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miércoles, 20 de octubre de 2021

GESTOS Y SIGNIFICADOS

El principio de autoridad descansa sobre varios pilares metafísicos,  la mayoría de los cuales suponen un esfuerzo incómodo, tales como la sabiduría, la paciencia, la equidad, la apariencia, la ejemplaridad, los gestos.... por eso, el ejercicio de la autoridad no es ni un privilegio ni una prebenda sino una responsabilidad y un sacrificio y sin la consciente asunción de ese sacrificio y de esa responsabilidad el principio de autoridad decae y se va diluyendo lentamente hasta terminar por desaparecer.

            El anterior párrafo,  no es más que la imprescindible introducción al tema que nos proponemos tratar a continuación sobre algunos gestos que, de unos meses a esta parte, se vienen desarrollando en nuestro país por personas o familias que forman parte de las máximas autoridades del estado y que no pueden por menos que generarnos dudas y estupor.

            Cuando en el mes de febrero del presente año de 2021 se hizo público que la  hija de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey, Leonor de Borbón y Ortiz, iba a cursar dos años de bachillerato en un elitista colegio privado de Gran Bretaña, que, por cierto, guarda ciertas semejanzas estéticas con el  fantástico Hogwarts de Harry Potter, muchos pusieron el grito en el cielo por el coste económico de cada curso escolar (unos 38.000 Euros al año); pero pocos fueron los que se preguntaron el por qué, quien, si Dios y el destino no disponen otra cosa, será la futura Jefa del Estado español, debía desdeñar los incontables centros educativos que hay en nuestro país y optar por uno foráneo.

            Ya, desde el Siglo XVIII  y hasta finales del Siglo XIX, era tradición que los hijos de las familias nobles de Europa, al terminar los  estudios en sus respectivos países de origen, se tomasen unos  años de asueto para viajar al extranjero y completar, de este modo, su formación académica con una experiencia real y cosmopolita. Era lo que se dio en llamar "El Grand Tour" y formaba parte indispensable de la educación de los jóvenes aristócratas que terminarían por ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno de sus respectivos países, pero, como hemos indicado, tal periodo viajero solo tenía lugar tras la culminación de sus estudios en sus respectivos países y no antes, pues se trataba de enriquecer dichos conocimientos con otros nuevos pero en ningún caso que estos fueran determinantes o sustituyeran a aquéllos. De esta forma, el joven solo accedía al "Grand Tour" cuando la formación recibida en su país había culminado inculcando sólidamente en él conocimientos, convicciones y valores que difícilmente podrían ser sustituidos o trastocados por los modos o las costumbres que pudiera experimentar en el extranjero.

            El hecho de que los padres de Leonor de Borbón y Ortiz (1) hayan decidido que su hija estudie dos años de Bachillerato fuera del país del que está legalmente destinada a ser cabeza es un gesto muy significativo que no deja nada más que entrever una cierta (o total) desconfianza en el sistema educativo español. Y es que, considerando que un sistema educativo no está constituido por los edificios de las escuelas o por los uniformes identificativos de los estudiantes sino por los planes de estudios que en España llevan décadas degradándose y que parecen diseñados para hacer de los jóvenes educandos ciudadanos sumisos y fracasados vitales; no es de extrañar que, quien pueda permitírselo, prefiera educar a sus hijos en otros lugares, aunque sea, incluso fuera de la Unión Europea como es el caso del Reino Unido de la Gran Bretaña donde ha ido a estudiar la hija mayor de Su Excelencia el Jefe del Estado.

En España existen muchos colegios de élite y elitistas, privados por supuesto, donde podría haber acudido Leonor de Borbón pero por muy elitista que sea un colegio, cualquier formación que imparta siempre vendrá determinada por los planes de estudios aprobados por el Ministerio de Educación o las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas que comprenden las materias formativas curriculares, teniendo cualquier otra materia la condición de "actividad extraescolar".

