¿QUÉ FUE DE LA DEUDA GRIEGA?

            Tras la victoria en las elecciones griegas del pasado 25 de Enero del 2015 de la coalición Syriza se abrió, al mismo tiempo que un periodo de ilusión en los ciudadanos griegos, un periodo de expectación ante lo que el gobierno presidido por Tsipras pudiera hacer respecto a la enorme deuda que tiene el país balcánico con sus acreedores europeos.

            En un primer momento y tras celebrar la victoria que todo lo iba a cambiar para bien, el gobierno griego ignorando la realidad de su país pretendía imponer a los acreedores sus condiciones ante lo cual éstos amenazaron con no renovar el rescate a finales de este mes de Febrero con lo que Grecia entraría en quiebra y no podría pagar ni las pensiones ni lo sueldos públicos.

            Ante esta amenaza, el gobierno de Syriza ha moderado su postura y ahora ha decidido, esto hay que reconocerlo y llamarlo por su nombre, actuar como "un mal pagador" y, convertido en un auténtico "Caballero de la Tenaza", seguir el consejo del insigne Quevedo practicando "el arte de gastar la prosa y no soltar la mosca": ha pedido una prórroga, ha pedido comprensión y, en definitiva, ha ganado tiempo para no enfrentarse ante el duro muro de hormigón que constituye la dramática realidad económica griega. No obstante, gracias a este españolísimo arte, Grecia ha conseguido prorrogar el rescate hasta el próximo mes de Junio, llegado el cual seguro que habrá una vuelta a empezar con el tira y afloja y... ¡A ver qué pasa!.

            A cambio, el gobierno griego ha tenido que hacer una serie de propuestas a la Comisión Europea que suponen prácticamente el funeral del programa electoral que hizo ganar las elecciones a Syriza pues ha tenido que aceptar no tocar las privatizaciones realizadas por los gobiernos anteriores, reducir el gasto público, paralizar la readmisión de los funcionarios despedidos y modificar el IVA, seguro que al alza. Evidentemente la reducción del gasto público y una hipotética subida del IVA afectara socialmente a toda la población griega ya que lo segundo supondrá una subida generalizada de los precios y lo primero implicará, aunque se diga lo contrario, mas paro y menos poder adquisitivo para los griegos porque la única forma de reducir sensiblemente el gasto público es reduciendo el gasto en la administración, bien despidiendo funcionarios o bajándoles el sueldo así como recortando en las pensiones, o reduciendo el gasto en obras públicas de nueva construcción o en el mantenimiento de las existente lo cual se traduce en menos empleo. En definitiva, la reducción del gasto público llevara a un mayor empobrecimiento de la población griega y a su vez a una mayor necesidad de gastos sociales para los cuales el gobierno de Tsipras no tiene dinero y, por tanto, no podrá cubrirlos.

           

Por su parte la promesa de luchar contra la corrupción, el fraude fiscal y el contrabando están muy bien, pero aunque esta lucha tuviera un elevado porcentaje de éxito jamás sería este del cien por cien y, aun en ese caso, no supondría una recaudación suficiente para llevar a cabo el programa electoral de Syriza y, al mismo tiempo, hacer frente al pago de la deuda.

            En definitiva, todas las esperanzas en una mejoría social que los griegos pusieron en Syriza y en su líder Tsipras parecen diluirse dejando claro que durante la campaña electoral Syriza hizo gala de un excesivo e irreal optimismo o, simplemente, mintió al pueblo griego.

            Por otra parte, y con independencia de quién gobierne en Grecia, ¿Cual va a ser el final de esta situación?. Ese es el quid de una cuestión que por compleja no deja de ser interesante ya que la situación se reduce a la siguiente: un deudor que no puede pagar sus deudas aunque se lo proponga  y lo desee y unos acreedores que saben que no van a cobrar lo que se les debe. Ante esto entran en juego varios factores, el primero es que los acreedores (bancos y gobiernos europeos) deben salvar la cara ante sus accionistas y gobernados los cuales podrían preguntarse el por qué se hicieron sucesivos prestamos a un prestatario que carecía de fiabilidad y solvencia y el segundo es que los gobernantes griegos tienen que salvar la cara ante su pueblo al que se la ha prometido un paraíso imposible donde todo era posible, incluso el no pagar y seguir recibiendo dinero prestado.

