GIBRALTAR: LA ROCA DE VERANO

En el periodo estival, cuando las noticias escasean, es antigua y tradicional costumbre periodística acudir a las llamadas “serpientes de verano”, noticias irrelevantes o intrascendentes que llenan las páginas de los periódicos durante las vacaciones veraniegas para ocupación de los plumillas y entretenimiento de los lectores. Como los tiempos cambian, las tradiciones se renuevan y el ecologismo gana terreno los periodistas españoles, en vez de acudir a una representante del reino animal como es la serpiente, han recurrido más bien a un representante del mundo mineral como es una roca y más concretamente al Peñón de Gibraltar.

            El Peñón de Gibraltar fue ocupado militarmente por un combinado de fuerzas anglo-holandesas el 4 de Agosto de 1704 y finalmente cedido a la Gran Bretaña, junto con la isla de Menorca, en virtud del Tratado de Utrecht de 1714 que ponía fin a la Guerra de Sucesión Española. Prácticamente desde el mismo momento de la ocupación los intentos militares españoles por recuperar la roca han sido varios y todos ellos infructuosos.

            La mala fe británica en el Peñón de Gibraltar ha sido siempre manifiesta desde los comienzos de la ocupación. Primeramente forzó el desplazamiento de los habitantes españoles autóctonos, que terminaron fundando el pueblo de San Roque en la Provincia de Cádiz, para introducir en la roca una heterogénea población procedente de los más diversos lugares, seguidamente concedió al territorio y a su población el status de colonia británica en 1830 para continuar apropiándose del istmo que une el peñón con la península, cosa que hizo durante los año de nuestra guerra civil cogiendo nuestra propia verja y subiéndola unos cuantos kilómetros más arriba. Posteriormente, sobre el istmo robado ha construido un aeropuerto para seguir construyendo un dique en el puerto de Gibraltar con el fin de apropiarse de una parte de la Bahía de Algeciras que no le pertenece. Por último, la política gibraltareña apoyada por la Gran Bretaña ha permitido que la roca se convierta en un paraíso fiscal en el que se encuentran domiciliadas numerosas sociedades mercantiles, en un refugio de todo tipo de contrabandistas, en un lugar donde los buques pueden repostar en diques flotantes instalados en aguas de la Bahía de Algeciras que son de legal soberanía española y finalmente haya comenzado a tirar bloques de hormigón a la Bahía con el fin de desecarla y agrandar su extensión terrestre tal y como los holandeses hicieron con Holanda. Todos estos actos han hecho que la colonia británica de Gibraltar se haya convertido en un parásito de la economía española, en un peligro ecológico para la biodiversidad de la Bahía de Algeciras y en un grave problema político para España que trasciende la mera reivindicación histórica y territorial.

            Ante la imposibilidad militar de recuperar el Peñón de Gibraltar, España optó, a mediados del Siglo XX, por aplicar estrictamente el Tratado de Utrecht que prohibía todo contacto terrestre entre el Peñón y la península y por desencadenar una gran ofensiva diplomática. El resultado de la primera medida fue la supresión de todas las comunicaciones terrestres entre el Peñón y España con el cierre de la verja en 1969 mientras que en virtud de la segunda opción, la Asamblea General de la ONU adoptaba las resoluciones 2231 de 1966 y 2353 de 1967 por la que se instaba a la Gran Bretaña a reintegrar el peñón a la soberanía española. A pesar de todo esto, y dentro del marco de las conversaciones sobre el ingreso de España en el entonces Mercado Común Europeo, el primer Gobierno Socialista de Felipe González acordó, en 1982, la apertura de la verja permitiendo el libre acceso terrestre del peñón a la península y viceversa e iniciándose una serie de sucesivos despropósitos al respecto del Peñón por parte de los siguientes gobiernos españoles que han rozado siempre la traición y el abandono de las reivindicaciones españolas.

            Siendo éste el estado de cosas y quedando muy claro que, desde 1982, ningún gobierno español ha tomado ni va a tomar las medidas pertinentes tendentes a evitar los abusos del Reino Unido en el Peñón de Gibraltar donde lleva décadas haciendo lo que le da la gana, llama poderosamente la atención el descubrimiento informativo del “contencioso gibraltareño” y el bombardeo de noticias al que el pueblo español esta siendo sometido desde los primeros días de este mes de Agosto, como si existiera algún tipo de interés de que se hable de Gibraltar y no de otras cosas.

            Ya es hora y resulta imprescindible que alguien manifieste a los españoles la cruda verdad sobre el tema del Peñón de Gibraltar y que no es otra que la siguiente:

            1º. El Peñón de Gibraltar es un territorio de la Gran Bretaña ocupado militarmente desde 1704 siendo su permanencia en la roca fruto de casi trescientos años de superioridad militar británica sobre España.

            2º. Mientras perdure esta ocupación británica del peñón, los británicos harán lo que les de la gana con el mismo y sus alrededores porque para eso lo tienen ocupado y son más fuertes.

            3º. La posibilidad de recuperación militar de la roca por parte del ejército español es poco más que un cuento considerando nuestra notable inferioridad militar respecto a los británicos por lo tanto cualquier medida militar debe descartarse totalmente.

            4º. No obstante de lo anterior, existen medidas diplomáticas, jurídicas y políticas que se pueden y deberían tomar como podrían ser, entre otras: la exigencia de la aplicación estricta de las resoluciones de la ONU y del Tratado de Utrecht,  el cierre de la verja con la supresión de las comunicaciones terrestres y el corte de todo suministro de la península al peñón, la construcción de altos edificios en la zona que dificulten el  tráfico aéreo del aeropuerto de Gibraltar, la prohibición de que las sociedades mercantiles domiciliadas en Gibraltar comercien o tengan relaciones comerciales con empresas españolas, el cierre de los puertos navales españoles a unidades de la flota británica, etc…

            5º. Parece ser que ningún gobierno español va a tomar medida alguna tendente a reivindicar eficazmente la reintegración del Peñón de Gibraltar ni a impedir o limitar los abusos británicos en la zona.

