A mediados del Siglo XIX, Fiodor Dostoyevski afirmó que "el grado
de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos"; ya
entrados en el Siglo XXI, por su parte, se puede afirmar, tal vez con mayor
certeza, que el poder interno de un estado se mide por la seriedad con la que
sus tribunales administran justicia, lo cual parece encajar perfectamente para el caso del Estado
Español.
Esto viene a cuento de lo acaecido el pasado
26 de Julio de 2017 en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando
de Henares (Madrid) donde ha continuado el enjuiciamiento de la llamada
"Trama Gürtel" con la declaración testifical del actual Presidente
del Gobierno y líder del Partido Popular, don Mariano Rajoy Brey, y que tuvo
mucho de espectáculo poco serio pero muy revelador de la falsedad e hipocresía
que impera en nuestras instituciones.
El Presidente del Gobierno de España
fue propuesto como prueba testifical por una de las acusaciones particulares
que ejercen la acusación popular en el procedimiento. En un principio, la
práctica de dicha prueba no fue admitida dejando la sala, para más adelante, la
posibilidad de admitirla cosa que ocurrió después de que uno de los magistrados
que la integran cambiase de opinión ante la negativa a declarar en el acto del
Juicio Oral del representante legal y apoderado del Partido Popular, partido
político que aparece en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal como
responsable civil.
Citado don Mariano Rajoy Brey para
comparecer como testigo para el día 26 de Julio de 2017, empezaron los
movimientos tendentes a que declarase por escrito o por videoconferencia a todo
lo cual se opuso el Tribunal indicando que debería acudir personalmente a la
sede judicial. Llegado el día indicado, como no podía ser de otra forma, se
produjo un enorme despliegue de seguridad que abarcó un perímetro de varios
cientos de metros alrededor de la Sede Judicial y un férreo control de acceso a
sus proximidades, lo cual solo se puede considerar normal ante la posibilidad
de que se produjera cualquier incidente dada la relevancia del personaje
llamado a comparecer.
Lo que ya no resulta tan normal es
el especial tratamiento que el Tribunal ha dispensado al testigo don Mariano
Rajoy Brey, que comparecía en calidad de presidente del Partido Popular y no en
su calidad de Presidente del Gobierno. A diferencia del común de los testigos,
don Mariano Rajoy, no ha declarado en el sitio habitualmente reservado a los
mismos sino que se le ha permitido subirse a estrados, lugar legalmente reservado
exclusivamente a Abogados, Procuradores y Jueces y Magistrados, situándose a la
derecha y al mismo nivel que los Magistrados. Esto que parece baladí no lo es
tanto porque el lugar que cada uno ocupa en la sala de un Tribunal esta legal y
reglamentariamente establecida; del modo que los jueces y magistrados se
situarán en un plano superior a los abogados y fiscales que se encontraran
enfrente unos de otros y en el mismo plano como muestra de la igualdad de
partes, mientras que los acusados y testigos estarán en un plano inferior al de
los abogados y fiscales.
El
hecho de que el testigo don Mariano Rajoy Brey haya declarado desde estrados
situándose en el mismo plano que los magistrados y a la derecha de los mismos
constituye, innegablemente, la concesión injustificada de un privilegio que
revela que eso de que "todos somos iguales ante la ley" resulta un
mito falso de nuestro, llamado, Estado de Derecho.
El tribunal ha pretendido justificar
tal privilegio ante los letrados, medios de comunicación presentes y público
asistente alegando que "la policía de Sala" había aconsejado tal
medida por seguridad lo cual, como ahora veremos, no deja de resultar muy
difícil de creer. Como hemos dicho, en el polígono industrial de San Fernando
de Henares (Madrid), donde se encuentra la Sede de la Audiencia Nacional, se
había establecido un perímetro de seguridad bastante amplio alrededor de la
misma dentro del cual solo podían acceder, previa identificación ante los
Servicios de Seguridad del Palacio de la Moncloa, los profesionales del
derecho, los medios de comunicación, los acusados y unos pocos manifestantes
perfectamente identificados, acotados y controlados; luego a la Sede Judicial
solo podían acceder, nuevamente previa identificación y tras pasar por el arco
de seguridad, los profesionales del
derecho, los medios acreditados, los acusados y un restringido público al que
se le permitiría acceder a la Sala. Una vez dentro del edificio, a la Sala
donde iba a declarar tan mediático testigo, han accedido primero los
profesionales del derecho, luego los acusados (solo acudió uno de ellos), tras
estos los medios de comunicación acreditados y por último una veintena de personas
que constituían el reducido público. Así pues, resulta muy difícil de creer
que, en esas circunstancias, la ubicación de don Mariano Rajoy dentro de la
Sala de Juicio plantease problema alguno de seguridad, menos aún si se
considera que el número de efectivos policiales presentes en la misma, y que
generalmente es de dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, se había
incrementado notablemente con la presencia de numeroso personal de seguridad de
la propia Presidencia del Gobierno.
Habitualmente, un testigo declara de
frente a los Jueces o Magistrados, de espaldas al público y a la puerta de
acceso a la sala sentado en una silla y auxiliado por una pequeña mesa,.
Este hecho de estar de espaldas al
público tampoco plantea problema alguno si se considera que entre el público y
el testigo media un espacio en el que hay al menos dos policías que pueden
impedir cualquier agresión al testigo por su espalda pudiéndose incrementar el
número de efectivos hasta, incluso, crear un cordón policial en torno suyo. Por
su parte, la puerta de acceso tampoco plantea problema porque es seguro que tal
puerta, al igual que todos los demás accesos posibles a la sala estarían
bloqueados por agentes policiales o de seguridad.
Por tanto, los motivos de seguridad aducidos
para justificar el privilegio del que ha gozado don Mariano Rajoy al sentase en
estrados para declarar, resultan, tomando una frase empleada por el propio señor
Presidente del Gobierno en su declaración, "un razonamiento poco
brillante".
Curiosamente, la decisión judicial
de conceder este injustificado privilegio a un testigo como don Mariano Rajoy
ha puesto de nuevo en entredicho a la administración de justicia y su
imparcialidad, revelando a todos los ciudadanos que no existe esa pretendida
igualdad ante la ley y que nuestro "Estado de Derecho" está plagado
de principios rimbombantes vacíos de substancias que en realidad ocultan una
sucesión de ideas falsas. Si esa pretendida igualdad ante la ley no se da en
las formas que se ven ¿Quien se puede creer que se da en los razonamientos jurídicos
que llevan a la toma de decisiones y que permanecen ocultos a la generalidad de
los ciudadanos?. Por otra parte, también deja en una extraña posición
constitucional a la propia Jefatura del Estado, cuyos titulares, no hace mucho,
han tenido a una hija y hermana acusada en un proceso penal y que, a pesar de
haber estado desempeñando, durante lustros, funciones protocolarias y
representativas del Estado y ser, por ello, un claro objetivo terrorista, no ha
gozado del más mínimo privilegio en base a razones de seguridad por lo que lo
realizado por la Audiencia Nacional supone, de facto, un destronamiento
protocolario y un desplante a la Jefatura del Estado en beneficio de la
Presidencia del Gobierno que, en un estado serio, coherente, constituido y
estructurado sobre unas sólidas bases jurídicas y sociales, debería acarrear
muy serias consecuencias para alguien, pero que al tratarse del circo en el que
la clase política ha convertido al Estado Español no tendrá la más mínima
consecuencia.
