INDEMNIZACIONES, REPARACIONES Y DEUDAS

     

Cuando el 10 de Mayo de 1871 la República Francesa y el Imperio Alemán acordaban poner fin a la Guerra Franco-Prusiana mediante la firma del Tratado de Francfort hacia casi cuatro meses que la contienda había acabado realmente y el ejército Prusiano se enseñoreaba completamente de las tierras de Francia, así pues, más que poner fin a una guerra, el Tratado de Francfort servía para poner las bases de una supuesta paz y de una futura guerra.

            En virtud del Tratado de Fráncfort, Francia perdía las regiones de Alsacia y Lorena ricas en minas de hierro y carbón, reconocía a Guillermo I como Emperador de Alemania y, sobre todo, aceptaba el pago de una indemnización de guerra consistente en cinco mil millones de Francos Oro. Curiosamente Alemania debía ser indemnizada económicamente cuando la guerra se había desarrollado íntegramente en territorio francés con la destrucción de infraestructuras que ello implicó, Francia había perdido casi 140.000 hombres mientras que Alemanias poco más de 28.000 y además se entregaba a Alemania dos importantes regiones ricas en recursos naturales. Así pues ¿Por qué había que indemnizar económicamente a Alemania?.

            La imposición a Francia por parte de Alemania del pago de esta indemnización de cinco mil millones de Francos-Oro de 1871, que aproximadamente se corresponde a la totalidad de la actual deuda de Grecia, Chipre y Portugal juntas, no tenía por objeto cubrir ningún perjuicio y ni siquiera sacar algún beneficio, hartamente obtenido con la incorporación de las ricas regiones de Alsacia y Lorena al imperio germano, sino que el objetivo era, como posteriormente se reconoció por el propio gobierno alemán, “lastrar todo el desarrollo y poderío económico de Francia, al menos por tres generaciones”. Con sorpresa y bastante desagrado los alemanes recibieron el pago total de la indemnización en tan solo tres años y no pudieron cumplir su objetivo de hundir a Francia en la miseria.

            Cuarenta años después y con la Primera Guerra Mundial como demostración de que los malos tratados de paz aseguran futuras guerras, el Tratado de Versalles por el que se ponía fin a Gran Guerra entre Alemania y la Entente invertía la situación y era Francia, contra la opinión de sus aliados, la que forzaba a imponer a Alemania el pago de unas exorbitantes reparaciones de guerra que marcarían la trágica trayectoria del país germano y del mundo durante los siguientes años.

            Las cláusulas económicas del Tratado de Versalles imponían a Alemania, entre otras cosas, una reparación económica consistente en el pago de ciento treinta y dos mil millones de Marcos-Oro alemanes (Marcos Oro 132.000 millones) que equivalían a unos cuatrocientos cuarenta y dos mil millones de dólares actuales (Dólares 442.000 millones). Los vencedores de 1918 al igual que la Alemania de 1871 conocían perfectamente el hecho de que imponer reparaciones o indemnizaciones económicas por parte de los vencedores a los vencidos resulta absurdo ya que los vencidos no tienen con qué pagar (1). Así pues, el verdadero objeto de las reparaciones del Tratado de Versalles no era que Alemania las pagara sino que se esforzara durante años en pagarlas lastrando de esta forma la economía germana de manera definitiva apartándola de cualquier posibilidad de competir en la economía internacional.

            En la actualidad no han existido en Europa guerras recientes que hayan permitido imponer reparaciones o indemnizaciones de guerra, pero no obstante los países europeos más fuertes han seguido intentando controlar, dominar y lastrar la economía de los países europeos menos poderosos mediante los distintos tratados de adhesión a la Unión Europea primero y mediante la concesión de ayudas que se han traducido en endeudamiento después.

