GESTOS Y SIGNIFICADOS

El principio de autoridad descansa sobre varios pilares metafísicos,  la mayoría de los cuales suponen un esfuerzo incómodo, tales como la sabiduría, la paciencia, la equidad, la apariencia, la ejemplaridad, los gestos.... por eso, el ejercicio de la autoridad no es ni un privilegio ni una prebenda sino una responsabilidad y un sacrificio y sin la consciente asunción de ese sacrificio y de esa responsabilidad el principio de autoridad decae y se va diluyendo lentamente hasta terminar por desaparecer.

            El anterior párrafo,  no es más que la imprescindible introducción al tema que nos proponemos tratar a continuación sobre algunos gestos que, de unos meses a esta parte, se vienen desarrollando en nuestro país por personas o familias que forman parte de las máximas autoridades del estado y que no pueden por menos que generarnos dudas y estupor.

            Cuando en el mes de febrero del presente año de 2021 se hizo público que la  hija de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey, Leonor de Borbón y Ortiz, iba a cursar dos años de bachillerato en un elitista colegio privado de Gran Bretaña, que, por cierto, guarda ciertas semejanzas estéticas con el  fantástico Hogwarts de Harry Potter, muchos pusieron el grito en el cielo por el coste económico de cada curso escolar (unos 38.000 Euros al año); pero pocos fueron los que se preguntaron el por qué, quien, si Dios y el destino no disponen otra cosa, será la futura Jefa del Estado español, debía desdeñar los incontables centros educativos que hay en nuestro país y optar por uno foráneo.

            Ya, desde el Siglo XVIII  y hasta finales del Siglo XIX, era tradición que los hijos de las familias nobles de Europa, al terminar los  estudios en sus respectivos países de origen, se tomasen unos  años de asueto para viajar al extranjero y completar, de este modo, su formación académica con una experiencia real y cosmopolita. Era lo que se dio en llamar "El Grand Tour" y formaba parte indispensable de la educación de los jóvenes aristócratas que terminarían por ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno de sus respectivos países, pero, como hemos indicado, tal periodo viajero solo tenía lugar tras la culminación de sus estudios en sus respectivos países y no antes, pues se trataba de enriquecer dichos conocimientos con otros nuevos pero en ningún caso que estos fueran determinantes o sustituyeran a aquéllos. De esta forma, el joven solo accedía al "Grand Tour" cuando la formación recibida en su país había culminado inculcando sólidamente en él conocimientos, convicciones y valores que difícilmente podrían ser sustituidos o trastocados por los modos o las costumbres que pudiera experimentar en el extranjero.

            El hecho de que los padres de Leonor de Borbón y Ortiz (1) hayan decidido que su hija estudie dos años de Bachillerato fuera del país del que está legalmente destinada a ser cabeza es un gesto muy significativo que no deja nada más que entrever una cierta (o total) desconfianza en el sistema educativo español. Y es que, considerando que un sistema educativo no está constituido por los edificios de las escuelas o por los uniformes identificativos de los estudiantes sino por los planes de estudios que en España llevan décadas degradándose y que parecen diseñados para hacer de los jóvenes educandos ciudadanos sumisos y fracasados vitales; no es de extrañar que, quien pueda permitírselo, prefiera educar a sus hijos en otros lugares, aunque sea, incluso fuera de la Unión Europea como es el caso del Reino Unido de la Gran Bretaña donde ha ido a estudiar la hija mayor de Su Excelencia el Jefe del Estado.

En España existen muchos colegios de élite y elitistas, privados por supuesto, donde podría haber acudido Leonor de Borbón pero por muy elitista que sea un colegio, cualquier formación que imparta siempre vendrá determinada por los planes de estudios aprobados por el Ministerio de Educación o las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas que comprenden las materias formativas curriculares, teniendo cualquier otra materia la condición de "actividad extraescolar".