            6º. Al sesenta por ciento de los españoles no les importa el asunto de Gibraltar como tampoco parece importarles el futuro de sus hijos y nietos por lo que muestra total confianza y conformidad con todo lo que hace la casta política española dándose la surrealista situación en la que, parafraseando a un político de la llamada Transición, parece ser que “el ladrón roba a la víctima con su pleno conocimiento y consentimiento”.

            Así pues, permanezca tranquilo el español y siga disfrutando de sus vacaciones porque este revuelo periodístico al respecto del Peñón de Gibraltar no es más que la última pose histriónica que los políticos españoles han adoptado en trescientos años de poses y manifestaciones que amenazan con aburrir, si es que no lo han aburrido ya, al pueblo español con la cantinela de “la espinita que se ha clavado en mi corazón” y que resulta ser el “¡¡¡Gibraltar Español!!!”.

DIÁLOGO ENTRE COLBERT Y MAZARINO (Reinado de Luis XIV)

Colbert: Para conseguir dinero, hay un momento en que engañar al contribuyente ya no es posible. Me gustaría, Señor Superintendente, que me explicara cómo es posible continuar gastando cuando ya se está endeudado hasta al cuello...

Mazarino: Si se es un simple mortal, claro está, cuando se está cubierto de deudas, se va a parar a la prisión. ¡Pero el Estado...! ¡Cuando se habla del Estado, eso ya es distinto! No se puede mandar el Estado a prisión. Por lo tanto, el Estado puede continuar endeudándose.

¡Todos los Estados lo hacen!


Colbert: ¿Ah sí? ¿Usted piensa eso? Con todo, precisamos de dinero, ¿y cómo hemos de obtenerlo si ya creamos todos los impuestos imaginables?

Mazarino: Se crean otros.

Colbert: Pero ya no podemos lanzar más impuestos sobre los pobres.

Mazarino: Es cierto, eso ya no es posible.

Colbert: Entonces, ¿sobre los ricos?

Mazarino: Sobre los ricos tampoco. Ellos no gastarían más y un rico que no gasta, no deja vivir a centenares de pobres. Un rico que gasta, sí.

Colbert: Entonces, ¿cómo hemos de hacer?

Mazarino: Colbert, ¡tú piensas como un queso de Gruyere o como un orinal de enfermo! Hay una cantidad enorme de gente entre los ricos y los pobres. Son todos aquellos que trabajan soñando en llegar algún día a enriquecerse y temiendo llegar a pobres. Es a esos a los que debemos gravar con más impuestos..., cada vez más..., ¡siempre más!

A esos, ¡cuánto más les quitemos, más trabajarán para compensar lo que les quitamos!

¡Son una reserva inagotable!

¿Alguien encuentra algún paralelismo con la situación actual en España?

“EL QUE QUIERA… QUE SE LO PAGUE”

De un tiempo a esta parte viene instalándose en toda reivindicación, más populista que popular, una frase que esconde toda una filosofía puramente liberal e individualista de un grave alcance máxime cuando esta frase es citada con cierta reiteración por sectores contrarios al liberalismo y supuestamente defensores de los servicios públicos. Dicha frase es: “El que quiera… que se lo pague”.

Ciertamente se ha podido ver durante la reciente visita del Santo Padre a Madrid con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud como grupos de manifestantes contrarios a la mencionada visita pastoral portaban pancartas con lemas como “no con mis impuestos” o “El que quiera religión que se lo pague”.

“El que quiera… que se lo pague” es el resumen de una filosofía económica y política que es la que desde las más altas instancias del poder económico mundial pretenden imponernos a todos. Ciertamente es muy cuestionable que un no católico tenga que ayudar indirectamente, a través de sus impuestos, a la financiación de la Iglesia Católica española, pero aplicando ese mismo razonamiento cabría preguntarse por qué los ciudadanos que no tienen hijos tienen que contribuir a través de sus impuestos a sufragar el gasto público que generan los hijos de los demás, por ejemplo, en educación.

En nuestro país, aquel que no desee contribuir con sus impuestos a la financiación de la Iglesia Católica puede optar en su declaración del Impuesto sobre las Personas Físicas por colaborar con fines sociales, con lo que posiblemente su dinero vaya a parar a manos de diversas ONGs que en no pocos casos actúan como unos “dedos largos” de distintos partidos políticos, pero aquellos ciudadanos que son o se sienten republicanos o, en cualquier caso, no se sienten identificados con S. E. El Jefe del Estado no tenemos posibilidad alguna de evadirnos de contribuir con nuestros impuestos a sostener una Institución o persona que no nos convence y desde luego aquellos ciudadanos que no tienen hijos o son antimilitaristas o gozan de una espléndida salud tampoco tienen la posibilidad de no contribuir con sus impuestos a sufragar el gasto publico que generan los hijos que ellos no tienen o un ejército que no quieren o una sanidad que no van a utilizar.

La primera y última razón de que, salvo en materia de religión, todos los ciudadanos contribuyamos a sufragar todos los servicios, los utilicemos o no, nos gusten o no, creamos en ellos o no, es la solidaridad y el apoyo mutuo. Así es justo y necesario que las personas sanas contribuyan con sus impuestos a mantener un sistema público de salud y que los que no tienen hijos contribuyan a que exista un sistema educativo eficaz.

