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martes, 26 de enero de 2021

ESPAÑA, GIBRALTAR Y EL COVID

El gobierno de la Gran Bretaña anunciaba hace poco más de un mes y medio que había detectado en su territorio una nueva cepa de coronavirus mucho más contagiosa y que hoy es popularmente conocida como "la cepa británica". Mientras que de una forma rápida y eficiente algunos estados europeos como el holandés, sin duda con la intención de salvaguardar la salud de sus ciudadanos, cerraron inmediatamente sus aeropuertos a los vuelos procedentes de las Islas Británicas; el gobierno español demoraba tomar tan elemental medida a que se tomase en el seno de la Unión Europea para, finalmente, tomarla tres días más tarde de que la hubiera adoptado el primero de los estados de nuestro entorno. 

            Veinte días después de que el Gobierno PSOE-PODEMOS adoptase, el 21 de diciembre de 2020, la decisión de cerrar los aeropuertos a los vuelos británicos, el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, doctor Fernando Simón, manifestaba, el 11 de enero de 2021, que la cepa británica "solo tendría un impacto marginal" en nuestro país, para terminar reconociendo, el 21 de enero de 2021, que se esperaba que dicha nueva cepa de coronavirus fuera "una cepa dominante, aproximadamente, para mediados del mes de marzo".

            Lo cierto es que en el momento en que los británicos anunciaron la aparición de la "Cepa Británica", el gobierno español estaba negociando con Gibraltar el tratamiento que iba a tener la frontera entre la colonia inglesa y España tras la finalización del periodo transitorio del Brexit  previsto para el 31 de diciembre de 2021 habiéndose llegado a un acuerdo,  precisamente el día 11 de enero de 2021, por el cual el Peñón de Gibraltar se unirá al territorio Schengen, se derribará la verja que marca la frontera y existirá libre circulación entre España y el territorio ocupado por la Gran Bretaña pudiéndose entrar y salir de dicho territorio sin necesidad de pasaporte dejando el control de entrada en la península por el puerto y el aeropuerto de Gibraltar a las autoridades gibraltareñas quienes, curiosamente, sí pedirán pasaporte para entrar en Gibraltar a los ciudadanos procedentes de las Islas Británicas.

            Ahora bien, este acuerdo resulta gravemente perjudicial para los ciudadanos y los intereses españoles por varios motivos: en primer lugar porque el Estado Español está elevando a rango de estado a una entidad que no es más que una colonia dependiente de otro estado que es el Reino Unido de la Gran Bretaña por lo que está desistiendo tácitamente de la reclamación de la soberanía de un territorio ilegal e ilegítimamente ocupado por una potencia extranjera y, en segundo lugar, porque considerando que la economía gibraltareña se basa en actividades tan "honorables", "honradas" y rentables como el contrabando, la creación de sociedades "offshore" y el juego "on line",  pensar que ese acuerdo va a ser respetado escrupulosamente por las autoridades que ocupan y administran el territorio gibraltareño, es simplemente.... ¡¡¡Creer en los Reyes Magos!!! (1).

De momento, este acuerdo ya está reportando sus frutos negativos para la población española de la provincia de Cádiz porque mientras España cerraba sus aeropuertos a los vuelos procedentes de Gran Bretaña, éstos seguían aterrizando libremente en el territorio ocupado de Gibraltar lo que ha provocado que, unido a la libre movilidad de la población gibraltareña por todo el Campo de Gibraltar, la "Cepa Británica" del Coronavirus haya entrado en nuestro país antes de lo esperado y que los casos de contagios en la ciudad fronteriza de La Línea de la Concepción, población de 62.940 habitantes, se haya disparado a más de cinco mil desde el uno de enero.

            Otra consecuencia negativa del acuerdo alcanzado por el gobierno español y las autoridades que ocupan Gibraltar, se verá a medio plazo, y será cuando la población de la colonia británica, la cual asciende a casi 34.000 habitantes, empiece, sin generar ingresos a la hacienda pública española y andaluza, a utilizar los servicios sanitarios y asistenciales existentes en la provincia de Cádiz y, especialmente, en el Campo de Gibraltar lo que llevará irremediablemente a la saturación y degradación de los mismos.

