LA PELIGROSA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

El pasado Viernes, 22 de Julio del 2011, y siguiendo la tradición política española, por otro lado muy poco democrática, de aprobar importantes leyes en periodo estival para que la mayoría de los ciudadanos, más ocupados en sus vacaciones que en los problemas reales del país, no se enteren o no presten a la noticia la debida atención; el Consejo de Ministros presidido por don José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La reforma de tan importante Ley, se pretende vender como una imperiosa necesidad legislativa para modernizar la justicia y ponernos a “nivel europeo”, pero en realidad supone una limitación de derechos a los ciudadanos españoles que verán como desaparece su participación en la Administración de la Justicia al no poder mantener la “Acusación Popular” contra el criterio del Ministerio Fiscal que será, con arreglo a la reforma que se pretende, quien dirija la investigación del delito y quien instruya las causas criminales en vez del Juez de Instrucción como ocurre actualmente.

Lo más importante de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es sin duda alguna, el hecho de que la instrucción penal pase de los Jueces de Instrucción al Ministerio Fiscal porque si el Juez de Instrucción obedece al principio de independencia judicial, hoy en día muy cuestionado, tal independencia dejaría de ser cuestionada para ser definitivamente enterrada y olvidada al ser la Fiscalía una institución jerarquizada en cuya cúspide se encuentra el Fiscal General del Estado que es nombrado directamente por el Gobierno con lo que, en último extremo, la instrucción de las causas estaría en manos de alguien que actúa siguiendo órdenes y quién sabe si no del mismo gobierno en virtud de determinados intereses políticos del momento.

El control gubernativo sobre el impulso procesal penal puede llevar a que grandes casos penales en los que aparezcan implicados personas situadas en los aledaños del poder queden sin esclarecerse y que nadie pague por presuntos delitos de corrupción política, máxime si, como se pretende con la reforma, la Acusación Popular, que constituye, con todas sus limitaciones, una figura de participación ciudadana en la Administración de la Justicia queda totalmente desvirtuada al no poder mantenerse dicha acusación contra el criterio del Ministerio Fiscal.

Asimismo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevé que deje de existir la figura del “imputado” en cuya sustitución se crea la figura del “investigado” todo ello con la justificación de que desaparezca la llamada “Pena de Telediario”. Ahora bien, en casos de importante relevancia social o en los que existan detenidos famosos será imposible impedir que las personas detenidas e investigadas salgan en televisión y que el caso se convierta en tema de tertulia de numerosos programas televisivos salvo que lo que se pretenda sea llevar a cabo una “instrucción secreta”.

Lo verdaderamente curioso de esta reforma legal, es la desconexión con la realidad de la Administración de la Justicia penal al pretender que los Fiscales incoen e instruyan los procedimientos cuando hoy en día en la inmensa mayoría de los casos no acuden a las más mínimas prácticas de prueba o tomas de declaración a testigos e incluso a muchos imputados.

Por último hay que indicar que si lo que se pretende es homologar la justicia española al entorno económico y político que nos rodea hay que recordar que el más importante país del mundo donde los fiscales instruyen las causas es Estados Unidos de América, país éste donde no pocos fiscales utilizan su puesto en la Administración de Justicia como trampolín para pasarse a la política y donde numerosas personas son condenadas injusta e indebidamente por cierto compadreo entre la policía que investiga el delito y el fiscal que dirige la investigación.

En definitiva, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es un intento más, quizás el definitivo, de someter al control político y gubernativo la Administración de la Justicia y un síntoma claro de las pretensiones de los gobiernos que parecen pretender, a pesar de todos los movimientos ciudadanos de contestación, la instauración de un control estatal en todos los órdenes de la sociedad pudiendo sentenciarse que, si cuando se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el entonces vicepresidente del Gobierno, don Alfonso Guerra, afirmó que “Montesquieu ha muerto” (se refería sin duda a la división de poderes) en caso de aprobarse este nuevo proyecto legislativo bien podría afirmarse que “muerto Montesquieu, ahora se le entierra”.

UN DERECHO A LA INTEMPERIE: A LA VIVIENDA

El derecho a la vivienda está proclamado en el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge este derecho como parte del derecho a un nivel de vida digno. Pero, ¿cuál es el alcance de este Derecho Fundamental?. Según la interpretación que le ha dado el Comité de la ONU de estos Derechos, no hace referencia al simple hecho de tener un tejado sobre la cabeza, sino que debe considerarse más bien como un derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Según, el antiguo Relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Miloon Kholan, la realización del mismo está íntimamente ligada a la vigencia de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la protección de la vida privada, de familia y de domicilio, el derecho a no estar sometido a tratos inhumanos o degradantes, a la tierra, a la alimentación, al agua y a la sanidad. Y para completar su descripción, señalemos que la Estrategia Mundial de la Vivienda de 1989, definió que el derecho a la vivienda significa disponer de un lugar donde poder aislarse si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.

