DE TÍTULOS NOBILIARIOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

 

Carmen Calvo, Ministra que fue de la Memoria Democrática

En el artículo titulado "De condecoraciones y Memoria Democrática" publicado en este blog tratábamos la difícil o, mejor dicho, imposible armonización de las Órdenes y Condecoraciones civiles del Estado Español con la llamada "Memoria Histórica", "Democrática" o como se quiera llamar, al resultar la inmensa mayoría de ellas instauradas o restauradas por el Régimen Franquista. Ahora, nos disponemos a tratar el curioso y no menos cómico tema de los llamados "Títulos Franquistas" que los actuales dirigentes políticos de nuestro pobre país pretenden suprimir como solución a no sé sabe cuántos problemas que afectan a los españoles.

            Para empezar, hay que distinguir tres clases de Títulos Nobiliarios que se concedieron en el periodo de tiempo que media entre los años 1939  y 1978:

            1º. Títulos Nobiliarios creados por el General Franco en su condición de Jefe del Estado y concedidos a aquellas personas a las que creyó conveniente.

            2º Títulos reconocidos en virtud de la Ley  del 4 de mayo de 1948 desarrollada por Decreto de 4 de junio de 1948.

           3º. Títulos creados por Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey, Juan Carlos de Borbón, y concedidos a personas directa e indirectamente vinculados a la familia Franco o al Régimen Franquista.

            En lo que respecta a los Títulos Nobiliarios creados durante el Régimen Franquista y concedidos por el Jefe del Estado a determinadas personas; la primera cuestión que nos aborda es ¿Que naturaleza política tenía el Régimen Franquista? ¿Era una República, pues no había Rey? ¿Era una Monarquía, pues se concedían Títulos Nobiliarios?. En realidad, el Régimen Franquista fue un régimen personalista cuya naturaleza dependía  exclusivamente de la voluntad arbitraria del General Franco hasta que, tras la aprobación en 1947 de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, adquirió la naturaleza de una "Regencia" entendida ésta como el "Gobierno provisional en un estado monárquico que ejerce un regente mientras el rey no puede gobernar, generalmente por ser menor de edad, estar ausente o incapacitado", pasando, Francisco Franco, a ser un "Regente" de facto.

            Ahora bien, un "Regente" como tal, no puede crear o instituir Títulos Nobiliarios de nuevo cuño pues tal potestad corresponde en exclusiva a un soberano legítimo por lo que, los títulos creados por Francisco Franco en tanto en cuanto "Jefe del Estado" y "Regente" de facto, son simple y llanamente nulos por la pura y simple usurpación de funciones, potestades y prerrogativas que solo pueden corresponder a un Rey. Un Gobierno de Regencia, al igual que un Régimen Republicano puede reconocer Títulos Nobiliarios ya existentes con anterioridad, incluso, en el caso de una república, regularlos dentro de un ámbito privado o semiprivado, pero jamás instaurar nuevos Títulos. Así por ejemplo, Napoleón I Bonaparte, creó Títulos Nobiliarios y ennobleció a buen número de Generales y Mariscales franceses pero jamás antes de coronarse Emperador en 1804 y lo mismo ocurrió con Napoleón III Bonaparte que, siendo Presidente de la II República Francesa jamás intentó crear o instaurar nuevos Títulos Nobiliarios, y tan solo los comenzó a crear a partir de 1852 cuando adquirió la condición de Emperador (1).

Francisco Franco que por Instaurar Títulos que no quede. Hasta creo el Título de Rey

Por su parte, los Títulos Nobiliarios que durante el Régimen Franquista se reconocieron en virtud de la Ley de 4 de mayo de 1948, desarrollada por el Decreto de 4 de junio del mismo año, no fueron títulos creados o instaurados por el General Francisco Franco ni por el Régimen Franquista por lo que no se pueden considerar "Franquistas" ya que se trataba de Títulos Nobiliarios que ya existían, incluso con siglos de anterioridad a la guerra civil de 1936-1939, que los habían creado los monarcas pertinentes y que habían quedado legalmente suprimidos durante la II República.  Cierto es que la mencionada Ley y  Decreto hacen referencia expresa a los Títulos Nobiliarios concedidos por los monarcas carlistas pero el reconocimiento de tales títulos lo es por la autoridad del estado, no por un régimen político concreto no siendo tal cosa nueva ni excepcional.

