Tras
la sentencia del Tribunal Supremo que autoriza la exhumación de los restos
mortales de Francisco Franco de su actual emplazamiento en el Valle de los
Caídos se ha fijado por el Gobierno en funciones que preside Pedro Sánchez la
fecha aproximada para proceder a dicha exhumación y trasladar el cuerpo del
dictador a otro lugar, todo ello en virtud de la Ley de Memoria Histórica, la
cual no deja de ser curiosa por varios motivos, fundamentalmente porque parece
ensañarse con los muertos y con las piedras.
El señor Sánchez y su partido, el
PSOE, junto con los demás partidos de la llamada "oposición al
franquismo" fueron incapaces de desalojar en vida al dictador que residía
en el Palacio de el Pardo, y ahora cuarenta y cuatro después de muerto, han
conseguido desahuciarle de su enterramiento, en una acción que, en viejo
castellano, se denominaría "A moro muerto, gran lanzada" haciendo
surgir una pregunta ¿Por qué se ha esperado cuarenta y cuatro años para
exhumarle y no se hizo en 1982 o cuando se aprobó la Sacro Santa Constitución?,
¿Querían asegurarse de que no iba a resucitar no ya a los tres días, si no a
las tres décadas?.
El señor Sánchez ha hecho recordar a
todos los españoles cosas que tenían ya olvidadas o que jamás conocieron y
fíjese el lector lo difícil que es recordar lo que no se conoció pues hasta eso
ha logrado mágicamente el señor Presidente del Gobierno, lo que nos lleva a poder
afirmar que esto de la memoria histórica es una memoria selectiva y no porque
parezca dirigida hacia la mitad de la población que un 18 de julio de 1936 se
posiciono en un determinado lado de una línea que jamás debió haber existido,
sino porque centra toda la responsabilidad de aquello en personas muertas, que
ya tienen extinguida toda responsabilidad, cuando hay instituciones muy vivas
que alguna responsabilidad, y muy grave, tuvieron en aquellos hechos a las que
no se les ha pedido la más mínima cuenta, con lo que en esto del antifranquismo
el señor Sánchez une la incompetencia de haber sido incapaz de expulsar del
poder al dictador la cobardía de no querer asumir las realidades incómodas de
esa misma "Memoria Histórica" que invoca.
Si Francisco Franco Bahamonde fue
un dictador sanguinario y un criminal de
masas, no se puede negar que su poder lo ejerció y sus crímenes los cometió a
través de otras personas e instituciones. A saber:
1º. Es de recordar que la propia
Administración de Justicia, cuyo Tribunal Supremo ha autorizado la exhumación de
Francisco Franco y que durante la dictadura se dedicó a confirmar, en última
instancia, las penas de muerte que dictaban las Audiencias Provinciales, era la
encargada de dictar las sentencias que reprimían a la población.
2º. El Ejército Español, es el único
ejército del mundo, mundial, que trajo tropas coloniales para participar en una
guerra civil y matar españoles y violar españolas, y no consta que tales actos,
ampliamente documentados por historiadores y testimonios varios, diera lugar a
enjuiciamiento o investigación alguna por parte de la institución militar, por
lo que solo se puede deducir que esos hechos no fueron cometidos por individuos
aislados sino que se cometieron de forma orgánica por la propia institución.
Así por ejemplo podemos citar los hechos de Badajoz y no vale, como pretenden
estos señores de la memoria histórica selectiva que la culpa recaiga
exclusivamente en Franco y/o en el General Yagüe porque el hecho de que una
"orden criminal" sea ejecutada por los subordinados y que jamás se
hubiera instruido causa alguna por esos hechos es prueba más que suficiente de
la existencia de una responsabilidad colectiva de todo el ejército o, al menos,
de las unidades militares concretas que intervinieron en ellos.
