobre Canarias y Cataluña se haya independizado. Y finalmente, la intención de disminuir el consumo de alimentos cárnicos y de origen animal que contiene el presidencial plan para la España del año 2050 resulta extremadamente llamativo y sorprendente, poniendo de manifiesto el grado de degeneración mental de la izquierda española, que parece tener la intención de retrotraer los hábitos alimenticios de la gran mayoría de la población española a los que se veía obligado a tener la clase trabajadora a principios del Siglo XX quedando determinados productos para goce y disfrute de una minoría privilegiada y todo ello con una pretendida justificación ecologista.

            En definitiva, el "Plan España 2050" no es más un cumulo de deseos inconsistentes y el recurso desesperado a un hipotético regreso de una "Edad Dorada" de quien nos ha conducido a la presente "Edad de las Tinieblas" y se muestra incapaz de sacarnos de ella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Otra predicción política acertada fue la que hizo la Central de Inteligencia Americana (CIA) en un informe de diciembre de 1990 en la que, mientras el mundo estaba pendiente de la primera crisis del Golfo Pérsico desatada por la invasión de Kuwait por Irak, aseguraba que los movimientos centrífugos en la entonces Yugoslavia la llevarían a la desintegración en seis meses. En Junio de 1991, seis meses después de la publicación del informe, Croacia y Eslovenia declararon unilateralmente su independencia.

 

MEDIDAS SOCIALMENTE REGRESIVAS DEL GOBIERNO

Que las tan famosas y anunciadas ayudas europeas a la economía española para superar la crisis originada por la epidemia de COVID-19 no iban a ser sin contrapartida y que de alguna forma habría que devolverlas ya lo suponíamos todos aquellos que no confiamos ni nos creemos nada de lo que se nos pretende inculcar desde el poder  y, en tal sentido, el Gobierno de coalición PSOE-PODEMOS ha presentado a las autoridades europeas su "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" que, además de suponer un total sometimiento del país y de sus ciudadanos a la exigencias de los burócratas y tecnócratas de Bruselas, prevé el incremento de la recaudación planteando medidas socialmente regresivas como cobrar peaje por las autovías que, en su momento, fueron construidas con los impuestos pagados por los ciudadanos y subir los impuestos a las rentas.... ¡¡Medias y Bajas!!.

            Aunque parezca mentira o no se quiera comprender, el hecho de instaurar el peaje en las autovías que, hasta ahora, no lo tenían es crear un nuevo impuesto o tasa que afectará más a los que menos renta tienen porque tal coste será repercutido por las empresas y provocará una generalizada subida de precios de todos aquellos productos que requieran de transporte por carretera (los cuales son muchísimos) lo que implicará que las rentas más bajas tendrán que incrementar el gasto destinado a la adquisición de tales productos, muchos de los cuales son de primera necesidad.

            Por otra parte, el gobierno de coalición PSOE-PODEMOS plantea una reforma fiscal que bajo la justificación de implementar políticas de igualdad pretende eliminar la deducción general de 3.400.- Euros en las declaraciones conjuntas lo cual supone una nueva agresión a las rentas más bajas.

            La declaración conjunta es la modalidad de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) elegido por aquellas unidades familiares en las que un miembro de la pareja no percibe ninguna renta anual, está en situación laboral de desempleo o, simplemente, percibe una muy baja retribución en comparación con el otro miembro de la pareja porque tal modalidad de tributación les permite tener reducciones de la base imponible como la de los 3.400.- Euros que el gobierno pretende ahora eliminar o doblar la reducción por "Mínimo Personal del Contribuyente" que ahora está en 5.550.- Euros lo que permite reducir la base imponible del I.R.P.F en 11.100.- Euros en las declaraciones conjuntas.

            Con la eliminación de la reducción de 3.400.- Euros en la declaración conjunta, el gobierno "progresista" de PSOE y PODEMOS pretende incrementar la recaudación en unos mil millones de Euros anuales pero lo hará a costa de gravar, no a las rentas más altas, sino a las rentas medias y bajas que serán las que aporten el grueso de esos mil millones.

Pero de todo esto, lo que ya resulta de una clara desfachatez sin parangón no es que el incremento de la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas venga impuesto por un gobierno que se auto titula  "el más social de la historia" sino en que dicha subida de impuestos a las rentas más bajas se pretende enmascarar con una supuesta búsqueda de la igualdad ya que, según el gobierno, el beneficio fiscal que supone la reducción de 3.400.- Euros "genera un desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta [principalmente mujeres de rentas bajas] lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española". El gobierno que preside el Sr. Sánchez con la participación del partido del Sr. Iglesias puede ejercer el poder hasta llegar a la tiranía si quiere, pues podemos estar en condiciones de afirmar que no existe en el Estado Español institución alguna dispuesta a hacer frente a los desmanes del poder sea este ejercido por el actual gobierno o por otro, pero desde luego no tiene el derecho de engañar a los ciudadanos ni tomarlos por tontos.  