            Este acuerdo, que el gobierno de coalición PSOE-PODEMOS quiere vender como un éxito  y del que solo pueden sentirse orgullosos los ciudadanos británicos, no es más que otro fracaso de la diplomacia española que ha hecho renuncia de sus derechos y reivindicaciones históricas y legítimas al no situar cualquier tipo de conversación sobre la cuestión gibraltareña dentro del marco impuesto por el Tratado de Utrecht y las distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gibraltar. Una vez más, el gobierno español persiste en una política exterior claudicante mientras que la "patriótica" oposición integrada por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX, guardan un vergonzoso y vergonzante silencio aunque, desde luego, al igual que no se puede esperar que un olmo nos proporcione peras no se podía esperar otra cosa de gentes cuya baba se les cae mientras se postran de rodillas ante la figura de Margaret Thatcher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Las autoridades británicas del Peñón nos han obsequiado, en no pocas ocasiones, con imágenes tan amistosas y generadoras de confianza como las de sus patrulleras entorpeciendo la persecución de las planeadoras de contrabandistas por parte de la Guardia Civil.  ¿Y con esta clase de gente hemos llegado a algún tipo de acuerdo?

 

martes, 27 de noviembre de 2018

A VUELTAS CON GIBRALTAR


Et in Arcadia Ego

 Como una serpiente de verano o como un entretenimiento para bobos, de vez en cuando, reaparece en la escena política española la cuestión del  Peñón de Gibraltar. Esta vez, la excusa ha sido la discusión del acuerdo del Brexit entre la Gran Bretaña y la Unión Europea donde el Reino Unido ha defendido, como es lógico, sus derechos en detrimento de los derechos españoles, los cuales solo han sido débil y tímidamente sostenidos por el actual gobierno que preside Pedro Sánchez, aunque en su descargo siempre se puede decir que el actual problema con Gibraltar viene de la política heredada de los anteriores gobiernos socialistas y populares que se han sucedido en nuestro país desde 1982.

            Con la negociación del Brexit, nuestro país ha perdido una oportunidad de oro para hacerse valer en Europa. Cuando España se incorporó en 1986  a la entonces Comunidad Económica Europea lo hizo claudicando ante una serie de exigencias europeas, que entre otras incluían el desmantelamiento de nuestra infraestructura industrial, el desmantelamiento de nuestra agricultura y la apertura de la verja de Gibraltar; uniéndose, junto con Grecia y Portugal, a una organización supranacional que tenía otros seis miembros entre los que se encontraba el Reino Unido de la Gran Bretaña. Con el tiempo la Comunidad Económica Europea se convirtió en la Unión Europea al ampliarse sucesivamente con estados miembros tras unas arduas negociaciones que suponían modificaciones sustanciales en el título constitutivo de la Comunidad Europea y que implicaban cesiones por parte de España, la cual veía reducirse hasta desaparecer los llamados "fondos de cohesión" que recibía en favor de las nuevas potencias incorporadas.

            Pues, bien, si la incorporación de nuevos estados miembros en la Unión Europea supone cambios en el título constitutivo de la misma, evidentemente la salida de uno de sus miembros, uno tan importante como la Gran Bretaña, también supone un cambio sustancial en ese título constitutivo por lo que, al cambiarse las reglas del juego en el concierto de la Unión Europea, nuestro país podía y debía haber planteado condiciones que nos fueran favorables tales como la condonación total o parcial de nuestra deuda externa con los estados miembros de la Unión Europea, retorno de parte de los "fondos de cohesión", eliminación de las condiciones restrictivas impuestas a España y por las que anualmente nos condenan a pagar unas sanciones que nuestro gobierno ya considera simples tasas y, por supuesto, dejar claro que en el tema de Gibraltar solo caben unas relaciones puramente bilaterales entre España y la Gran Bretaña que, dentro del marco legal que marca el Tratado de Utrecht y las Resoluciones de la ONU sobre la roca, solo pueden concluir con la restitución plena de la soberanía española sobre el Peñón y el istmo de Gibraltar.