            A pesar de lo que se dice, la educación en España no es mala por falta de medios y de inversión sino por la total ausencia de voluntad política a la hora de elaborar un plan de estudios acorde con los tiempos que, para bien o para mal, exigen más dedicación y esfuerzo del alumnado. Frente a esto, la política educativa tiende a ser políticamente correcta y a "no ofender" al alumnado con difíciles esfuerzos y disciplina de aula que le lleven a trabajar en demasía y a aceptar la autoridad de su profesor, lo que, a su vez, provoca que el profesorado sea más laxo a la hora de evaluar, más permisivo respecto al comportamiento del alumno en el interior de las instalaciones escolares y a un porcentaje de depresión en los profesionales de la enseñanza que difícilmente se produce entre otros profesionales. Todo esto hace del sistema educativo patrio una fórmula perfecta para constituir un fracaso si no fuera porque hay indicios, y más que indicios, de que existen intenciones políticas para que la sociedad futura esté integrada mayoritariamente por ciudadanos acríticos, trabajadores complacientes y humanoides sin aspiraciones. Así pues, con este desolador panorama, es comprensible y lógico que Su Excelencia el Jefe del Estado, como cualquier otra adinerada familia burguesa, haya elegido un colegio extranjero para que su hija curse dos cursos de bachillerato, no resultando tan lógico que el mismo no utilice la mucha o poca influencia que pueda tener para que España tenga un sistema educativo digno y de elevada calidad que genere ciudadanos altamente cualificados, pero claro, en esta España de la igualdad y que cada vez más se encamina hacia una sociedad neo estamental, la alta cualificación solo es para aquellos pocos que se lo puedan pagar o que dispongan de numerosos contribuyentes que se lo paguen.

            Frente a esta muy triste realidad de nuestro país, en el que los representantes de las máximas instituciones del estado hacen constantes gestos de desconfianza hacia los servicios públicos como la educación o la sanidad (pues no son pocos los políticos que mucho hablan de la sanidad pública pero luego se van a tratar a la sanidad privada) que ellos mismos afirman fomentar y proteger y que no dejan de ser gestos de desconfianza hacia el país mismo del que viven; los medios de comunicación social se dedican a mostrar encuestas favorables a la decisión de los padre de Leonor de Borbón a la vez que también muestran el apoyo de la población a que la misma adquiera, como su padre y su abuelo, cierta formación militar, formación militar que ya puestos no sé por qué motivo no debería adquirirse también, al igual que los dos cursos de bachillerato, en prestigiosas academias militares extranjeras como West Point o Sandhurst. Teniendo en cuenta que el ejército español no gana una guerra desde que se acabó el dinero para pagar a los mercenarios alemanes e italianos que servían en los Tercios, tal decisión estaría mucho más justificada que, desde luego, ir a estudiar bachillerato a un colegio en la Gran Bretaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Dado que en este país cada uno puede hacer con sus apellidos lo que le plazca y que nuestra forma de estado es la Monarquía me permito sugerir que se unan los dos apellidos de la madre en uno y así, en los salones aristocráticos, la hija de Su Excelencia el Jefe del Estado podría hacerse anunciar como doña Leonor de Borbón y Ortíz-Rocasolano lo cual suena mejor, más bonito y así como... más regio y aristocrático. Sea esto dicho con todo respeto y con un poco de animus iocandi.

 

martes, 26 de enero de 2021

ESPAÑA, GIBRALTAR Y EL COVID

El gobierno de la Gran Bretaña anunciaba hace poco más de un mes y medio que había detectado en su territorio una nueva cepa de coronavirus mucho más contagiosa y que hoy es popularmente conocida como "la cepa británica". Mientras que de una forma rápida y eficiente algunos estados europeos como el holandés, sin duda con la intención de salvaguardar la salud de sus ciudadanos, cerraron inmediatamente sus aeropuertos a los vuelos procedentes de las Islas Británicas; el gobierno español demoraba tomar tan elemental medida a que se tomase en el seno de la Unión Europea para, finalmente, tomarla tres días más tarde de que la hubiera adoptado el primero de los estados de nuestro entorno. 