            A pesar de lo que se dice, la educación en España no es mala por falta de medios y de inversión sino por la total ausencia de voluntad política a la hora de elaborar un plan de estudios acorde con los tiempos que, para bien o para mal, exigen más dedicación y esfuerzo del alumnado. Frente a esto, la política educativa tiende a ser políticamente correcta y a "no ofender" al alumnado con difíciles esfuerzos y disciplina de aula que le lleven a trabajar en demasía y a aceptar la autoridad de su profesor, lo que, a su vez, provoca que el profesorado sea más laxo a la hora de evaluar, más permisivo respecto al comportamiento del alumno en el interior de las instalaciones escolares y a un porcentaje de depresión en los profesionales de la enseñanza que difícilmente se produce entre otros profesionales. Todo esto hace del sistema educativo patrio una fórmula perfecta para constituir un fracaso si no fuera porque hay indicios, y más que indicios, de que existen intenciones políticas para que la sociedad futura esté integrada mayoritariamente por ciudadanos acríticos, trabajadores complacientes y humanoides sin aspiraciones. Así pues, con este desolador panorama, es comprensible y lógico que Su Excelencia el Jefe del Estado, como cualquier otra adinerada familia burguesa, haya elegido un colegio extranjero para que su hija curse dos cursos de bachillerato, no resultando tan lógico que el mismo no utilice la mucha o poca influencia que pueda tener para que España tenga un sistema educativo digno y de elevada calidad que genere ciudadanos altamente cualificados, pero claro, en esta España de la igualdad y que cada vez más se encamina hacia una sociedad neo estamental, la alta cualificación solo es para aquellos pocos que se lo puedan pagar o que dispongan de numerosos contribuyentes que se lo paguen.

            Frente a esta muy triste realidad de nuestro país, en el que los representantes de las máximas instituciones del estado hacen constantes gestos de desconfianza hacia los servicios públicos como la educación o la sanidad (pues no son pocos los políticos que mucho hablan de la sanidad pública pero luego se van a tratar a la sanidad privada) que ellos mismos afirman fomentar y proteger y que no dejan de ser gestos de desconfianza hacia el país mismo del que viven; los medios de comunicación social se dedican a mostrar encuestas favorables a la decisión de los padre de Leonor de Borbón a la vez que también muestran el apoyo de la población a que la misma adquiera, como su padre y su abuelo, cierta formación militar, formación militar que ya puestos no sé por qué motivo no debería adquirirse también, al igual que los dos cursos de bachillerato, en prestigiosas academias militares extranjeras como West Point o Sandhurst. Teniendo en cuenta que el ejército español no gana una guerra desde que se acabó el dinero para pagar a los mercenarios alemanes e italianos que servían en los Tercios, tal decisión estaría mucho más justificada que, desde luego, ir a estudiar bachillerato a un colegio en la Gran Bretaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Dado que en este país cada uno puede hacer con sus apellidos lo que le plazca y que nuestra forma de estado es la Monarquía me permito sugerir que se unan los dos apellidos de la madre en uno y así, en los salones aristocráticos, la hija de Su Excelencia el Jefe del Estado podría hacerse anunciar como doña Leonor de Borbón y Ortíz-Rocasolano lo cual suena mejor, más bonito y así como... más regio y aristocrático. Sea esto dicho con todo respeto y con un poco de animus iocandi.

 

A VUELTAS CON LA PROSTITUCIÓN

Mientras que la crisis económica campea a sus anchas por toda la piel de toro excluyendo y marginando socialmente cada vez a más familias, nuestros políticos se dedican a abrir debates falsos a fin de entretener al personal y distraerlo de la percepción de la vacuidad de los programas electorales con los que los partidos aseguran poder redimirnos a todos. En este sentido, el Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) ha incluido en su programa una propuesta, realmente muy difícil de calificar, consistente en estorbar o entorpecer el ejercicio de la prostitución  sancionando la demanda y el alquiler de locales con el objeto de lucrarse de la industria del sexo y bien decimos que es una propuesta muy difícil de calificar porque en el eterno debate sobre la regulación o prohibición de la prostitución, el Partido Socialista ha abierto una tercera vía que es ni prohibición ni regulación, sino  todo lo contrario.