            En este sentido es de señalar que ya el "Convenio de Vergara" de 1839, en sus artículos 2, 3, 4, 5 y 6 abría la posibilidad de que se reconocieran los Títulos Nobiliarios concedidos por Carlos V y, de igual forma, el Tratado de Viena de 1725 abría la posibilidad de reconocimiento por  parte de Felipe V de Borbón de los Títulos Nobiliarios creados por el austrancista Carlos III de Habsburgo. Evidentemente, que una persona  a la que Carlos V de Borbón o Carlos III de Habsburgo le hubiera otorgado un Título Nobiliario solicitase al monarca de turno, Felipe V o Isabel II,  al que se había enfrentado por no considerarle legítimo el reconocimiento del mismo equivalía a un acto acatamiento (tal vez por eso existen, aún hoy, tantos Títulos Nobiliarios Carlistas vacantes). Igualmente, a lo largo del tiempo los monarcas han reconocido Títulos Nobiliarios creados por otros Monarcas, así por ejemplo el Título de Marqués del Ter concedido por Carlos VI de Borbón al General Cabrera fue reconocido por Alfonso llamado el XII tras el acatamiento del primero y el Marquesado de Linares, creado por Amadeo de Saboya también fue reconocido por Alfonso, llamado el XIII.

            En definitiva, los Títulos Nobiliarios que fueron creados por distintos monarcas antes del ascenso del General Franco a la Jefatura del Estado y que fueron reconocidos en virtud de la Ley de 4 de mayo de 1948 y del Decreto de 4 de Junio del mismo año se podrán considerar como se quiera pero en ningún caso se les puede calificar de "Franquistas".

            Por último, en relación con los Títulos Nobiliarios concedidos por Juan Carlos de Borbón a determinadas personas directa o indirectamente relacionadas con el Franquismo, considerando que éste accedió a la Jefatura del Estado a Título de Rey, que no precisamente como Rey, por pura designación del anterior Jefe del Estado y saltándose la línea de sucesión de su propia rama dinástica, no le creemos muy legitimado para que pudiera otorgar Título Nobiliario alguno, siendo el propio "Título de Rey", un título creado por Francisco Franco y su Régimen político y por tanto "Franquista".

Juan Carlos de Borbón, instaurador del Ducado de Franco y el Señorío de Meirás

No obstante, descendiendo al detalle nos encontramos con ciertas curiosidades al respecto de esos Títulos Nobiliarios concedidos a destacados franquistas y que, ahora, se pretenden suprimir.

            De los 55  Títulos Nobiliarios creados por Juan Carlos de Borbón, tan solo siete lo fueron a familiares de Francisco Franco y/o a destacados franquistas y solo seis de ellos antes de la promulgación de la Constitución de 1978; concretamente:

            1º Señorío de Meirás, con Grandeza de España. Concedido a Carmen Polo, viuda de Franco en virtud del Decreto-Ley 18/1975 de 26  de noviembre.

            2º. Ducado de Franco, con Grandeza de España. Concedido a Carmen Franco, hija de Francisco Franco en virtud del Decreto 3028/1975 de 26  de noviembre.

            3º. Marquesado de Arias Navarro, con Grandeza de España. Concedido a Carlos Arias Navarro, ultimo presidente del Gobierno Franquista y primero de Juan Carlos de Borbón en virtud de Real Decreto 1618/1976 de 2 de julio.

            4º. Condado de Rodríguez de Valcárcel. Concedido a Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Presidente del Consejo de Regencia, Institución Franquista. Este título se creó en virtud del Real Decreto 23/1977 de 5 de enero.

            5º. Condado de Iturmendi. Concedido a Rita Gómez Nales, viuda  de Antonio Iturmendi Bañolas, ex-Ministro de Justicia del Régimen de Franco, en virtud del Real Decreto 24/1977 de 5 de enero.

            6º. Ducado de Fernández Miranda. Concedido a Torcuato Fernández Miranda, último Presidente de las Cortes Franquistas, en virtud del Real Decreto 1203/1977 de 31 de mayo.

            7º. Ducado de Suárez. Concedido a Adolfo Suárez González, Ex-Secretario General del Movimiento y segundo Presidente del Gobierno de Juan Carlos de Borbón. Este Título se creó en virtud del Real Decreto 254/1981 de 25 de febrero.