Lo curioso de la frase de “el que quiera… que se lo pague” se encuentra en que quien la esgrime pretende atacar a un sistema económico y social que, sin manifestar estar conforme con la misma, esta intentando por todos los medios entronizar en la gestión de los servicios públicos la sustancia filosófica que la misma sintetiza. Así, son los liberales y los llamados “nuevos conservadores” (neocon), quienes, sin duda aprovechando las muchedumbres que claman por “el que quiera… que se lo pague”, están justificando la privatización de los más esenciales servicios públicos. De este modo pretenden justificar la privatización de la educación, la cual permitirá que aquellos que no tienen hijos puedan ahorrarse los dineros que la escolarización provoca en sus economías domésticas o el llamado “copago” en sanidad, el cual generará que aquellos que van menos al médico desembolsen menos dinero en sanidad.

Por todo ello, eso de “el que quiera… que se lo pague” puede convertirse, o mejor dicho se está convirtiendo ya, en un boomerang que lanzado contra unas concretas instituciones se ha vuelto contra los servicios públicos que los inventores de la frasecita pretendían o tenían intención de defender y si hace años se afirmaba aquello de “el que quiera monarquía, que se la pague” o “el que quiera religión, que se la pague” ahora estamos a punto de que se materialice “el que quiera sanidad, que se la pague”, “el que quiera educación, que se la pague” o “el que quiera jubilación que se la pague”.

“LA CAIDA DE LOS GIGANTES” de KEN FOLLET

Iniciado ya el periodo vacacional veraniego, tiempo propicio para el descanso y la lectura, deseamos recomendar como libro de acompañamiento estival “La Caída de los Gigantes” del escritor británico Ken Follet.

Ken Follet, que empezó cultivando el género clásico de suspense y de espionaje con populares novelas como “La Isla de las Tormentas” (llevada al cine bajo el título de “El Ojo de la Aguja”) o “La Clave esta en Rebeca”, se pasó a finales de los años ochenta del pasado siglo al género de la novela histórica con su gran éxito editorial “Los Pilares de la Tierra” a la que acompañó una segunda parte titulada “Un Mundo sin Fin” y, ahora, “La Caída de los Gigantes”, primera novela de una trilogía que abarcará prácticamente toda la historia del Siglo XX.

“La Caída de los Gigantes”, que ha sido publicada simultáneamente en diecinueve países, narra la historia y peripecias de cinco familias inmersas en los acontecimientos políticos y sociales de comienzos del Siglo XX hasta el inicio del periodo de entreguerras, siendo el tema central de esta novela los orígenes, desarrollo y consecuencias de la Gran Guerra (1914-1918).

En este sentido es de remarcar que “La Caída de los Gigantes” es una obra literaria perfectamente documentada que se nutre de importantes fuentes historiográficas describiendo perfectamente la sociedad anterior a la Gran Guerra y el clima político y social que llevó a la gran catástrofe que supuso aquella conflagración, siendo de señalar lo bien que describe los grandes esfuerzos diplomáticos por evitar la catástrofe y el como los Jefe de Estado de los países contendientes se vieron arrastrados por los acontecimientos entre los que destacan la imprudente creencia de que la otra parte se echaría atrás en el último momento y la presión de sus respectivas cúpulas militares deseosas de entrar en combate para demostrar sus teorías bélicas así como también la presión de las respectivas opiniones públicas favorables, previa una sabia preparación por parte de la mayor parte de la prensa; a lo que se creía que sería una guerra corta y victoriosa.

En “La Caída de los Gigantes” aparecen perfectamente narrados los episodios más característicos de la Primera Guerra Mundial, desde las tensiones diplomáticas previas a las declaraciones de guerra, hasta el telegrama Zinnermann, pasando por aquella navidad de 1914 en la que los combatientes salieron de sus trincheras para confraternizar o la ofensiva del Somme y la Revolución Rusa para culminar con el inmediato ambiente de postguerra en el que ya se vislumbraba la otra guerra que habría de venir todo ello ligado a través de una serie de personajes de diversas nacionalidades que desarrollan las más variadas actividades a lo largo de la novela, desde el contrabando al espionaje pasando por la conspiración revolucionaria, la milicia o la actividad política pacifista y feminista.

Tan solo se puede criticar a “La Caída de los Gigantes” por el hecho de que Ken Follet, tal vez por ser británico, haya omitido todo lo relativo al levantamiento irlandés de 1916, que en toda esta extensa novela es despachado en menos de una línea y a la “diplomacia secreta” existente en los años previos a 1914 y que llegó a implicar a la misma Gran Bretaña en extraños manejos con el Imperio Alemán para repartirse las posesiones Belgas en África. No obstante y en cualquier caso, “La Caída de los Gigantes” no solo constituye una lectura amena y entretenida para cualquier momento sino también una lectura obligada para todo aquel que desee aproximarse a conocer básicamente las causas y el desarrollo de aquel conflicto europeo del que estamos a punto de conmemorar su primer centenario y del que aún sufrimos no pocas consecuencias.

“DEME ARGO PO FAVOR”

“Deme argo po favor” bien podría ser el nuevo lema de la encantada, cuando no orgullosa, cadena de televisión “Intereconomía” porque en la dos últimas semanas y con la excusa de demostrar que una televisión puede ser sustentada íntegramente por los televidentes que deseen verla, ha solicitado a todos los que la ven y cuyo número estima en unos dos millones de personas que hagan aportaciones económicas en una cuenta que al efecto se ha abierto en La Caixa.

Lo cierto es que la excusa esgrimida y que también aspira a fundamentar una posible privatización de las distintas televisiones públicas, no deja de tener su gracia pues si lo que en realidad se pretendiera fuera una televisión exclusivamente sustentada por sus fieles televidentes bien podrían codificar sus emisiones y así seguro que los que quieren ver “Intereconomía”, no solo pagarían por ello, sino que además estarían dispuestos a instalar en sus hogares un trasto descodificador para poder disfrutar de su coherente y amena programación, sea entendido lo de amena y coherente con toda la sorna e ironía con la que se pueda entender.