            Si aplicamos la pura lógica podemos deducir claramente, y sin temor a equivocarnos, que la "igualdad" que el gobierno PSOE-PODEMOS pretende obtener eliminando la reducción de 3.400.- Euros en declaraciones conjuntas también la podría conseguir creando una reducción de 1.700.- Euros (justamente la mitad de 3.400.- Euros) en las declaraciones individuales, pero tal cosa no la va a poner en práctica porque la única intención de la medida, lejos de fomentar la "igualdad",  es incrementar la recaudación aunque sea, como es el caso, a costa de las rentas más bajas.

            Una vez más, como ha ocurrido en varias ocasiones anteriores como con la Reconversión Industrial de 1986,  la Reforma Laboral de 1989, la congelación de las pensiones de 2011 o la Reforma Constitucional para fijar un techo de gasto de las administraciones, también en 2011; es un gobierno pretendidamente de izquierdas, progresista o socialmente avanzado el que con la justificación de lo contrario, provoca un retroceso social al aplicar medidas que de forma evidente e intencionada afectan a los sectores de población de rentas más bajas.

 

LOS ESPAÑOLES REHENES DE UN ESTADO OPRESOR Y DE SU CASTA POLÍTICA

             El pasado viernes, 18 de septiembre de 2020, ante el incremento de contagios por Covid19 en la Comunidad Autónoma de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció medidas restrictivas de derechos para la población de treinta y siete áreas sanitarias básicas de la comunidad autónoma, veintidós de las cuales se encuentran dentro de la propia ciudad de Madrid y quince repartidas entre distintos municipios del sur de la Comunidad. La más polémica de las  medidas es la que confina a los habitantes de dichas áreas dentro de las mismas de las que no podrán salir salvo por determinados motivos.

            En primer lugar, debemos incidir en la dudosa legalidad de la medida de confinamiento de los ciudadanos dentro de determinadas áreas geográficas ya que esto es una medida que afecta al derecho fundamental de la libre circulación por el territorio nacional consagrado en el artículo 19 de la todavía ¿Vigente? Constitución Española que dice "Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional" y que, según el artículo 55 de esa misma Constitución solo podrá ser suspendido "cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución", es decir, conforme al texto constitucional el derecho de libre circulación no podría ser suspendido ni, siquiera, por la declaración del estado de alarma que los españoles hemos sufrido durante los meses de marzo a junio pasado, aunque la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio que regula los estados de alarma, excepción y sitio en su artículo 11, por no se sabe qué extraña razón, establece que en el estado de alarma se podrá "limitar la circulación de personas y vehículos en horas y lugares determinados" lo que constituye una manifiesta contradicción con lo establecido en el artículo 55 de la Constitución que deja nítidamente patente que tal limitación solo podrá producirse durante los estados de excepción y sitio.

            Contradicciones jurídicas a parte, pudiéndose limitar el derecho a la libre circulación solo bajo la declaración del estado de excepción y sitio o pueda acordarse también durante el estado de alarma, lo fundamental es que para establecer tal limitación resulta imprescindible la declaración del estado de alarma, excepción o sitio, facultad ésta que corresponde en exclusiva al gobierno de la nación previa autorización del Congreso de los Diputados y no a una señora, señorita o lo que sea que preside una Comunidad Autónoma, quien podrá gestionar el estado de alarma declarado por el gobierno, pero no imponerlo y mucho menos limitar el derecho de libre circulación sin la facultad jurídica para hacerlo que sería, como mínimo, la declaración de dicho estado de alarma. La declaración del estado de alarma, excepción y sitio, significa una limitación de derechos y, sin duda, grandes inconvenientes para la ciudadanía pero también suponen ciertas garantías pues los dichos estados han de estar sometidos al control del Congreso de los Diputados y no quedar al capricho del político de turno.

            Así pues, en la situación de degeneración institucional que sufren los españoles, lo menos que se puede exigir a unos dirigentes que tanto cacarean sobre los beneficios y bonanzas del "Estado de Derecho"  es que sean coherentes con su propia legalidad cosa que en este caso, como en otros muchos, no son.