            De estos siete Títulos Nobiliarios parece que los que más escuecen a los actuales gobernantes de este país son los dos primeros, el Señorío de Meirás y el Ducado de Franco, mereciendo especial consideración el primero de ellos.

El controvertido Pazo de Meirás origen del Título de Señorío de Meirás

El Señorío de Meirás, se constituyó en virtud de Decreto-Ley 18/1975 de 26  de noviembre y a diferencia de las otras seis dignidades nobiliarias que se mencionan en el presente artículo carecía de carácter hereditario al no mencionarse en el Decreto-Ley que lo creaba dicho carácter ni contemplar, como ocurría en el Decreto por el que se crea el Título de Conde de Arias Navarro, que su titular pudiera designar sucesor al mismo; por lo tanto, el Señorío de Meirás se instaura como un Título Nobiliario vitalicio que se extinguía con el fallecimiento de su titular, Carmen Polo, acaecido en 1988. No obstante, en 1989, Francisco Franco y Martínez Bordiú, nieto de Carmen Polo, presentó a sucesión dicho Título, siéndole reconocido, previo pago de las correspondientes tasas, por el Señor Ministro de Justicia de aquel momento, el socialista Enrique Múgica Herzog (miembro del mismo partido que hoy pone en tela de juicio tales Títulos Nobiliarios), quien ni corto ni perezoso y demostrando un total desconocimiento impropio de un Ministro de un Estado supuestamente monárquico, convirtió un Título Nobiliario Vitalicio en un Título Nobiliario Hereditario.

            En definitiva, sin ya querer entrar en el análisis del Decreto de 13 de Abril de 1951 por el que se regulan las funciones de los "Cronistas de Armas", ni como algunos personajes consiguieron su homologación como tales ante el Ministerio de Justicia haciendo valer alguna dudosa Albalá o en cómo se puede conseguir que a una persona se le reconozca un Título Nobiliario; solo puedo concluir que, siendo España un estado que adopta la forma de "Monarquía Parlamentaria", el tema de los Títulos Nobiliarios resulta mucho menos serio que en la republicana Francia llegando al extremo de poder calificar la situación nobiliaria del hispánico reino como de "aristocrático cachondeo", salvo para el Ministerio de Hacienda que cobra una tasa por reconocimiento o sucesión de Títulos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Napoleón I vio en la concesión y reconocimiento de Títulos Nobiliarios una fuente de ingresos para el Estado pues con la concesión del Título impuso el pago de una tasa. Hoy en día, en España, la  concesión de un Título Nobiliario tal vez este exenta de pago de timbre, tasas u otros derechos; pero el reconocimiento de un Título ya existente o su sucesión están sujetos a pago de una tasa que oscila entre los 800 y los 17.000 Euros por lo que no deja de ser una fuente de ingresos para la hacienda pública.

 

DE CONDECORACIONES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

A finales del pasado mes de septiembre de 2021 la prensa escrita daba la noticia de que la actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretendía retirar la "Medalla al Mérito del Trabajo" a destacados franquistas  mediante la modificación de su reglamento que establecería que " la Medalla puede ser retirada siempre que quede acreditado que la persona beneficiaria, antes o después de la concesión, formó parte del aparato de represión de la dictadura franquista o cuando haya protagonizado actos y conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos"; todo ello dentro de la política de reivindicación de una supuesta "Memoria Histórica" o "Memoria Democrática" (o como la quieran llamar) de la cual, parece ser, que carece la propia ministra al igual que todos los miembros de la casta política de este pobre país.

            Pretende la señora Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, política procedente del democrático y republicano Partido Comunista de España (PCE), vincular la "Medalla al Mérito del Trabajo" con unos pretendidos "valores democráticos" y, francamente, atendiendo a la historia de tal distinción poco existe que resulte más contrario a tales democráticos valores. La "Medalla al Mérito del Trabajo" fue creada en 1926 durante la dictadura del General Miguel Primo de Rivera, la II República, esa "república democrática de trabajadores" que tanto añora el partido al que pertenece la señora Ministra de Trabajo, la suprimió y en 1942, el General Francisco Franco la reinstauró. Así pues... no se puede decir que la "Medalla al Mérito del Trabajo" tenga un historial muy democrático a pesar de los cambios de sus estatutos en 1960 y en 1982. En realidad, si la señora Ministra del Trabajo desease "desfranquistizar" su Ministerio, lo que debería hacer es simple y llanamente suprimir la "Medalla al Mérito del Trabajo" sustituyéndola por otra distinción. Nada más fácil que, por ejemplo, suprimir la "Medalla al Mérito del Trabajo" y crear "La Orden del Mérito Laboral" pero claro, la señora Ministra de Trabajo, como cualquier miembro de la casta política española, no da para más porque el "no dar para más" parece ser requisito "sine qua non" para ser alguien en la política española.