Así pues, no siendo muy creíble la excusa dada para tal campaña pedigüeña, solo cabe deducir lógicamente que las cuentas del “Grupo Intereconomía” no están para echar cohetes y que han empezado una campaña de capitalización encubierta apelando a la generosidad caritativa de sus acólitos en vez de la seria y empresarial medida de proceder a una ampliación de capital mediante la venta pública de acciones y es que mientras con lo primero se pueden conseguir múltiples donaciones individuales que supongan una importante cantidad total sin necesidad de repartir beneficios en caso de que los hubiera ni de rendir cuentas a los donantes, con lo segundo estarían obligados a dar cuentas a sus accionistas repartiendo con ellos los beneficios si los hubiera y explicando, en su caso, los motivos de las pérdidas.

El grupo “Intereconomía” fue creado en el año 1995 con la puesta en marcha de una emisora de radio del mismo nombre dedicada exclusivamente a la información de carácter económico. Posteriormente, en el año 2005, el grupo se amplia con la compra de “Expansión TV” que es el germen de la actual cadena televisiva de ámbito nacional “Intereconomía” dando comienzo la formación de un grupo de comunicación con grandes pretensiones que procede a ampliar incesantemente su estructura mediática con la publicación del semanario religioso “Alba”, con la creación de la editorial “Homo Legens”, con la publicación del diario “La Gaceta”, con la publicación del semanario “Época” que se entrega los Domingos junto con el diario “La Gaceta” y finalmente con la adquisición de la emisora de radio “Radio Intercontinental”, propiedad que fuera del exministro franquista don Ramón Serrano Suñer.

Lo cierto es que el Grupo “Intereconomía” se ha ido formando mediante la adquisición de distintos medios de comunicación en franca decadencia por su dudosa rentabilidad económica, siendo de indicar, por ejemplo, que el diario “La Gaceta” en su origen era un semanario económico llamado “La Gaceta de los Negocios” del que hoy muy pocos se acordarán y que la última adquisición del grupo, “Radio Intercontinental”, en el momento de su compra por “Intereconomía” (año 2009) era una emisora de radio con muy poca audiencia. Así pues, no es de extrañar que tengan que pedir dinero, pero no para demostrar que un medio puede sostenerse por las aportaciones de sus televidentes ni para hacer partícipes a estos del contenido de su programación, sino simple y llanamente, para seguir emitiendo.

No obstante, es de señalar a los directivos del “Grupo Intereconomía” que, en vez de pedir dinero a los televidentes, todos ellos con los bolsillos esquilmados por los impuestos de los mil Atilas que mal gobiernan este pobre país; la posibilidad que tienen de ampliar, previo el abono del correspondiente óbolo, a cinco horas el programa de una hora que en la actualidad tiene cierto personaje que en el pasado tuvo una importante relevancia financiera y al que siempre se le relacionó con cierta sociedad secreta condenada repetidamente por el Magisterio de la Iglesia Católica a la que dicho grupo dice estar orgulloso de pertenecer, aunque parece que desconoce el contenido de las distintas Encíclicas Papales y más concretamente la de León XIII titulada “Humanus Genus”. Por cierto y para terminar, hay que indicar igualmente que para hacer honor al nuevo nombre del programa, el protagonista debería permanecer las cinco horas calladito y preferiblemente en posición horizontal.

UNA EXPLICACIÓN A LA CRISIS DEL CINE

De las artes existentes, la más popular a la vez que sintética de todas ellas es la denominada “Séptimo Arte”, es decir, el cine; el cual a pesar de haber ido evolucionando rápidamente en poco más de cien años al pasar de ser mudo a ser sonoro y de ser en blanco y negro a ser en color y, más aun, en tres dimensiones, parece ser que esta pasando por una importante crisis a nivel mundial que no solo afecta al cine español.

El cine es un arte sintética porque reúne en ella a todas las demás artes, así en cualquier producción cinematográfica veremos como se requiere de la arquitectura aunque solo sea para hacer unos decorados en cartón piedra, de la fotografía, de la pintura, de la música y sobre todo de la literatura que se manifiesta en los guiones de las películas muchos de los cuales son adaptaciones para el cine de novelas más o menos clásicas y famosas en el mundo literario.

Fundamentalmente, la crisis que sufre el cine tiene su origen en una crisis generalizada de todas las artes de las que se nutre consideradas individualmente, pero sobre todo y ante todo en una crisis de la literatura empezando a ser muy difícil encontrar una película con un guión que desarrolle un argumento original, llegando al extremo de que un porcentaje representativo de las películas que actualmente se estrenan en la gran pantalla o bien son segundas versiones (remakes) de otras películas anteriores o adaptaciones para la gran pantalla de antiguas series televisivas, que tras una muy sabia campaña publicitaria consiguen, más o menos, la benevolencia del público. Además de este hecho irrefutable, resulta que otro porcentaje muy elevado de nuevas producciones cinematográficas posee un argumento ya utilizado con anterioridad en otras muchas películas. Así, por ejemplo, es de señalar que una película que sonaba mucho para ser “triunfadora” en los premios “Oscar” de este año 2011 fue “Valor de Ley”, remake de la conocida película del mismo título dirigida en 1969 por Henry Hathaway y protagonizada por John Wayne, lo que ya es indicativo de que tal vez las musas, que inspiran novedades, hayan dado la espalda a los guionistas.