            Mediante los distintos tratados de adhesión a la Unión Europea suscritos por diferentes estados a partir de 1973 a los nuevos estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea se les imponían férreas restricciones a la producción agropecuaria, privatizaciones de empresas públicas y limitaciones a la producción industrial, todo ello para evitar la más mínima competencia a las empresas y agriculturas de los estados económicamente más fuertes. A cambio, estos nuevos miembros de la Europa comunitaria percibían unas ayudas llamadas “Fondos de Cohesión” a fin de construir infraestructuras que en muchos casos no eran ni siquiera necesarias y por tanto eran claramente prescindibles. La recepción de esos “Fondos de Cohesión” generaron la gran ilusión en los países perceptores de considerarse enormemente ricos, se lanzaron a la realización de faraónicas obras de infraestructuras acudiendo al endeudamiento exterior sin caer en la cuenta de que las obras realizadas necesitarían posteriormente de enormes sumas para su mantenimiento para lo cual deberían proceder a endeudarse aun más y así se llegó a la situación actual. Numerosos estados europeos entre los que se encuentra España tienen una enorme deuda que difícilmente podrán pagar ya que entre otras cosas los recortes y medidas antisociales que se están tomando por parte de los gobiernos solo tienden a asegurar el pago de los intereses anuales de la deuda pero no la amortización de ésta. Por su parte no resulta creíble que los estados acreedores crean seriamente que algún día podrán cobrar lo que se les debe pero mientras continúan presionando, exigiendo e imponiendo medidas son conscientes de que los estados deudores se han convertido en estados vasallos que pueden entrar en una fase de liquidación y saldo.

            Para terminar reproduzco un texto escrito a principios del Siglo XX por el economista, presidente de la A.E.G. y Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Weimar, Walther Rathenau y que hoy, mutatis mutandi, adquiere plena actualidad y vigencia para que cada uno saque sus conclusiones:

            “Cuando existen dos naciones y una de ellas produce todo lo que necesita, mientras que la segunda de las naciones precisa de los productos de la primera (2), a la larga se establece entre ellas una relación o dependencia singular: la nación que recibe los productos tratará primero de pagarlos en géneros, pero como la otra nación no los necesita, con ello la obliga a buscar otros medios. ENTONCES SURGE LA LIMITACIÓN. Paga en géneros industriales, en hipotecas, en acciones, pero la base real de estos títulos queda siempre en el país que los ha entregado. Queda todo como antes: agricultura, ferrocarriles, industrias. Sin embargo, el otro país dispone de las propiedades del suelo, de las fábricas, de los medios de transporte, de manera que sus dirigentes deciden en lo que respecta a las colocaciones de los empleados y también a los que les corresponde aprobar o no las nuevas inversiones (3). Todos son pasos que conducen a una creciente influencia del otro país.”

            “Este fenómeno puede ser definido así: la nación más débil paga en poder (4) y la nación más poderosa se aproxima a la otra como un propietario o arrendador. En unas relaciones de tal índole, casi todos los habitantes dependen personalmente de los extranjeros.”

            ¿Reconoce el lector la limitación impuesta que existe en Grecia, Portugal, Chipre, Irlanda y España?.

(1) Es de indicar que a esta misma conclusión debieron llegar los aliados en 1945 ya que a pesar de que la destrucción y muerte que sembró la Segunda Guerra Mundial en Europa fue infinitamente mayor que la generada por la Primera, las reparaciones de guerra impuestas a Alemania tras el conflicto fueron tan solo de veinte mil millones de Dólares (Dólares 20.000 millones).

(2) O se ve obligado a necesitarlos.

(3) Entiéndase también prestación de servicios públicos.

(4) Entiéndase también soberanía.            

CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD Y ALQUILER SOCIAL

  Curiosamente y aunque no parezca importante poco se ha hablado fuera de los círculos de arquitectos, ingenieros y demás personas perteneciente al gremio de la construcción de la influencia de las circunstancias y prácticas sociales en el modelo urbanístico y en la construcción de viviendas.

