A VUELTAS CON LA PROSTITUCIÓN

Mientras que la crisis económica campea a sus anchas por toda la piel de toro excluyendo y marginando socialmente cada vez a más familias, nuestros políticos se dedican a abrir debates falsos a fin de entretener al personal y distraerlo de la percepción de la vacuidad de los programas electorales con los que los partidos aseguran poder redimirnos a todos. En este sentido, el Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) ha incluido en su programa una propuesta, realmente muy difícil de calificar, consistente en estorbar o entorpecer el ejercicio de la prostitución  sancionando la demanda y el alquiler de locales con el objeto de lucrarse de la industria del sexo y bien decimos que es una propuesta muy difícil de calificar porque en el eterno debate sobre la regulación o prohibición de la prostitución, el Partido Socialista ha abierto una tercera vía que es ni prohibición ni regulación, sino  todo lo contrario.

            En el debate sobre la regularización o prohibición de la prostitución los partidarios de lo primero han de saber que en España, y hasta mediados de los años cincuenta del siglo pasado, el ejercicio de la prostitución estuvo regulado y fue legal en lugares cerrados sometidos a rigurosos controles sanitarios y policiales hasta que el Régimen Franquista, en búsqueda de su homologación con los estados de su entorno occidental, suscribió en 1956 el Convenio de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) para la "Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución" de 1950, a partir de ese momento el ejercicio de la prostitución paso a ser "alegal" si bien el Código Penal perseguía tres conductas relacionadas con la misma y que el vigente Código Penal despenalizó en 1995: el Celestinaje o la puesta a disposición de un lugar donde se ejerciera la prostitución, el Rufianismo o el vivir en todo o en parte de la prostitución ajena y el Proxenetismo o la recluta de personas para la prostitución. Así pues, la situación de "alegalidad" de la prostitución en España se debe a un Tratado Internacional y aquellos que pretenden su regulación, en realidad deberían empezar por pedir la denuncia del Convenio Internacional para "Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución" de 1950, al igual que otros piden la denuncia del Concordato de 1979 con la Santa Sede.

            Se podrá alegar, y con toda la razón, que países de nuestro entorno europeo como Alemania, Austria u Holanda han "regulado" la prostitución pero lo que en realidad se ha hecho en esos países es legalizar el rufianismo. Desde el punto de vista jurídico, la relación que une a la persona que ejerce la prostitución con su cliente constituye un contrato de prestación de servicios  personalísimo ya que el cliente elige a la persona concreta que quiere que le preste el servicio no pudiendo ser otra diferente por lo que nos encontramos claramente ante una actividad profesional que ha de generar los pertinentes beneficios económicos a quien la ejerce, pero no a otros; por tanto, que la prostitución genere el más mínimo ingreso económico a cualquier persona física o jurídica que no sea la/el propia/o prostituta/o es una forma de rufianismo y negar tal cosa es negar la luz del Sol.

            Desdeñando las posiciones "prohibicionistas" por ser de una ingenuidad beatífica imposibles de valorar desde una perspectiva práctica ya que la prostitución es una de las tres profesiones más antiguas del mundo (las otras dos son la de sacerdote y la de guerrero) y, a pesar de que en ocasiones se le ha perseguido con dureza y saña, jamás ha dejado de ejercerse; el tema debe ser centrado rechazando la hipocresía y el oportunismo con el que los políticos siempre lo han tratado.

            Lo que realmente mueve a los distintos miembros de nuestra casta política a plantearse ahora el tema de la prostitución es el aspecto puramente económico ya que ven, en los enormes beneficios que genera dicho sector, una posibilidad de incrementar los ingresos del estado vía impuestos ignorando el hecho de que si la prostitución genera tantos beneficios es debido en gran medida precisamente al hecho de que no se pagan impuestos por ejercerla. Esta voracidad recaudatoria, no nos engañemos, es lo que está detrás de la legalización de la prostitución en los estados de nuestro entorno lo cual convierte a esos estados en unos claros rufianes indirectos al mismo tiempo que permite a los rufianes directos meter el dinero que obtienen en el circuito económico sin necesidad de tener que acudir a métodos de blanqueamiento.  Como ningún autodenominado "hombre de estado" se atreve a reconocer que ese es su único interés en el tema, lo enmascaran aludiendo a la dignidad de la mujer (curiosamente casi siempre hablan de la mujer obviando que también existe la prostitución masculina) y a la persecución de "mafias" que se enriquecen con el tráfico de personas.