Las segundas versiones o remakes al menos poseen la honradez de no pretender disimular que se nutren directamente de los mismos guiones de los que se sirvieron las versiones primigenias utilizando incluso las mismas frases, pero donde la crisis del cine se manifiesta con toda su crudeza es en la esterilidad de los argumentos de las nuevas producciones cinematográficas los cuales tienen que basarse en los ya utilizados anteriormente por otras. Esta repetición de los argumentos puede ser clara y directa como ocurre en la recientemente estrenada “Invasión a la Tierra”, que reproduce el argumento de “Independence Day” u ocultarse mediante un cambio de escenario o de época como ocurre, por ejemplo con “Avatar” que tiene el mismo argumento que un viejo Western que narra “la Conquista del Oeste” o con las resucitadas películas de “Romanos” que, como “Centurión” o “La Legión del Águila”, nos presentan al viejo “Rambo” con una loriga y un gladio en vez de un AK-47.

Siendo esta la cruda realidad de las producciones cinematográficas que de unos años a esta parte inundan las pantallas de nuestros cines no es de extrañar que los espectadores tengan la sensación de que están viendo una y otra vez la misma película y que a la media hora de proyección ya sospechen con certeza que es lo que va a ocurrir y como va a terminar la misma no siendo extraño, pues, que el número de asistentes a las salas de proyección vaya descendiendo. Frente a esto la industria cinematográfica intenta salvar la crisis con la huída hacia delante que supone la introducción en todas las películas de unos efectos especiales cada vez más sofisticados y llamativos y con la introducción cada vez más frecuente del efecto 3D en todas las cintas, pero de no solucionarse el problema de la falta de originalidad de guiones y argumentos no es de esperar que estas medidas sean suficientes para salvar al séptimo arte porque estos efectos no alejan ni pueden alejar del espectador la pésima sensación, mortal para el arte cinematográfico, de ya haber visto la película con anterioridad en alguna otra ocasión.

¿VOLVERÁ EL RACIONAMIENTO?

Anteayer, día siete de Marzo del 2011, con la supuesta intención de ahorrar energía, entró en vigor por “Orden de la Autoridad”, la muy imaginativa medida de limitar la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 Kilómetros por hora.

En primer lugar esta medida, que pretende ser temporal y que se supone terminará el próximo mes de Junio, resulta de dudosa inteligencia porque lo cierto es que tan solo significará una modesta reducción en el consumo de combustible para las economías domésticas lo que, por cierto, también llevará a una pequeña reducción en los ingresos del Estado derivados de las decenas de impuestos indirectos que gravan la gasolina, aunque sin duda esta reducción de ingresos se compensará con las multas que se van a imponer por rebasar los nuevos límites de velocidad. Por otro lado no deja de llamar poderosamente la atención que un gobierno que ha justificado no pocas de las iniciativas legislativas que ha adoptado con aquello de que “con su cuerpo cada uno hace lo que quiere” ahora pretenda proteger las economías familiares preocupándose por lo que cada ciudadano gasta en llenar el depósito de su automóvil e impidiéndonos circular a 120 Km/h cuando durante años ha estado permitiendo alegre e irresponsablemente que los españoles hipotecaran dos vidas para poder tener un techo digno bajo el cual vivir.

En segundo lugar, la reducción de la velocidad máxima en las autovías y autopistas viene a cuestionar el para qué y el por qué durante años y años se han estado construyendo infraestructuras y más infraestructuras entre las cuales se encontraban líneas de ferrocarril y miles de kilómetros de autovías y autopistas para que ahora se nos diga que tenemos que circular por ellas como si se tratara de las viejas carreteras radiales de los años setenta del pasado siglo y se nos afirme que hay que ahorrar energía eléctrica ¿Acaso no sabían nuestros sabios políticos que si se hacían mejores carreteras era para hacer más rápido y seguro todo el transporte por carretera? ¿Es qué no previeron nuestros inteligentes legisladores que el incremento de la red de ferrocarriles supondría un proporcional incremento de consumo eléctrico?.

Finalmente, la reducción de la velocidad máxima en carreteras, unida a las otras medidas para el supuesto ahorro de energía resulta carente de la más mínima sinceridad hacia los ciudadanos pues detrás de ella se encuentra la lamentable situación energética de nuestro país que es la siguiente: El consumo de energía en España se ha incrementado notablemente en los últimos años sin que exista una infraestructura energética suficiente para satisfacer la demanda interna lo que hace que el gasto público dedicado a la importación de crudo y de electricidad producida en el exterior se haya disparado hasta niveles insostenibles, todo ello sin que exista ni se plantee el tener en el futuro un plan energético que responda a la creciente demanda de energía en nuestro país.

Tras la adopción de estas medidas es imprescindible preguntarse cuanta energía se ha gastado en la fabricación de las pegatinas que se pondrán sobre las señales de autovías y autopistas y cuanto gasto generará el cambio de bombillas en la iluminación pública de calles y carreteras porque del ahorro energético que se presupone se va a generar hay que deducir el gasto que la puesta en marcha de las mencionadas medidas va a ocasionar y lo más probable es que se compruebe que el ahorro esta muy lejos de ser significativo.

En definitiva, atendiendo a la grave situación energética que padecemos y considerando que se habla de la existencia de varios escalones de medidas de ahorro energético a adoptar siendo el que ha entrado en vigor el primero de ellos cabe pensar si no se terminará implantando la cartilla de racionamiento de combustible para vehículos privados y cortes periódicos en el alumbrado público en todas las ciudades españolas. Al fin y al cabo, si por ejemplo, se estableciera el racionamiento de combustible a cuarenta litros por mes y por persona con carnet de conducir y se cortara el alumbrado público en todas las ciudades una hora diaria entre las tres y las cuatro de la madrugada, no cabe duda de que el ahorro de energía sería muy superior al que va a generar esta medida propia de unos hippies que tanto parecen añorar los tiempos pasados que desean revivirlos hasta con restricciones y cartillas de racionamiento incluidas con tal de no afrontar de forma sería y eficaz el problema energético español.