            Veinte días después de que el Gobierno PSOE-PODEMOS adoptase, el 21 de diciembre de 2020, la decisión de cerrar los aeropuertos a los vuelos británicos, el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, doctor Fernando Simón, manifestaba, el 11 de enero de 2021, que la cepa británica "solo tendría un impacto marginal" en nuestro país, para terminar reconociendo, el 21 de enero de 2021, que se esperaba que dicha nueva cepa de coronavirus fuera "una cepa dominante, aproximadamente, para mediados del mes de marzo".

            Lo cierto es que en el momento en que los británicos anunciaron la aparición de la "Cepa Británica", el gobierno español estaba negociando con Gibraltar el tratamiento que iba a tener la frontera entre la colonia inglesa y España tras la finalización del periodo transitorio del Brexit  previsto para el 31 de diciembre de 2021 habiéndose llegado a un acuerdo,  precisamente el día 11 de enero de 2021, por el cual el Peñón de Gibraltar se unirá al territorio Schengen, se derribará la verja que marca la frontera y existirá libre circulación entre España y el territorio ocupado por la Gran Bretaña pudiéndose entrar y salir de dicho territorio sin necesidad de pasaporte dejando el control de entrada en la península por el puerto y el aeropuerto de Gibraltar a las autoridades gibraltareñas quienes, curiosamente, sí pedirán pasaporte para entrar en Gibraltar a los ciudadanos procedentes de las Islas Británicas.

            Ahora bien, este acuerdo resulta gravemente perjudicial para los ciudadanos y los intereses españoles por varios motivos: en primer lugar porque el Estado Español está elevando a rango de estado a una entidad que no es más que una colonia dependiente de otro estado que es el Reino Unido de la Gran Bretaña por lo que está desistiendo tácitamente de la reclamación de la soberanía de un territorio ilegal e ilegítimamente ocupado por una potencia extranjera y, en segundo lugar, porque considerando que la economía gibraltareña se basa en actividades tan "honorables", "honradas" y rentables como el contrabando, la creación de sociedades "offshore" y el juego "on line",  pensar que ese acuerdo va a ser respetado escrupulosamente por las autoridades que ocupan y administran el territorio gibraltareño, es simplemente.... ¡¡¡Creer en los Reyes Magos!!! (1).

De momento, este acuerdo ya está reportando sus frutos negativos para la población española de la provincia de Cádiz porque mientras España cerraba sus aeropuertos a los vuelos procedentes de Gran Bretaña, éstos seguían aterrizando libremente en el territorio ocupado de Gibraltar lo que ha provocado que, unido a la libre movilidad de la población gibraltareña por todo el Campo de Gibraltar, la "Cepa Británica" del Coronavirus haya entrado en nuestro país antes de lo esperado y que los casos de contagios en la ciudad fronteriza de La Línea de la Concepción, población de 62.940 habitantes, se haya disparado a más de cinco mil desde el uno de enero.

            Otra consecuencia negativa del acuerdo alcanzado por el gobierno español y las autoridades que ocupan Gibraltar, se verá a medio plazo, y será cuando la población de la colonia británica, la cual asciende a casi 34.000 habitantes, empiece, sin generar ingresos a la hacienda pública española y andaluza, a utilizar los servicios sanitarios y asistenciales existentes en la provincia de Cádiz y, especialmente, en el Campo de Gibraltar lo que llevará irremediablemente a la saturación y degradación de los mismos.

