DE CONDECORACIONES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

A finales del pasado mes de septiembre de 2021 la prensa escrita daba la noticia de que la actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretendía retirar la "Medalla al Mérito del Trabajo" a destacados franquistas  mediante la modificación de su reglamento que establecería que " la Medalla puede ser retirada siempre que quede acreditado que la persona beneficiaria, antes o después de la concesión, formó parte del aparato de represión de la dictadura franquista o cuando haya protagonizado actos y conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos"; todo ello dentro de la política de reivindicación de una supuesta "Memoria Histórica" o "Memoria Democrática" (o como la quieran llamar) de la cual, parece ser, que carece la propia ministra al igual que todos los miembros de la casta política de este pobre país.

            Pretende la señora Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, política procedente del democrático y republicano Partido Comunista de España (PCE), vincular la "Medalla al Mérito del Trabajo" con unos pretendidos "valores democráticos" y, francamente, atendiendo a la historia de tal distinción poco existe que resulte más contrario a tales democráticos valores. La "Medalla al Mérito del Trabajo" fue creada en 1926 durante la dictadura del General Miguel Primo de Rivera, la II República, esa "república democrática de trabajadores" que tanto añora el partido al que pertenece la señora Ministra de Trabajo, la suprimió y en 1942, el General Francisco Franco la reinstauró. Así pues... no se puede decir que la "Medalla al Mérito del Trabajo" tenga un historial muy democrático a pesar de los cambios de sus estatutos en 1960 y en 1982. En realidad, si la señora Ministra del Trabajo desease "desfranquistizar" su Ministerio, lo que debería hacer es simple y llanamente suprimir la "Medalla al Mérito del Trabajo" sustituyéndola por otra distinción. Nada más fácil que, por ejemplo, suprimir la "Medalla al Mérito del Trabajo" y crear "La Orden del Mérito Laboral" pero claro, la señora Ministra de Trabajo, como cualquier miembro de la casta política española, no da para más porque el "no dar para más" parece ser requisito "sine qua non" para ser alguien en la política española.

            Desde luego, el Gobierno de Coalición PSOE-PODEMOS en su extraño afán por revisar la historia reciente de nuestro país y por "desenfranquistizar" el estado, está demostrando tan supina ignorancia que le lleva al más absoluto de los ridículos porque entre, otros motivos, cae en la amnesia selectiva, o tal vez interesada, de no recordar el origen y el comportamiento de no pocas instituciones públicas actualmente vigentes a las que de una forma burda pretende blanquear y, por supuesto, tal ignorancia le lleva a hacer reconocimientos y afirmaciones que resultan, como poco, cómicas.

            Para empezar, las señoras, señores y neutros que integran el actual gobierno deberían saber que la inmensa mayoría de las órdenes y condecoraciones civiles de nuestro país fueron creadas o reinstauradas, tras su supresión por la II República, por el Régimen Franquista. Así, tenemos y nos constan las siguientes:

1º. "Real y Distinguida Orden de Carlos III, establecida por Carlos III en 1771, suprimida durante la II República y restablecida el 10 de agosto de 1942 por el General Franco.

            2º."Orden del Mérito Civil", creada en 1926 durante la Dictadura de Primo de Rivera con el fin de premiar «las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la Nación»; fue suprimida durante la II República y restablecida durante la Dictadura Franquista.

            3º."Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort", instituida en 1944 por la Dictadura Franquista para «premiar los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia y en su cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados sin nota desfavorable en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia».

            4º. "Orden Civil de Alfonso X el Sabio", instituida el 11 de abril de 1939  por el Régimen Franquista para "premiar los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación". Hoy se encuentra integrada o refundida en la llamada Orden de Alfonso XII, lo que resulta curioso pues éste personaje, a diferencia del Rey Alfonso X, el Sabio, poco o nada tiene que ver con la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación.

            5º."Orden Civil de Sanidad", creada en 1943 durante el Régimen Franquista como restablecimiento de "La Cruz de Epidemias" de 1838 y como orden separada de la Orden Civil de Beneficencia para «premiar los servicios y méritos relevantes de carácter sanitario o prestados con motivo de la asistencia a luchas sanitarias o epidemias».