            Después de las anteriores puntualizaciones legales, resulta interesante analizar, política y socialmente, la decisión tomada por la señorita Isabel Díaz Ayuso.

            Tras el levantamiento del estado de alarma y el inicio de la llamada "desescalada" la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, no dejo de pedir insistentemente pasar a la fase dos pasando como de puntillas por la fase cero y uno porque según ella, "Madrid estaba preparada y cumplía los requisitos", lo cual es síntoma de que quien no estaba preparado era el gobierno autonómico madrileño pues había que ser muy necio para no saber que al poco de generalizarse la movilidad de los ciudadanos comenzarían los "rebrotes" y que éstos terminarían convirtiéndose en una "segunda oleada" que nos haría retornar a la casilla de salida de Marzo pasado, casilla a la que estamos muy próximos de volver, si es que no hemos vuelto ya, a pesar de todo lo que manifiesta el gobierno que preside Pedro Sánchez. 

Al reabrirse las fronteras exteriores en julio pasado, Díaz Ayuso, exigió al gobierno de la nación que tomara medidas de control sobre los pasajeros que entraran en Madrid por el aeropuerto de Barajas y ante la negativa o inacción de éste,  la presidenta madrileña no hizo nada. Ciertamente el gobierno autonómico madrileño no podía cerrar el aeropuerto de Barajas al tráfico aéreo, como tampoco puede ahora limitar el derecho de circulación de los ciudadanos sin que se haya declarado, al menos, el estado de alarma; pero podía haber hecho varias cosas como, por ejemplo, suspender el servicio del transporte público, incluido el servicio de taxis, que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad de tal forma que los pasajeros que aterrizaran en él quedasen práctica y materialmente confinados en la zona aeroportuaria.

            Igualmente, desde mediados o finales de julio, cuando todos los indicativos procedentes del resto del país mostraban que el índice de contagios se incrementaba alarmantemente, el gobierno que preside Díaz Ayuso podía haberse ido preparando. Preparándose reteniendo al personal sanitario precariamente contratado durante la primera oleada de la epidemia y que fue despedido al poco de finalizar el confinamiento, preparándose dotando a los colegios de la Comunidad de Madrid de mayores medidas de seguridad para cuando se iniciase el curso escolar, preparándose incrementando el número de test serológicos y PCRs que se realizaban entre los ciudadanos madrileños o favoreciendo la realización privada de los mismos mediante su financiación, preparándose mediante el reforzamiento de la asistencia sanitaria primaria y adecuando espacios para ser utilizados como eventuales lugares de hospitalización alternativos dotados con los medios necesarios, etc..., pero, lamentablemente, el gobierno autonómico madrileño que preside la señora o señorita Díaz Ayuso todo lo confió a la suerte o a la benevolencia de un virus que no la tiene y ahora la culpa resulta ser ¡¡Del ciudadano que vive en determinadas zonas!!.

            El gobierno autonómico madrileño es responsable de esta pésima situación que hoy vive una parte de los madrileños, pero no es el único responsable porque el gobierno de la nación también tiene su parte de responsabilidad al haber abierto durante los meses  estivales las fronteras exteriores idealizando los denominados "pasillos turísticos seguros" y al haber permitido la generalizada movilidad interprovincial o inter autonómica sin control y todo ello para evitar el hundimiento de los sectores turístico y hostelero que, al final, tampoco se ha evitado.

            Los madrileños, o una parte de ellos, se encuentran hoy con su derecho fundamental a la libre circulación suspendido y, lo que es peor, todos con su vida en peligro, situación ésta que amenaza con extenderse a todos los españoles atendiendo a los datos de expansión de la epidemia y, todo ello, porque unos políticos incompetentes, autonómicos y nacionales,  decidieron  irse de vacaciones en vez de tomar las medidas que había que tomar ante lo que todos, menos parece ser que ellos, veíamos venir y que era que los rebrotes se convertirían en una segunda oleada para la que no íbamos a estar mejor preparados que para la primera embestida del Covid19.

            Una vez más, se demuestra que el pueblo español no interesa a su casta política nada más que una vez cada cuatro años para pedirle el voto; una vez más se demuestra que los políticos, que han creado un estado a su imagen y semejanza exclusivamente para exprimir al pueblo español y reprimirlo si es necesario, vive y gobierna al margen de la realidad social de la ciudadanía y, finalmente, una vez más se demuestra que los ciudadanos no somos más que rehenes de una casta política diletante que no hace otra cosa que escaquearse de toda responsabilidad pasándosela los unos a los otros y, en último extremo, hacerla recaer en el pueblo mismo.