            Este acuerdo, que el gobierno de coalición PSOE-PODEMOS quiere vender como un éxito  y del que solo pueden sentirse orgullosos los ciudadanos británicos, no es más que otro fracaso de la diplomacia española que ha hecho renuncia de sus derechos y reivindicaciones históricas y legítimas al no situar cualquier tipo de conversación sobre la cuestión gibraltareña dentro del marco impuesto por el Tratado de Utrecht y las distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gibraltar. Una vez más, el gobierno español persiste en una política exterior claudicante mientras que la "patriótica" oposición integrada por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX, guardan un vergonzoso y vergonzante silencio aunque, desde luego, al igual que no se puede esperar que un olmo nos proporcione peras no se podía esperar otra cosa de gentes cuya baba se les cae mientras se postran de rodillas ante la figura de Margaret Thatcher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Las autoridades británicas del Peñón nos han obsequiado, en no pocas ocasiones, con imágenes tan amistosas y generadoras de confianza como las de sus patrulleras entorpeciendo la persecución de las planeadoras de contrabandistas por parte de la Guardia Civil.  ¿Y con esta clase de gente hemos llegado a algún tipo de acuerdo?

 

domingo, 28 de junio de 2020

EL TALÓN DE AQUILES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA




 Nuestro mayor desequilibrio en la distribución de la riqueza y su impacto en el ejercicio de derechos fundamentales básicos como la educación o la sanidad es el Talón de Aquiles de la sociedad española para hacer frente a la crisis de la COVID-19.

            El pasado 18 de junio el profesor Tim Wu publicó en el New York Times un artículo con el título 'How to Avoid a Rich Man’s Recovery', en el que sostenía la tesis de que el Gobierno Federal presidido por Donald Trump había puesto en marcha un programa, en el que, aparentemente, se estaba protegiendo a todo el mundo. Pero con una diferencia "clave" entre la protección que se dispensa a las grandes empresas y la que se proporciona a las medianas y pequeñas, así como a los trabajadores.

            A las grandes empresas, las diversas medidas que contempla el programa les proporciona "seguridad". No un simple alivio en el presente, sino una garantía de supervivencia en el futuro. No unas medidas de ayuda, sino una "póliza".

            Para las medianas y pequeñas empresas y para los trabajadores, se contemplan unas medidas de apoyo en el presente, pero con un horizonte de "inseguridad" en el medio y largo plazo. No hay previsión de que el seguro de desempleo se prolongue hasta que se recupere el empleo, ni mucho menos la posibilidad de una "renta básica universal".

            En cierta medida se está reproduciendo en 2020 la respuesta a la crisis de 2008, aunque con una apariencia distinta. Cuando se analiza detenidamente, el programa del Gobierno Federal puede parecer neutral, dice el profesor Wu, pero está enormemente descompensado a favor de las rentas más altas. La crisis de la COVID-19 puede acabar conduciendo a una todavía mayor concentración de la riqueza en la cúspide de la sociedad americana de la que ya se produjo tras la crisis de 2008.

            ¿Podrá ocurrir en la Unión Europea algo similar? ¿Se puede acabar reproduciendo una salida similar a la de la crisis de 2008? ¿Se puede volver a reproducir el "rescate" de los poderosos y el abandono a su suerte de todos los demás?

            Es verdad que la respuesta inicial está siendo en 2020 muy distinta a la de 2009, pero también estamos viendo cómo la fortuna de las personas más ricas se ha incrementado notablemente en estos primeros tres meses de la pandemia, tanto en los Estados Unidos como en los diversos países europeos y concretamente en España, mientras que se está produciendo un empobrecimiento generalizado del resto de la población. Los países son más pobres hoy que hace tres meses, pero no todos los ciudadanos son más pobres. Algunos son más ricos, incluso notablemente más ricos. En España se ha aprobado el ingreso mínimo vital, que ha supuesto un avance histórico en nuestro sistema de protección social, pero las dificultades con la prolongación de los ERTE más allá de la fecha inicialmente prevista ya nos están indicando que el horizonte se oscurece para los trabajadores.