            En el debate sobre la regularización o prohibición de la prostitución los partidarios de lo primero han de saber que en España, y hasta mediados de los años cincuenta del siglo pasado, el ejercicio de la prostitución estuvo regulado y fue legal en lugares cerrados sometidos a rigurosos controles sanitarios y policiales hasta que el Régimen Franquista, en búsqueda de su homologación con los estados de su entorno occidental, suscribió en 1956 el Convenio de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) para la "Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución" de 1950, a partir de ese momento el ejercicio de la prostitución paso a ser "alegal" si bien el Código Penal perseguía tres conductas relacionadas con la misma y que el vigente Código Penal despenalizó en 1995: el Celestinaje o la puesta a disposición de un lugar donde se ejerciera la prostitución, el Rufianismo o el vivir en todo o en parte de la prostitución ajena y el Proxenetismo o la recluta de personas para la prostitución. Así pues, la situación de "alegalidad" de la prostitución en España se debe a un Tratado Internacional y aquellos que pretenden su regulación, en realidad deberían empezar por pedir la denuncia del Convenio Internacional para "Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución" de 1950, al igual que otros piden la denuncia del Concordato de 1979 con la Santa Sede.

            Se podrá alegar, y con toda la razón, que países de nuestro entorno europeo como Alemania, Austria u Holanda han "regulado" la prostitución pero lo que en realidad se ha hecho en esos países es legalizar el rufianismo. Desde el punto de vista jurídico, la relación que une a la persona que ejerce la prostitución con su cliente constituye un contrato de prestación de servicios  personalísimo ya que el cliente elige a la persona concreta que quiere que le preste el servicio no pudiendo ser otra diferente por lo que nos encontramos claramente ante una actividad profesional que ha de generar los pertinentes beneficios económicos a quien la ejerce, pero no a otros; por tanto, que la prostitución genere el más mínimo ingreso económico a cualquier persona física o jurídica que no sea la/el propia/o prostituta/o es una forma de rufianismo y negar tal cosa es negar la luz del Sol.

            Desdeñando las posiciones "prohibicionistas" por ser de una ingenuidad beatífica imposibles de valorar desde una perspectiva práctica ya que la prostitución es una de las tres profesiones más antiguas del mundo (las otras dos son la de sacerdote y la de guerrero) y, a pesar de que en ocasiones se le ha perseguido con dureza y saña, jamás ha dejado de ejercerse; el tema debe ser centrado rechazando la hipocresía y el oportunismo con el que los políticos siempre lo han tratado.

            Lo que realmente mueve a los distintos miembros de nuestra casta política a plantearse ahora el tema de la prostitución es el aspecto puramente económico ya que ven, en los enormes beneficios que genera dicho sector, una posibilidad de incrementar los ingresos del estado vía impuestos ignorando el hecho de que si la prostitución genera tantos beneficios es debido en gran medida precisamente al hecho de que no se pagan impuestos por ejercerla. Esta voracidad recaudatoria, no nos engañemos, es lo que está detrás de la legalización de la prostitución en los estados de nuestro entorno lo cual convierte a esos estados en unos claros rufianes indirectos al mismo tiempo que permite a los rufianes directos meter el dinero que obtienen en el circuito económico sin necesidad de tener que acudir a métodos de blanqueamiento.  Como ningún autodenominado "hombre de estado" se atreve a reconocer que ese es su único interés en el tema, lo enmascaran aludiendo a la dignidad de la mujer (curiosamente casi siempre hablan de la mujer obviando que también existe la prostitución masculina) y a la persecución de "mafias" que se enriquecen con el tráfico de personas.