Esta afirmación, de que la persecución de las "mafias" y la dignidad de la mujer (repetimos, que nunca o casi nunca, se refieren a la prostitución masculina) es una mera justificación recurrente de los políticos que oculta sus verdaderas intenciones queda demostrada con los siguientes hechos paradójicos y objetivos: durante las últimas décadas los ayuntamientos de todos los colores políticos han dado licencias de apertura a "locales" donde solo un pobre imbécil no sabría, incluso de antemano, que se trataba de verdaderas casas de lenocinio y durante décadas se han visto anuncios en todos los periódicos donde se anunciaban servicios de "sauna y masajes" en los que solo otro pobre imbécil no identificaría como claros servicios de prostitución realizados en pisos privados; pues bien, en todo este tiempo jamás se le ha ocurrido a nadie, en aras de la dignidad de la mujer y de la lucha contra las "mafias", ni siquiera poner a un policía de los de "segunda actividad" a localizar telefónicamente los lugares anunciados en la prensa y pasarse por los mismos para inspeccionarlos. A esto último se podrá objetar el sofisma de que "no existía legislación mínima que permitiera tal actuación", lo cual es radicalmente falso porque existen numerosas ordenanzas y reglamentos municipales que regulan el funcionamiento de los locales abiertos al público imponiéndoles normas y siendo cualquier piso donde se ejerza la prostitución, evidentemente,  un local abierto al público el mismo queda sujeto a las ordenanzas de higiene y de consumo de bebidas alcohólicas ignorándose por puro desinterés y deserción de la autoridad competente si en los mismos entran o no menores, si se les proporciona o no bebidas alcohólicas, si presentan las adecuadas condiciones higiénicas e incluso si en ellos se cumple o no la legislación antitabaco impuesta a los lugares públicos y centros de trabajo (1). El tema de la dignidad de los trabajadores, de todos los trabajadores, y de la lucha contra la delincuencia es una cuestión muy seria para que unos señores con la pretensión de arañar votos nos vengan a hablar de dignidad y de sanciones cuando sus respectivos partidos han tenido y tienen aún en el ámbito municipal la posibilidad de haber hecho algo al respecto y, simplemente, no lo han hecho.

            La cuestión de la prostitución se ha de afrontar desde la honradez intelectual y para ello hay que reconocer, en primer lugar, que los individuos venden lo que tienen y lo que creen que puede darles más beneficios (solo los políticos venden lo que no tienen) por lo que pueden existir personas que prefieran ganar cinco mil euros a la semana ejerciendo la prostitución en vez de seiscientos al mes trabajando de cajera o reponedor. ¿Eso afecta a la dignidad de quien ejerce la prostitución?, Si tal actividad se ejerce libremente y sin coacción alguna la única falta de dignidad y de vergüenza se encuentra en los sujetos que permiten la existencia de salarios de seiscientos euros mensuales y que generalmente ponen beatíficos reparos de santurrón ante el hecho de que alguien pueda alquilar su propio cuerpo mientras que ellos mismos no son más que conciencias de alquiler. No obstante, la prostitución exige, más bien que requiere, una regulación legal para evitar las actividades delictivas e infracciones administrativas que se suelen mover en torno a ella sin contrariar lo dispuesto en los tratados internacionales sobre la trata de seres humanos y explotación de la prostitución ajena y para ello lo mejor sería considerarla una actividad profesional personalísima que, no siendo deseable que existiera, se ejerciera exclusivamente en locales cerrados de titularidad municipal que contasen con un trabajador social y otro sanitario y que por ello la prostituta/o solo pagase una tasa anual a fin de que la prestación de los servicios socio-sanitarios por parte del ayuntamiento no perjudicara a las arcas municipales. También se podría considerar el ejercicio libre de la profesión declarándose a la autoridad municipal el horario y el lugar, que siempre deberá ser un lugar cerrado, en el que se va a ejercer a fin de que el ayuntamiento tome las pertinentes medidas socio-sanitarias y garantizándose en todo caso que solo el profesional es el que obtiene el beneficio de su trabajo mediando el correspondiente pago de la tasa anual (2).

           

           

(1) Es curioso, más aún insultante, para la inteligencia de cualquier ciudadano medio que en este país hace unos años se cerrase un restaurante en Marbella por negarse su propietario a acatar la "ley antitabaco" cuando es casi seguro que en esos pisos que se anuncian en los periódicos y donde se ejerce la prostitución se vulnera dicha ley sin que ninguna autoridad les conmine a su cumplimiento o cierre el establecimiento.

(2) La diferencia entre una tasa y un impuesto radica en que mientras el impuesto grava una actividad o bien generando un beneficio para la entidad recaudadora, la tasa simplemente corresponde a la cuantía que una entidad pública desembolsa para prestar un servicio por lo que la tasa no supone beneficio alguno para la entidad recaudadora al igual que el servicio prestado por el que se abona esa tasa no le supone ningún desembolso real a la misma.