Varias convenciones internacionales reconocen el derecho a no sufrir discriminación en el acceso a la vivienda. Se refieren a las mujeres, a minorías raciales, a trabajadores migrantes y sus familiares, así como a los refugiados. Hay acuerdos regionales de ámbitos europeo, americano y africano que reconocen el derecho a una vivienda digna.

¿Qué elementos contiene el derecho a la vivienda?:

* Seguridad jurídica en la tenencia. Sea cual fuere la misma: alquiler, propiedad, cooperativa, asentamientos informales -incluida la tierra o propiedad de la misma- todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les proteja contra el desalojo u otras amenazas.

* Disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructuras: acceso a agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos y de eliminación de residuos.

* Gastos soportables: de un nivel que no impida ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas; o sea proporcionales al nivel de ingresos.

* Habitabilidad: la vivienda ha de garantizar la seguridad física de sus ocupantes y ofrecerles un espacio adecuado para protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud.

* Asequibilidad: a los grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando un acceso pleno y sostenible a una vivienda. Los Estados deben otorgar un criterio de prioridad en el acceso a la vivienda para los grupos más desfavorecidos.

* Lugar: la vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, servicios de sanidad, escuelas y otros centros sociales y no deben construirse en lugares contaminados o próximos a fuentes de contaminación. Loas costes en términos de tiempo y dinero para llegar a centros de trabajo y de salud no deben suponer una excesiva carga presupuestaria para los grupos en situación de vulnerabilidad.

* Adecuación cultural: la forma de construcción, los materiales empleados y las políticas en que se apoyan, deben ser adecuadas culturalmente.

Son obligaciones contraídas, en esta materia, por los Estados signantes del Pacto de Derechos Económicos y Culturales:

* Adoptar una estrategia nacional de vivienda que defina los OBJETIVOS para su desarrollo, establezca las RESPONSABILIDADES y el CALENDARIO para la ejecución de las medidas previstas. Dicha estrategia debe asegurar el respeto de los demás Derechos Fundamentales y deberá ser adoptada, a través de una consulta extensa con todas las personas afectadas, garantizando su participación, incluidas las que no tienen hogar, las que viven en asentamientos precarios y sus representantes.

* Implementar medidas para asegurar la coordinación entre los ministerios y las autoridades regionales y locales, con objeto de conciliar las políticas de economía, agricultura, medio ambiente, energía... con las derivadas de este Pacto.

* Respetar: Los Estados no deben promover o consentir medidas de desalojos o desplazamientos arbitrarios o de demolición de viviendas, ni adoptar medidas regresivas que dificulten el acceso y disfrute a la vivienda y tienen el deber de no interferir en el libre uso de materiales o recursos que satisfagan este derecho básico.

* Proteger: Los Estados deben adoptar medidas orientadas a impedir la participación de empresas privadas en procesos de desalojos arbitrarios, regular y garantizar el cumplimiento de estándares ecológicos y sanitarios e impedir la discriminación en el acceso a la vivienda por terceros actores.

* Satisfacer: Los Estados deben establecer medidas legislativas que desarrollen el derecho a la vivienda con disposiciones antidiscriminatorias; formular políticas específicas en el ámbito rural; establecer una provisión de títulos que garanticen seguridad en la tenencia; y ofrecer vivienda pública para los colectivos más desfavorecidos.

Este es el marco legislativo internacional que señala un horizonte hacia el que deben tender los Estados dignos de llamarse democráticos. Pero la triste realidad es otra: actualmente, y según datos de las Naciones Unidas, 100 millones de personas no tienen vivienda y 1000 millones malviven en asentamientos precarios o no disponen de condiciones de vivienda digna. ¿Cumplen los Estados sus obligaciones al respecto?. El propio reino de España ¿puede presumir de ejemplaridad en la materia?. ¿Acaso no somos el país que más ha desnaturalizado la función básica de las viviendas, convirtiéndolas, través de su construcción masiva, en instrumento de ganancias especulativas y, en bastantes casos, de corrupción?. ¡Y casi el 25% de nuestros compatriotas no pueden acceder a una vivienda digna!.