            No es mi intención hablar de cuando en la Edad Media la Iglesia o la Catedral eran el centro urbano en cuyo alrededor se desarrollaba la ciudad y como esto cambio a principios del Siglo XIX cuando, con la irrupción del poder del dinero y del comercio, las sedes bancarias rivalizaban en tamaño con las catedrales y en lujo con los palacios. La intención de este artículo es tomar simplemente los últimos cincuenta años de nuestro país y analizar como se ha evolucionado en la construcción de viviendas, en las circunstancias de las familias que las habitan y como ello ha influido nefastamente en la limitación de las posibilidades del llamado “alquiler social”.

            En los años sesenta del siglo XX, cuando España se encontraba en el llamado “desarrollismo económico” comienza la construcción masiva de viviendas, muchas de ellas de “Protección Oficial”(1), en las grandes ciudades con motivo, entre otras causas, de una general inmigración del campo a la ciudad. 

            En aquel momento, mediados de la década de 1960, el tipo básico de familia española estaba compuesta por los padres y al menos tres hijos, es decir unos cinco miembros. Para cubrir las necesidades de estas familias el modelo de vivienda que se construía en las ciudades españolas consistía en una vivienda en propiedad horizontal, es decir situada en un bloque de varias alturas, de sesenta y cinco a setenta y cinco metros cuadrados, tres dormitorios, salón comedor, cocina, baño y, probablemente, con ascensor. La construcción de este modelo de vivienda, que coincide con el llamado “baby boom” es decir con un importante incremento demográfico, se prolongó hasta mediados de los años setenta del siglo pasado donde manteniéndose prácticamente el mismo modelo familiar, el modelo constructivo de las viviendas se va modificando ligeramente hasta mediados de la década de 1980 haciéndolas un poco más amplias pasando a tener de ochenta a cien metros cuadrados, cuatro dormitorios, salón comedor, cocina, un baño completo y un aseo, generalizándose el servicio de ascensor y probablemente disponiendo de garaje  para el vehículo familiar. Estas modificaciones son acordes con el modelo familiar que ha de habitar las viviendas ya que teniendo generalmente unos cinco miembros la existencia de dos baños o de un baño y un aseo queda completamente justificada como justificada queda la incorporación de un garaje a la vivienda ya que de 1960 a 1970 se incrementa la adquisición de vehículos turismo por parte de los españoles.

            Es a partir de mediados de los años ochenta del siglo XX cuando empieza a producirse una disociación, aunque muy pequeña aún, entre el modelo de vivienda que se construye y el modelo de familia que las ocupa. A partir de ese momento, el modelo de familia es más pequeño pues el número medio de sus miembros se reduce y la familia española pasa a estar formada básicamente por los padres y uno o, a lo sumo, dos hijos siendo el tipo de vivienda que se construye prácticamente igual a la que se había construido en el periodo anterior, pero es al comienzo de la década de 1990 cuando, fruto de la incipiente especulación inmobiliaria, se produce una total y radical disociación entre el tipo de vivienda que se oferta, aun siendo de “Protección Oficial”, y la familia que la ha de habitar. A partir del comienzo de la década de 1990 las viviendas que se construyen se reducen en tamaño volviéndose a los sesenta o sesenta y cinco metros cuadrados de la década de 1960 distribuyéndose por lo general entre dos dormitorios, salón-comedor, cocina y dos baños completos (es curioso que se hagan dos baños cuando el número de dormitorios se reduce, es decir cuando la vivienda puede albergar a menos personas), por otra parte a la vivienda se incorporan nuevas prestaciones además del ascensor y del garaje, cuya incorporación se generaliza, como son los cuartos trasteros. Asimismo, la construcción de las viviendas en la que sigue prevaleciendo la Propiedad Horizontal suelen estar integradas en el seno de mancomunidades o urbanizaciones cerradas que disponen de más servicios como son jardines, vigilancia, piscinas y distintas pistas deportivas pero también aparecen numerosas urbanizaciones de viviendas unifamiliares que distribuyen entre dos o más plantas casi doscientos metros cuadrados muchas de ellas con piscina individual y jardín  y por supuesto, todas ellas, con garaje. Curiosamente el tipo de familia española para la que supuestamente se construye este tipo de viviendas se ha reducido aún más con respecto al tipo de la familia de los años ochenta y pasa a componerse exclusivamente por la pareja y a lo sumo un hijo, es decir tres miembros.