            Lejos de una enérgica actuación, el gobierno del Partido Socialista empezó demostrando una total pasividad e indiferencia ante la cuestión del "Brexit" marchándose su presidente, Pedro Sánchez, de caribeña excursión a La Habana mientras que en las instituciones europeas se planteaba la discusión final del mismo para darse cuenta tarde que, hábilmente, Inglaterra intentaba establecer jurídicamente, mediante el tratado por el que se consuma su salida de la Unión Europea, que la cuestión de Gibraltar pasaría a ser una cuestión bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea y no entre el Reino Unido y España, lo que suponía y supone de facto una cesión por parte de España de la soberanía o, al menos, de la reclamación de la soberanía sobre Gibraltar, a la Unión Europea.

Lamentable, patetico, penoso y triste triunfo diplomático
 La reacción ante tal ninguneo a España por parte de la Gran Bretaña y de la Unión Europea ha sido tardía y débil, muy débil. El gobierno debería haber vetado el acuerdo del Brexit hasta que las exigencias españolas hubieran sido total o ampliamente satisfechas. Lejos de eso, el gobierno no ha planteado en tiempo y forma reivindicación alguna y se ha conformado con una carta que a modo de "adenda" o "codicilo" se incorpora al tratado y que, sin carácter jurídico realmente vinculante, no es más que una vaga promesa o declaración de principios que tan solo permite maniobrar al Presidente del Gobierno español para presentarse ante los medios de comunicación españoles como un gran estadista que ha conseguido un gran acuerdo.

            En realidad, el supuesto acuerdo alcanzado no supone ningún éxito de la diplomacia española, más bien al contrario supone un rotundo fracaso. Es de recordar que en la tradición diplomática británica estos "acuerdos verbales" y "cartas" o "acuerdos privados" no valen ni el papel en los que están escritos. Es de recordar que hace ciento cuatro años, en 1914, Gran Bretaña había prometido a Francia verbalmente y por un acuerdo privado que, en caso de guerra con Alemania, ésta podía enviar su flota al Mediterráneo porque la Armada Británica protegería los puertos atlánticos franceses y que en agosto de ese año de 1914, cuando Francia requirió a la Gran Bretaña para cumplir su compromiso ésta se intentó escaquear del mismo y solo se vio obligada a cumplirlo cuando el Imperio Alemán invadió masivamente la neutral Bélgica y es de subrayar lo de masivamente porque incluso el Reino Unido habría aceptado sin inmutarse una violación mínima de la neutralidad belga por parte de Alemania a pesar de ser una de las potencias garantes de dicha neutralidad. Igualmente, hay que recordar el incumplimiento británico en marzo de 1939 de las garantías ofrecidas a Checoslovaquia en octubre de 1938 abandonándola a su suerte ante la agresión nazi.

            Pedro Sánchez es tan libre en creer en la solidez y validez de la misiva remitida por la Primera Ministra Británica, Theresa May, como de creer en Papal Nöel pero tales creencias nos permiten dudar fundadamente de su capacidad para gobernar el país y de que no lo haya traicionado. La posición del Presidente del Gobierno español ante el supuesto acuerdo logrado en la discusión del Brexit es tan lamentable, patética, penosa  y triste como la de Chamberlaín cuando, tras los Acuerdos de Munich de 1938, aterrizó en Londres ondeando al viento un papelito y diciendo aquello de "paz para nuestro tiempo".

miércoles, 12 de abril de 2017

EL BREXIT, GIBRALTAR, ESPAÑA Y... ¡¡LA MADRE QUÉ LOS PARIÓ!!!





            Con motivo de la activación del Brexit por parte de la Gran Bretaña la semana pasada se ha producido cierto duelo retórico entre las autoridades inglesas y las españolas a causa del Peñón de Gibraltar.