            6º. "Medalla de Honor de la Emigración"; instaurada por el Régimen Franquista mediante la Orden de 27 de abril de 1970 para "premiar personas o entidades públicas o privadas, por la realización de servicios eminentes a emigrantes o a la propia España".

            7º. "Orden del Mérito Policial". Esta orden se creó mediante Decreto de 18 de junio de 1943, con el objetivo de disponer de un modo de premiar a los policías por sus acciones destacadas, tanto en la forma de "servicios extraordinarios practicados" como en la de "trabajos o estudios de sobresaliente interés científico o de técnica profesional". Curiosamente, esta es la famosa condecoración de la que se pretendía privar al conocido policía y torturador de la Brigada Política y Social, José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, cuando esta distinción se creó originaria y prácticamente para premiar acciones como las ejecutadas por este infausto personaje.

            8º "Orden Civil del Mérito Postal", fundada por Francisco Franco el 19 de mayo de 1960 para recompensar "méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales en el ámbito postal".

            9º. "Medalla y Placa al Mérito Turístico", instituida durante el Régimen Franquista el 21 de enero de 1963 con la finalidad  premiar "a personas, de nacionalidad española o extranjera, por haber prestado servicios relevantes al turismo español".

            10º. "Medalla al Mérito en el Trabajo", cuya historia ya ha sido ampliamente expuesta al inicio de este artículo.

11º. Especial mención merece la "Orden de Cisneros" creada por el Régimen Franquista el 8 de marzo de 1944 para premiar "los destacados servicios de quienes demostraron un alto espíritu de entrega en las tareas de engrandecimiento de la Patria". El emblema fundamental de la "Orden de Cisneros" está integrado por una cruz, entre cuyos brazos se abrían haces de cinco flechas y en el centro el Águila de San Juan apoyada sobre el Yugo de Isabel la Católica (es decir, por toda la simbología del Franquismo). Desde su reforma por Decreto de 15 de abril de 1977 el Jefe del Estado es su Gran Maestre y el cargo de Canciller lo ostenta el Ministro de la Presidencia, don Félix Bolaños García, que hoy también es Ministro de Relaciones con las Cortes y, curiosamente, de Memoria Democrática.

            En definitiva, de un total de 19 órdenes y condecoraciones civiles que existen en nuestro país, diez de ellas fueron directamente instauradas o reinstauradas por la Dictadura Franquista; una, la "Orden de Cisneros", está por su fecha de instauración y por su diseño directamente relacionada con la Dictadura Franquista siendo, curiosamente, su Canciller el actual Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno PSOE-PODEMOS, don Félix Bolaños García quien, con este hecho, está demostrando ser muy ignorante y tener muy poca memoria, democrática o no; y al menos otras dos Órdenes, la "Orden Civil de la Solidaridad Social" y la "Real Orden del Mérito Deportivo", son distinciones respectivamente sustitutivas de las franquitas "Orden Civil de la Beneficencia", creada el 17 de mayo de 1856, suprimida por la II República y reinstaurada por el Régimen Franquista en 1940 y de la "Medalla del Mérito Deportivo" creada por Decreto de fecha 18 de abril de 1952, dictado por la Secretaría General del Movimiento, con el fin de premiar las actuaciones más destacadas en el aspecto deportivo.

            Con este panorama, y atendiendo al elevadísimo nivel de cultura, inteligencia y lógica que despliegan los miembros de la casta política española; menos mal que alguien tuvo la feliz idea, entre 1976 y 1977, de suprimir la "Orden Imperial del Yugo y las Flechas" y el "Víctor del SEU" porque de no haberlas suprimido, a cualquiera de los "inteligentísimos" dirigentes actuales se les podría ocurrir la genial y muy graciosa idea de desposeer de las mismas a cualquier dirigente del Franquismo que las poseyera como José Antonio Girón de Velasco, Raimundo Fernández Cuesta o Adolfo Suárez González (Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas por Decreto de la Jefatura del Estado 1471/1975 de 4 de julio).