            Los acreedores, que en su fuero interno ya saben que no van a cobrar el cien por cien de lo que les debe Grecia y que hasta ahora han jugado a apretarle las tuercas para que vaya soltando algo de lo que les debe tampoco pueden permitirse el lujo de llevar al deudor al suicidio pues entonces no cobraran nada, de esta forma, lo más seguro es que manteniendo el palo en alto mitiguen los intereses de la deuda, lo cual ya supondría una quita y concedan a Grecia mucho más tiempo para pagar el principal que debe. Con ese mayor tiempo el gobierno griego ganará alguna libertad de maniobra a efectos de aliviar el padecimiento de los ciudadanos aunque todavía les queda mucho por sufrir mientras que ambas partes lograran que la atención que hoy se centra en Grecia se vaya diluyendo para llegar a un final, aún muy lejano, donde el acreedor  tal vez haya recuperado un elevado porcentaje de lo prestado (perdiendo la totalidad de los intereses y quizás algo del principal) y solo alguien, en alguna reunión de amigos, suelte al aire el comentario de "por cierto ¿Qué fue de la deuda griega?".

PARAÍSOS FISCALES O TERRITORIOS PIRATA

            Como consecuencia de la publicación por un medio digital de parte de la llamada "lista Falciani" se ha vuelto a hablar de los llamados "Paraísos Fiscales" como si fueran unos territorios donde uno puede llevar su dinero y no tributar ni un solo céntimo, pero los "Paraísos Fiscales" entendidos como territorios exentos de toda tributación prácticamente no existen ya que la mera existencia de impuestos indirectos hace que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considere que el territorio en cuestión ya no es un "Paraíso Fiscal".

            Los verdaderos "Paraísos Fiscales" no son aquellos territorios o estados soberanos donde no existen impuestos sino aquellos que poseen una total opacidad en su gestión bancaria, se niegan o entorpecen sistemáticamente el intercambio de información a efectos fiscales con otros países y permiten a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país. Estas tres características se justifican y amparan en la existencia de severas leyes que garantizan el "Secreto Bancario" y una rígida protección de datos personales.

            Existe un listado de la OCDE en el que se relacionan los territorios y estados que se consideran "Paraísos Fiscales" aunque, no obstante, países como España y Argentina también tienen su propio listado diferente y/o más amplio al que proporciona la OCDE. ¿A qué es debido esta notable diferencia entre el listado de la OCDE y la de España o Argentina?. La respuesta a esta pregunta no puede ser más simple y se encuentra en los propios estados integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en la realidad de quienes constituyen los "Paraísos Fiscales".

            Los "Paraísos Fiscales" están integrados por dos entidades claramente diferenciadas: la primera sería la formada por estados soberanos, reconocidos internacionalmente y la segunda estaría constituida por territorios ultramarinos pertenecientes o administrados por potencias metropolitanas. En el primer caso (Mónaco, Andorra, Suiza, Granada, Belize, etc...) nos encontramos con estados de muy poca extensión geográfica, la mayoría de los cuales podrían considerarse estados de opereta que son económicamente imposibles por carecer de recursos naturales propios y por poseer escasa capacidad industrial, agrícola o ganadera por lo que basan su economía en la prestación de diversos servicios financieros y bancarios a personas y empresas de todo el mundo constituyendo los mencionados servicios su verdadero Producto Interior Bruto. En el segundo caso nos encontramos ante posesiones territoriales (Gibraltar, Curaçao, Aruba, Isla de Man, Guernesey, Puerto Rico, etc...), de potencias metropolitanas, que son o en su día fueron grandes imperios como la Gran Bretaña, Holanda o los propios Estados Unidos de América, y que de ser estados independientes serían estados económicamente imposibles y a los que la potencia a la que pertenecen les permite tener regímenes fiscales especiales y prestar ciertos servicios financieros y bancarios con el objeto de conseguir que sean económicamente autosuficientes y así no tener que cargar con el enorme coste que, de otra manera, supondría su mantenimiento.

