En el transcurso de una conferencia
titulada "Cataluña en la Unión Europea del siglo
XXI" impartida ante un
auditorio de unos sesenta estudiantes de
la Universidad Autónoma de Madrid; el ex-presidente de la Generalitat, Artur
Mas, manifestaba que entre el independentismo y la situación actual "puede
existir una tercera posibilidad pero que la tiene que proponer el estado, no el
gobierno".
Tal manifestación ha levantado
grandes expectativas en el mundo informativo y también en el gobierno que
preside el señor Rajoy el cual, según ha difundido tanto la televisión pública
como Radio Nacional de España, tiene un total de cuarenta y cinco propuestas
para realizar a Cataluña que permitan reconducir el proceso independentista
hacia la legalidad vigente.
Esta información objetiva plantea
ciertas cuestiones no insignificantes que merecen un mínimo análisis.
En primer lugar, surge la cuestión
de quienes pueden ser los interlocutores válidos para mantener unas
conversaciones entre Cataluña y el Estado central que desbloquee la actual situación.
Si en el caso del Estado central está claro quiénes pueden ser esos
interlocutores que podría ser cualquier enviado especial designado por el
Gobierno apoyado en último extremo en la legalidad vigente, en el caso de la
Generalitat de Cataluña no está claro quién podría ser ese interlocutor porque
siendo el más lógico el actual presidente de la Generalitat , Carles
Puigdemont, es de tener muy en cuenta que ocupa el cargo con el apoyo de varias
fuerzas políticas (ERC, CUP) precisamente para pilotar el proceso independentista,
no para desmontar el mismo por lo que el precitado interlocutor carece completamente
de cualquier capacidad negociadora real que no sea la de acordar con el Estado
la celebración de un referéndum o un reconocimiento de independencia pudiendo
ocurrir que si tratase cualquier otra cuestión se enfrentase a una moción de
censura del parlamento catalán que le depusiese de la Presidencia con lo que
Cataluña se quedaría sin representante en la negociación.
En segundo lugar se plantea la
cuestión de fondo que es sobre lo que se va a negociar. Aquí hay que tener muy
claro que el parlamento catalán ha sido elegido en unas elecciones democráticas
tras una campaña electoral en que los partidos que han obtenido el apoyo
mayoritario de los ciudadanos catalanes pedían y prometían la independencia
configurándose de este modo una mayoría parlamentaria partidaria de la secesión
y que ya ha dado pasos legislativos en ese sentido. Así pues surge la pregunta
de ¿A qué tipo de acuerdo se puede llegar?.
Las
respuestas a esta pregunta pueden ser dos y las marca la pura lógica. La
primera respuesta es que ambas partes negociadoras se pongan de acuerdo en un
punto medio en la forma y en los tiempos de proceder a la independencia, lo que
implicaría que el estado aceptaría, de una u otra forma, la ruptura
constitucional después de haber santificado la Constitución de 1978 hasta el segundo
antes de su ruptura y la segunda respuesta implica que ambas partes se pongan
de acuerdo en un punto medio en el que el estado aceptaría una reforma
constitucional para otorgar mayor peso político y mayor autonomía a Cataluña en España hasta el extremo de llegar
a una especie de "poder dual" similar al existente en el Imperio
Austro-Húngaro mientras que, por su parte, Cataluña renunciaría a ir más lejos,
es decir, renunciaría a la independencia.
Estando fuera del ámbito del
presente artículo el analizar el por qué no es lógico que el actual gobierno
pacte el modo y los tiempos de la independencia de una parte del territorio y
el por qué resulta prácticamente imposible constituir un estado dual "Madrid-Barcelona"
similar al "Viena-Budapest" existente en el imperio Austro-Húngaro,
queda por poner de manifiesto dos importantes cuestiones que las posibles
respuestas a estas dos preguntas hacen aflorar.
Primeramente resulta muy difícil, si
no imposible, negociar con una parte que cada vez que llega a un acuerdo
siempre lo considera provisional en virtud del principio "Rebus Sic
Stantibus" y un simple medio para conseguir ir más allá unos años más
tarde, es decir, estando la situación política y, sobre todo, sociológica en
Cataluña como está actualmente nada implica que el acuerdo al que se pudiera
llegar fuera definitivo y dentro de un tiempo prudencial no volviera a surgir
de nuevo la cuestión de la independencia. Por último, y probablemente lo más
grave por marcar definitiva tendencia,
es que curiosamente en este país donde todo el mundo clama con vehemencia por
la transparencia, la democracia y la participación ciudadana resulta que es
posible que el gobierno de la nación y los políticos catalanes estén dispuestos
a transigir en sus respectivas posiciones irrenunciables, que son las que
precisamente les han granjeado el apoyo electoral manifestado en unas
elecciones democráticas, en unas supuestas negociaciones que se estarían
llevando a cabo de espaldas a los ciudadanos y a los pueblos de Las Españas.
Desde "El Chouan Ibérico"
no nos cansaremos de repetir que en este país no existe un "problema catalán"
en España sino un "problema español" que es existencial y que
entronca con la visión de Las Españas como un ideal permanentemente
traicionado. El problema es muy grave pero no irresoluble y la solución al
mismo parte de reconocer los fracasos e iniciar un pleno y nuevo proceso constituyente que mostrando una clara voluntad integradora de todos y cada uno
de los pueblos que integran Las Españas en un estado común permita a los
catalanes expresarse libremente si desean o no participar en ese nuevo proceso
constituyente y formar parte de ese estado común que pudiera surgir del mismo.