GESTOS Y SIGNIFICADOS

El principio de autoridad descansa sobre varios pilares metafísicos,  la mayoría de los cuales suponen un esfuerzo incómodo, tales como la sabiduría, la paciencia, la equidad, la apariencia, la ejemplaridad, los gestos.... por eso, el ejercicio de la autoridad no es ni un privilegio ni una prebenda sino una responsabilidad y un sacrificio y sin la consciente asunción de ese sacrificio y de esa responsabilidad el principio de autoridad decae y se va diluyendo lentamente hasta terminar por desaparecer.

            El anterior párrafo,  no es más que la imprescindible introducción al tema que nos proponemos tratar a continuación sobre algunos gestos que, de unos meses a esta parte, se vienen desarrollando en nuestro país por personas o familias que forman parte de las máximas autoridades del estado y que no pueden por menos que generarnos dudas y estupor.

            Cuando en el mes de febrero del presente año de 2021 se hizo público que la  hija de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey, Leonor de Borbón y Ortiz, iba a cursar dos años de bachillerato en un elitista colegio privado de Gran Bretaña, que, por cierto, guarda ciertas semejanzas estéticas con el  fantástico Hogwarts de Harry Potter, muchos pusieron el grito en el cielo por el coste económico de cada curso escolar (unos 38.000 Euros al año); pero pocos fueron los que se preguntaron el por qué, quien, si Dios y el destino no disponen otra cosa, será la futura Jefa del Estado español, debía desdeñar los incontables centros educativos que hay en nuestro país y optar por uno foráneo.

            Ya, desde el Siglo XVIII  y hasta finales del Siglo XIX, era tradición que los hijos de las familias nobles de Europa, al terminar los  estudios en sus respectivos países de origen, se tomasen unos  años de asueto para viajar al extranjero y completar, de este modo, su formación académica con una experiencia real y cosmopolita. Era lo que se dio en llamar "El Grand Tour" y formaba parte indispensable de la educación de los jóvenes aristócratas que terminarían por ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno de sus respectivos países, pero, como hemos indicado, tal periodo viajero solo tenía lugar tras la culminación de sus estudios en sus respectivos países y no antes, pues se trataba de enriquecer dichos conocimientos con otros nuevos pero en ningún caso que estos fueran determinantes o sustituyeran a aquéllos. De esta forma, el joven solo accedía al "Grand Tour" cuando la formación recibida en su país había culminado inculcando sólidamente en él conocimientos, convicciones y valores que difícilmente podrían ser sustituidos o trastocados por los modos o las costumbres que pudiera experimentar en el extranjero.

            El hecho de que los padres de Leonor de Borbón y Ortiz (1) hayan decidido que su hija estudie dos años de Bachillerato fuera del país del que está legalmente destinada a ser cabeza es un gesto muy significativo que no deja nada más que entrever una cierta (o total) desconfianza en el sistema educativo español. Y es que, considerando que un sistema educativo no está constituido por los edificios de las escuelas o por los uniformes identificativos de los estudiantes sino por los planes de estudios que en España llevan décadas degradándose y que parecen diseñados para hacer de los jóvenes educandos ciudadanos sumisos y fracasados vitales; no es de extrañar que, quien pueda permitírselo, prefiera educar a sus hijos en otros lugares, aunque sea, incluso fuera de la Unión Europea como es el caso del Reino Unido de la Gran Bretaña donde ha ido a estudiar la hija mayor de Su Excelencia el Jefe del Estado.

En España existen muchos colegios de élite y elitistas, privados por supuesto, donde podría haber acudido Leonor de Borbón pero por muy elitista que sea un colegio, cualquier formación que imparta siempre vendrá determinada por los planes de estudios aprobados por el Ministerio de Educación o las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas que comprenden las materias formativas curriculares, teniendo cualquier otra materia la condición de "actividad extraescolar".