EL TRIBUNAL DEL JURADO: FALSEAMIENTO O INEFICACIA

La noticia de que la mujer acusada en Tafalla (Navarra) de haber provocado la muerte a su marido volverá a ser juzgada después de que fuera absuelta de todos los cargos en virtud del veredicto dictado por un Jurado popular reabre la polémica sobre esta institución judicial en nuestro país.

Desde que, en 1996, se iniciaran los procedimientos del Jurado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de Mayo han existido varios casos (entre ellos el que absolvía a un joven que acabó con la vida de dos Ertzainas en Euskalherria) que han cuestionado la eficacia de estos procedimientos judiciales, tal vez, porque el legislador al plasmar su existencia en la Constitución de 1978 tuvo la intención, como en otros muchos casos, de reconocer formalmente el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia a través del Jurado, pero jamás se le pasase por la cabeza que tal derecho se pudiera poner en práctica. Esta podría ser una explicación del por qué los Tribunales del Jurado tardaron casi veinte años en constituirse desde que se reconociera la existencia de esta institución en la Constitución de 1978.

El Jurado es una institución jurídica fundamentalmente asentada en el Common Law o Derecho Anglosajón que se aplica en Estados Unidos o Inglaterra, habiendo sido adoptado también por el Derecho Continental Europeo o Sistema Romano Germano Francés aunque en este segundo sistema no se trata de un Jurado Puro integrado totalmente por personas legas en Derecho sino de un Jurado Escabinado o mixto formado por jueces profesionales y por ciudadanos legos designados por sorteo.

En nuestro país se adoptó el sistema de Jurado Puro rechazándose el Jurado Escabinado y en vez de reformar toda la legislación procesal penal para que el Tribunal del Jurado fuera la base de la administración de justicia, se procedió a encajarlo forzosamente en un sistema procesal al que le resultaba extraño tal institución limitándose su competencia al conocimiento de determinados delitos muy graves, tales como el homicidio y el asesinato, siempre que lo fueran en grado de consumación, y excluyéndose de su conocimiento la inmensa mayoría de los delitos recogidos en el Código Penal. Así pues, por la propia competencia objetiva atribuida al Tribunal de Jurado por la Ley 5/1995 de 22 de Mayo, queda nítidamente demostrada la ausencia de fe del legislador en esta institución judicial.

No obstante, lo más grave y que priva de toda credibilidad y validez al Jurado en nuestro país es el establecimiento de un sistema de recursos que le escamotea su elemento substancial y esencial que es la plena soberanía de sus decisiones reflejadas en los veredictos.

El procedimiento del Jurado en cualquier país es básicamente el siguiente: a un número determinado de ciudadanos en plenitud de sus derechos (nueve en nuestro ordenamiento jurídico) se les convoca para considerar sobre la culpabilidad o inocencia de otro ciudadano, se les presentan unas pruebas (científicas, documentales, testificales, etc…) y se les argumenta a favor o en contra del reo. Posteriormente se retiran a deliberar en secreto y, aislados de toda influencia externa, llegan a una conclusión que plasman en un documento que se denomina Veredicto y en el que se declara al acusado culpable o inocente. Todo este procedimiento no está exento de que pueda concurrir en él, tanto por parte de las defensas como por parte de las acusaciones, un elevado; pero también legítimo y legal, componente de teatralidad para conseguir atraer a los miembros del Jurado a sus intereses.

Este componente de teatralidad, que queda perfectamente reflejado en numerosas películas norteamericanas, permite a las partes acudir a numerosas técnicas y argumentos, siendo el último y el más grave de ellos la posibilidad que tiene la defensa de invertir la culpabilidad, es decir, de hacer aparecer a la víctima como merecedora del daño sufrido (1).

Como consecuencia de todo el procedimiento y de toda la actividad probatoria que se debería realizar ante el Jurado, los miembros de éste pueden valorar libremente las pruebas que se les hayan presentado y asimismo valorar libremente los argumentos que se les hayan realizado a favor o en contra del reo por lo que pueden llegar a la decisión que quieran aunque esta sea contraria a las pruebas y razones presentadas por mucho que las mismas demostrasen sin ningún género de duda la inocencia o la culpabilidad del acusado. Por todo ello, el Jurado es completamente libre y soberano en sus deliberaciones y decisiones y no debería caber revisión de un veredicto dictado por un Tribunal del Jurado salvo en los casos en que se hayan ocultado, manipulado o falseado las pruebas que se les haya presentado para su valoración hasta tal punto de que, de haberse presentado esas pruebas o de no haberse manipulado las mismas, el resultado del veredicto pudiera haber sido otro.

En nuestro sistema procesal penal la revisión, por vía de recurso, de las decisiones tomadas libremente por el Tribunal del Jurado, privan a este de toda soberanía en la toma de sus decisiones permitiendo que los veredictos, que a juicio de profesionales del derecho no sean ajustados al mismo, sean revisados por tribunales superiores y exclusivamente formados por jueces profesionales por lo que se abre el camino a la revisión de las sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado por el simple hecho de ser consideradas escandalosas o generadoras de alarma social, lo que nos hace preguntarnos ¿Para qué se han instituido los Tribunales del Jurado si no se les permite ser soberanos en sus valoraciones y sus veredictos quedan sujetos a revisión cada vez que originen sentencias que no sean del gusto de la autoridad superior?, y si la decisión final recae en un Tribunal formado exclusivamente por magistrados profesionales ¿No hubiera sido mejor dejar la administración de justicia a estos Tribunales integrados exclusivamente por profesionales del Derecho?.