            Desde luego, el Gobierno de Coalición PSOE-PODEMOS en su extraño afán por revisar la historia reciente de nuestro país y por "desenfranquistizar" el estado, está demostrando tan supina ignorancia que le lleva al más absoluto de los ridículos porque entre, otros motivos, cae en la amnesia selectiva, o tal vez interesada, de no recordar el origen y el comportamiento de no pocas instituciones públicas actualmente vigentes a las que de una forma burda pretende blanquear y, por supuesto, tal ignorancia le lleva a hacer reconocimientos y afirmaciones que resultan, como poco, cómicas.

            Para empezar, las señoras, señores y neutros que integran el actual gobierno deberían saber que la inmensa mayoría de las órdenes y condecoraciones civiles de nuestro país fueron creadas o reinstauradas, tras su supresión por la II República, por el Régimen Franquista. Así, tenemos y nos constan las siguientes:

1º. "Real y Distinguida Orden de Carlos III, establecida por Carlos III en 1771, suprimida durante la II República y restablecida el 10 de agosto de 1942 por el General Franco.

            2º."Orden del Mérito Civil", creada en 1926 durante la Dictadura de Primo de Rivera con el fin de premiar «las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la Nación»; fue suprimida durante la II República y restablecida durante la Dictadura Franquista.

            3º."Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort", instituida en 1944 por la Dictadura Franquista para «premiar los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia y en su cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados sin nota desfavorable en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia».

            4º. "Orden Civil de Alfonso X el Sabio", instituida el 11 de abril de 1939  por el Régimen Franquista para "premiar los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación". Hoy se encuentra integrada o refundida en la llamada Orden de Alfonso XII, lo que resulta curioso pues éste personaje, a diferencia del Rey Alfonso X, el Sabio, poco o nada tiene que ver con la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación.

            5º."Orden Civil de Sanidad", creada en 1943 durante el Régimen Franquista como restablecimiento de "La Cruz de Epidemias" de 1838 y como orden separada de la Orden Civil de Beneficencia para «premiar los servicios y méritos relevantes de carácter sanitario o prestados con motivo de la asistencia a luchas sanitarias o epidemias».

            6º. "Medalla de Honor de la Emigración"; instaurada por el Régimen Franquista mediante la Orden de 27 de abril de 1970 para "premiar personas o entidades públicas o privadas, por la realización de servicios eminentes a emigrantes o a la propia España".

            7º. "Orden del Mérito Policial". Esta orden se creó mediante Decreto de 18 de junio de 1943, con el objetivo de disponer de un modo de premiar a los policías por sus acciones destacadas, tanto en la forma de "servicios extraordinarios practicados" como en la de "trabajos o estudios de sobresaliente interés científico o de técnica profesional". Curiosamente, esta es la famosa condecoración de la que se pretendía privar al conocido policía y torturador de la Brigada Política y Social, José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, cuando esta distinción se creó originaria y prácticamente para premiar acciones como las ejecutadas por este infausto personaje.

            8º "Orden Civil del Mérito Postal", fundada por Francisco Franco el 19 de mayo de 1960 para recompensar "méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales en el ámbito postal".

            9º. "Medalla y Placa al Mérito Turístico", instituida durante el Régimen Franquista el 21 de enero de 1963 con la finalidad  premiar "a personas, de nacionalidad española o extranjera, por haber prestado servicios relevantes al turismo español".

            10º. "Medalla al Mérito en el Trabajo", cuya historia ya ha sido ampliamente expuesta al inicio de este artículo.