3º. La Guardia Civil, la misma que el día 12 de
Octubre de 2019 procedía a cerrar el Valle de los Caídos y a enfrentarse a unos
patéticos manifestantes propios de la figuración de una película de Berlanga,
fue el principal instrumento de la represión criminal del franquismo y ahí
quedan los usos y métodos utilizados en la llamada "Guerra contra el Maquis"
igualmente documentados por historiadores y amplios testimonios. Como ejemplo,
podemos citar lo acaecido en agosto de 1942, tres años después de terminada la
guerra, en la comarca extremeña de Villanueva de la Serena (Cáceres) cuando el
Jefe de la comandancia de la Guardia Civil de la citada provincia, el Teniente
Coronel de la Guardia Civil Manuel Gómez Cantos, decidió perseguir a los
"huidos" y se dedico a hacer una marcha por las localidades fusilando
a diestro y siniestro siendo la ejecución sumaria y sin formación de causa más
numerosa la acaecida en la localidad de Alía (Cáceres) el 28 de agosto de 1942
donde se asesino a 30 hombres elegidos al azar a los que previamente se les
había convocado en el cuartelillo para "arreglar papeles". Los
pelotones de ejecución estaban directamente bajo el mando del capitán de la
Guardia Civil Emiliano Planchuelo. Por estos hechos ni el Benemérito Instituto,
ni el Ejército Español, ni el Poder Judicial instruyeron jamás causa penal
alguna ni iniciaron ninguna investigación y no se puede
alegar ignorancia pues cuando el ya Coronel Manuel Gómez Cantos ejecutó, en
abril de 1945, sumariamente a cuatro
Guardias Civiles que se habían rendido al Maquis sí fue sometido a proceso y
expulsado del Cuerpo, lo cual indica que en todo momento tanto Gómez Cantos
como Planchuelo actuaban orgánicamente y no a título individual o personal, por
lo que existe una responsabilidad colectiva de la propia Institución de la
Guardia Civil.
4º. El entonces Cuerpo Superior de Policía y concretamente la
Brigada Político Social fue la encargada, junto con la Guardia Civil, de
reprimir a la oposición al régimen principalmente en las ciudades, de hecho un
comisario que fue de la Brigada Político Social, Roberto Conesa, fue el
artífice de la detención de las "Trece Rosas" en 1939. Hoy, el Cuerpo Superior de Policía y la
Brigada Político Social no existen, fueron disueltos en 1977 y sustituidos por el Cuerpo de Policía Nacional
y por las Brigadas Provinciales de Información, no obstante, algunos de sus
miembros continuaron en el nuevo Cuerpo de la Policía Nacional hasta su
fallecimiento o jubilación. Jamás se les proceso por las torturas cometidas en
la Dirección General de Seguridad y cuando se intentó fueron absueltos. Sería
un bonito detalle por parte del Gobierno, como resarcimiento a las víctimas de
tan infame brigada policial, que se hiciera público el nombre y apellidos de
los que fueron sus confidentes ya que sin ellos la policía política no podría
haber tenido tan alto nivel de eficacia en la lucha contra la oposición
política al régimen de Franco.
5º. Finalmente, es de indicar que
relativamente próximo en el tiempo, el
27 Septiembre de 1975 se produjeron las últimas ejecuciones del
franquismo que tuvieron lugar en Barcelona, Burgos y Madrid, donde cinco
personas condenadas a muerte fueron ejecutadas por distintos pelotones de
fusilamiento integrados por Guardias Civiles y miembros de la Policía Armada. A
las ejecuciones que tuvieron lugar en Hoyo de Manzanares (Madrid) el único
paisano que pudo acudir fue el párroco de la localidad, que relato posteriormente que "Además de los policías y guardias civiles que participaron en
los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las
ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno
de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y
le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La
sangre me salpicó". Sin entrar
a considerar el tema de la pena de muerte, lo cierto es que la ejecución de la máxima pena obedece a
cierto ritual no siendo admisible ni legal que se incremente dicha pena con
malas formas ni sevicias físicas o verbales.
Hasta la fecha no hay noticias de que esos hechos fueran debidamente investigados
y sancionados por el organismo competente.
Aquí
hemos señalado cinco aspectos que afectan directamente a la llamada Memoria
Histórica y a la reparación de las víctimas del franquismo que deberían tenerse
en cuenta. No decimos que ningún miembro actual del Ejército, Policía o Guardia
Civil sea un criminal o un asesino que deba ser juzgado, no decimos eso, pero
qué menos que el gobierno exija que el Ejército y el Poder Judicial pidan públicamente
perdón al Pueblo Español por los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y el
Franquismo, que menos que la Guardia Civil sea disuelta y reconvertida en otro
tipo de fuerza de seguridad con otro nombre y otros uniformes como lo fue en
su momento la Policía Armada y que menos
que el Gobierno inste el proceso penal oportuno contra los antiguos miembros de
la Brigada Político-Social que aun vivan y que haga público el nombre y
apellidos de sus confidentes así como el nombre y apellidos de los miembros de
la Policía Armada y Guardia Civil que formaron parte de aquellos pelotones de
ejecución de septiembre de 1975 y de aquellos que acudieron a dichas
ejecuciones con tal insultante y vil comportamiento. Eso sí que constituye un
acto de reparación a las víctimas del franquismo y una Memoria Histórica
integral.
Ahora bien, ¿Se atreverá el Gobierno
que preside Pedro Sánchez o el que le sustituya a hacer tal cosa? ¿Tendrá el
valor el Gobierno de Pedro Sánchez o el que le sustituya a enfrentarse a los
vivos y no solo a los muertos?. No lo dudamos, sabemos que no.
