DE TÍTULOS NOBILIARIOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

 

Carmen Calvo, Ministra que fue de la Memoria Democrática

En el artículo titulado "De condecoraciones y Memoria Democrática" publicado en este blog tratábamos la difícil o, mejor dicho, imposible armonización de las Órdenes y Condecoraciones civiles del Estado Español con la llamada "Memoria Histórica", "Democrática" o como se quiera llamar, al resultar la inmensa mayoría de ellas instauradas o restauradas por el Régimen Franquista. Ahora, nos disponemos a tratar el curioso y no menos cómico tema de los llamados "Títulos Franquistas" que los actuales dirigentes políticos de nuestro pobre país pretenden suprimir como solución a no sé sabe cuántos problemas que afectan a los españoles.

            Para empezar, hay que distinguir tres clases de Títulos Nobiliarios que se concedieron en el periodo de tiempo que media entre los años 1939  y 1978:

            1º. Títulos Nobiliarios creados por el General Franco en su condición de Jefe del Estado y concedidos a aquellas personas a las que creyó conveniente.

            2º Títulos reconocidos en virtud de la Ley  del 4 de mayo de 1948 desarrollada por Decreto de 4 de junio de 1948.

           3º. Títulos creados por Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey, Juan Carlos de Borbón, y concedidos a personas directa e indirectamente vinculados a la familia Franco o al Régimen Franquista.

            En lo que respecta a los Títulos Nobiliarios creados durante el Régimen Franquista y concedidos por el Jefe del Estado a determinadas personas; la primera cuestión que nos aborda es ¿Que naturaleza política tenía el Régimen Franquista? ¿Era una República, pues no había Rey? ¿Era una Monarquía, pues se concedían Títulos Nobiliarios?. En realidad, el Régimen Franquista fue un régimen personalista cuya naturaleza dependía  exclusivamente de la voluntad arbitraria del General Franco hasta que, tras la aprobación en 1947 de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, adquirió la naturaleza de una "Regencia" entendida ésta como el "Gobierno provisional en un estado monárquico que ejerce un regente mientras el rey no puede gobernar, generalmente por ser menor de edad, estar ausente o incapacitado", pasando, Francisco Franco, a ser un "Regente" de facto.

            Ahora bien, un "Regente" como tal, no puede crear o instituir Títulos Nobiliarios de nuevo cuño pues tal potestad corresponde en exclusiva a un soberano legítimo por lo que, los títulos creados por Francisco Franco en tanto en cuanto "Jefe del Estado" y "Regente" de facto, son simple y llanamente nulos por la pura y simple usurpación de funciones, potestades y prerrogativas que solo pueden corresponder a un Rey. Un Gobierno de Regencia, al igual que un Régimen Republicano puede reconocer Títulos Nobiliarios ya existentes con anterioridad, incluso, en el caso de una república, regularlos dentro de un ámbito privado o semiprivado, pero jamás instaurar nuevos Títulos. Así por ejemplo, Napoleón I Bonaparte, creó Títulos Nobiliarios y ennobleció a buen número de Generales y Mariscales franceses pero jamás antes de coronarse Emperador en 1804 y lo mismo ocurrió con Napoleón III Bonaparte que, siendo Presidente de la II República Francesa jamás intentó crear o instaurar nuevos Títulos Nobiliarios, y tan solo los comenzó a crear a partir de 1852 cuando adquirió la condición de Emperador (1).

Francisco Franco que por Instaurar Títulos que no quede. Hasta creo el Título de Rey

Por su parte, los Títulos Nobiliarios que durante el Régimen Franquista se reconocieron en virtud de la Ley de 4 de mayo de 1948, desarrollada por el Decreto de 4 de junio del mismo año, no fueron títulos creados o instaurados por el General Francisco Franco ni por el Régimen Franquista por lo que no se pueden considerar "Franquistas" ya que se trataba de Títulos Nobiliarios que ya existían, incluso con siglos de anterioridad a la guerra civil de 1936-1939, que los habían creado los monarcas pertinentes y que habían quedado legalmente suprimidos durante la II República.  Cierto es que la mencionada Ley y  Decreto hacen referencia expresa a los Títulos Nobiliarios concedidos por los monarcas carlistas pero el reconocimiento de tales títulos lo es por la autoridad del estado, no por un régimen político concreto no siendo tal cosa nueva ni excepcional.