(1) Caso Raoul Villain, 1919, Francia. El 31 de Julio de 1914 Raoul Villain asesinó al diputado socialista francés Jean Jaures, tras más de cuatro años de prisión preventiva fue sometido a juicio en 1919 y considerado inocente por un Jurado popular, el argumento del veredicto tuvo el siguiente contenido: “Si el adversario de la guerra Jean Jaurès hubiera tenido éxito, Francia no habría podido ganar la guerra". La familia de Jaurés, que se preocupó de llevar a los tribunales a Villain fue condenada a pagar las costas del proceso. Posteriormente y, en gran medida a consecuencia de este caso, se instauro en Francia en el año 1932 el Jurado Escabinado.

REVUELTAS EN EL MUNDO ÁRABE

Desde que hace poco más de mes y medio se iniciaran en Tunez las protestas populares que culminaron con la huída del país del presidente Ben Alí, la explosión social se ha extendido por todo el mundo árabe, desde Marruecos a Irán, generando ríos de tinta en todos los medios oficiales de Occidente que dejan entrever más temor y preocupación que cualquier otra cosa.

Estas protestas populares que se suceden en todo el Mundo Árabe han demostrado no poseer un claro objetivo ideológico porque se están produciendo tanto en estados manifiestamente pro-occidentales y aliados de Estados Unidos (Tunez, Egipto) como en estados “revolucionarios árabes” o de “Socialismo árabe” (Libia), antaño aliados de la extinta Unión Soviética y, realmente, se dirigen más contra la galopante y manifiesta corrupción político-económica de la casta gobernante en cada uno de estos estados que a favor de la instauración de un régimen político similar a lo que en Europa se considera un régimen democrático, siendo por tanto protestas más sociales que políticas.

Igualmente se han producido protestas en Iran y en Bharein, aunque las mismas parecen que están muy lejos de desestabilizar a sus respectivos gobiernos existiendo la posibilidad de que tengan unos orígenes diferentes y menos espontáneos que las producidas en el Norte de África, pudiéndose atribuir las protestas en Irán a maniobras desestabilizadoras de algún servicio secreto y las de Bharein a un enfrentamiento étnico entre la mayoría Chií y la minoría gobernante Suní. No obstante, resulta extremadamente curioso e insuficientemente analizado en Occidente que ninguna protesta se haya producido en estados que, de forma pública, publicada y conocida, están extremadamente lejos de ser unos “paraísos de libertades” y que vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos aplicando la Sharía o Ley Islámica como son Arabia Saudí, Dubai o los Emiratos Árabes Unidos.

Lo cierto es que estos movimientos populares musulmanes no son ideológicamente homogéneos y en ellos existe una confluencia accidental de intereses individuales y colectivos que, en caso de triunfo, les puede hacer imprevisibles. Así, por ejemplo en las protestas egipcias se ha podido observar a manifestantes que ondeaban la bandera del Partido Comunista Egipcio al lado de aquellos que pretendían la restauración del régimen monárquico.

Esta heterogeneidad ideológica puede llevar a dos resultados negativos y desesperanzadores:

El primero de estos resultados no deseable es que el régimen político contra el que se han producido los levantamientos populares prescinda de sus viejos líderes visibles mandándolos al exilio o haciéndoles comparecer en juicios sumarios y la clase dirigente de dichos regímenes, participando de la máxima Lampedusiana de “cambiarlo todo para que todo siga igual”, utilice las discrepancias que, sin duda, surgirán entre los líderes populares para reconducir el movimiento popular hacia el apoyo a un nuevo liderazgo que en realidad practicará una política continuista.

El segundo resultado negativo sería que, la heterogeneidad ideológica permita que el grupo mejor organizado y con las ideas más claras, aunque no sea el mayoritario, termine representando la totalidad de la protesta y la encauce hacia sus propios fines particulares tal y como sucedió en Irán en 1978 con las protestas contra el régimen del Shah que, siendo originariamente unas protestas heterogéneas en la que participaron liberales, progresistas y hasta comunistas pro-soviéticos, terminaron siendo capitalizadas por los clérigos islámicos y culminaron con la instauración de una República Islámica. Hay que tener en cuenta y muy presente que, hoy por hoy, los grupos políticos opositores más organizados tanto en el Magreb como en todo el mundo musulmán son los grupos confesionales islámicos por lo que no se puede descartar una repetición de lo sucedido en Irán en el año 1978.

Aunque los movimientos populares en los países árabes han sido alegremente acogidos por distintos sectores sociales europeos, especialmente por los más progresistas, lo cierto es que es demasiado pronto para hacer un balance positivo de los mismos siendo lo más aconsejable y lo más prudente guardar por el momento cierta distancia y permanecer atentos ante las posibles derivas que los mismos puedan tomar en el futuro.

EL RETORNO DE LAS DESAMORTIZACIONES

Resulta ya evidente y no es posible ocultar que la crisis económica mundial ya ha alcanzado en pleno a España, la cual se encuentra totalmente endeudada y con dificultades cada vez mayores para colocar títulos de deuda pública en los mercados internacionales que la permitan adquirir una liquidez con la que poder hacer frente a los pagos inmediatos.

Si estuviéramos hablando de una empresa privada tendríamos que decir que la economía española se encuentra al borde de la suspensión de pagos, que siempre suele preceder a una quiebra aunque se diferencia de esta en que, en la Suspensión de Pagos, el deudor (en este caso el estado y las instituciones públicas) tiene suficientes activos para hacer frente a sus deudas pero carece de dinero en efectivo para pagarlas.

Esta grave situación no es nueva en nuestro país porque ya se dio a comienzos del Siglo XIX a causa de la guerra contra Napoleón que engendró un enorme endeudamiento además de provocar la destrucción de las infraestructuras económicas del país. Para hacer frente a aquella situación los políticos decimonónicos acudieron a una rápida solución, más aparente que real, y que históricamente se conoce como “las Desamortizaciones”, las cuales se prolongaron desde 1836 hasta 1924, fecha esta en que las Leyes Desamortizadoras fueron derogadas por la promulgación del “Estatuto Municipal”.