            A pesar de lo que se dice, la educación en España no es mala por falta de medios y de inversión sino por la total ausencia de voluntad política a la hora de elaborar un plan de estudios acorde con los tiempos que, para bien o para mal, exigen más dedicación y esfuerzo del alumnado. Frente a esto, la política educativa tiende a ser políticamente correcta y a "no ofender" al alumnado con difíciles esfuerzos y disciplina de aula que le lleven a trabajar en demasía y a aceptar la autoridad de su profesor, lo que, a su vez, provoca que el profesorado sea más laxo a la hora de evaluar, más permisivo respecto al comportamiento del alumno en el interior de las instalaciones escolares y a un porcentaje de depresión en los profesionales de la enseñanza que difícilmente se produce entre otros profesionales. Todo esto hace del sistema educativo patrio una fórmula perfecta para constituir un fracaso si no fuera porque hay indicios, y más que indicios, de que existen intenciones políticas para que la sociedad futura esté integrada mayoritariamente por ciudadanos acríticos, trabajadores complacientes y humanoides sin aspiraciones. Así pues, con este desolador panorama, es comprensible y lógico que Su Excelencia el Jefe del Estado, como cualquier otra adinerada familia burguesa, haya elegido un colegio extranjero para que su hija curse dos cursos de bachillerato, no resultando tan lógico que el mismo no utilice la mucha o poca influencia que pueda tener para que España tenga un sistema educativo digno y de elevada calidad que genere ciudadanos altamente cualificados, pero claro, en esta España de la igualdad y que cada vez más se encamina hacia una sociedad neo estamental, la alta cualificación solo es para aquellos pocos que se lo puedan pagar o que dispongan de numerosos contribuyentes que se lo paguen.

            Frente a esta muy triste realidad de nuestro país, en el que los representantes de las máximas instituciones del estado hacen constantes gestos de desconfianza hacia los servicios públicos como la educación o la sanidad (pues no son pocos los políticos que mucho hablan de la sanidad pública pero luego se van a tratar a la sanidad privada) que ellos mismos afirman fomentar y proteger y que no dejan de ser gestos de desconfianza hacia el país mismo del que viven; los medios de comunicación social se dedican a mostrar encuestas favorables a la decisión de los padre de Leonor de Borbón a la vez que también muestran el apoyo de la población a que la misma adquiera, como su padre y su abuelo, cierta formación militar, formación militar que ya puestos no sé por qué motivo no debería adquirirse también, al igual que los dos cursos de bachillerato, en prestigiosas academias militares extranjeras como West Point o Sandhurst. Teniendo en cuenta que el ejército español no gana una guerra desde que se acabó el dinero para pagar a los mercenarios alemanes e italianos que servían en los Tercios, tal decisión estaría mucho más justificada que, desde luego, ir a estudiar bachillerato a un colegio en la Gran Bretaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Dado que en este país cada uno puede hacer con sus apellidos lo que le plazca y que nuestra forma de estado es la Monarquía me permito sugerir que se unan los dos apellidos de la madre en uno y así, en los salones aristocráticos, la hija de Su Excelencia el Jefe del Estado podría hacerse anunciar como doña Leonor de Borbón y Ortíz-Rocasolano lo cual suena mejor, más bonito y así como... más regio y aristocrático. Sea esto dicho con todo respeto y con un poco de animus iocandi.

 

CARTA ACLARATORIA A LA FIRMA DEL ESCRITO "LAS IDEAS POLÍTICAS DE DON JAIME

     Con motivo de mi adhesión a un escrito colectivo que se titula "Las ideas políticas de Don Jaime, noventa años después", algunos amigos me han preguntado en relación a la fórmula "Confederación de repúblicas", utilizada en el escrito colectivo, y al Manifiesto que Jaime III emitió el 23 de Abril de 1931, en el cual comentan que solamente se reivindica la "Federación de las distintas nacionalidades". Por tanto, creo conveniente difundir las siguientes consideraciones con el fin de aclarar las dudas de estos amigos:  

       Es claro y evidente que en el Manifiesto del 23 de Abril no se recoge en ningún momento la fórmula "Confederación de repúblicas", mientras que en cambio sí se plantea la "Federación de las distintas nacionalidades" resultando que, desde mi punto de vista, la utilización de la palabra "nacionalidades" implica la existencia de cierta soberanía de dichas "nacionalidades" pues lo que diferencia a una nacionalidad de una región o provincia es precisamente la soberanía de que disponen para autogobernase siendo lo fundamental en la  confederación la existencia de una pluralidad de soberanías de las partes que la integran a pesar que, hoy en día y conforme a la moderna teoría política imperante, por confederación se entiende exclusivamente la unión de dos estados independientes por un tratado internacional. En este sentido es de recordar que el primer texto legal constitutivo de los Estados Unidos de América, estado federal por excelencia, y muy anterior a su famosa Constitución de 1787, fueron los "Artículos de la Confederación y de la Unión Perpetua" que datan de 1777.