11º. Especial mención merece la "Orden de Cisneros" creada por el Régimen Franquista el 8 de marzo de 1944 para premiar "los destacados servicios de quienes demostraron un alto espíritu de entrega en las tareas de engrandecimiento de la Patria". El emblema fundamental de la "Orden de Cisneros" está integrado por una cruz, entre cuyos brazos se abrían haces de cinco flechas y en el centro el Águila de San Juan apoyada sobre el Yugo de Isabel la Católica (es decir, por toda la simbología del Franquismo). Desde su reforma por Decreto de 15 de abril de 1977 el Jefe del Estado es su Gran Maestre y el cargo de Canciller lo ostenta el Ministro de la Presidencia, don Félix Bolaños García, que hoy también es Ministro de Relaciones con las Cortes y, curiosamente, de Memoria Democrática.

            En definitiva, de un total de 19 órdenes y condecoraciones civiles que existen en nuestro país, diez de ellas fueron directamente instauradas o reinstauradas por la Dictadura Franquista; una, la "Orden de Cisneros", está por su fecha de instauración y por su diseño directamente relacionada con la Dictadura Franquista siendo, curiosamente, su Canciller el actual Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno PSOE-PODEMOS, don Félix Bolaños García quien, con este hecho, está demostrando ser muy ignorante y tener muy poca memoria, democrática o no; y al menos otras dos Órdenes, la "Orden Civil de la Solidaridad Social" y la "Real Orden del Mérito Deportivo", son distinciones respectivamente sustitutivas de las franquitas "Orden Civil de la Beneficencia", creada el 17 de mayo de 1856, suprimida por la II República y reinstaurada por el Régimen Franquista en 1940 y de la "Medalla del Mérito Deportivo" creada por Decreto de fecha 18 de abril de 1952, dictado por la Secretaría General del Movimiento, con el fin de premiar las actuaciones más destacadas en el aspecto deportivo.

            Con este panorama, y atendiendo al elevadísimo nivel de cultura, inteligencia y lógica que despliegan los miembros de la casta política española; menos mal que alguien tuvo la feliz idea, entre 1976 y 1977, de suprimir la "Orden Imperial del Yugo y las Flechas" y el "Víctor del SEU" porque de no haberlas suprimido, a cualquiera de los "inteligentísimos" dirigentes actuales se les podría ocurrir la genial y muy graciosa idea de desposeer de las mismas a cualquier dirigente del Franquismo que las poseyera como José Antonio Girón de Velasco, Raimundo Fernández Cuesta o Adolfo Suárez González (Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas por Decreto de la Jefatura del Estado 1471/1975 de 4 de julio).

UN MOMENTO PARA LA DESMEMORIA

¿Ley de Memoria partidaria o de Desmemoria interesada?

Existe un popular refrán que reza del siguiente modo: "dime de qué presumes y te diré de qué careces" y, desde luego, nunca estuvo más acertada la sabiduría popular expuesta en ese refrán.

            El pasado 20 de julio de 2021, el gobierno de coalición PSOE-PODEMOS acordaba enviar al Congreso de los Diputados su "Ley de Memoria Democrática" para su pertinente tramitación parlamentaria en lo que no es más que un alarde de presunción de memoria, de una memoria que al ser selectiva, no es más que desmemoria pues fomenta, reitera y limita toda la historia de España a un periodo y en un sentido muy concreto de la misma fuera del cual no existe nada ni cabe interpretación alguna.

            No obstante, como si de algún tipo de justicia poética se tratase el gobierno que preside el señor Pedro Sánchez tomo su decisión sobre la "Ley de Memoria Democrática" en la misma semana en la que unas mentes forjadas en el sistema educativo y en la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) y, por tanto, ignorantes de muchas materias y, sobre todo, de la historia asaltaban la indefensa Cripta de Montserrat en la que descansan los restos de decenas de carlistas integrantes del "Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat" muertos durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 en un acto claramente de desmemoria histórica fomentado desde las esferas del poder porque la historia del "Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat" no deja de ser de lo más curiosa.