El proceso desamortizador del Siglo XIX respondió al principio básico de “sacar de donde se pueda” para lo cual se expropiaron bienes eclesiásticos, pero también bienes propiedad de las corporaciones gremiales y, sobre todo, bienes “del común” propiedad de los municipios para ponerlos a la venta e ingresar lo que por ellos se obtuviera en el erario público consiguiendo así una inmediata liquidez económica. No obstante el resultado de estas “Desamortizaciones” fue dudoso porque la venta de Iglesias, Abadías y Monasterios se hacía, tras la exclaustración forzosa de los monjes, con todo lo que había en su interior lo que provocó la pérdida de innumerables obras de arte y de objetos culturales además de suponer una proletarización de los sacerdotes exclaustrados. Por su parte, la “desamortización” de los bienes gremiales originó que estos perdieran el grueso de las rentas con las que satisfacían ciertas prestaciones sociales a sus agremiados mientras que la “desamortización” de las tierras comunales (bienes “del común”) provocó el empobrecimiento de las corporaciones municipales que perdían las rentas que estas tierras pudieran generarles y sobre todo el empobrecimiento de los ciudadanos de esos municipios que utilizaban libremente las tierras comunales para recoger leña para el invierno o, simplemente, para que pastaran sus cabezas de ganado (1).

La hacienda pública, para cuyo saneamiento se había acudido a las “Desamortizaciones” no obtuvo la liquidez deseada en primer lugar porque la puesta en venta, mediante subasta pública, de gran cantidad de bienes inmuebles provocó la bajada de los precios de los mismos y en segundo lugar, porque el estado permitió el pago de esos bienes mediante la entrega de los “títulos de deuda pública” previamente emitidos, lo que no generaba ingreso de dinero alguno.

Aunque es cierto que mediante las “Desamortizaciones” se obtuvo algún dinero que permitió salir de la situación de “Suspensión de Pagos” en la que se encontraba la economía española en aquel momento, no es menos cierto que los beneficios económicos para el Tesoro Público fueron dudosos y temporales mientras que, socialmente, el proceso desamortizador supuso la apertura de un abismo insalvable entre los que “lo tenían todo o podían tenerlo” y los que “nada tenían ni podían tenerlo” al empobrecer y proletarizar a una enorme masa de ciudadanos y enriquecer desmesuradamente a una minoría integrada incluso por ciudadanos extranjeros principalmente británicos que se convertirían en grandes propietarios de tierras y en dueños de no pocas infraestructuras mineras y ferroviarias.

Este discurso sobre las “Desamortizaciones” del Siglo XIX viene a cuento no solo ante lo manifestado por la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Esperanza Aguirre, quién textualmente ha dicho que el Ayuntamiento de Madrid debería “desamortizar” bienes inmuebles para aliviar la enorme deuda del Consistorio, sino sobre todo porque, ante la gravísima situación económica general, veremos como el Estado y demás instituciones periféricas venden activos públicos o se inventan “concesiones” de servicios públicos a empresas privadas, para pagar la deuda y hacer frente a los más elementales gastos corrientes.

No obstante, la venta de activos públicos, si bien es cierto que momentáneamente puede sacar de un atolladero económico a quien está endeudado, no es menos cierto que termina por generar una progresiva pérdida de rentabilidad que a la vez genera un progresivo empobrecimiento. Así, por ejemplo la venta de Mercamadrid propuesta por el Ayuntamiento de Madrid para sanear sus cuentas tendrá como efecto inmediato la entrada en caja de una importante cantidad de dinero, pero a medio y largo plazo provocará la pérdida de una rentabilidad que era continua y prácticamente infinita en el tiempo y, siguiendo el mismo camino, la venta de inmuebles propiedad de las instituciones públicas ciertamente implicará la entrada inmediata de dinero líquido en caja, pero a medio o largo plazo provocará un gasto infinitamente continuo en el tiempo en concepto de arrendamientos.

Así pues, no podemos basar la salida de la actual crisis en la venta de activos o privatización de servicios que es lo que pretenderá hacer la casta política imperante en España. La salida de la crisis, sin duda supondrá sacrificios, pero ha de basarse en la sustitución del modelo económico especulativo que ha sido fomentado desde el poder por un modelo económico productivo que, a la vez que potencie el comercio, genere un sólido tejido industrial capaz de producir bienes manufacturados competitivos para su venta en todos los mercados.

Por otra parte si, como se ha dicho al principio, la “suspensión de pagos” suele preceder a la quiebra es necesario aplicar a los gestores de la “Res Pública”, es decir a los políticos que han generado por imprudencia o negligencia esta dramática situación económica las mismas medidas que se toman contra los quebrados en el derecho mercantil, es decir, que jamás vuelvan a tener la posibilidad de gestionar ni al estado ni al más pequeño de los negocios y que respondan de la mala gestión económica con todos sus bienes presentes y futuros.

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(1) Es de indicar que de los bienes desamortizados en el Siglo XIX el 30 por ciento eran propiedad de la Iglesia, el 20 por cierto de las Corporaciones Gremiales y de Beneficencia y el 50 por ciento de los Municipios. Asimismo, como curiosidad tenemos que recordar que el Pinar de Valsaín situado en Segovia es actualmente un bien comunal que es gestionado por el Centro de Montes y Aserradero de Valsaín quien explota racionalmente los recursos forestales produciendo madera de calidad para la construcción de muebles y que los ciudadanos del pueblo de Artajona (Navarra), todos ellos combatientes carlistas en la última guerra civil, recompraron en lo años cuarenta del Siglo XX las tierras comunales de este municipio que le fueron arrebatadas por las desamortizaciones del Siglo XIX constituyendo estos dos ejemplos modelos de gestión y riqueza de la propiedad comunal municipal.