            En este sentido es de señalar que ya el "Convenio de Vergara" de 1839, en sus artículos 2, 3, 4, 5 y 6 abría la posibilidad de que se reconocieran los Títulos Nobiliarios concedidos por Carlos V y, de igual forma, el Tratado de Viena de 1725 abría la posibilidad de reconocimiento por  parte de Felipe V de Borbón de los Títulos Nobiliarios creados por el austrancista Carlos III de Habsburgo. Evidentemente, que una persona  a la que Carlos V de Borbón o Carlos III de Habsburgo le hubiera otorgado un Título Nobiliario solicitase al monarca de turno, Felipe V o Isabel II,  al que se había enfrentado por no considerarle legítimo el reconocimiento del mismo equivalía a un acto acatamiento (tal vez por eso existen, aún hoy, tantos Títulos Nobiliarios Carlistas vacantes). Igualmente, a lo largo del tiempo los monarcas han reconocido Títulos Nobiliarios creados por otros Monarcas, así por ejemplo el Título de Marqués del Ter concedido por Carlos VI de Borbón al General Cabrera fue reconocido por Alfonso llamado el XII tras el acatamiento del primero y el Marquesado de Linares, creado por Amadeo de Saboya también fue reconocido por Alfonso, llamado el XIII.

            En definitiva, los Títulos Nobiliarios que fueron creados por distintos monarcas antes del ascenso del General Franco a la Jefatura del Estado y que fueron reconocidos en virtud de la Ley de 4 de mayo de 1948 y del Decreto de 4 de Junio del mismo año se podrán considerar como se quiera pero en ningún caso se les puede calificar de "Franquistas".

            Por último, en relación con los Títulos Nobiliarios concedidos por Juan Carlos de Borbón a determinadas personas directa o indirectamente relacionadas con el Franquismo, considerando que éste accedió a la Jefatura del Estado a Título de Rey, que no precisamente como Rey, por pura designación del anterior Jefe del Estado y saltándose la línea de sucesión de su propia rama dinástica, no le creemos muy legitimado para que pudiera otorgar Título Nobiliario alguno, siendo el propio "Título de Rey", un título creado por Francisco Franco y su Régimen político y por tanto "Franquista".

Juan Carlos de Borbón, instaurador del Ducado de Franco y el Señorío de Meirás

No obstante, descendiendo al detalle nos encontramos con ciertas curiosidades al respecto de esos Títulos Nobiliarios concedidos a destacados franquistas y que, ahora, se pretenden suprimir.

            De los 55  Títulos Nobiliarios creados por Juan Carlos de Borbón, tan solo siete lo fueron a familiares de Francisco Franco y/o a destacados franquistas y solo seis de ellos antes de la promulgación de la Constitución de 1978; concretamente:

            1º Señorío de Meirás, con Grandeza de España. Concedido a Carmen Polo, viuda de Franco en virtud del Decreto-Ley 18/1975 de 26  de noviembre.

            2º. Ducado de Franco, con Grandeza de España. Concedido a Carmen Franco, hija de Francisco Franco en virtud del Decreto 3028/1975 de 26  de noviembre.

            3º. Marquesado de Arias Navarro, con Grandeza de España. Concedido a Carlos Arias Navarro, ultimo presidente del Gobierno Franquista y primero de Juan Carlos de Borbón en virtud de Real Decreto 1618/1976 de 2 de julio.

            4º. Condado de Rodríguez de Valcárcel. Concedido a Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Presidente del Consejo de Regencia, Institución Franquista. Este título se creó en virtud del Real Decreto 23/1977 de 5 de enero.

            5º. Condado de Iturmendi. Concedido a Rita Gómez Nales, viuda  de Antonio Iturmendi Bañolas, ex-Ministro de Justicia del Régimen de Franco, en virtud del Real Decreto 24/1977 de 5 de enero.

            6º. Ducado de Fernández Miranda. Concedido a Torcuato Fernández Miranda, último Presidente de las Cortes Franquistas, en virtud del Real Decreto 1203/1977 de 31 de mayo.

            7º. Ducado de Suárez. Concedido a Adolfo Suárez González, Ex-Secretario General del Movimiento y segundo Presidente del Gobierno de Juan Carlos de Borbón. Este Título se creó en virtud del Real Decreto 254/1981 de 25 de febrero.

            De estos siete Títulos Nobiliarios parece que los que más escuecen a los actuales gobernantes de este país son los dos primeros, el Señorío de Meirás y el Ducado de Franco, mereciendo especial consideración el primero de ellos.