            Si la idea fundamental de la vivienda que se construía en España desde los años sesenta hasta el comienzo de los noventa era cubrir la necesidad de alojamiento de las familias y procurarles un acogedor lugar de reunión y desarrollo personal y familiar, a partir de los años noventa del siglo pasado es como si se deseara dar más importancia  a otras cosas como son el ocio y la protección de ciertos bienes como los vehículos que, en no pocos casos, gozan prácticamente de más metros cuadrados en los garajes que una persona en los diminutos dormitorios que se diseñan. Es decir en este tipo de construcción de viviendas prima la apariencia externa de lujo y prestaciones superfluas sobre la funcionalidad imprescindible en un alojamiento duradero para las personas.

            Evidentemente todo esto no sería nada más que una simple curiosidad para un debate ocioso si no fuera porque tiene su reflejo y consecuencia en los precios de las viviendas que, como todo el mundo sabe ya, se dispara a partir de 1990 convirtiendo la vivienda en algo inasequible para la mayoría de los españoles porque además del precio de venta se incrementan también los gastos de mantenimiento de la misma integrados por los costes mensuales de la comunidad de propietarios y, en su caso, los de la mancomunidad o urbanización. Además, por parte de las administraciones públicas, especialmente por la administración local, se produce un progresivo incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se paga anualmente, se crean nuevas tasas como la de basuras y se produce un importante incremento en el Impuesto Sobre el Incremento del Valor el Suelo (Plusvalía), que se paga cada vez que se transmite la propiedad de un inmueble.

            Lo más llamativo de toda esta locura constructora es que de la misma también participan las llamadas viviendas de Protección Oficial habiéndose llegado al despropósito de construir viviendas unifamiliares (chalets) de unos ciento cincuenta metros cuadrados distribuidos en varias alturas todos ellos con un pequeño jardín y con  piscina individual y en municipios con problemas de escasez de agua.

            De esta forma llegamos a la última y más importante cuestión que queremos y deseamos tratar en este artículo que es la del tema del llamado “alquiler social”. Considerando que por “alquiler social” se entiende un arrendamiento de renta mensual baja o, al menos, no muy elevada y que es una verdad incuestionable, comprensible y muy lógica de que nadie arriende un bien por debajo de lo que le cuesta mensualmente conservarlo, resulta que el modelo constructivo realizado en nuestro país desde 1990 hace que los costes mensuales de mantenimiento de una vivienda integrados por la comunidad de propietarios, y en su caso mancomunidad, más el prorrateo de la parte proporcional del Impuesto de Bienes Inmuebles y de la tasa de basuras hace que los gastos mínimos de mantenimiento de una vivienda ronden los doscientos cincuenta euros mensuales a los que hay que sumar una cantidad de cien o doscientos euros de supuesto beneficio para el arrendador (que no es tal pues después de que el inquilino se vaya, aunque haya conservado la vivienda con gran cuidado, parte de lo que se ha cobrado se ha de invertir en pintar y arreglar un poco la vivienda para ofertarla a un nuevo arrendatario). Así pues, sumando todo resulta que la renta mensual a pagar por un inquilino como mínimo ronda los cuatrocientos cincuenta Euros a los que evidentemente hay que sumar el consumo de suministros (agua, luz, gas, etc…) y la contratación de un seguro multirriesgo del hogar por lo que considerando los salarios que se cobran en este país y que rondan los mil euros ¿Qué renta libre le queda al supuesto beneficiario de un “alquiler social” para atender a las necesidades de vestido y alimentación propia y la de sus hijos en caso de tenerlos? ¿Un alquiler con esta renta baja responde a la realidad salarial y adquisitiva de la población española? ¿No se estaría repitiendo con los supuestos “alquileres sociales” la misma situación que hoy se está dando con las hipotecas?.