Pedro Zabala
Del Grupo Local de Amnistía Internacional en La Rioja

“LA CAIDA DE LOS GIGANTES” de KEN FOLLET

Iniciado ya el periodo vacacional veraniego, tiempo propicio para el descanso y la lectura, deseamos recomendar como libro de acompañamiento estival “La Caída de los Gigantes” del escritor británico Ken Follet.

Ken Follet, que empezó cultivando el género clásico de suspense y de espionaje con populares novelas como “La Isla de las Tormentas” (llevada al cine bajo el título de “El Ojo de la Aguja”) o “La Clave esta en Rebeca”, se pasó a finales de los años ochenta del pasado siglo al género de la novela histórica con su gran éxito editorial “Los Pilares de la Tierra” a la que acompañó una segunda parte titulada “Un Mundo sin Fin” y, ahora, “La Caída de los Gigantes”, primera novela de una trilogía que abarcará prácticamente toda la historia del Siglo XX.

“La Caída de los Gigantes”, que ha sido publicada simultáneamente en diecinueve países, narra la historia y peripecias de cinco familias inmersas en los acontecimientos políticos y sociales de comienzos del Siglo XX hasta el inicio del periodo de entreguerras, siendo el tema central de esta novela los orígenes, desarrollo y consecuencias de la Gran Guerra (1914-1918).

En este sentido es de remarcar que “La Caída de los Gigantes” es una obra literaria perfectamente documentada que se nutre de importantes fuentes historiográficas describiendo perfectamente la sociedad anterior a la Gran Guerra y el clima político y social que llevó a la gran catástrofe que supuso aquella conflagración, siendo de señalar lo bien que describe los grandes esfuerzos diplomáticos por evitar la catástrofe y el como los Jefe de Estado de los países contendientes se vieron arrastrados por los acontecimientos entre los que destacan la imprudente creencia de que la otra parte se echaría atrás en el último momento y la presión de sus respectivas cúpulas militares deseosas de entrar en combate para demostrar sus teorías bélicas así como también la presión de las respectivas opiniones públicas favorables, previa una sabia preparación por parte de la mayor parte de la prensa; a lo que se creía que sería una guerra corta y victoriosa.

En “La Caída de los Gigantes” aparecen perfectamente narrados los episodios más característicos de la Primera Guerra Mundial, desde las tensiones diplomáticas previas a las declaraciones de guerra, hasta el telegrama Zinnermann, pasando por aquella navidad de 1914 en la que los combatientes salieron de sus trincheras para confraternizar o la ofensiva del Somme y la Revolución Rusa para culminar con el inmediato ambiente de postguerra en el que ya se vislumbraba la otra guerra que habría de venir todo ello ligado a través de una serie de personajes de diversas nacionalidades que desarrollan las más variadas actividades a lo largo de la novela, desde el contrabando al espionaje pasando por la conspiración revolucionaria, la milicia o la actividad política pacifista y feminista.

Tan solo se puede criticar a “La Caída de los Gigantes” por el hecho de que Ken Follet, tal vez por ser británico, haya omitido todo lo relativo al levantamiento irlandés de 1916, que en toda esta extensa novela es despachado en menos de una línea y a la “diplomacia secreta” existente en los años previos a 1914 y que llegó a implicar a la misma Gran Bretaña en extraños manejos con el Imperio Alemán para repartirse las posesiones Belgas en África. No obstante y en cualquier caso, “La Caída de los Gigantes” no solo constituye una lectura amena y entretenida para cualquier momento sino también una lectura obligada para todo aquel que desee aproximarse a conocer básicamente las causas y el desarrollo de aquel conflicto europeo del que estamos a punto de conmemorar su primer centenario y del que aún sufrimos no pocas consecuencias.

LA "PROPIEDAD MÍNIMA VITAL" COMO DEFENSA CONTRA LA ESPECULACIÓN

(Este artículo fue escrito
hace más de veinte años
pero es evidente que
resulta de una rabiosa
actualidad además de aparecer
como una justa reivindicación.)

Últimamente resulta habitual leer en la prensa o ver en la televisión como no pocos ciudadanos españoles son despojados de sus bienes más preciados e imprescindibles por medio de numerosos embargos realizados por los juzgados previa petición de bancos y demás entidades y personas practicantes de la usura como medio de vida.

La circunstancia de que un individuo, en el transcurso de su vida, tenga que recurrir al préstamo hipotecario para hacer frente a cualquier necesidad imperiosa, ha sido y seguirá siendo de lo más normal. Lo que no es normal ni justo es que haya entidades sin escrúpulos que, aprovechándose de esas necesidades imperiosas, hagan negocio despojando a pobres gentes de sus viviendas y demás bienes de primera necesidad.