            En el escrito "Las ideas políticas de Don Jaime, noventa años después" no se menciona únicamente el Manifiesto del 23 de Abril de 1931, sino también otro tipo de "declaraciones a los medios de comunicación". De hecho, para la redacción del escrito colectivo se han consultado tres documentos históricos diferentes además del Manifiesto: las declaraciones de Jaime III a la Agencia Fabra difundidas el 25 de Abril, la carta de Jaime III a Jerónimo Figa del 7 de Junio, y las declaraciones reproducidas por Francisco Melgar en su obra "Don Jaime, el príncipe caballero", publicada por Espasa-Calpe, en Madrid, en 1932. La fórmula "Confederación de repúblicas" que hemos utilizado en nuestro escrito aparece concretamente en la página 184 de ese libro. 

 

            En el escrito "Las ideas políticas de Don Jaime, noventa años después", en referencia explícita al Manifiesto del 23 de Abril también recogemos que Jaime III reivindicó la "Federación de las distintas nacionalidades".

 

            El libro "Don Jaime, el príncipe caballero" es también la fuente histórica que recoge la autodefinición de Jaime III "como un socialista sincero" que tantas veces reprodujo Josep Carles Clemente en sus libros.

 

            Aunque a algunos les pueda sorprender que Jaime III hubiese utilizado ambas fórmulas, la Confederación y la Federación, no es un caso atípico en la historia del Carlismo, sino que responde a una pauta enraizada en nuestra tradición política. De hecho, con motivo del acto legitimista de Arbonne en 2003, Don Carlos Hugo manifestó que "Llámese como se le quiera llamar, Confederación o Federación, hay que construir una comunidad de comunidades". De esta manera Don Carlos Hugo reconocía la legitimidad ideológica de ambas fórmulas y planteaba que lo más importante no era el nombre sino el contenido. La cita de Don Carlos Hugo por si alguien estuviera interesado se puede encontrar en la crónica del acto que Manuel Martorell publicó en el diario El Mundo el 7 de Octubre de 2003.

 

LAS IDEAS POLITICAS DE DON JAIME, NOVENTA AÑOS DESPUÉS

Entre las figuras históricas más significativas del Carlismo se encuentra la de Jaime III, hijo de los inolvidables y míticos. Carlos VII y Margarita de Borbón-Parma. Durante la etapa de su liderazgo dinástico, entre los años 1909 y 1931, los militantes del Partido Carlista se opusieron a la Dictadura del general Primo de Rivera, constituyeron sindicatos obreros y colaboraron políticamente con el nacionalismo vasco y catalán. Fallecido el 2 de Octubre de 1931, en el noventa aniversario de su defunción, los firmantes de este escrito queremos reivindicar la modernidad y actualidad de su pensamiento político.

Proclamada la II República Española el 14 de Abril de 1931, Don Jaime emitió un Manifiesto el 23 de Abril, expresando de manera pública e inequívoca sus convicciones democráticas. En esta declaración, no solamente llamaba a los carlistas a cooperar con el Gobierno provisional, también recordaba que el verdadero lugar de la Iglesia y del Ejército se encontraba lejos de toda acción política. Igualmente planteaba la convocatoria de unas elecciones generales constituyentes, con carácter plebiscitario, que deberían servir para que la ciudadanía española escogiera entre la República y una Monarquía «progresista»; señalando además que si la voluntad popular, libremente expresada, «se pronunciara en favor de la República», «pediría a los monárquicos que colaborasen en la obra inmensa que es construir la federación de la nueva España».