            Desde el lado español y objetivamente analizado, el tema de Gibraltar se está convirtiendo en una recurrente cantinela que, al igual que el tema de la independencia de Cataluña, se eleva a la alta condición de monserga provocadora de un enorme aburrimiento en el personal carpetovetónico, aunque lo cierto es que no por ello deja de reflejar ciertas carencias del estado español.

            Al estado español le sobran complejos y le falta visión de la realidad respecto al tema de Gibraltar. Gibraltar no es ni ha sido nunca un enclave estratégico fundamental para el control del Estrecho como nos quieren hacer creer y como prueba de ello tenemos el hecho de que durante las dos guerras mundiales no impidiera la entrada y salida del Mediterráneo de los submarinos alemanes. En el "Memorial de Santa Helena" Napoleón I dijo que Gibraltar "no es la puerta ni la llave de nada, el Peñón de Gibraltar solo es para Inglaterra una forma de humillar a España". Así pues, respecto a esa "humillación" de Gibraltar habría que aplicar aquello de "no hay mejor desprecio que no hacer aprecio" y para ello nada mejor que remitirse exclusivamente a lo dispuesto en el Tratado de Utrecht y en las resoluciones de la ONU, pero en vez de eso el Estado Español desde los años ochenta del pasado siglo ha aceptado hacer del Peñón de Gibraltar una moneda de cambio en su patética política europea y, a las pruebas nos remitimos, no le ha salido bien.

            La política española de reivindicación de la Soberanía sobre el robado Peñón de Gibraltar ha sido siempre una manifestación muy clara de un "Quiero pero no puedo". Para demostrar este "Quiero pero no puedo" no es necesario remitirse a los dos fracasados intentos militares para recuperar la roca llevados a cabo durante el Siglo XVIII sino que basta con recordar la política del año 1969 que además del cierre de la verja y la interrupción de las comunicaciones terrestres entre el peñón y la península comprendía importantes inversiones públicas en la Línea de la Concepción a fin de convertirla en un escaparate de prosperidad que fuera la envidia de los gibraltareños. La idea no es que fuera buena, sino que era excelente de haberse llevado a cabo correctamente porque además que generar, con el cierre de la verja, incomodidades a los gibraltareños y enormes gastos a la Corona Británica presentaría a la Línea de la Concepción, y más ampliamente al Campo de Gibraltar, como una próspera zona económica donde un Gibraltar reintegrado a la soberanía española quedaría integrado, pero las "gigantescas" inversiones públicas quedaron reducidas a la construcción de una plaza de toros y a un enorme (creo que el más grande de toda España) campo de fútbol lo cual además de demostrar nuevamente el "quiero pero no puedo" resultaba, simplemente, ridículo.

            Después, en diciembre de 1982, con la reapertura de la verja los complejos, el error, el ridículo y el "quiero pero no puedo" fueron la base de la política europea española y, por ende, la base de la política exterior respecto a Gibraltar hasta el momento actual.

            La salida del Reino Unido de la Gran Bretaña de la Unión Europea más que un duro golpe a la construcción europea supone un importante revés para la economía española.  Tanto en Londres como en Bruselas, la pertenencia de Inglaterra a la Unión Europea siempre se ha visto como algo provisional lo que permitirá que la ruptura con Europa sea poco traumática para la zona Euro en general salvo para el caso concreto de España al haber sido el único estado en toda Europa que jamás quiso ver esta realidad por lo que el Brexit afectará más negativamente a España que a cualquier otro país europeo.

El cierre de la verja debería ir acompañado de una política económica propia para Campo de Gibraltar
El Brexiit genera directamente a España tres graves problemas que son: 1º. La situación de los españoles residentes en el Reino Unido que son unos cien mil, 2º La situación de los ciudadanos británicos en nuestro país que suman unos trescientos mil y 3º La frontera sur con el territorio ocupado por Inglaterra y que pasa a ser el territorio extra comunitario de Gibraltar.