            En el momento presente el derecho a la vivienda se ha convertido en un problema que se ha ido incubando desde hace varias décadas y que se ha querido solucionar siempre con parches e ilusiones que no han hecho nada más que agravarlo. La posible solución a este problema es volver a un modelo constructivo más realista y que sea más racional y acorde con las necesidades de los españoles y con sus posibilidades económicas, construyendo viviendas cómodas y funcionales desprovistas de lujos innecesarios que incrementen el coste mensual de mantenimiento de las mismas; por otra parte es hora de que las administraciones públicas dejen de obtener ganancia con los derechos fundamentales por lo que las viviendas habituales no pueden ni deben tributar en ningún impuesto, sea este estatal, autonómico o local, como si fueran un capricho superfluo por lo que las administraciones, especialmente las municipales, deben dejar de jugar caprichosamente con los valores catastrales de las viviendas y rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles eliminando también la tasa de basuras que, por cierto, ya quedó incluida hace años en el entonces Impuesto de Contribución Urbana (hoy llamado I.B.I) todo ello con el fin de que los costes de mantenimiento se reduzcan y los propietarios de las viviendas puedan sacarlas al mercado del alquiler a precios más bajos.

            No obstante, mucho me temo que las intenciones de las administraciones no van por ahí. Hace unos años, en la Comunidad de Madrid se pretendía limitar la altura de los edificios de viviendas a cuatro plantas con lo que evidentemente cada vivienda saldría más cara y la semana pasada el gobierno anunció que en los próximos años toda vivienda que salga a la venta o se ofrezca en alquiler ha de tener un “certificado de calificación medioambiental” cuya obtención costará de doscientos cincuenta a quinientos Euros, y claro, al final… todo esto termina siendo repercutido en el precio o renta que paga el comprador o el arrendatario.

(1) Aquí es imprescindible indicar y aclarar que la construcción de viviendas de Protección Oficial o Precio Tasado no excluye la especulación inmobiliaria porque existen muchos medios para ganar más dinero que el que se reconoce construyendo viviendas de este tipo. Uno de estos medios consiste en el escamoteo de calidades o materiales, es decir, en la memoria figuran unos materiales con determinadas calidades y posteriormente, sobre todo en aquellos trabajos que no se ven a simple vista, se ponen materiales de inferior calidad y la diferencia de precio entre el material anunciado y el realmente empleado pasa a engrosar el beneficio del constructor, sin que aparentemente la vivienda resulte perjudicada aunque años después empiezan a surgir los problemas: grietas, humedades, fallos eléctricos, aluminosis, etc…

DEFENSA DE LA PROPIEDAD COMO DERECHO

            Desde que Proudhon publicase su obra “¿Qué es la Propiedad?” mucho se ha discutido sobre la polémica suscitada por este magnífico ensayo recrudeciéndose el debate precisamente en los tiempos de crisis como si la propiedad y todos los propietarios fueran los culpables de las quiebras económicas de las familias y de las naciones.

            Si Proudhon dijo la muy repetida y excesivamente malinterpretada frase “La propiedad es el robo” también dijo, unas páginas más adelante, que “La propiedad es la garantía de la libertad” y es que como el mismo Proudhon vino a reconocer no toda la propiedad es igual, ni por su origen ni por su finalidad, y por tanto no toda propiedad es mala.