 El binomio entre "seguridad" para unos pocos e "inseguridad" para la inmensa mayoría es lo que tiene que ser abordado y excluido en la salida de esta crisis. Es un binomio que solo se puede abordar a "escala europea", ya que, como dijo Ángela Merkel tras entrevistarse con Emmanuel Macron y hacer la primer propuesta de un proyecto a escala europea, "el Estado nación solo no tiene futuro". Ni el alemán ni ninguno. O hay una respuesta europea para todos, o no habrá respuesta para nadie.

            Ahora bien, ello no quiere decir que la respuesta pueda ser exclusivamente europea. Ningún Estado puede esperar que la Unión Europea "le saque las castañas del fuego". Cada uno tendrá que sacárselas por sí mismo. Con la protección que proporciona el marco europeo, pero haciendo el esfuerzo en el interior del propio país para conseguirlo.

            Y en este sentido es claro que España va a tener que hacer un esfuerzo superior al que van a tener que hacer otros países europeos. El desequilibrio en la distribución de la renta, el desequilibrio en la presión fiscal, en la protección de la salud o en el ejercicio del derecho a la educación, como hemos podido comprobar desgraciadamente en la crisis desatada por la COVID-19, no son problemas que nos pueda resolver la Unión Europea. Tendremos que resolverlos nosotros.

            El binomio entre seguridad para los menos e inseguridad para la mayoría se ha expresado en España con una intensidad extraordinaria. Este es el talón de Aquiles de nuestro país en este momento. Es lo que nos debilita en la negociación con los demás países en el interior de la Unión Europea. Y es lo que tenemos que corregir en el proyecto de reconstrucción que necesariamente vamos a tener que acometer en los próximos meses y años. España tiene que mirar hacia fuera, pero también tiene que mirar hacia dentro. Diría que tiene que mirar, sobre todo, hacia dentro.

            El clima político no parece favorecer esta mirada introspectiva, sino todo lo contrario. Pero "a la fuerza ahorcan", dice el refrán. Tal vez sea la oportunidad que acabe suponiendo la crisis de la COVID-19. Solamente lo podremos hacer en el marco de un proyecto europeo, pero lo tendremos que hacer nosotros. El marco europeo nos da la posibilidad de poder intentarlo, pero no nos garantiza que tengamos éxito.


miércoles, 28 de octubre de 2015

A VUELTAS CON LA PROSTITUCIÓN



Mientras que la crisis económica campea a sus anchas por toda la piel de toro excluyendo y marginando socialmente cada vez a más familias, nuestros políticos se dedican a abrir debates falsos a fin de entretener al personal y distraerlo de la percepción de la vacuidad de los programas electorales con los que los partidos aseguran poder redimirnos a todos. En este sentido, el Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) ha incluido en su programa una propuesta, realmente muy difícil de calificar, consistente en estorbar o entorpecer el ejercicio de la prostitución  sancionando la demanda y el alquiler de locales con el objeto de lucrarse de la industria del sexo y bien decimos que es una propuesta muy difícil de calificar porque en el eterno debate sobre la regulación o prohibición de la prostitución, el Partido Socialista ha abierto una tercera vía que es ni prohibición ni regulación, sino  todo lo contrario.

            En el debate sobre la regularización o prohibición de la prostitución los partidarios de lo primero han de saber que en España, y hasta mediados de los años cincuenta del siglo pasado, el ejercicio de la prostitución estuvo regulado y fue legal en lugares cerrados sometidos a rigurosos controles sanitarios y policiales hasta que el Régimen Franquista, en búsqueda de su homologación con los estados de su entorno occidental, suscribió en 1956 el Convenio de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) para la "Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución" de 1950, a partir de ese momento el ejercicio de la prostitución paso a ser "alegal" si bien el Código Penal perseguía tres conductas relacionadas con la misma y que el vigente Código Penal despenalizó en 1995: el Celestinaje o la puesta a disposición de un lugar donde se ejerciera la prostitución, el Rufianismo o el vivir en todo o en parte de la prostitución ajena y el Proxenetismo o la recluta de personas para la prostitución. Así pues, la situación de "alegalidad" de la prostitución en España se debe a un Tratado Internacional y aquellos que pretenden su regulación, en realidad deberían empezar por pedir la denuncia del Convenio Internacional para "Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución" de 1950, al igual que otros piden la denuncia del Concordato de 1979 con la Santa Sede.