En declaraciones a los medios de comunicación, Don Jaime insistiría en que: «Si España ratifica plenamente su voluntad republicana, manteniendo todos mis derechos, respetaré esa decisión del pueblo. Considero que la República, como forma política es indudablemente legítima, mientras que el régimen que imperaba hasta ahora era ilegítimo dentro de la forma monárquica».

Don Jaime también solicitó al Gobierno provisional que adoptara un sistema de representación proporcional puro, como ya se hacía «en las grandes naciones europeas», para que se recogiera «hasta el último voto de todos los ciudadanos», evitando así los peligros del sistema de escrutinio mayoritario que tantos problemas políticos provocaría durante el periodo republicano.

Noventa años después, cuando las naciones hispanas tienen como forma de Estado una monarquía doblemente ilegítima, cuestionada socialmente tanto por su origen franquista como por sucesivos y continuos escándalos de corrupción, los criterios de Don Jaime son tan actuales como la misma realidad que nos rodea. Es el conjunto de la ciudadanía quien debe decidir sobre el contenido y la forma de la Jefatura del Estado. Mientras no se celebre una consulta popular para decidir específicamente sobre esta cuestión en concreto, la sociedad española arrastrará un indudable déficit democrático, que impide cualquier tipo de consenso y de convivencia consolidada.

La orientación progresista y emancipadora de las ideas políticas de Don Jaime también abarcaba campos como la redistribución social de la riqueza o la reorganización territorial del Estado. En su Manifiesto del 23 de Abril de 1931, proclamaba que «ha sido siempre el fundamental objeto de nuestra política realizar la federación de las distintas nacionalidades ibéricas», al mismo tiempo que convocaba a los carlistas a impulsar un movimiento «intensamente progresivo, amigo de las reformas sociales».

Respecto a estas cuestiones estructurales, la ideología de Don Jaime no aceptaba falsas soluciones de carácter vertical, como la caridad paternalista de los más ricos con los más pobres, o una descentralización de competencias administrativas desde Madrid a la periferia.

En ese sentido, Don Jaime realizó declaraciones tan contundentes en su época como: «La caridad no debería existir en nuestro mundo, que se pretende civilizado. En la sociedad, a la que todos pertenecemos, hay gente enferma, niños, viejos, incapaces», a los cuales «no debería la colectividad reservar sus limosnas, sino que es una obligación estricta e ineludible para el cuerpo social sostener a sus miembros, demasiado débiles; tienen ellos un derecho sagrado al apoyo desinteresado de todos. La caridad es una humillación constante; en cambio, el sostenimiento de todos los seres desvalidos por la comunidad no entraña disminución para nadie». Igualmente apoyaba el sindicalismo reivindicativo, «realizado con el nobilísimo fin de que el trabajador no se vea desamparado frente al propietario» para lo cual era necesario  «el salario mínimo, la protección del trabajador, la subsistencia para la viuda y los huérfanos». Por todo ello, Don Jaime manifestaba que «me considero y me he considerado siempre como un socialista sincero, en el sentido exacto de la palabra».

Entroncando con la tradición fuerista de las Españas, Don Jaime tampoco dudó en afirmar que «en un sistema netamente regionalista como el nuestro, España vendría a ser una confederación de Repúblicas gobernadas por la Monarquía», insistiendo en que «ninguna colectividad política ha sostenido con el tesón que nosotros venimos sosteniendo desde hace un siglo la imprescindible necesidad de devolver a los estados regionales su personalidad histórica y jurídica», es decir, la reintegración foral plena, mientras que «los partidos autonomistas de reciente creación han venido todos a instruirse en nuestro caudal histórico».

Noventa años después, muchas cosas han cambiado en la sociedad española, pero también ciertas oligarquías se han perpetuado a través de sucesivas reformas políticas, de tal forma que lo que nunca ha cambiado es la estructura socio-económica y la «unidad constitucional» del Estado español. Ante esta realidad, los firmantes consideramos que las ideas emancipadoras de Don Jaime de Borbón acerca de una redistribución justa de la riqueza, de la pluralidad federativa de las naciones hispanas y de la voluntad popular como criterio determinante de la naturaleza de la Jefatura del Estado, continúan siendo tan modernas, necesarias y actuales como en 1931.

 

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