El controvertido Pazo de Meirás origen del Título de Señorío de Meirás

El Señorío de Meirás, se constituyó en virtud de Decreto-Ley 18/1975 de 26  de noviembre y a diferencia de las otras seis dignidades nobiliarias que se mencionan en el presente artículo carecía de carácter hereditario al no mencionarse en el Decreto-Ley que lo creaba dicho carácter ni contemplar, como ocurría en el Decreto por el que se crea el Título de Conde de Arias Navarro, que su titular pudiera designar sucesor al mismo; por lo tanto, el Señorío de Meirás se instaura como un Título Nobiliario vitalicio que se extinguía con el fallecimiento de su titular, Carmen Polo, acaecido en 1988. No obstante, en 1989, Francisco Franco y Martínez Bordiú, nieto de Carmen Polo, presentó a sucesión dicho Título, siéndole reconocido, previo pago de las correspondientes tasas, por el Señor Ministro de Justicia de aquel momento, el socialista Enrique Múgica Herzog (miembro del mismo partido que hoy pone en tela de juicio tales Títulos Nobiliarios), quien ni corto ni perezoso y demostrando un total desconocimiento impropio de un Ministro de un Estado supuestamente monárquico, convirtió un Título Nobiliario Vitalicio en un Título Nobiliario Hereditario.

            En definitiva, sin ya querer entrar en el análisis del Decreto de 13 de Abril de 1951 por el que se regulan las funciones de los "Cronistas de Armas", ni como algunos personajes consiguieron su homologación como tales ante el Ministerio de Justicia haciendo valer alguna dudosa Albalá o en cómo se puede conseguir que a una persona se le reconozca un Título Nobiliario; solo puedo concluir que, siendo España un estado que adopta la forma de "Monarquía Parlamentaria", el tema de los Títulos Nobiliarios resulta mucho menos serio que en la republicana Francia llegando al extremo de poder calificar la situación nobiliaria del hispánico reino como de "aristocrático cachondeo", salvo para el Ministerio de Hacienda que cobra una tasa por reconocimiento o sucesión de Títulos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Napoleón I vio en la concesión y reconocimiento de Títulos Nobiliarios una fuente de ingresos para el Estado pues con la concesión del Título impuso el pago de una tasa. Hoy en día, en España, la  concesión de un Título Nobiliario tal vez este exenta de pago de timbre, tasas u otros derechos; pero el reconocimiento de un Título ya existente o su sucesión están sujetos a pago de una tasa que oscila entre los 800 y los 17.000 Euros por lo que no deja de ser una fuente de ingresos para la hacienda pública.

 

PREDICCIONES SANCHISTAS

Alucinados, anonadados y asombrados se han debido quedar los españolitos, cuando, cayendo la que está cayendo, han conocido la pasada semana que el señor Presidente del Consejo de Ministros y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tiene un innovador plan para la España del año 2050 en el cual anuncia determinadas medidas que se tomarán en base a ciertas predicciones realizadas "de forma altruista" por un grupo de expertos en distintos ámbitos; aunque, las cosas como son, cuando desde el gobierno de la nación se alude a "equipos de expertos"  puede tratarse de algo que está entre la nada y el colectivo de tarotistas y videntes del parque de "El Retiro".

            En política es posible hacer predicciones bastante acertadas y adelantarse a los acontecimientos. Posiblemente las predicciones  políticas más famosas fueron la que hizo Arnold J. Toynbee el mismo día que se suscribió el Tratado de Versalles (28 de junio de 1919) de que Alemania iría a una nueva guerra en veinte años y la que hizo el general norteamericano William Mitchell a mediados de los años veinte del siglo pasado en la que afirmaba que Estados Unidos y Japón irían a la guerra en poco más de una década (1). Ahora bien, tantos las predicciones de Toynbee como las de Mitchell se basaban en un profundo discernimiento de la historia reciente tanto de Alemania como de Japón, un análisis correcto de los acontecimientos presentes que se estaban desarrollando en aquellos momentos, una compresión clara de la situación geopolítica de Europa y Asia y un perfecto conocimiento de los intereses generales de Gran Bretaña y Estados Unidos respectivamente. Por su parte el informe de Sánchez y que pomposamente se denomina "Informe España 2050" dice basarse en los grandes logros obtenidos por nuestro país desde la transición, pero ¿Se es consciente de en qué han consistido esos logros y como se han obtenido?.