Esta afirmación, de que la persecución de las "mafias" y la dignidad de la mujer (repetimos, que nunca o casi nunca, se refieren a la prostitución masculina) es una mera justificación recurrente de los políticos que oculta sus verdaderas intenciones queda demostrada con los siguientes hechos paradójicos y objetivos: durante las últimas décadas los ayuntamientos de todos los colores políticos han dado licencias de apertura a "locales" donde solo un pobre imbécil no sabría, incluso de antemano, que se trataba de verdaderas casas de lenocinio y durante décadas se han visto anuncios en todos los periódicos donde se anunciaban servicios de "sauna y masajes" en los que solo otro pobre imbécil no identificaría como claros servicios de prostitución realizados en pisos privados; pues bien, en todo este tiempo jamás se le ha ocurrido a nadie, en aras de la dignidad de la mujer y de la lucha contra las "mafias", ni siquiera poner a un policía de los de "segunda actividad" a localizar telefónicamente los lugares anunciados en la prensa y pasarse por los mismos para inspeccionarlos. A esto último se podrá objetar el sofisma de que "no existía legislación mínima que permitiera tal actuación", lo cual es radicalmente falso porque existen numerosas ordenanzas y reglamentos municipales que regulan el funcionamiento de los locales abiertos al público imponiéndoles normas y siendo cualquier piso donde se ejerza la prostitución, evidentemente,  un local abierto al público el mismo queda sujeto a las ordenanzas de higiene y de consumo de bebidas alcohólicas ignorándose por puro desinterés y deserción de la autoridad competente si en los mismos entran o no menores, si se les proporciona o no bebidas alcohólicas, si presentan las adecuadas condiciones higiénicas e incluso si en ellos se cumple o no la legislación antitabaco impuesta a los lugares públicos y centros de trabajo (1). El tema de la dignidad de los trabajadores, de todos los trabajadores, y de la lucha contra la delincuencia es una cuestión muy seria para que unos señores con la pretensión de arañar votos nos vengan a hablar de dignidad y de sanciones cuando sus respectivos partidos han tenido y tienen aún en el ámbito municipal la posibilidad de haber hecho algo al respecto y, simplemente, no lo han hecho.

            La cuestión de la prostitución se ha de afrontar desde la honradez intelectual y para ello hay que reconocer, en primer lugar, que los individuos venden lo que tienen y lo que creen que puede darles más beneficios (solo los políticos venden lo que no tienen) por lo que pueden existir personas que prefieran ganar cinco mil euros a la semana ejerciendo la prostitución en vez de seiscientos al mes trabajando de cajera o reponedor. ¿Eso afecta a la dignidad de quien ejerce la prostitución?, Si tal actividad se ejerce libremente y sin coacción alguna la única falta de dignidad y de vergüenza se encuentra en los sujetos que permiten la existencia de salarios de seiscientos euros mensuales y que generalmente ponen beatíficos reparos de santurrón ante el hecho de que alguien pueda alquilar su propio cuerpo mientras que ellos mismos no son más que conciencias de alquiler. No obstante, la prostitución exige, más bien que requiere, una regulación legal para evitar las actividades delictivas e infracciones administrativas que se suelen mover en torno a ella sin contrariar lo dispuesto en los tratados internacionales sobre la trata de seres humanos y explotación de la prostitución ajena y para ello lo mejor sería considerarla una actividad profesional personalísima que, no siendo deseable que existiera, se ejerciera exclusivamente en locales cerrados de titularidad municipal que contasen con un trabajador social y otro sanitario y que por ello la prostituta/o solo pagase una tasa anual a fin de que la prestación de los servicios socio-sanitarios por parte del ayuntamiento no perjudicara a las arcas municipales. También se podría considerar el ejercicio libre de la profesión declarándose a la autoridad municipal el horario y el lugar, que siempre deberá ser un lugar cerrado, en el que se va a ejercer a fin de que el ayuntamiento tome las pertinentes medidas socio-sanitarias y garantizándose en todo caso que solo el profesional es el que obtiene el beneficio de su trabajo mediando el correspondiente pago de la tasa anual (2).

           

           

(1) Es curioso, más aún insultante, para la inteligencia de cualquier ciudadano medio que en este país hace unos años se cerrase un restaurante en Marbella por negarse su propietario a acatar la "ley antitabaco" cuando es casi seguro que en esos pisos que se anuncian en los periódicos y donde se ejerce la prostitución se vulnera dicha ley sin que ninguna autoridad les conmine a su cumplimiento o cierre el establecimiento.

(2) La diferencia entre una tasa y un impuesto radica en que mientras el impuesto grava una actividad o bien generando un beneficio para la entidad recaudadora, la tasa simplemente corresponde a la cuantía que una entidad pública desembolsa para prestar un servicio por lo que la tasa no supone beneficio alguno para la entidad recaudadora al igual que el servicio prestado por el que se abona esa tasa no le supone ningún desembolso real a la misma.