Si atendemos a la legalidad vigente emanada de la "sacrosanta" Constitución de 1978 nos encontramos con que en su artículo 47 se reconoce a todo ciudadano español el derecho a una vivienda digna, derecho este que, como tantos otros, no se cumple en lo mas mínimo. No es mi intención exigir aquí que los organismos competentes hagan una política adecuada para la construcción de nuevas viviendas de alta calidad y bajo precio (cosa que, desde luego, deberían hacer) sino plantear la posibilidad de unas reformas legales que protejan del asalto usurario y especulativo a los que, aun hoy y a pesar de la terrible situación económica, conservan la propiedad de su vivienda habitual comprada tras grandes sacrificios y años de ahorro.

Del mismo modo que en la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que concierne a los procesos de ejecución se consideran inembargables ciertos bienes, es imprescindible que esta inembargabilidad se extienda a lo que podríamos denominar "Propiedad Minima Vital" y que abarcaría, además de los bienes y derechos actualmente inembargables, la vivienda familiar, todo el ajuar doméstico y cualquier otra propiedad o instalación que se tuviera y en la que se desarrollara una actividad laboral por cuenta propia (un pequeño taller, una pequeña granja, etc...).

Protegiendo de embargos y demás ataques especulativos esta "Propiedad Minima Vital" solo serían embargables aquellos bienes superfluos y/o de lujos no necesarios para lIevar una vida digna. Entre estos bienes se podrían encontrar la segunda y sucesivas viviendas, los vehículos no adscritos a actividades económicas personales, los solares no edificados, las fincas no explotadas agrariamente, las propiedades urbanas destinadas a veraneo, etc... Por otro lado, la inembargabilidad de esta "Propiedad Minima Vital", sería un medio eficaz en la lucha contra la pobreza, la cual últimamente viene creciendo desmesuradamente en España a base de pequeños propietarios despojados de sus más elementales propiedades.

No obstante, considerando que esta medida haría más difícil la posibilidad de conseguir un crédito o préstamo, sería también imprescindible la regularización del sistema crediticio para que este cumpliera su función social. Tal vez una medida adecuada en este sentido seria la obligatoriedad de realizar prestamos a nulo o muy bajo interés a aquellas personas que presenten un plan racional de creación empresarial que suponga un beneficio para la sociedad y la economía general o que pretendan empezar una vida independiente e intenten ir adquiriendo esos bienes que forman parte de la "Propiedad Minima Vital". Pero esto ya es salirse del tema y sería cuestión de otro artículo; por el momento me conformo con definir el concepto de "Propiedad Minima Vital", reclamar su existencia, así como su defensa y protección y exigir su exclusión como objeto de cualquier operación usuraria y especulativa.

REFLEXIONES SOBRE EL INDIVIDUALISMO ESPAÑOL

Filósofos, sociólogos y politólogos de todos los tiempos y de todas las tendencias han señalado reiteradamente que el rasgo negativo más característico de los españoles y que no se da tan acusadamente en otros pueblos fuera de la Península Ibérica es el individualismo, fruto del cual surge la ausencia de un espíritu colectivo que nos identifique como un solo cuerpo y cierta tendencia favorable al enfrentamiento civil.

No obstante, pocos han estudiado o señalado los orígenes de este individualismo que, como característica moral que es, solo puede ser adquirido y transmitido culturalmente de generación en generación no siendo posible, en ningún caso, que haya sido creado por generación espontánea ni transmitido genéticamente. Así pues, si el “individualismo” del español es una característica ética y moral adquirida que forma parte de nuestra idiosincrasia cultural que se transmite de generación en generación, es preciso encontrar e indicar la causa primera que lo hace surgir en este pueblo y no en otros.

Cuando una característica cultural y/o moral surge en una colectividad y no en otras colectividades adyacentes, ello solo puede ser debido a motivos extrínsecos, es decir, a causas ajenas impuestas a la colectividad como puede ser el aislamiento geográfico o a motivos intrínsecos, que son aquellos que se dan y se desarrollan en mayor o menor medida consentidamente en el seno de la propia colectividad como puede ser el peculiar desarrollo histórico o vital, no cabiendo la más mínima duda de que es en ese peculiar desarrollo vital del pueblo español donde hay que buscar la génesis de ese individualismo que tan negativamente nos caracteriza.