            Hoy, la propiedad se cuestiona por numerosos ciudadanos pero más que por cuestiones económicas, morales o filosóficas, se cuestiona por los mismos motivos que, en la famosa fábula, la zorra cuestiona la madurez de las uvas. En la actualidad muchas personas rechazan, por ejemplo, la propiedad de la vivienda habitual, pero su rechazo en la mayoría de los casos se debe a la imposibilidad material de adquirirla. Si una persona decide por su propia voluntad y atendiendo a sus particulares circunstancias tener la vivienda en alquiler, quedando sujeta a las subidas anuales del IPC, a los cambios legislativos periódicos que regulan los arrendamientos y a los caprichos del arrendador, porque según su modo de pensar le resulta más ventajoso alquilar que comprar, esa persona está ejercitando su plena libertad de acción y de decisión aunque no se comparta y existan muchas razones para argumentar en contra; pero si una persona defiende el arrendamiento porque le resulta imposible alcanzar la propiedad por mucho que argumente, no está ejercitando libertad alguna sino que se está engañando a sí misma (como la zorra de la fábula) ocultándose la verdad y sometiéndose a unas exigencias que no le queda más remedio que aceptar por imposición externa.

            Frente a lo afirmado por Proudhon de que “la propiedad es imposible”, lo cierto es que la propiedad existe siempre y al igual que la energía no desaparece nunca sino que solo se transforma sirviendo para fines distintos. No se puede negar la propiedad en abstracto porque todos somos propietarios de algo, aunque tan solo sea de nuestro cepillo de dientes. La cuestión es que mientras se puede cuestionar y discutir sobre la propiedad de los bienes de producción así como negar la propiedad de grandes extensiones de tierra, no se puede negar y más aun se debe extender, defender y generalizar la propiedad de ciertos bienes inherentes al desarrollo individual y familiar de la persona como son la vivienda habitual, las propiedades que generen rentas de trabajo o sean fruto de este (pequeñas granjas familiares, herencias…) y de pequeños bienes de consumo. Este tipo de propiedad es “la garantía de la libertad” mientras que la concentración de la propiedad es “el robo”.

            La concentración constituye el modo mas peligroso y nefasto de transformación de la propiedad porque si, por ejemplo, partimos de la propiedad de una vivienda que es disfrutada por los miembros de una familia, esta cubre unas necesidades humanas evidentes siendo un medio de desarrollo y protección social del reducido grupo humano a la que pertenece, pero si esta propiedad pasa, por los motivos que sean, a una inmobiliaria, a una entidad financiera o a una persona que tiene la propiedad de otros muchos inmuebles de similares características, se une o se concentra con otras propiedades que exclusivamente pertenecen a un único propietario que lo va a hacer con ellas es buscarles una rentabilidad mediante la especulación o la explotación de necesidades ajenas.

            Actualmente, cuando empieza a ser evidente la práctica de la ingeniería social por parte de los gobiernos, surge la idea, sobre todo entre personas que se sienten identificados con sectores de los llamados de izquierda o progresistas, de renunciar a la propiedad y reclamar el arrendamiento de determinados bienes como alternativa. Pues bien, tal idea de renuncia a la propiedad como derecho, favorece la consolidación de la propiedad como robo porque la propiedad individual a la que se renuncia no dejará por ello de existir sino que pasará a ser adquirida con mayor facilidad por aquellos que tengan capacidad económica para comprar y mantener lo adquirido lo que generará, de forma clara, una progresiva concentración de la propiedad en manos de unos pocos beneficiarios que culminará, en su fase última, con la imposición a los ciudadanos no propietarios de condiciones puramente serviles en muchas cuestiones vitales para la dignidad y existencia humanas.  

            El arrendamiento de determinados bienes puede ser una solución aceptable en determinadas circunstancias y siempre que tenga un carácter temporal (mientras se adquiere la propiedad), pero el arrendamiento como alternativa (o mejor dicho, ante la imposibilidad material de adquirir la propiedad), que proponen muchos personajes políticos, incluso entre los que se consideran entre los socialmente avanzados; supone la renuncia definitiva a esta y una progresiva pérdida de libertad que se podrá empezar a observar en dos o tres generaciones al favorecer la concentración de la propiedad en unas pocas manos y la constitución de grupos de presión de propietarios que terminarán por pretender imponer e imponiendo sus condiciones en muchas cuestiones a una inmensa mayoría de ciudadanos no propietarios . 