            

Es precisamente el hecho de que la mayoría de los "Paraísos Fiscales" sean territorios pertenecientes a grandes potencias metropolitanas e integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como Gran Bretaña o Estados Unidos, lo que hace que dicha organización solo considere "Paraísos Fiscales" a Nauru y Niue mientras que considera que otros importantes "Paraísos Fiscales" como Gibraltar, la Isla de Man o Puerto Rico están comprometidos con la realización de una mejora en la transparencia e intercambio de información aunque tal mejora jamás termine de materializarse.

            En el supuesto caso de que la Comunidad Internacional desease  acabar verdaderamente con estos "Paraísos Fiscales" nada resultaría más fácil pues bastaría con que las organizaciones internacionales les instasen, no a tener un sistema fiscal concreto, cosa que iría claramente contra todo principio de soberanía e independencia, sino a abandonar el secreto bancario y a colaborar activamente en el intercambio de información con el resto de los países con el apercibimiento de, que de no hacerlo, se les consideraría excluidos del Derecho Internacional y se les podría considerar como "Territorios Pirata" pudiendo ser objeto sus bancos, sus ciudadanos y las empresas en ellos domiciliadas de todo tipo de sanciones, embargos de bienes en el extranjero y "asaltos informáticos" a sus bases de datos. Es decir, darles el mismo tratamiento que en el siglo XIX se daba a los buques declarados "piratas" y utilizando la misma táctica que se usó en la lucha contra la piratería en los siglos XVIII y XIX que se basaba en la idea de que "al corsario se le combate de forma corsaria". Esto, que parece una propuesta muy radical, no debe escandalizar a ningún lector porque ya hace unos años se descubrió que Alemania había pagado más de un millón de Euros a un informático, Lutz Otte, por violar la seguridad informática de los bancos suizos y robar los datos de evasores fiscales alemanes y la actual utilización por el estado español de los datos proporcionados por Falciani, no es más que el aprovechamiento por el mismo de una información conseguida de manera ilícita según la legislación suiza y que, conforme al artículo 197 del vigente Código Penal español, constituye un delito de descubrimiento y revelación de secretos penado hasta con siete años de prisión.

            Para terminar, es de indicar, que a tenor de lo expuesto anteriormente, los "Paraísos Fiscales" existen fundamentalmente porque son tolerados por todo el mundo y porque no existe un verdadero interés en acabar con ellos al resultar en ocasiones muy útiles a no pocos estados y a sus servicios secretos para financiar operaciones políticas y militares encubiertas por lo que en esta materia no es de esperar nada más que, de vez en cuando, salgan algunos escándalos que haga que los dirigentes mundiales y miembros de la casta política se rasguen las vestidura y se mesen los cabellos pero que no tomen jamás medidas realmente eficaces para acabar con ellos.

"RESTITUTO FERNÁNDEZ "RESTI", EL NAVARRES FIEL Y LEAL" de Manuel Herrera Bravo

            Con este extenso título y escrita por don Manuel Herrera Bravo se ha publicado recientemente la biografía de don Restituto Fernández López, leal servidor y amigo personal de Don Jaime de Borbón y Borbón Parma, Jaime III, al que acompañó durante su reinado en el exilio.

            Restituto Fernández López, nació en Nava del Rey (Valladolid) en 1880 y, tras la muerte de Don Carlos VII, entró al servicio de S.M.C. Don Jaime III en 1909; primero como cajero, luego como pagador del Castillo de Froshdorf y finalmente como ayuda de Cámara llegándose a convertir en amigo y confidente del Rey y depositario de numerosas anécdotas entre las que destaca la visita que hizo en Paris, tras la proclamación de la II República,  Alfonso (llamado el XIII) a su primo Jaime III durante la cual llegó a lamentarse de no haber  tenido jamás a su alrededor personas leales como las que aclamaban, en esos momentos, a Don Jaime como Rey de las Españas o como el propio Restituto Fernández, a lo que don Jaime III contesto: "Restituto es tan leal que si ahora mismo le digo que te mate ya te puedes dar por muerto".

            Restituto Fernández López, conocido por todos los carlistas como "Resti", diminutivo cariñoso y familiar con el que le denominaba el propio don Jaime III, fue modelo de lealtad y abnegación durante toda su vida  y tras su regresó a España, a su Nava del Rey natal donde fallecería en 1954, siempre defendió la memoria de quien fuera su Rey y amigo.