            A pesar de las notables reservas de sus dirigentes nacionales, que consideraban que nada se le había perdido al Carlismo en la pugna que se estaba planteando entre el caos institucional republicano y el marxismo por un lado y el militarismo de toda la vida y el fascismo por otro; la base de la militancia carlista impuso (hoy se diría que se empoderó) a sus dirigentes el sumarse a la rebelión por pura supervivencia ya que los grupos marxistas y las instituciones republicanas no habían dejado de atacar los templos de la fe de sus mayores, de acosarles en los actos públicos carlistas y de asesinarles sin motivo por las calles y las esquinas de las ciudades. Así llegó el 18 de julio de 1936, y los carlistas catalanes salieron de sus casas para concentrarse en los cuarteles barceloneses de las Ataranzanas y como el levantamiento se produjo entre gritos de viva la república y cánticos del "Cara al Sol", decidieron no salir de los cuarteles camino de la Plaza de Catalunya, quedándose en los mismos como guarnición. Al fracasar el levantamiento en Barcelona, los requetés abandonaron los cuarteles y se fueron a sus casas donde, las fuerzas gubernamentales y sus auxiliares paramilitares de sindicatos y partidos de izquierda iban a buscarlos para asesinarlos pudiéndose destacar el cruel asesinato del Jefe Regional Carlista de Catalunya, Tomás Caylá, que ferviente enemigo del levantamiento, fue descuartizado entre dos camiones. Ante este panorama, y para salvar la vida, muchos carlistas catalanes emprendieron la huída pasando primero a Francia y, luego, reentrando a España por la frontera pirenaica donde, agrupados en pequeños grupos, eran detenidos e internados en campos por la Guardia Civil porque hablaban en catalán, lengua que muchos de ellos era la única que conocían. Meses más tarde estos carlistas catalanes, exiliados de su tierra y represaliados por unas autoridades que empezaban a ser claramente franquistas, organizaron el que sería el "Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat" unidad que sufrió un notable número de bajas en combates, obtuvo la Laureada de San Fernando Colectiva y varias individuales y rescató los famosos documentos que estaban en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca y que fueron devueltos a Cataluña hace algunos años, cuya quema y destrucción había sido decretada en 1939 por unas autoridades republicanas en retirada. Esta es, en síntesis, la historia de unos hombres cuyo eterno descanso ha sido profanado por la ignorancia, que es la más repugnante de todas las madres que puede tener el odio, ante la pasividad, cuando no la complicidad, de unas autoridades que saben que el odio organizado es la más fuerte base sobre la que se puede asentar el poder.

Fotograma del video de la profanación de la Cripta de Montserrat

Como si no fuera suficiente prueba de desmemoria, dejadez y despreciable ignorancia, cuatro días después de la profanación de la Cripta de Montserrat y dos días después de que se anunciase el envío  al Congreso de la "Ley de Memoria Democrática", esa misma semana, el 22 de julio de 2021, se conmemoraba el centenario del inicio del Desastre de Annual (22 de julio a 9 de agosto de 1921), que costó la vida a más de diez mil soldados españoles y que constituye, por número de bajas (muertos, heridos y prisioneros), el mayor desastre militar español contemporáneo en una guerra exterior pues, para que se haga el lector una idea; entre los desastres de Cavite y Santiago de Cuba en 1898 donde los norteamericanos hundieron la totalidad de ambas flotas españolas, la suma de bajas no llegaron a cuatro mil entre muertos, heridos y prisioneros. Pues bien, el centenario del Desastre de Annual de 1921, que tanto contribuyó diez años después, en 1931, a la caída del régimen de la Restauración Alfonsina y a la proclamación de la tan aclamada, por distintos miembros del actual gobierno, II República ha pasado completamente desapercibido, constituyendo otro ejemplo de desmemoria e indignidad institucional y nacional.

            El "Desastre de Annual" fue fruto de la trágica conjunción de megalomanía imperial, corrupción política y social e incompetencia militar.  Tras el desastre de 1898, España se había convertido en una potencia de segunda fila que poco o nada pintaba en el panorama internacional y en vez de resignarse a asumir un nuevo papel donde la cohesión interna, la alfabetización, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la ciencia, la industria y el comercio fueran los pilares sobre los que reasentarse; aceptó, tras la Conferencia de Algeciras de 1906, las sobras que las grandes potencias europeas no quisieron o no pudieron engullir tras el reparto de Marruecos. El gobierno Español no vio en ello el caramelo envenenado de que se trataba sino que se dejó guiar por la absurda ilusión de convertirse en una potencia imperial como Inglaterra, Francia o Alemania olvidando que unos pocos años antes se había quedado sin fuerzas navales y había tenido que desprenderse de sus restos imperiales en el Pacífico (venta de las Carolinas, Marianas y Palaos al Imperio Alemán en 1899) porque no podía mantenerlos.