“LOS CAÑONES DE AGOSTO” de Bárbara Tuchman

            Después de que esta obra, publicada por primera vez en Estados Unidos en 1962, le valiera a su autora el Premio Pulitzer en 1963 y se convirtiera en un best seller mundial hasta bien entrada la década de los años setenta del siglo pasado, cayó en cierto olvido en nuestro país hasta que la editorial Península la reeditó en el año 2004 pasando desde ese año hasta el actual a ser reeditada periódicamente por distintas editoriales, la ultima de ellas RBA.

            “Los Cañones de Agosto”, que lleva el muy acertado subtítulo de “Los Treinta y Un Días que Cambiaron el Mundo” tiene precisamente por objeto eso: los treinta y un días que siguieron a la declaración de guerra del Imperio Austro-Húngaro a Serbia como consecuencia del atentado que acabó con la vida del Archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero al trono Imperial, en Sarajevo el 28 de Junio de 1914.

            “Los Cañones de Agosto” de Bárbara Tuchman (1912-1989) constituye un ensayo histórico excelentemente construido y de amena lectura que comienza exponiendo en el primer capítulo, con motivo de la narración de los funerales de Eduardo VII en 1910 (de estos regios funerales data la histórica “foto de familia” en la que quedaron retratados todos los soberanos europeos reinantes en 1910 y de los cuales, tan solo cuarenta años más tarde, iban a quedar menos de la cuarta parte), los equilibrios de poder existentes en Europa a principios del siglo XX. Posteriormente, la autora pasa inmediatamente a describir “las fuerzas en presencia” y los planes militares que cada potencia europea tenía preparados desde hacía años para enfrentarse entre sí, continúa con la exposición de los movimientos diplomáticos que se llevaron a cabo en las más importantes cancillerías de Europa para evitar la guerra tras el atentado de Sarajevo y finaliza con la narración de las acciones bélicas acaecidas en todos los frentes hasta la llamada Batalla del Marne la cual acabaría a la vez con las esperanzas de una guerra corta y de una victoria alemana.

            “Los Cañones de Agosto” de Bárbara Tuchman tiene también un carácter pedagógico y práctico porque a través de sus páginas el lector, y más aún si se trata de una persona con inquietudes políticas, descubrirá el como la continua y previa preparación para la guerra lleva irremediablemente a la misma en cuanto que una de las partes que la está planificando se considera en condiciones de lanzarse a ella y ganarla pero también pone de manifiesto que, una vez iniciada, la guerra adquiere vida propia y plena independencia de todo poder imponiéndose a cualquier lógica política. Igualmente, “Los Cañones de Agosto” revelará al lector interesado la inseguridad de toda planificación bélica pues esta siempre está sujeta a miles de imponderables que es imposible tener en cuenta, incluso por los más grandes y perfectos ordenadores, pasando a ser la victoria un resultado caprichoso que solo pertenece al contendiente que comete menos errores.

            Es precisamente este carácter pedagógico y político de “Los Cañones de Agosto”, y que hace su lectura altamente recomendable, el que se puso de manifiesto al inspirar la actuación del presidente norteamericano John F. Kennedy durante la crisis de los misiles cubanos en Octubre de 1962 con el satisfactorio resultado de evitar la confrontación bélica entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética deseada íntimamente por importantes sectores de ambos bloques.

            El conjunto de obras y ensayos escritos por Bárbara Tuchman hacen que esta historiadora norteamericana merezca ser considerada con justicia una experta en la historia universal de la primera mitad del Siglo XX así como una especialista en temas de seguridad y relaciones internacionales (de hecho era hija del embajador norteamericano ante el Imperio Turco en la época de la Gran Guerra) habiéndose publicado recientemente por la misma editorial RBA “La Marcha de la Locura. De Troya a Vietnam” que constituye una meditación sobre la actuación histórica de los gobiernos que en muchos casos aplican políticas evidentemente contrarias a sus propios intereses.