            El libro que reseñamos y cuya lectura recomendamos, además de tratar la figura de Restituto Fernández, "Resti", se adentra en la historia poco conocida de la villa vallisoletana de Nava del Rey que llegó a ser considerada como "la Estella Castellana" por su fuerte vinculación con el Carlismo y con la Dinastía Legítima, para terminar haciendo referencia también al hijo de "Resti", don Jaime Fernández Gasparini, que no dejó de honrar a su padre llegando a ser nombrado "Hijo adoptivo de la ciudad de Segovia" por su gran dedicación al fomento y promoción de la cultura segoviana revitalizando viejas tradiciones como la Romería del Malangosto u organizando el IV Centenario de San Juan de la Cruz.

            "Restituto Fernández López, "Resti", el Navarrés Fiel y Leal", de Manuel Herrera Bravo viene a cubrir un vacío importante en la muy extensa bibliografía sobre el Carlismo al rendir un sentido homenaje a una persona que encarna la esencia de todo carlista: la lealtad inquebrantable a unos ideales y a unos principios.

EL EXPOLIO QUE VIENE

            Lo verdaderamente sustancial de un texto legal o de una declaración política no es tanto lo que se dice como lo que no se dice y el cómo se dice y eso es, precisamente, lo que ocurre con la proyectada reforma de la Administración Local y con la nueva Ley de Montes que prevé el gobierno, las cuales tienen una orientación económico-administrativa tendente, no a ahorrar dinero público a los ciudadanos como se sostiene, sino a beneficiar a los grandes y medianos municipios en perjuicio de las pequeñas corporaciones locales (municipios pequeños, pedanías y juntas vecinales) y sus habitantes así como a reactivar nuevamente la famosa burbuja inmobiliaria que es el origen de la mayoría de los males inmediatos que nos afectan.

            En primer lugar, hay que explicar que la burbuja inmobiliaria explotó fundamentalmente porque la demanda de terrenos y viviendas cayó a consecuencia del incremento desmesurado e irracional de los precios de los inmuebles, la desconfianza crediticia debida al estallido del escándalo de las inversiones subprime (préstamos muy rentables pero de muy alto riesgo) en Estados Unidos y el incremento del desempleo a consecuencia de la globalización de la crisis económica iniciada por la causa anterior. Esto hizo que muchos municipios españoles que habían disparado su gasto público en la construcción de cuestionables infraestructuras recurriendo a financiación ajena ya que presentaban, a corto y medio plazo, inmejorables condiciones de solvencia económica por ingresar en sus arcas cantidades ingentes de dinero procedentes de la recalificación de terrenos y del cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor del Suelo (Plusvalía) dejasen de hacerlo y quedasen gravemente endeudados, lo que provocó a su vez la paralización de numerosas obras públicas municipales, el cierre de empresas y el incremento de desempleo.

            Evidentemente, cuando una institución, al igual que un individuo, se ve afectada por una crisis dimanante de una reducción de ingresos lo primero que hace es reducir gastos, pero la reducción del gasto solo es una medida excepcional para resistir un momento crítico puntual que no puede eternizarse en el tiempo. Una economía no puede basarse exclusivamente en la contención del gasto por lo que el siguiente paso consiste en buscar un medio adecuado para incrementar los ingresos y es precisamente ese medio el que tiende a proporcionar la supresión de pequeños municipios prevista en la reforma de las Administraciones Locales así como determinadas medida incluidas en la modificación de la vigente Ley de Montes.

            Como, ya hemos dicho en más de una ocasión, "nada nuevo hay bajo el Sol" y, por mucho que se empeñen algunos "Narcisos" de su intelecto, las únicas ideas nuevas no son más que viejas ideas que han caído en el olvido. De este modo, en el año 2015, y con la pretendida justificación de ahorrar en el gasto público se quiere vender una "novedosa idea" que no consiste nada más que en resucitar el viejo proceso Desamortizador del Siglo XIX.