El pueblo español comparte con los pueblos europeos que nos rodean gran parte de su devenir histórico así como también comparte en gran medida un mismo espacio geográfico en el que no existen barreras infranqueables que nos incomuniquen y, aun en el caso de que se considerase a los Pirineos como una barrera que nos aísla del resto de Europa no existe barrea similar que nos separe del pueblo portugués, el cual no tiene tan marcado y negativo carácter individualista como el español. Por lo cual solo se puede discurrir que habiendo experiencias que generan en una persona traumas que perviven el resto de su vida existe en el pueblo español una experiencia repetida que le ha hecho ser individualista y es que, efectivamente, si nos fijamos con meticulosidad podemos descubrir que el individualismo español tiene su origen en la desconfianza.

Los españoles somos un pueblo que desconfiamos constantemente de otros españoles sintiéndonos inclinados a momentáneas explosiones de alegría que pronto decaen en pesimismo y, más aún, en cierto fatalismo existencial y es que el pueblo español ha sido un pueblo constantemente traicionado, defraudado y engañado por sus dirigentes y por los epígonos de éstos que siempre se encuentran emboscados entre la masa popular.

En los últimos doscientos años de historia los españoles hemos tenido las más diversas formas de gobierno sin que ninguna haya dado cumplida satisfacción a las justas reclamaciones de los españoles no existiendo, además, demanda realizada por los españoles que no haya sido manipulada, retorcida y acomodada por los dirigentes para que se volviera contra el mismo pueblo que formulaba dicha demanda. De ahí las explosiones de alegría, cuando los ciudadanos españoles creían que tal político encumbrado al poder iba a dar satisfacción a sus demandas y su pesimismo cuando veían que, en el mejor de los casos, ese político se olvidaba de sus promesas o, en el peor, las adaptaba a sus exclusivos intereses particulares.

A lo largo de estos indicados últimos doscientos años, el pueblo español colectiva e individualmente considerado ha sido sistemáticamente engañado, ha visto, o mejor dicho, ha sufrido el como unos personajes le decía que tenía que sacrificarse en post del bien común al tiempo que los únicos beneficiados eran los que imponían tales sacrificios eximiéndose ellos y sus familias de sacrificio alguno, luego ha sufrido la aparición de grandes demagogos que prometían enormes cambios y que siendo profetas de esperanza cuando estaban en la oposición al llegar al poder o a sus aledaños se convertían en privilegiados que se olvidaban de los no privilegiados a los que habían prometido redimir. De ahí que si existe frase genuinamente española que sirva para indicar todo el desengaño, todo el cansancio y toda la desconfianza del español es la de “No es eso, no es eso” que ya expreso en los años veinte del siglo pasado don José Ortega y Gasset.

Una vez que el pueblo español constata que es un pueblo constantemente defraudado y engañado empieza a desconfiar de todos y de todo: si alguien le promete algo es porque algo busca, si alguien le señala la posibilidad de promocionarse es porque seguro que quiere engañarle y si, finalmente, si alguien le pide que ratifique con su voto alguna ley, es indiscutible que pase lo que pase y vote lo que vote la ley terminará perjudicándole de alguna forma.

Partiendo de esta desconfianza que se ha ido profundizando con el transcurrir de los años solo era cuestión de tiempo que los españoles llegasen a la conclusión de que no existe camino común que recorrer debiendo cada uno buscar por su cuenta una salida particular o individual para mejorar en la vida, no existiendo, en el mejor de los casos, más visión e interés colectivo que el que abarca el ámbito familiar y asumiendo con fatalismo y como un mal necesario la existencia de un gobierno y de una administración que le exige el pago de impuestos que se pagan mecánicamente no por considerarlo un deber cívico que obedece a un principio distributivo y de satisfacción de necesidades colectivas sino, simple y llanamente, para que le “dejen vivir en paz” (y es que, tampoco nos engañemos, resulta muy difícil pagar alegremente impuestos cuando de ellos se nutren generosamente los parásitos que de siempre viene engañando y utilizando al pueblo español).

Esta es, la desconfianza generalizada entre los españoles nacida del engaño constante, donde radica el origen de nuestro negativo individualismo y solo apartando y excluyendo de la sociedad española a aquellos colectivos y personas que han hecho del fraude de las ilusiones, anhelos y esperanzas de los españoles su modus vivendi al tiempo que se procede a reconstruir paulatinamente la confianza y los lazos comunes existentes entre todos y cada uno de los ciudadanos engañados podremos construir un futuro común en el haciendo gala del vitalismo propio de los seres que viven nunca más tenga cabida el desengaño ni el fatalismo propio de los seres que tan solo aspiran a sobrevivir.

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