            Ciertamente, desde 1976 hasta hoy  han transcurrido casi cincuenta años en los que el país ha avanzado materialmente muchísimo no pudiéndose decir lo mismo en cuanto a los aspectos espirituales o anímicos, entendiendo por anímicos  o espirituales todos aquellos valores que crean lazos cohesionadores de la comunidad. La renta per cápita de los españoles ha crecido enormemente con respecto a la de 1976 especialmente a partir de 1986 coincidiendo con nuestra entrada en el Mercado Común, tenemos mejores infraestructuras que en 1976, la ciencia ha avanzado enormemente y la tecnología nos ha hecho la vida mucho más fácil, pero todo ello se debe fundamentalmente, en primer lugar, a los llamados "fondos de cohesión" que recibió nuestro país procedentes de la Unión Europea desde mediados de los años ochenta del  siglo pasado hasta mediados de los años noventa del mismo siglo a cambio de hacer las concesiones que hicieron para poder entrar en el Mercado Común (reconversión industrial, privatizaciones de empresas estratégicas, limitación de la agricultura y ganadería...) y, en segundo lugar, a la inconsciente política de endeudamiento público que ha hecho que, en marzo de 2021, la deuda pública española haya alcanzado el 117 por ciento del Producto Interior Bruto, porcentaje éste que para cualquier empresa privada equivaldría a una situación de quiebra.

Por su parte, desde 1976 los problemas políticos no han dejado de crecer al mismo ritmo que los aparentes beneficios materiales. España, a pesar de su integración en Europa, ha perdido peso en la comunidad internacional convirtiéndose en una mera acatadora de las directrices que emanan de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea, muchas de las cuales son claramente contrarias a los intereses españoles; así nos hemos visto inmersos en conflictos internacionales que nos son del todo ajenos y que han significado un importante cambio de paradigma en la política exterior de nuestro país que la han hecho depender en exclusiva de la voluntad  y de los intereses de otras potencias. Por otro lado, desde 1976, las disensiones internas no han hecho más que aumentar habiéndose pulverizado todos los acuerdos que hicieron posible la transición y así, desde el comienzo del siglo XXI, se ha abierto una brecha insalvable que divide al país en dos bloques "ideológicos" claramente diferenciados al mismo tiempo que el crecimiento, paulatino pero sostenido en el tiempo, de fuerzas centrífugas en determinadas zonas del país incrementan tensiones territoriales de resultados fácilmente previsibles.

            Este es el claro panorama presente de nuestro país, sobre el que no se puede predecir el futuro maravilloso que el señor Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vierte en su "Plan España 2050" que no es más que un cuento con un título con pretensiones académicas. Ciertamente el descenso demográfico que se pretenderá paliar con la importación de población llevará a un cierre de colegios y escuelas pero eso no significará que habrá menos alumnos con mejores medios sino que parte de los recursos y del presupuesto de educación habrá que derivarlo a inversiones en salud y cuidados a dependientes, lo que unido a que la importación de población, a la que eufemísticamente se refiere el "Plan España 2050" como "fomento de la emigración legal", será mayoritariamente de población sin cualificación profesional, provocará un descenso generalizado en el número de población cualificada que se traducirá en menor competitividad y menor crecimiento económico. Por otro lado el deseo manifestado en el "Plan España 2050" de acabar con los vuelos interiores, además de que posiblemente lleven al cierre de alguna aerolínea e incremente el desempleo resulta muy quimérico pues el mejor medio para desplazarse a las Islas Baleares o a las Canarias es el avión y tales destinos son vuelos interiores que seguirán siendo imprescindibles salvo que en el año 2050 Marruecos se haya hecho con la soberanía sobre Canarias y Cataluña se haya independizado. Y finalmente, la intención de disminuir el consumo de alimentos cárnicos y de origen animal que contiene el presidencial plan para la España del año 2050 resulta extremadamente llamativo y sorprendente, poniendo de manifiesto el grado de degeneración mental de la izquierda española, que parece tener la intención de retrotraer los hábitos alimenticios de la gran mayoría de la población española a los que se veía obligado a tener la clase trabajadora a principios del Siglo XX quedando determinados productos para goce y disfrute de una minoría privilegiada y todo ello con una pretendida justificación ecologista.

            En definitiva, el "Plan España 2050" no es más un cumulo de deseos inconsistentes y el recurso desesperado a un hipotético regreso de una "Edad Dorada" de quien nos ha conducido a la presente "Edad de las Tinieblas" y se muestra incapaz de sacarnos de ella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Otra predicción política acertada fue la que hizo la Central de Inteligencia Americana (CIA) en un informe de diciembre de 1990 en la que, mientras el mundo estaba pendiente de la primera crisis del Golfo Pérsico desatada por la invasión de Kuwait por Irak, aseguraba que los movimientos centrífugos en la entonces Yugoslavia la llevarían a la desintegración en seis meses. En Junio de 1991, seis meses después de la publicación del informe, Croacia y Eslovenia declararon unilateralmente su independencia.