            Como ya ha pasado mucho tiempo, la cultura política no está muy extendida y este es un país donde, tal y como dijo Agustín de Foxá, "los españoles siempre van detrás de un cura: unas veces con un cirio y otras con un palo, pero siempre detrás", para la mayoría de los ciudadanos españoles las Desamortizaciones del Siglo XIX fueron una muy progresista idea que quitó numerosos bienes inmuebles a la Iglesia Católica en beneficio de la libertad del pueblo español y de la laicidad del estado, pero lo cierto es que el proceso desamortizador, en palabras de Tomás y Valiente no fue más que la "apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a «manos muertas»; venta de los mismos (en pública subasta) y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda". La cuestión es que, a pesar de lo que se cree por el común de los ciudadanos, las Desamortizaciones no tuvieron solo por objeto los bienes inmuebles de la Iglesia Católica, sino también, y sobre todo, el de los Gremios profesionales así como los baldíos y las tierras comunales de los municipios.

Con las "Desamortizaciones" el estado pretendía conseguir liquidez para hacer frente a la deuda pública, pero el remedio fue peor que la enfermedad y lo único que se consiguió fue la pérdida de numeroso patrimonio histórico y artístico al venderse monasterios, ermitas e iglesias con todo lo que había en su interior, sin que ni siquiera si hiciera un inventario previo para saber qué es lo que se vendía, y destruir la economía rural de unos campesinos que vivían de la explotación de las tierras comunales municipales.

            Esto precisamente vuelve a repetirse con la pretendida reducción de pequeñas entidades locales que desea el gobierno con el beneplácito de todo los partidos del arco parlamentario y alguno todavía extraparlamentario.

            Los pequeños municipios, pedanías y juntas vecinales son entidades locales de marcado carácter rural que tienen términos municipales más o menos extensos y muy poca población que requiere poco gasto público en infraestructuras y servicios públicos y donde, además, los cargos electos generalmente no cobran nada por administrar dichas entidades. Por tanto, suelen ser entidades que gozan de algún modesto superávit presupuestario que, de ser absorbidas por un municipio mayor, pasaría a engrosar las maltrechas arcas de ese municipio, lo cual es significativo pero no lo más importante porque lo sustancial de esa hipotética absorción se encuentra en el hecho de que el municipio absorbente ampliará su término municipal y pasará a administrar los bienes comunales y de uso público propiedad de la entidad absorbida abriéndose, de este modo, la puerta a la recalificación de esos bienes y, en definitiva, a su liquidación para beneficio de los nuevos gestores y administradores que verán así paliar o incluso desaparecer su deuda pública.

            Pero esta reducción de entidades locales, no solo afectará a la propiedad comunal, sino también a la propiedad particular porque desde muchas generaciones atrás los usos tradicionales de los vecinos de esos pequeños municipios y pedanías les hacían huir de los "quebraderos de cabeza" que suponían los arduos procedimientos legales y administrativos y existe en ellos numerosos inmuebles, rústicos y urbanos, sobre los cuales el derecho de propiedad se ejerce en virtud de actos jurídicos (compraventas, herencias, donaciones, hijuelas, etc...) que no han sido jamás elevados a escritura pública ni registrados en los correspondientes registros de la propiedad por lo que un municipio más grande, basado en el estricto cumplimiento de las normas burocráticas, podría poner en cuestión tales derechos y hacer que muchas propiedades particulares se perdieran y engrosasen el llamado patrimonio público que gestionará y enriquecerá al municipio que absorba a esa pequeña entidad local.

            Por último, la nueva Ley de Montes proyectada por el gobierno favorece, facilita y refuerza las posibilidades de especular con los terrenos quemados al eliminar la vigente prohibición de recalificarlos hasta que no transcurrieran treinta años después del incendio. La nueva ley, en su artículo 50, permitirá a las comunidades autónomas acordar el cambio de uso forestal de un monte quemado cuando se den “razones imperiosas de interés público de primer orden”, esto es, cuando sea económicamente aconsejable y rentable. Sin lugar a dudas, la redacción de este artículo hará que nuevamente aumenten los incendios forestales y, junto a la reforma local prevista, se sirva para mejor provecho de unas entidades autonómicas que, como el propio estado en su conjunto, se han ocupado durante los últimos cuarenta años en crear una economía mono sectorial, cortoplacista, puramente especulativa y altamente deficitaria en el aspecto humano, social y político cuyo sostenimiento a todo trance se puede terminar traduciendo en el expolio de una gran parte de la población española.