            Considerando que la inmensa mayoría de los residentes españoles en el Reino Unido son emigrantes que de no vivir allí integrarían las listas del desempleo aquí y que los residentes británicos en España suelen ser personas a las que la propaganda institucional se ha encargado de atribuir la generación de riqueza  podemos hacernos una idea de la magnitud del problema. No obstante, si bien es cierto que la emigración española hacia la Gran Bretaña alivia la presión sobre las listas del paro, es muy dudoso que los residentes británicos en España generen tanta riqueza como nos quieren hacer pensar porque la inmensa mayoría de ellos son jubilados que disfrutan en nuestro país de toda las infraestructuras sanitarias y asistenciales a las cuales no han contribuido a construir y que deben su "gran poder adquisitivo" a las diferencias en el nivel de precios entre la Gran Bretaña y España ya que la pensión que perciben de su país les permite considerarse clase "media alta" en España mientras que si vivieran en su país solo serían "clase media" o "clase media baja" (1).

            Frente a este problema, el gobierno del Partido Popular, seguido por todos las fuerzas parlamentarias parece instalado en la improvisación, el complejo, la debilidad y la estupidez llegándose a proponer conceder la doble nacionalidad a los residentes británicos en España lo que, además de devaluar más aun si cabe la nacionalidad española, deja en posición de inferioridad a España en la futura negociación sobre la situación de los españoles en el Reino Unido (2).

            El gobierno español no puede proponer ni permitir que los residentes británicos en España adquieran la doble nacionalidad mientras que no se solucione la cuestión de los ciudadanos españoles en la Gran Bretaña y tampoco puede vincularla a la situación del Peñón de Gibraltar. Una cosa es la situación de Gibraltar y otra diferente la cuestión de los españoles residentes en la Gran Bretaña y en este tema nada mejor que aplicar estrictamente el principio de reciprocidad, pero el gobierno español parece no atreverse al no haber dejado siquiera entrever tal posibilidad.

            Por lo que respecta a Gibraltar, España se encuentra con el siguiente problema: Gibraltar es un paraíso fiscal que vive sobretodo del contrabando y del blanqueo de capitales pero que a su vez genera unos treinta mil puestos de trabajo directos para ciudadanos españoles y que ha conseguido que la economía de todo el Campo de Gibraltar dependa en gran medida de él por lo que el mero retorno a la situación anterior a la reapertura de la verja en 1982 podría perjudicar seriamente la economía de nuestro país si éste no es lo suficientemente inteligente (y parece no serlo) de llevar a cabo una adecuada política específica para la comarca del Campo de Gibraltar que comprendiese tanto grandes inversiones públicas a fin desarrollarla económicamente como su conversión en territorio de especial fiscalidad a fin de restarle atractivo a las inversiones en el territorio ocupado por Inglaterra.

            A pesar de la batería de medidas que puede tomar cualquier gobierno español ante la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea para mitigar los efectos negativos, es de temer que se siga instalado en la tontería, en lo políticamente correcto, en la claudicación y en la humillación. De momento, la misma semana que el ex-presidente del gobierno José María Aznar se refería en un programa televisivo a la Gran Bretaña como un gran país, importantes personajes de esta potencia insular nos insultaban y amenazaban y ni el actual Ministro de Exteriores fue capaz de llamar al Palacio de Santa Cruz al Embajador Británico en Madrid a fin de que diera explicaciones ni el Presidente del Gobierno y del Partido Popular fue capaz de que el anterior presidente de su partido se mordiera la lengua. Desde luego las altas jerarquías de la casta política española exigen en el interior que se les considere "autoridad" pero están demostrando carecer de dignidad.










(1) Es de considerar que el sistema asistencial y el sistema público de salud de nuestro país no han sido levantados en una sola generación y si bien se puede decir que la generación que hoy ronda los cincuenta años de edad algo ha aportado a los mismos, la contribución mayor y quienes realmente han creado la sanidad pública en España han sido la generación de los abuelos y padres de los que, precisamente hoy, rondan los cincuenta años de edad.

(2) Además, ya puestos y visto que el gobierno con la nacionalidad hace lo que le viene en gana ¿Por qué no dársela a los 58 millones de británicos que viven en las islas británicas?. Así el Brexit quedaría vacío de contenido real por la obra y milagro de San Mariano Rajoy.

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