 

MEDIDAS SOCIALMENTE REGRESIVAS DEL GOBIERNO

Que las tan famosas y anunciadas ayudas europeas a la economía española para superar la crisis originada por la epidemia de COVID-19 no iban a ser sin contrapartida y que de alguna forma habría que devolverlas ya lo suponíamos todos aquellos que no confiamos ni nos creemos nada de lo que se nos pretende inculcar desde el poder  y, en tal sentido, el Gobierno de coalición PSOE-PODEMOS ha presentado a las autoridades europeas su "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" que, además de suponer un total sometimiento del país y de sus ciudadanos a la exigencias de los burócratas y tecnócratas de Bruselas, prevé el incremento de la recaudación planteando medidas socialmente regresivas como cobrar peaje por las autovías que, en su momento, fueron construidas con los impuestos pagados por los ciudadanos y subir los impuestos a las rentas.... ¡¡Medias y Bajas!!.

            Aunque parezca mentira o no se quiera comprender, el hecho de instaurar el peaje en las autovías que, hasta ahora, no lo tenían es crear un nuevo impuesto o tasa que afectará más a los que menos renta tienen porque tal coste será repercutido por las empresas y provocará una generalizada subida de precios de todos aquellos productos que requieran de transporte por carretera (los cuales son muchísimos) lo que implicará que las rentas más bajas tendrán que incrementar el gasto destinado a la adquisición de tales productos, muchos de los cuales son de primera necesidad.

            Por otra parte, el gobierno de coalición PSOE-PODEMOS plantea una reforma fiscal que bajo la justificación de implementar políticas de igualdad pretende eliminar la deducción general de 3.400.- Euros en las declaraciones conjuntas lo cual supone una nueva agresión a las rentas más bajas.

            La declaración conjunta es la modalidad de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) elegido por aquellas unidades familiares en las que un miembro de la pareja no percibe ninguna renta anual, está en situación laboral de desempleo o, simplemente, percibe una muy baja retribución en comparación con el otro miembro de la pareja porque tal modalidad de tributación les permite tener reducciones de la base imponible como la de los 3.400.- Euros que el gobierno pretende ahora eliminar o doblar la reducción por "Mínimo Personal del Contribuyente" que ahora está en 5.550.- Euros lo que permite reducir la base imponible del I.R.P.F en 11.100.- Euros en las declaraciones conjuntas.

            Con la eliminación de la reducción de 3.400.- Euros en la declaración conjunta, el gobierno "progresista" de PSOE y PODEMOS pretende incrementar la recaudación en unos mil millones de Euros anuales pero lo hará a costa de gravar, no a las rentas más altas, sino a las rentas medias y bajas que serán las que aporten el grueso de esos mil millones.

Pero de todo esto, lo que ya resulta de una clara desfachatez sin parangón no es que el incremento de la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas venga impuesto por un gobierno que se auto titula  "el más social de la historia" sino en que dicha subida de impuestos a las rentas más bajas se pretende enmascarar con una supuesta búsqueda de la igualdad ya que, según el gobierno, el beneficio fiscal que supone la reducción de 3.400.- Euros "genera un desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta [principalmente mujeres de rentas bajas] lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española". El gobierno que preside el Sr. Sánchez con la participación del partido del Sr. Iglesias puede ejercer el poder hasta llegar a la tiranía si quiere, pues podemos estar en condiciones de afirmar que no existe en el Estado Español institución alguna dispuesta a hacer frente a los desmanes del poder sea este ejercido por el actual gobierno o por otro, pero desde luego no tiene el derecho de engañar a los ciudadanos ni tomarlos por tontos.  

            Si aplicamos la pura lógica podemos deducir claramente, y sin temor a equivocarnos, que la "igualdad" que el gobierno PSOE-PODEMOS pretende obtener eliminando la reducción de 3.400.- Euros en declaraciones conjuntas también la podría conseguir creando una reducción de 1.700.- Euros (justamente la mitad de 3.400.- Euros) en las declaraciones individuales, pero tal cosa no la va a poner en práctica porque la única intención de la medida, lejos de fomentar la "igualdad",  es incrementar la recaudación aunque sea, como es el caso, a costa de las rentas más bajas.

            Una vez más, como ha ocurrido en varias ocasiones anteriores como con la Reconversión Industrial de 1986,  la Reforma Laboral de 1989, la congelación de las pensiones de 2011 o la Reforma Constitucional para fijar un techo de gasto de las administraciones, también en 2011; es un gobierno pretendidamente de izquierdas, progresista o socialmente avanzado el que con la justificación de lo contrario, provoca un retroceso social al aplicar medidas que de forma evidente e intencionada afectan a los sectores de población de rentas más bajas.