            Se podrá alegar, y con toda la razón, que países de nuestro entorno europeo como Alemania, Austria u Holanda han "regulado" la prostitución pero lo que en realidad se ha hecho en esos países es legalizar el rufianismo. Desde el punto de vista jurídico, la relación que une a la persona que ejerce la prostitución con su cliente constituye un contrato de prestación de servicios  personalísimo ya que el cliente elige a la persona concreta que quiere que le preste el servicio no pudiendo ser otra diferente por lo que nos encontramos claramente ante una actividad profesional que ha de generar los pertinentes beneficios económicos a quien la ejerce, pero no a otros; por tanto, que la prostitución genere el más mínimo ingreso económico a cualquier persona física o jurídica que no sea la/el propia/o prostituta/o es una forma de rufianismo y negar tal cosa es negar la luz del Sol.

            Desdeñando las posiciones "prohibicionistas" por ser de una ingenuidad beatífica imposibles de valorar desde una perspectiva práctica ya que la prostitución es una de las tres profesiones más antiguas del mundo (las otras dos son la de sacerdote y la de guerrero) y, a pesar de que en ocasiones se le ha perseguido con dureza y saña, jamás ha dejado de ejercerse; el tema debe ser centrado rechazando la hipocresía y el oportunismo con el que los políticos siempre lo han tratado.

            Lo que realmente mueve a los distintos miembros de nuestra casta política a plantearse ahora el tema de la prostitución es el aspecto puramente económico ya que ven, en los enormes beneficios que genera dicho sector, una posibilidad de incrementar los ingresos del estado vía impuestos ignorando el hecho de que si la prostitución genera tantos beneficios es debido en gran medida precisamente al hecho de que no se pagan impuestos por ejercerla. Esta voracidad recaudatoria, no nos engañemos, es lo que está detrás de la legalización de la prostitución en los estados de nuestro entorno lo cual convierte a esos estados en unos claros rufianes indirectos al mismo tiempo que permite a los rufianes directos meter el dinero que obtienen en el circuito económico sin necesidad de tener que acudir a métodos de blanqueamiento.  Como ningún autodenominado "hombre de estado" se atreve a reconocer que ese es su único interés en el tema, lo enmascaran aludiendo a la dignidad de la mujer (curiosamente casi siempre hablan de la mujer obviando que también existe la prostitución masculina) y a la persecución de "mafias" que se enriquecen con el tráfico de personas.