            La ocupación efectiva de la zona del Rif encomendada a España por las potencias internacionales y que tenía una extensión de unos treinta mil kilómetros cuadrados (algo más grande que la Provincia de Badajoz), se creía una empresa fácil sin ser consciente de que su población estaba formada por diversas tribus independientes que llevaban décadas sin reconocer la autoridad del Sultán marroquí por lo que las autoridades españolas, a diferencia de las francesas, no podían contar con la ascendencia de éste sobre la población autóctona. Tan complicada resultó la empresa, que quince años después de firma del Tratado de Algeciras, en 1921, España aún no controlaba la inmensa mayoría del territorio rifeño y prácticamente no había salido de las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla.

Cadáveres insepultos de soldados españoles en Monte Arruit (1921)

En enero de 1921, el ejército español al mando del General Fernández Silvestre y formado por mas quince mil soldados españoles reclutados forzosamente entre los que no disponían de las dos mil pesetas que costaba pagar a un sustituto que les permitiera eludir el servicio militar comenzó un lento y progresivo avance hacia el interior del Rif que se aceleró a mediados del mes de mayo de 1921, al parecer espoleado por un telegrama que dirigido por Alfonso, llamado el XIII, al General Fernández Silvestre, rezaba "¡Olé, tus cojones!". A pesar de que todos los informes e indicios indicaban que las tribus bereberes estaban mejor organizadas de lo que se creía, lo que se traducía en una oposición cada vez mayor y más fuerte y a pesar del ataque a Sidi Driss, en la retaguardia de la línea de avance de las fuerzas españolas, las tropas continuaron avanzando ocupando Igueriben el 7 de junio que quedo guarnecido por trescientos españoles al mando del comandante Benítez y suponiendo dicha ocupación el  punto de mayor avance del ejército español. El 17 de julio de 1921, las distintas cabilas unificadas por Abd-el-Krim, atacan todo el frente español; Igueriben, queda sitiado sin posibilidad de recibir auxilio, el 22 de julio cae Annual en manos rifeñas y a partir de ese día comienza la retirada del ejército español que abandona las posiciones que guarnecía y se establece en otras que no tardan en ser rebasadas o sitiadas siendo constantemente hostigado por los rifeños.

            Las posiciones españolas van cayendo una tras otra y la mayoría de los soldados españoles que se rinden son torturados y asesinados quedando sus cuerpos insepultos. La propia ciudad de Melilla corre el riesgo de caer en manos de los rifeños salvándose gracias a la actuación de Abd-el-Kader quien, leal a las autoridades españolas, se opone al avance rifeño hacia la ciudad otorgando a ésta el tiempo suficiente para recibir los refuerzos de la Legión, procedentes de Ceuta, y de nuevas tropas llegadas de la propia península.

            En manos rifeñas quedaron unos quinientos soldados españoles de los que sobrevivieron poco más de trescientos y que fueron liberados el 27 de enero de 1923 tras el pago de cuatro millones de pesetas de la época que fueron entregados personalmente por el empresario vasco Horacio Echevarrieta a Abd-el-Krim entre la canallesca exclamación de "¡Qué cara está la carne de gallina!" pronunciada por el comandante en Jefe del Ejército y del  Estado Español Alfonso, llamado el XIII.

            Hoy, cien años después, la mayoría de los restos de los soldados españoles caídos en Annual se encuentran en diversos cementerios militares españoles en territorio marroquí completamente abandonados y en ruinas entre las que crecen algunas hierbas que sirven de pasto para las cabras. Aquel 22 de julio de 1921, los soldados españoles en el Rif, la mayoría de los cuales habían sido arrancados de sus hogares y de sus trabajos habituales para prestar un servicio militar que no pudieron eludir por ser pobres y muchos de los cuales estaban bajo el mando de oficiales incompetentes, no pudieron sentirse más abandonados, y con razón, por el gobierno y el estado que les había mandado allí. Hoy, transcurridos cien años de aquella carnicería, unos gobernantes y unas instituciones que, de tan miserables ya resultan despreciables, haciendo gala de una "Memoria Histórica" y de una "Memoria Democrática", que no es más que una distinción en la Historia de España entre muertos de primera categoría que merecen loas y respeto y muertos de segunda que solo merecen el desprecio del olvido, les vuelve a abandonar haciendo que caiga la noche y la niebla sobre su sacrificio que parece no merecer el más modesto y oficial de los homenajes.