Esta afirmación, de que la persecución de las "mafias" y la dignidad de la mujer (repetimos, que nunca o casi nunca, se refieren a la prostitución masculina) es una mera justificación recurrente de los políticos que oculta sus verdaderas intenciones queda demostrada con los siguientes hechos paradójicos y objetivos: durante las últimas décadas los ayuntamientos de todos los colores políticos han dado licencias de apertura a "locales" donde solo un pobre imbécil no sabría, incluso de antemano, que se trataba de verdaderas casas de lenocinio y durante décadas se han visto anuncios en todos los periódicos donde se anunciaban servicios de "sauna y masajes" en los que solo otro pobre imbécil no identificaría como claros servicios de prostitución realizados en pisos privados; pues bien, en todo este tiempo jamás se le ha ocurrido a nadie, en aras de la dignidad de la mujer y de la lucha contra las "mafias", ni siquiera poner a un policía de los de "segunda actividad" a localizar telefónicamente los lugares anunciados en la prensa y pasarse por los mismos para inspeccionarlos. A esto último se podrá objetar el sofisma de que "no existía legislación mínima que permitiera tal actuación", lo cual es radicalmente falso porque existen numerosas ordenanzas y reglamentos municipales que regulan el funcionamiento de los locales abiertos al público imponiéndoles normas y siendo cualquier piso donde se ejerza la prostitución, evidentemente,  un local abierto al público el mismo queda sujeto a las ordenanzas de higiene y de consumo de bebidas alcohólicas ignorándose por puro desinterés y deserción de la autoridad competente si en los mismos entran o no menores, si se les proporciona o no bebidas alcohólicas, si presentan las adecuadas condiciones higiénicas e incluso si en ellos se cumple o no la legislación antitabaco impuesta a los lugares públicos y centros de trabajo (1). El tema de la dignidad de los trabajadores, de todos los trabajadores, y de la lucha contra la delincuencia es una cuestión muy seria para que unos señores con la pretensión de arañar votos nos vengan a hablar de dignidad y de sanciones cuando sus respectivos partidos han tenido y tienen aún en el ámbito municipal la posibilidad de haber hecho algo al respecto y, simplemente, no lo han hecho.

            La cuestión de la prostitución se ha de afrontar desde la honradez intelectual y para ello hay que reconocer, en primer lugar, que los individuos venden lo que tienen y lo que creen que puede darles más beneficios (solo los políticos venden lo que no tienen) por lo que pueden existir personas que prefieran ganar cinco mil euros a la semana ejerciendo la prostitución en vez de seiscientos al mes trabajando de cajera o reponedor. ¿Eso afecta a la dignidad de quien ejerce la prostitución?, Si tal actividad se ejerce libremente y sin coacción alguna la única falta de dignidad y de vergüenza se encuentra en los sujetos que permiten la existencia de salarios de seiscientos euros mensuales y que generalmente ponen beatíficos reparos de santurrón ante el hecho de que alguien pueda alquilar su propio cuerpo mientras que ellos mismos no son más que conciencias de alquiler. No obstante, la prostitución exige, más bien que requiere, una regulación legal para evitar las actividades delictivas e infracciones administrativas que se suelen mover en torno a ella sin contrariar lo dispuesto en los tratados internacionales sobre la trata de seres humanos y explotación de la prostitución ajena y para ello lo mejor sería considerarla una actividad profesional personalísima que, no siendo deseable que existiera, se ejerciera exclusivamente en locales cerrados de titularidad municipal que contasen con un trabajador social y otro sanitario y que por ello la prostituta/o solo pagase una tasa anual a fin de que la prestación de los servicios socio-sanitarios por parte del ayuntamiento no perjudicara a las arcas municipales. También se podría considerar el ejercicio libre de la profesión declarándose a la autoridad municipal el horario y el lugar, que siempre deberá ser un lugar cerrado, en el que se va a ejercer a fin de que el ayuntamiento tome las pertinentes medidas socio-sanitarias y garantizándose en todo caso que solo el profesional es el que obtiene el beneficio de su trabajo mediando el correspondiente pago de la tasa anual (2).

           

           



(1) Es curioso, más aún insultante, para la inteligencia de cualquier ciudadano medio que en este país hace unos años se cerrase un restaurante en Marbella por negarse su propietario a acatar la "ley antitabaco" cuando es casi seguro que en esos pisos que se anuncian en los periódicos y donde se ejerce la prostitución se vulnera dicha ley sin que ninguna autoridad les conmine a su cumplimiento o cierre el establecimiento.

(2) La diferencia entre una tasa y un impuesto radica en que mientras el impuesto grava una actividad o bien generando un beneficio para la entidad recaudadora, la tasa simplemente corresponde a la cuantía que una entidad pública desembolsa para prestar un servicio por lo que la tasa no supone beneficio alguno para la entidad recaudadora al igual que el servicio prestado por el que se abona esa tasa no le supone ningún desembolso real a la misma.

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